Sentencia SL1449-2014 de febrero 5 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 43114

SL1449-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 03

Bogotá D.C., cinco de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Lo interpuso la parte demandante y con él pretende que la corte case la sentencia del tribunal para que, en sede instancia, confirme la de primer grado.

Con la finalidad descrita propone dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y aunque están formulados por diferentes vías se estudiarán conjuntamente por denunciar igual cuerpo normativo, tener el mismo alcance y servirse de argumentos complementarios.

V. Primer cargo

Acusa la sentencia impugnada de violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 53 de la Constitución Política; 11 y 17 de la Ley 6ª de 1945; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 1º del Decreto 797 de 1949; “68 y 69” del Decreto 3135 de 1968; 74, numeral 3º, y 75 del Decreto 1848 de 1969; 45 del Decreto 1045 de 1978; 1º y 3º de la Ley 33 de 1985; 1º, 3º, 4º, 16, 22, 23, 24, 127, 186, 189, 193, 249, 259, 260 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º, 11, 12, 14, 57 y 60 del Acuerdo 224 de 1966, “aprobado por el Decreto 1900 de 1983”; 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado mediante Decreto 2879 del mismo año; 36, 141, 149 y 289 de la Ley 100 de 1993; 51, 60, 61 y “1456” del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Dice que la anterior violación se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, no estándolo que la demandada estaba exonerada del pago de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985.

2. No dar por demostrado, estándolo que la demandada si (sic) estaba obligada al reconocimiento y pago de la pensión peticionada por cumplir los requisitos normales.

3. No dar por establecido estándolo, que el demandante laboro (sic) para entidades estatales por un tiempo superior a veintitrés 23 (sic) años.

4. No dar por establecido estándolo, que se demostró en el proceso claramente el cumplimiento de los requisitos de ley.

Afirma que los anteriores errores de hecho se dieron como consecuencia de la errada apreciación de las siguientes pruebas:

Partida de bautismo a folio 13 para demostrar la edad.

Certificación autenticada de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo en donde consta que el demandante laboró desde el 2 de enero de 1962 hasta el 31 de diciembre de 1974 a folio 14.

Acta de posesión en el cargo de odontólogo auxiliar folio 15.

Memorando de Caprecom donde se determina que el demandante laboró desde el 1º de mayo de 1968 a 21 de enero de 1991 a folio 16.

Liquidación de prestaciones hecha por Caprecom folio 18.

Resolución 2066 de 4 de octubre de 2004 de Caprecom, folio 20 a 22.

Resolución 1572 expedida por Caprecom folios 23 y 24.

En la demostración aduce el censor que de las pruebas documentales allegadas al proceso y que no fueron analizadas por el tribunal, se infiere que el demandante tuvo vínculos laborales como empleado público durante más de 23 años; que la indebida aplicación de ley radica en que “el tribunal le da una valoración totalmente absurda al documento certificación de tiempo de servicio de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo y que obra a folio 14, por cuanto en esta se esta (sic) señalando que el demandante tuvo una vinculación desde 2 de enero de 1962 y hasta el 31 de diciembre de 1974”; que ante lo anterior resulta inexplicable que se tuviese que presentar una certificación en la que se especificara las horas laboradas “ya que, se estipula en los documentos en mención el cargo y dentro de ello implica que ostenta la calidad de servidor de dicha institución”; que el tiempo de servicio está plenamente “garantizado” dentro del proceso; que con los medios de prueba que obran en el expediente se acredita que el actor cuenta con los 20 años de servicios que exige la ley; que es improcedente que para contabilizar el tiempo de servicios se deba certificar el número exacto de horas laboradas “ya que, el hecho de pactar jornadas inferiores a las máximas legales, no es óbice para descartar el derecho a la pensión y menos para descontar tiempo de servicio”; que el error de valoración probatoria del ad quem consiste en pretender que la única manera de cumplir el tiempo de servicio requerido para acceder al derecho a la pensión, sea que el servidor hubiera laborado jornadas completas, “lo cual no es preciso y menos cuando se tiene en cuenta no solo el tiempo de servicios sino el valor del aporte que se hace al sistema de seguridad social”.

