Sentencia SL1448-2014 de octubre 22 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL14481-2014

Radicación 40604

Acta 38

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., veintidós de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VIII. CONSIDERACIONES

Encuentra la Corte que el cargo propuesto por el recurrente adolece de varios defectos técnicos frente a las exigencias formales del recurso extraordinario de casación, las cuales, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada e inveterada de esta Sala, hacen parte del debido proceso constitucional, como un derecho fundamental de quienes intervienen en el mismo y que, además, desempeñan un papel importante en la finalidad misma de este instrumento de carácter extraordinario, toda vez que el ordenamiento jurídico reviste de las presunciones de acierto y legalidad a las actuaciones de los jueces de instancia, las cuales solo podrán infirmarse cuando quien recurre en casación logre demostrar con suficiencia los errores jurídicos o fácticos en que las mismas pudieron incurrir, lo cual implica necesariamente un respeto estricto por las formalidades legales y jurisprudenciales de esta herramienta procesal.

Efectivamente el cargo está encaminado a imputar al Tribunal una interpretación equivocada respecto de las sentencias T-500 de 2000 y T-890 de 2000, proferidas por la Corte Constitucional sobre el principio de la prevalencia de la realidad sobre las formas, la procedencia de la acción de tutela para alegar el mismo y la configuración del contrato de trabajo en docentes de cátedra al igual que los de tiempo completo, por cuanto esta Sala ha resaltado que el recurso de casación busca mostrar errores cometidos, directa o indirectamente frente a la ley sustancial de alcance nacional, calidad que no puede predicarse de las providencias judiciales que resuelven controversias particulares y que interpretan y/o aplican el texto legal, tal como lo pretende hacer ver el recurrente, máxime que estas son emitidas por otra jurisdicción y responden a un fin diferente como lo es la verificación de posibles afectaciones a derechos fundamentales por parte del juez constitucional. Este criterio, efectivamente, se sostuvo recientemente en la Sentencia CSJ SL, 20 marz. 2013, rad. 40252, en la cual se dijo:

“En el primer cargo atribuye al fallo del Tribunal la infracción directa de la ley sustantiva laboral, por falta de aplicación de un variado número de preceptos previstos según el recurrente en decretos, resoluciones, manuales de la demandada y sentencias de otras jurisdicciones, con lo cual olvida, inexplicablemente, que la violación de la ley en la casación del trabajo se pregona de las normas sustantivas laborales o de la seguridad social, ‘del orden nacional’, es decir, las expedidas por el órgano legislativo, creador por antonomasia de estas, o las que no siendo expedidas por este tuvieren la misma fuerza de aquellas, y por supuesto que no lo son las contenidas en resoluciones o manuales del empleador, que apenas interesan a quienes vincula en ese escenario contractual, y mucho menos en sentencias judiciales en donde lo que se hace es aplicar, interpretar o integrar el sistema normativo, pero en manera alguna crear normas sustantivas o materiales, pues esa es no es una función de los jueces en un Estado de derecho como el nuestro”.

Así mismo, el desarrollo de la acusación involucra indebidamente aspectos fácticos que no son propios de la vía directa escogida, que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala, supone el planteamiento de una violación de la ley, producto de su interpretación errónea, aplicación indebida o infracción directa, sin consideración a la base fáctica del fallo sobre la cual se aplicó.

De todas formas, ya sobre los temas jurídicos de fondo que plantea la censura, relativos a la falta de aplicación del artículo 2º de la Ley 115 de 1994 y de la interpretación errónea de los artículos 2º, parágrafo único de la Ley 1064 de 2006 y 106 de la Ley 30 de 1992, de conformidad con las cuales la educación no formal o la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano hacen parte integral del servicio público de educación, la Corte encuentra que el Tribunal no pudo incurrir en ningún yerro jurídico sobre dichas normas, tal como se plantea en el cargo, el cual, se resalta, al estar enfocado por la vía del puro derecho, no discute los presupuestos fácticos del fallo relativos a que no se estaba frente a un caso de docente universitario, sino una persona que prestaba servicios como instructor en el curso de ensamble y mantenimiento de computadoras en una institución de educación no formal y que la Sociedad Salesiana de Inspectoría de Bogotá es una entidad de origen canónico, dedicada a obras de apostolado y educación en preescolar, básica primaria, básica media, en más de veinte obras dentro de la Provincia.

