UPSentencia SL1448-2018/59198 de abril 25 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente

Dr. Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez

SL1448-2018

Rad.: 59198

Acta 11

Bogotá D.C., veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Leonor Martínez de Acevedo contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, el 17 de agosto de 2012, dentro del proceso ordinario promovido por ella contra el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación hoy Colpensiones.

En atención al memorial visible a folio 5 del cuaderno de la Corte, téngase como sucesor procesal del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

I. Antecedentes.

La señora Leonor Martínez de Acevedo demandó al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, para procurar en lo que interesa al recurso de casación, “(...) que se le cancele el valor de la mesada pensional reconocida por el ISS (...)” con ocasión del fallecimiento del señor Víctor Suárez Jaimes, a partir del 1º de octubre de 1996; de manera indexada.

Fundamentó sus pretensiones en los siguientes aspectos fácticos: que mediante la Resolución 4551 del 20 de junio de 1974, se le reconoció la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor Víctor Suárez Jaimes, en calidad de cónyuge; que el causante falleció el día 3 de diciembre de 1973; que la demandante contrajo nuevas nupcias con el señor Benjamín Acevedo Plata el 9 de julio de 1983; que como consecuencia de lo anterior el ISS suspendió el pago de la pensión que venía disfrutando; que el fundamento para suspender el pago de la mesada pensional fue lo previsto en las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975; que las previsiones referentes a la pérdida del derecho por contraer nuevas nupcias fueron declaradas inexequibles mediante Sentencia C-309 de 1996; que de conformidad con el precedente constitucional las mesadas suspendidas debían ser restituidas; que bajo la nueva órbita constitucional la sociedad iniciaba un proceso de reivindicación, frente a las concepciones que “(...) consideraban a la mujer como una incapaz”.

El Instituto de Seguros Sociales, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos manifestó que es cierto que se le suspendió la prestación por pérdida del derecho, dado que la demandante contrajo nuevas nupcias, estando vigente la premisa normativa que preveía esta situación hasta la Sentencia C-309 de 1996, con la que se declaró inexequible el condicionamiento normativo, pero que surgió mucho tiempo después de los hechos para el caso concreto.

Como excepciones de mérito, presentó las que llamó falta de requisitos para acceder a la prestación, inexistencia de la obligación, buena fe, falta de título y causa y prescripción.

II. Sentencia de Primera Instancia

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, profirió Sentencia de fecha 10 de septiembre de 2010, a través de la cual absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones.

III. Sentencia de Segunda Instancia

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 17 de agosto de 2012, resolvió el recurso de apelación presentado por la demandante, confirmando la sentencia de primera instancia.

El ad quem indicó que el señor Víctor Suarez falleció el día 3 de diciembre de 1973; que el ISS le reconoció la pensión de sobrevivientes a la accionante mediante Resolución 4551 de junio de 1974, con ocasión al fallecimiento, y que ésta fue suspendida porque la beneficiaria se casó con el señor Benjamín Acevedo Plata.

Afirmó que la inexequibilidad de los apartes que contenían la prohibición de contraer nuevas nupcias, so pena de perder el derecho pensional dentro de las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975, solo se declaró con la Sentencia C-309 de 1996, y esta jurisprudencia fue clara en señalar que solo quedarían a salvo los casos en donde este nuevo vínculo matrimonial se contrajera a partir de la vigencia de la Constitución de 1991; es decir, desde el 7 de julio de esa anualidad.

Por lo anterior, el Tribunal expuso que:

(...) en ese orden de ideas y teniendo en cuenta que la Corte delimitó expresamente los efectos de su sentencia al señalar que “las viudas con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraído nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, perdido el derecho a la que en la actualidad se denomina pensión de sobrevivientes, podrán, como consecuencia de este fallo y a fin de que se vean restablecidos sus derechos (…)”, no queda más que hacer acopio del pronunciamiento, para de esa manera mantener la decisión del juez de instancia y no restablecer el derecho de la demandante.

IV. Recurso de Casación

Interpuesto por la demandante Leonor Martínez de Acevedo, concedido por el Tribunal, y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la Impugnación

La recurrente pretende que se case en su totalidad la sentencia, y en sede de instancia, se revoque la de primer grado y acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formuló un cargo por la causal primera de casación; que fue replicado oportunamente por la pasiva.