VI. La réplica

Aduce que el cargo no se encuentra llamado a prosperar por cuanto el censor nada manifiesta sobre las normas que le sirvieron de fundamento a la decisión impugnada, “es decir, sobre el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 y 68 del Decreto 1848 de 1968, normas sobre las cuales al encontrar conformidad por el recurrente, mantienen incólume la sentencia atacada”; que la censura no indica cuál fue la equivocada apreciación que el tribunal le dio a las pruebas mencionadas en el cargo ni qué es lo que ellas demuestran; que el recurrente se contradice al indicar que el ad quem se equivocó en la valoración de las pruebas, siendo que en el desarrollo del cargo aduce que las pruebas aportadas no fueron apreciadas por el tribunal y que se le dio un entendimiento absurdo al documento de folio 14; que, en todo caso, el actor no tiene derecho a la pensión reclamada por cuanto pretende que se le tenga en cuenta el tiempo de servicios que ya había sido computado para el reconocimiento de la pensión de jubilación concedida por la Universidad de Cartagena, “olvidando la orden constitucional señalada en el artículo 128”, el cual transcribe. En su apoyo reproduce apartes de las sentencias de esta Sala de la Corte de fechas 7 de abril de 1995 y 19 de septiembre de 2002, radicados 7243 y 18221, respectivamente.

VII. Segundo cargo

Acusa la sentencia impugnada de violar directamente, por aplicación indebida, el mismo elenco normativo relacionado en el primer cargo.

En la demostración, aduce la censura que el ad quem aplicó indebidamente los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968 y 68 del Decreto 1848 de 1969 “dado que en ellos se establece el tiempo de servicio sin ninguna consideración adicional habida consideración que en las normas se prevé que el tiempo debe ser tenido en cuenta tanto en forma continua como en forma discontinua”; que en el presente caso se demostró que “hubo una prestación del servicio y que existieron unas certificaciones que daban fe de lo realmente laborado por el actor, lo cual implica que es totalmente incoherente que se pretende (sic) disminuirle tiempo de servicios haciendo conjeturas sobre el número de horas laborado cuando el juzgador si tenia (sic) alguna duda al respecto le era permisible acudir a la prueba de oficio, no pretender como lo hizo de desconocer los derechos del demandante aduciendo que no se acredito (sic) los horarios de trabajo y reduciendo el tiempo de servicio, más aun cuando se habla de concurrencia de tiempo, lo cual avala que el demandante laboró por más de veintitrés años, lo que implica que se ajusta a la normatividad antes reseñada”; que con las pruebas allegadas al proceso se encuentra plenamente demostrado que el actor cumplió con el tiempo de servicios que exige la ley; que es incorrecto que para contabilizar el tiempo de servicios se deba certificar el número exacto de horas laboradas “ya que, el hecho de pactar jornadas inferiores a las máximas legales, no es óbice para descartar el derecho a la pensión y menos para descontar tiempo de servicio”.

VIII. La réplica

Se opone a la prosperidad del cargo. Arguye que en el desarrollo de la acusación la censura se refiere a los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968 y 68 del Decreto 1848 de “1968”, siendo que dichas disposiciones no fueron mencionadas en la proposición jurídica del ataque; que el recurrente se desvía del enfoque jurídico propio de la vía directa, ya que acusa al tribunal de no valorar unos medios de prueba que acreditaban el tiempo laborado por el demandante; que debe tenerse en cuenta que el artículo 128 de la Constitución Política prohíbe percibir dos asignaciones del tesoro público, tomando el mismo tiempo de servicios, como lo pretende el demandante.

IX. Consideraciones de la Corte

Sobre los defectos formales que la oposición le atribuye a los cargos, cumple anotar que el hecho de que en la proposición jurídica el recurrente no hubiera relacionado algunas normas mencionadas en el desarrollo de ellos no es obstáculo para que la Corte aborde su estudio en la medida en que se denuncia la violación de al menos una norma sustancial de alcance nacional, cumpliéndose así con el requisito de la proposición jurídica completa.

Así las cosas, no son de recibo los cuestionamientos técnicos que la oposición le hace el cargo, por lo que la Sala procede a su estudio.

El censor le endilga al tribunal no haber considerado que el demandante cumplía con el tiempo de servicio necesario para acceder a la pensión de jubilación reclamada, pues, afirma, de los documentos allegados al expediente se desprende que prestó sus servicios para entidades públicas durante más de 23 años.