Para la Corte resulta claro que a este tipo de instituciones no les es aplicable la Ley 30 de 1992 que regula el servicio público de Educación Superior como aquella que se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y que tiene por objeto la formación académica o profesional de las personas, de tal modo que las instituciones que conforman este nivel del sistema de educación en el país y que son las únicas autorizadas para ofrecer programas de pregrado y posgrado, a la luz del artículo 16 de la misma ley, solamente son las Instituciones Técnicas Profesionales, las Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas y las Universidades, siendo que la institución que dio por establecida el ad quem, esto es, de origen canónico dedicada a obras de apostolado en preescolar, básica primaria y básica media, al no encontrarse dentro de aquellas, no estaba cobijada por la Ley 30 de 1992, motivo por el cual no le era aplicable el artículo 106 de la misma, referida a la contratación de docentes ocasionales por hora cátedra, tal como lo entendió acertadamente el Tribunal.

En esa medida, las disposiciones que le resultaban aplicables a la sociedad demandada, como bien lo determinó el ad quem, eran las contenidas en la Ley 1064 de 2006, que reemplazó la denominación de educación no formal, contenida en la Ley General de Educación por el de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, entendiendo esta como un factor esencial del proceso educativo de la persona y como componente dinamizador de la formación de técnicos laborales y expertos en artes y oficios, la cual es brindada por instituciones debidamente acreditadas ante el Estado y cuya finalidad es el ofrecimiento de programas conducentes a certificados de aptitud ocupacional con miras a obtener un empleo.

Así, tampoco pudo ser desconocido por el ad quem el artículo 2º de la Ley 115 de 1994 que reconoce la antes llamada educación no formal, hoy denominada Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano como un elemento importante del sistema educativo, en el entendido que “El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación”, por lo que el fallador de segunda instancia no desconoció lo aquí consagrado, pues la misma Ley 1064 de 2006, que fue la aplicada en este caso y que es desarrollo de la Ley General de Educación en mención, en el parágrafo del artículo 2º, reitera que este tipo de educación así como sus instituciones hacen parte del servicio público educativo, de suerte que no puede predicarse como lo hace la censura que esta educación sea objeto de discriminación bajo el entendimiento que hizo el Tribunal, pues, en ningún momento este le negó su carácter de elemento formador del sistema educativo, solo que entendió que la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano no se encontraba regulada por la Ley de Educación Superior, sino por una reglamentación especial, contenida en el Decreto 2888 de 2007, debido a su finalidad particular claramente diferenciable de la teleología de las instituciones de educación superior.

Vistas así las cosas y comoquiera que la censura no desvirtuó la calidad de la demandada de ser una institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, que dio por probada el Tribunal, es por lo que no le resultan aplicables las disposiciones de la Ley 30 de 1992, en materia de contratación de docentes por hora cátedra, pues se trata de una normatividad específica de las instituciones de educación superior, la cual, de acuerdo con los presupuestos fácticos del fallo, no ostenta la sociedad demandada, siendo, entonces que la normatividad aplicable a quienes presten sus servicios personales a este tipo de instituciones, tales como los instructores o formadores y que lo hagan de manera subordinada y dependiente será la contenida en el Código Sustantivo del Trabajo, sin descartar obviamente la posibilidad de las vinculaciones por medio de contratos de prestación de servicios cuando las necesidades y las condiciones permitan predicar las mismas y estas se ejecuten dentro del marco de la autonomía y la independencia.