VI. Cargo Único

Acusó el fallo del Tribunal indicando que es violatorio de la ley sustancial, por vía directa en la modalidad de aplicación indebida de los artículos:

(...) 2 de la Ley 33 de 1973, artículo 2º de la Ley 12 de 1975 en relación con los artículos 13, 14, 16, 43 y 21 del Código Sustantivo de Trabajo; artículo 23 y 215 de la Constitución de 1886; artículo 5º de la Ley 57 de 1887, artículo 9º de la Ley 153 de 1887, artículo 23 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Ley 74 de 1968, artículos 11 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José (aprobado por la Ley 16 de 1972), numeral 2º del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

Advirtió la censura en su escrito de casación que:

• No se discute en el presente caso la procedencia del reconocimiento de la prestación en favor de mi mandante desde el 3 de diciembre de 1973 fecha del fallecimiento del causante tal y como está contenido en la Resolución 4551 del 20 de junio de 1974 emanada del ICSS.

• No se discute la suspensión del derecho pensional a mi mandante ni tampoco la causa del mismo que fue el de contraer nuevas nupcias como se encontraba establecido en la Ley 33 de 1973, Ley 12 de 1975.

• No se discute que la cuantía de la mesada pensional (sic).

• No se discute la fecha de la presentación de la reclamación administrativa ni la fecha de radicación de la demanda 1 de octubre de 1999.

Señaló, que erró el Tribunal al interpretar que la Sentencia C-309 de 1996, determinó que los efectos de inexequibilidad serían retroactivos solo a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, pues, lo que allí la Corte hizo fue “(...) un juicio abstracto de inconstitucionalidad ante los postulados de la nueva carta política, por carecer de competencia para efectuar un juicio de estas características en una fecha anterior a la de la expedición de la carta que creo (sic) dicho órgano dentro de nuestro ordenamiento jurídico”.

Afirmó, que ya en múltiples pronunciamientos la máxima Corporación Constitucional, ha señalado que no reactivar el derecho de una mujer que contrajo nuevas nupcias, constituye una violación monumental de los derechos fundamentales (T-679 de 2006 y T-693 de 2009); de esta manera resaltó que:

La violación a la ley sustancial se materializa cuando las normas citadas como violadas establecen el derecho que tiene la cónyuge para el momento del deceso del primer esposo de mi mandante —año 1973— de obtener de manera vitalicia una pensión de sobrevivientes y que le fue reconocida por el ISS como se estableció en la sentencia de segundo grado.

Resaltó la impugnante que las normas (Ley 33 de 1973 y Ley 12 de 1975), que en su momento sirvieron como base para suspender el derecho, guardaban una antinomia con la Carta Política de 1886 —artículo 23—; y que su derogatoria actual hace desaparecer de la vida jurídica el fundamento que sostenía la suspensión de la prestación; razón por la cual el reconocimiento pasaría a ser vitalicio y sin ningún condicionamiento.

VII. Réplica

Manifestó en su escrito de oposición el Instituto de Seguros Sociales que resulta imperativo resaltar que el Tribunal no aplicó indebidamente la norma, pues la Ley 33 de 1973 es clara al determinar que la viuda de un fallecido podrá reclamar la pensión como su sobreviviente en forma vitalicia, siempre y cuando esta no contraiga nuevas nupcias.

Dijo que este aparte fue declarado inexequible por la Sentencia C-309 de 1996, sin embargo, la misma jurisprudencia dejó claro que los efectos retroactivos de esta declaratoria solo podían aplicarse desde el 7 de julio de 1991, fecha en la que entró a regir la Constitución de 1991, y dado que al caso concreto la accionante se volvió a casar el 9 de julio de 1983, se concluye que está por fuera del término señalado por la Corporación Constitucional para efectos de reactivar el derecho.

VIII. Consideraciones

Dada la vía escogida por la censura, se entiende que muestra conformidad con todos los supuestos fácticos en que se apoya la sentencia atacada, enmarcándose el estudio del recurso extraordinario dentro del plano netamente jurídico.

No es objeto de discusión en el sub lite lo siguiente: i) que mediante Resolución n° 4551 del 20 de junio de 1974, se reconoció la pensión de sobrevivientes a la demandante con ocasión del fallecimiento del señor Víctor Suárez Jaimes; ii) que el causante falleció el día 3 de diciembre de 1973; iii) que la demandante contrajo nuevas nupcias con el señor Benjamín Acevedo Plata el día 9 de julio de 1983 y; iv) que como consecuencia de lo anterior el ISS suspendió el pago de la pensión que venía disfrutando.