El ad quem, para concluir que el demandante no cumplía con el tiempo de servicio necesario para acceder a la prestación económica solicitada estimó que si bien “se tuvo por cierto el tiempo de servicios afirmado por el actor en la demanda”, se debía tener en cuenta que había estado vinculado en forma simultánea con la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, con Caprecom y con la Universidad de Cartagena y que como no cumplía con una jornada completa resultaba imprescindible la prueba de la jornada laboral que cumplía el servidor mientras laboraba para la primera de las entidades mencionadas, para así determinar el tiempo de servicios.

Al respecto, considera la Sala que no le asiste razón al recurrente en cuanto afirma que en los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968 y 68 del Decreto 1848 de 1969 “se establece el tiempo de servicio sin ninguna consideración adicional” y que “el hecho de pactar jornadas inferiores a las máximas legales, no es óbice para descartar el derecho a la pensión y menos para descontar tiempo de servicio”, ya que el parágrafo 1º del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 dispone que:

Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a pensión de jubilación o vejez solo se computarán como jornadas completas de trabajo las de cuatro o más horas. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro; el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la ley.

Por su parte, el parágrafo del artículo 68 del Decreto 1848 de 1969 prevé:

Para calcular el tiempo de servicios que da derecho a la pensión de jubilación solamente se computarán como jornadas completas de trabajo las de cuatro (4) horas o más. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o labor no llegan al límite mínimo indicado, el cómputo se hará sumando las horas efectivamente laboradas y dividiéndolas por cuatro (4); el resultado que así se obtenga, se tomará como el de días laborados, los cuales se adicionarán con los de descanso remunerado y de vacaciones remuneradas.

En el mismo sentido, el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, preceptúa:

Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación o vejez, solo se computarán con jornadas completas de trabajo las de cuatro (4) o más horas diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la ley.

Como se observa, para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación solo se computan como jornadas completas de trabajo las de 4 o más horas. En caso de que las horas de trabajo no lleguen a ese límite el cómputo se realizará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas entre 4 y el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la ley.

De acuerdo con lo anterior, no resulta admisible el argumento de la censura según el cual es intrascendente la jornada laboral del trabajador para efectos de computar el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación, dado que únicamente puede considerarse como una jornada completa aquella igual o superior a 4 horas, en los términos de los ya citados parágrafo 1º del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, parágrafo del artículo 68 del Decreto 1848 de 1969 y parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

Sin embargo, considera la Sala que no existía ninguna razón para que el tribunal no tomara en cuenta el tiempo de servicio del demandante para la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, toda vez que no había ningún elemento de juicio que llevara a inferir que la jornada laboral del servidor era inferior a 4 horas. Si bien es cierto que el promotor del proceso había laborado en forma simultánea para la demandada, para la Clínica de Maternidad Rafael Calvo y para la Universidad de Cartagena, dicha circunstancia no significa que indefectiblemente su jornada laboral, mientras prestaba sus servicios para la aludida clínica, fuera inferior a 4 horas.

En el contexto que antecede, se concluye que se equivocó el tribunal al no tener en cuenta el tiempo de servicios del demandante para la Clínica de Maternidad Rafael Calvo por no haberse demostrado cuál era la jornada laboral del servidor, pues ciertamente no existía ninguna razón para desestimar tales servicios ya que el hecho de que el demandante hubiera laborado simultáneamente para otras entidades del Estado no significaba que su jornada laboral no hubiera sido completa, entendida esta como aquella igual o superior a 4 horas diarias.

Aunque el tribunal incurrió en error al no considerar el tiempo laborado por el demandante para la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, esa sola circunstancia no resulta suficiente para casar la sentencia impugnada dado que, en sede instancia, la Corte adoptaría la misma decisión absolutoria del ad quem, tal como pasa a explicarse.

De la certificación que milita a folio 14 del expediente y del acta de posesión de folio 15 se desprende que el actor prestó sus servicios para la Clínica de Maternidad Rafael Calvo C. durante el periodo comprendido entre el 2 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1974, para un tiempo de servicios de 12 años, 11 meses y 28 días; del memorando visible a folio 16 y de la liquidación de prestaciones sociales del actor (fl. 18), se infiere que este prestó sus servicios para Caprecom entre el 1º de mayo de 1968 y el 2 de septiembre de 1976 con una intensidad de 2 horas diarias; del 27 de septiembre de 1976 al 29 de noviembre de 1979 con una jornada laboral de 2 horas diarias; y del 30 de noviembre de 1979 al 21 de enero de 1991 cumpliendo una jornada laboral de 3 horas, para un total de 22 años, 7 meses y 25 días; de la Resolución 052 de 1987, por la cual la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena le reconoció la pensión de jubilación al demandante, se desprende que este prestó sus servicios como docente para la referida universidad entre el 23 de febrero de 1963 y el 30 de abril de 1966, del 1º de mayo de 1966 al 30 de julio de 1967, del 1º de agosto de 1967 al 31 de diciembre de 1971, del 1º de enero de 1972 al 15 de julio de 1982, del 29 de julio de 1982 al 16 de octubre de 1984 y del 25 de octubre de 1984 hasta el 2 de marzo de 1987, para un total de 23 años 1º mes y 23 días.