Ahora bien, en cuanto al reproche del recurrente de haberse equivocado el Tribunal al considerar que la simple fijación del horario para dictar los cursos no implica la subordinación laboral del contratado, dado que, en su sentir, ello desconoce la previsión del artículo 24 del CST, se encuentra que esa inferencia no es desacertada, pues la jurisprudencia de esta Sala tiene sentado que si bien el cumplimiento de un horario es indicativo de la subordinación, tal hecho no hace concluir forzosamente la existencia de la subordinación cuando del análisis de otros medios probatorios el juzgador deduce que, en realidad, existió una prestación de servicios personales de carácter independiente y autónoma, tal como se dijo recientemente en la Sentencia SL8434-2014, en la que se dijo:

“De otra parte, es menester señalar que es cierto que en nuestro sistema legal respecto de las relaciones laborales del sector privado, la existencia de un horario de trabajo, es un elemento indicativo de la presencia de subordinación, pero no necesariamente unívoco, concluyente y determinante, porque como lo ha explicado también la jurisprudencia de la Sala, la fijación del tiempo que ha de emplear quien presta el servicio en su actividad puede darse en otro tipo de relaciones jurídicas, sin que por ello se entiendan forzosamente signadas por la subordinación laboral, como lo expresa el recurrente.

(...).

Puesto en otros términos, el horario no es una característica exclusiva de una relación de dependencia, pues en otro tipo de contrataciones puede ser necesaria y aun indispensable para el cumplimiento del objeto del contrato, sin que ello conlleve la existencia de un contrato de trabajo, como ocurre en el caso bajo análisis en el que se acordó la prestación de los servicios de celaduría y vigilancia en un horario determinado, lo cual constituye tan sólo una circunstancia lógica y propia del objeto contractual que buscaba garantizar el servicio de celaduría confiado a un particular contratista independiente, sin que ello implique el encubrimiento de un ilegal artilugio para camuflar una vinculación laboral subordinada con el propósito de evadir las consecuencias de la misma”.

Frente a la objeción del recurrente, en cuanto a que actividades como realizar evaluaciones y asistir a reuniones son muestra de la relación de trabajo, debe señalarse que es un cuestionamiento de naturaleza netamente fáctica, por lo que resulta impropio de la vía directa escogida. Además, se trata de meros indicios que por sí solos no resultan suficientes para estructurar un error de hecho con el carácter de evidente, de modo que no resulta equivocada la inferencia del Tribunal respecto a que tales actividades pueden igualmente presentarse en el marco de una relación autónoma e independiente, como la que dio por establecida el Tribunal, por lo que no puede predicarse de manera genérica y contundente que las funciones en mención lleven inmersas en sí mismas la subordinación jurídica, sino que son las circunstancias fácticas de cada caso particular las que determinarán la configuración o no de la dependencia laboral.

Finalmente, para la Sala no hay error jurídico del Tribunal en lo que concierne a la presunción de contrato de trabajo del artículo 24 del CST, porque lo cierto es que el fallador no desconoció dicha presunción así como la inversión de la carga de la prueba en cabeza del contratante, por cuanto lo que encontró acreditado es que del conjunto de pruebas arrimadas al plenario no se acreditaba el ejercicio del poder subordinante por la sociedad demandada, pues no constaban las órdenes por parte de esta, de modo tal que, al haber encontrado fácticamente demostrado el Tribunal que no se había dado en la relación contractual la dependencia propia de un contrato de trabajo, mal puede endilgársele error jurídico en cuanto a que no aplicó la presunción de contrato de trabajo, toda vez que, de acuerdo con la amplísima jurisprudencia de esta Corporación, esta es de carácter legal y admite, en el caso particular, que se demuestre que la relación se desarrolló y se ejecutó dentro del marco de la autonomía y la independencia.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto resulta infundado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones ciento cincuenta mil ($ 3.150.000) pesos.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 25 de febrero de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por BLAS EDGAR MONCADA TRONCOSO a la SOCIEDAD SALESIANA, INSPECTORÍA DE BOGOTÁ.

Las costas en el recurso extraordinario están a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones ciento cincuenta mil ($ 3.150.000) pesos.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».