Centra su ataque la censura en advertir que el ad quem en el fallo abordado, erró al considerar que los efectos de inexequibilidad de la Sentencia C-309 de 1996, solo eran retroactivos a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 (7 de julio de 1991).

El juez colegiado consideró que para el caso concreto la señora Leonor Martínez de Acevedo, contrajo nuevas nupcias, en una fecha muy anterior a la vigencia de la Carta de 1991; lo cual deja incólume las condiciones de pérdida del derecho contenidas en la Leyes 33 de 1973 y Ley 12 de 1975, visto que estas solo fueron declaradas inexequibles con la providencia C-309 de 1996, que condicionó los efectos retroactivos de esta declaratoria a los hechos constituidos a partir del 7 de julio de 1991.

Visto lo anterior, la Corte frente al particular en un caso de similares características, explicó en Sentencia CSJ SL21799 - 2017:

La decisión de inconstitucionalidad en cita la comparte esta Sala, porque la extinción de la sustitución pensional por nuevas nupcias, viola, a la luz de los dictados de la Constitución de 1991, los derechos fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de las viudas y los viudos, en lo que hace a su legítima opción individual de fundar una nueva familia, optar por un estado civil y autodeterminarse.

Así mismo, participa de los efectos que su homóloga constitucional les ha otorgado a las sentencias en las que se ha dispuesto la inconstitucionalidad de las normas que antes del nuevo orden superior consagraron la condición resolutoria de las prestaciones pensionales, por las razones ya reseñadas.

En efecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia CSJ SL3210-2016, adoctrinó que esa perspectiva de análisis, adelantada frente a unos contenidos materiales de una Carta Política forjada desde la filosofía política, social y económica imperante en 1991, no puede trasplantarse sin mayores reflexiones a situaciones acaecidas en vigencia de la Constitución de 1886, como es el caso de la accionante.

Así lo explicó, en aquella oportunidad:

(…) en su momento, la restricción de las viudas de contraer nuevas nupcias so pena de perder la pensión de sobrevivientes de su ex cónyuge fallecido, se justificaba en virtud a la organización que regía la economía familiar, ya que, se presuponía que al contraer nuevas nupcias la mujer contaba con el aseguramiento económico de su nuevo esposo, de suerte que la protección brindada por la pensión perdía su razón de ser. Además, el ideal de comportamiento moral de la mujer durante y después del matrimonio de esa época, dista del de hoy, en el cual prevalece su condición paritaria y su libertad para autodeterminar los designios de su vida según sus propias convicciones.

Por ello, esa forma de ver las cosas, si bien desde una perspectiva jurídica, política e incluso moral, hoy es inconcebible, en su momento se encontraba justificada, por lo que no podría tildarse esa regulación como contraria al orden público otrora vigente ni mucho menos ilegítima para, a partir de allí, invocar su inaplicación.

Fue la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-309 de 1996, la que advirtió que la contradicción material existente entre las Leyes (sic) 33 de 1973 y 12 de 1975 y el orden jurídico, surgió a partir de la Carta Política de 1991 y se acentuó con la expedición de la Ley 100 de 1993 al establecerse un trato discriminatorio entre las personas beneficiarias del nuevo régimen pensional y el anterior:

No se descubre ninguna razón válida para que se mantengan regímenes diferenciados respecto de personas colocadas en una misma situación. Los destinatarios de ambas leyes, tienen el mismo título para gozar de la pensión de sobrevivientes. A quienes se aplica la Ley 100 de 1993, así contraigan nuevas nupcias o hagan parte de nuevas relaciones maritales, siguen gozando de la pensión; lo que no ocurre con las personas cubiertas por el régimen legal anterior. Dado que tales vicisitudes personales no son ni material ni constitucionalmente relevantes para sustentar una diferencia de trato, viola la igualdad que, a partir de la vigencia de la citada ley, se mantenga la anotada distinción

(...)

No duda la Corte que al entrar en vigencia la nueva Constitución, la disposición legal acusada que hacía perder a la viuda el derecho a la pensión sustituta por el hecho de contraer nuevas nupcias o conformar una nueva familia, se tornó abiertamente incompatible con sus dictados y, desde entonces, bien había podido ejercitarse la excepción de inconstitucionalidad. En efecto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a lo que se suma la facultad de conformar un nuevo núcleo familiar, se vulneran de manera meridiana, de conformidad con lo expuesto, por la anotada condición. El radio de la violación constitucional se amplía aún más cuando en 1993 se expide la ley 100, que elimina la susodicha condición, pero deja inalterada la situación que, por lo menos a partir de la vigencia del nuevo ordenamiento constitucional, pugnaba con sus normas y principios. Ya se ha señalado cómo el nuevo régimen legal, en virtud de esta omisión, permite identificar nítidamente dos grupos de personas que, pese a encontrarse dentro de un mismo predicado material, son objeto un trato distinto carente de justificación objetiva y razonable.