El tiempo de servicio del actor para entidades públicas, según los documentos mencionados, se resume así:

Clínica de Maternidad Rafael Calvo:

Desde 02/01/1962Hasta 31/12/1974
Total12 años, 11 meses y 28 días

Caprecom:

Desde 01/05/1968Hasta 02/09/1976
(2 horas diarias)
Desde 27/09/1976Hasta 29/11/1979
(2 horas diarias)
Desde 30/11/1979Hasta 21/01/1991
(3 horas diarias)
Total22 años, 7 meses y 25 días

Universidad de Cartagena:

Desde 23/02/1963Hasta 30/04/1966
Desde 01/05/1966Hasta 30/07/1967
Desde 01/08/1967Hasta 31/12/1971
Desde 01/01/1972Hasta 15/07/1982
Desde 29/07/1982Hasta 16/10/1984
Desde 25/10/1984Hasta 02/03/1987
Total23 años, 1 mes y 23 días

Como se observa, de los medios de convicción reseñados emerge con total claridad que el promotor del proceso prestó sus servicios para las aludidas entidades públicas en forma simultánea. En efecto, durante el periodo comprendido entre el 1º de mayo de 1968 y el 31 de diciembre de 1974 el demandante laboró simultáneamente para Caprecom, para la Clínica de Maternidad Rafael Calvo y para la Universidad de Cartagena. Además, entre el 1º de enero de 1975 y el 2 de marzo de 1987, salvo algunas breves interrupciones, el actor laboró de manera simultánea para Caprecom y para la Universidad de Cartagena.

En el contexto que antecede, al haber estado el demandante vinculado con la Clínica Rafael Calvo, con la Universidad de Cartagena y con la demandada, en la forma ya indicada, no resulta procedente que el mismo tiempo de servicio que ya le había sido tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión de jubilación que le viene pagando la citada universidad sea nuevamente computado para efectos del reconocimiento de una segunda pensión oficial.

Así se afirma por cuanto el tiempo de servicios del demandante para la Universidad de Cartagena (23/02/63 - 15/07/82, 29/07/82 - 16/10/84 y 25/10/84 - 02/03/87 o 23 años, 1 mes y 23 días) fue tenido en cuenta para que la caja de previsión social de esta entidad educativa le reconociera la pensión de jubilación oficial, según se infiere de la Resolución 052 de 1987, visible a folios 25 a 27 del expediente. Este tiempo de servicio se prestó en buena parte en forma simultánea para otras entidades del Estado, por lo que no es factible que sea tenido en cuenta nuevamente para el reconocimiento de otra pensión de jubilación oficial.

Ello es así por cuanto los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968, 68 del Decreto 1848 de 1969 y 1º de la Ley 33 de 1985 establecen que los 20 años de servicios necesarios para adquirir el derecho a la pensión deben ser continuos o discontinuos, sin hacer referencia a los servicios prestados en forma simultánea, paralela o concomitante. Por su parte, el artículo 72 del Decreto 1848 de 1969 dispone que “Los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta, se acumularán para el cómputo del tiempo requerido para la pensión de jubilación (...)”.

Significa lo anterior que el designio del legislador ordinario y extraordinario fue el de computar, para efectos de la pensión de jubilación, únicamente los servicios continuos o discontinuos, sucesivos o alternativos, más no los simultáneos o concomitantes. Así lo entendió la Sección Segunda del Consejo de Estado, cuando en sentencia del 29 de noviembre de 1993, Radicado interno 6368, dijo:

En lo concerniente al tiempo de servicios el Ejecutivo habilitado extraordinariamente por el Congreso, contempló la multiplicidad de entes públicos a los cuales se hubiere vinculado el funcionario durante el plazo preindicado, pero únicamente apreció para efectos de la pensión los servicios ‘continuos o discontinuos’; lo cual suscita la idea de la sucesión del desempeño público sin interrupciones o con ellas, y de ahí que a la alternación se la haya asimilado en el reglamento con la discontinuidad en los destinos públicos para diferenciarlos de los servicios prestados al sector privado.

Empero, la consecuencia de la elección terminológica del legislador extraordinario es la exclusión de la prestación “simultánea” de servicios para el cómputo de uno de los requisitos del goce de pensión de jubilación, pues estos no se encuentran en la norma (inclusus unus, exclusus alter). Luego si la voluntad del legislador extraordinario no fue la de computar sino los servicios continuos o discontinuos, sucesivos o alternativos, más no los simultáneos para los fines de la pensión de jubilación, no puede entenderse que su reglamento permita contar los servicios prestados paralelamente en el tiempo a dos entidades diferentes y por tanto no resultan estimables para el efecto específico de la jubilación, según el Decreto-Ley 3135 de 1968, aunque dichos servicios personales cuenten para otros fines legales.

De acuerdo con lo anterior, considera la Sala que no puede el demandante aspirar a que el mismo tiempo de servicios que ya le fue tenido en cuenta para el reconocimiento de una pensión oficial le sea computado nuevamente para efectos del reconocimiento de otra pensión de igual naturaleza, así dichos servicios los hubiera prestado en diferentes entidades del Estado de manera concomitante, concurrente o simultánea.

Nótese que el tiempo de servicios del demandante para entidades públicas, no simultáneo con el tiempo servido para la Universidad de Cartagena, es de 5 años y 10 días, que es insuficiente para el reconocimiento de la pensión de jubilación a la que aspira, tal como se resume a continuación.

Clínica de Maternidad Rafael Calvo

Desde 02/01/1962Hasta 23/02/1963 (fecha de ingreso a la Universidad de Cartagena)
Total1 año, 1 mes y 21 días

Caprecom

Desde 02/03/1987 (Fecha de retiro de la Universidad de Cartagena)Hasta 21/01/1991
Total3 años, 10 meses y 19 días

Así las cosas, además de los 23 años, 1 mes y 23 días de servicios del actor para la Universidad de Cartagena, los cuales fueron tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión de jubilación por parte de la Caja de Previsión Social de esa universidad, el demandante cuenta con 5 años y 10 días de servicio, no simultáneo, prestado para la Clínica de Maternidad Rafael Calvo y para Caprecom, los cuales resultarían insuficientes para adquirir el derecho a otra pensión oficial en caso de que fuera procedente su reconocimiento.

En conclusión los cargos no prosperan.

De acuerdo con lo anterior, considera la Sala que no puede el demandante aspirar a que el mismo tiempo de servicios que ya le fue tenido en cuanta para el reconocimiento de una pensión oficial le sea computado nuevamente para efectos del reconocimiento de otra pensión de igual naturaleza, así dichos servicios los hubiera prestado en diferentes entidades del Estado de manera concomitante, concurrente o simultánea.

Nótese que el tiempo de servicios del demandante para entidades públicas, no simultáneo con el tiempo servido para la Universidad de Cartagena, es de 5 años y 10 días, que es insuficiente para el reconocimiento de la pensión de jubilación a la que aspira, tal como se resume a continuación.

Clínica de Maternidad Rafael Calvo

Desde 02/01/1962Hasta 23/02/1963 (fecha de ingreso a la Universidad de Cartagena)
Total1 año, 1 mes y 21 días

Caprecom

Desde 02/03/1987 (Fecha de retiro de la Universidad de Cartagena)Hasta 21/01/1991
Total3 años, 10 meses y 19 días

Así las cosas, además de los 23 años, 1 mes y 23 días de servicios del actor para la Universidad de Cartagena, los cuales fueron tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión de jubilación por parte de la Caja de Previsión Social de esa universidad, el demandante cuenta con 5 años y 10 días de servicio, no simultáneo, prestado para la Clínica de Maternidad Rafael Calvo y para Carecen, los cuales resultarían insuficientes para adquirir el derecho a otra pensión oficial en caso de que fuera procedente su reconocimiento.

En conclusión el cargo no prospera

Las costas del recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente. Se fijan las agencias en derecho en tres millones ciento cincuenta mil pesos ($ 3’150.000).

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 24 de junio de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que Antonio Elías Nader Nader promovió contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom.

Las costas del recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente. Se fijan las agencias en derecho en tres millones ciento cincuenta mil pesos ($ 3’150.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».