La causa de que, al momento de promulgarse la Constitución Política, pueda afirmarse la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad y que, más adelante, al expedirse la Ley 100 de 1993, se hubiere configurado un claro quebrantamiento del derecho a la igualdad de trato, no puede dejar de asociarse a la norma demandada que, por lo tanto, deberá declararse inexequible.

A juicio de la Corte Constitucional, con el objeto de restablecer los derechos conculcados, se impone reconocer a la (sic) viudas, que a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política hubieren perdido el derecho a la pensión —actualmente denominada de sobrevivientes— por haber contraído nuevas nupcias o hecho vida marital, su derecho a recuperar las mesadas dejadas de pagar que se hubieren causado luego de notificada la presente sentencia.

(ii) La teoría del decaimiento de los actos administrativos por desaparición de sus fundamentos de derecho en que se apoya la Corte Constitucional para sustentar sus decisiones de tutela, presenta la grave falencia de no advertir que la normativa aplicable en tratándose de la pensión de sobrevivientes opera en dos sentidos. Por un lado, su nacimiento se revisa de cara a las leyes vigentes al momento del fallecimiento del causante, y su extinción a la luz de las reglas en vigor para la fecha en que se da el supuesto de hecho previsto en ellas.

Por esta precisa razón, en rigor, los fundamentos de derecho de los actos administrativos, salvo el caso de las viudas que contrajeron matrimonio en vigencia de la Constitución Política de 1991, no desaparecen, pues, en efecto, son los que gobiernan las situaciones acaecidas durante su vigencia.

Así visto el tema, podría decirse entonces que la teoría del decaimiento de los actos administrativos apareja una aplicación retroactiva de la Sentencia C-309/1996, lo cual, salvo previsión expresa dictada por la propia Corte Constitucional, se encuentra prohibido por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

(iii) Además de todo lo anterior, la decisión que hoy adopta la Sala y que en verdad viene a ser una ratificación de su postura en torno a la situación de las viudas que con anterioridad a la Carta Política de 1991 volvieron a contraer matrimonio y por esa razón perdieron su derecho a la sustitución pensional (CSJ SL369-2013; CSJ SL, 22 ago. 2012, rad. 44782), se fundamenta en otras razones institucionales poderosas. Específicamente, en el acatamiento estricto de la cosa juzgada de las sentencias de constitucionalidad y la prohibición general de irretroactividad; la igualdad en la aplicación de la ley ante supuestos de hecho y de derecho semejantes; la seguridad jurídica; y la sujeción de las autoridades administrativas y judiciales al orden jurídico imperante, como garantía y presupuesto indispensable de la separación de poderes, la estabilidad de los Estados contemporáneos, la convivencia pacífica y la salvaguarda misma de los derechos y libertades de todos.

En conclusión, en el sub lite, bajo la orientación jurisprudencial atrás citada y dados los supuestos fácticos que no son objeto de discusión, se concluye que como la actora contrajo nuevas nupcias el 8 de julio de 1980, no hace parte del contingente poblacional que se beneficia de los efectos de las sentencias de inexequibilidad objeto de análisis; en consecuencia, no erró el Tribunal al confirmar la decisión de primer grado.

En igual sentido se pronunció la H. Corte Constitucional en Sentencia CC-568 de 2016.

De lo anterior, no se observa violación alguna de la norma sustancial en la modalidad de aplicación indebida por parte del Tribunal, pues la conclusión a la que arribó en su providencia resulta acorde con la postura actual de esta Corporación; teniendo en cuenta que la reclamante contrajo nuevas nupcias con el señor Benjamín Acevedo Plata el 9 de julio de 1983, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.

Por lo hasta aquí expuesto es dado indicar, que el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante. Se estiman las agencias en derecho en la suma de tres millones setecientos cincuenta mil pesos ($3.750.000.00), que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, el diecisiete (17) de agosto de dos mil doce (2012), en el proceso ordinario adelantado por Leonor Martínez de Acevedo contra el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación hoy Colpensiones.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

Magistrados: Ana María Muñoz Segura—Omar de Jesús Restrepo Ochoa—Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez.