Sentencia SL14508-2017/4661 de septiembre 13 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL14508-2017

Radicación 46661

Acta 10

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

Bogotá, D.C., trece de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

VII. Consideraciones

Aun cuando la presente demanda de casación no es propiamente un modelo a seguir, la Sala abordará su estudio bajo el entendido que los puntos materia de discusión en el recurso extraordinario, están encaminados a cuestionar la conclusión del tribunal de negar la pensión plena de jubilación a la totalidad de los promotores del proceso, como también la pensión sanción, por no configurarse ninguna de las hipótesis planteadas en la demanda inicial.

En atención con la vía directa optada por la censura para cuestionar el fallo de segundo grado, quedan incólumes las siguientes conclusiones fácticas del ad quem: (i) que Francisco Nagles Córdoba laboró para la demandada desde el 25 de septiembre de 1969 y hasta el 3 de octubre de 1983; (ii) que Celso Arroyo Raga sirvió a la accionada del 15 de febrero de 1971 al 20 de diciembre de 1996 y fue afiliado al ISS el 29 de septiembre de 1986; (iii) que José Pérez Chala prestó sus servicios para la pasiva entre el 29 de agosto de 1969 y el 15 de marzo de 1973, y de agosto de 1984 al 3 de octubre de 1994, vínculo que finalizó por retiro voluntario, además que desde el año 1987 fue afiliado al ISS; (iv) que Emiliano Arroyo Cuesta trabajó para Maderas del Darién S.A. entre el 12 de diciembre de 1979 y el “26 o 28 de marzo de 2001”, contrato que finalizó por el reconocimiento de la pensión de invalidez por parte del ISS, entidad a la cual estuvo afiliado desde el 3 de septiembre de 1987; y (v) que los riesgos de invalidez, vejez y muerte fueron asumidos por el ISS a partir del 1º de agosto de 1986 en la zona de Urabá, que fue el lugar en que los demandantes prestaron sus servicios.

Como se recuerda, el juez colegiado, en punto a lo que es objeto de discusión, expuso como argumentos para desestimar las súplicas, los siguientes: (i) que el señor Francisco Nagles Córdoba laboró para la demandada por poco más de 14 años, sin ajustar los 20 años que exige el artículo 260 del CST y que durante la existencia de la relación de trabajo no existió obligación para el empleador de afiliarlo al ISS, en tanto la cobertura en los riesgos de invalidez, vejez y muerte inició en la región de Urabá el 1º de agosto de 1986, calenda para la cual el vínculo laboral ya había finalizado; (ii) frente al señor Celso Arroyo Raga estableció que la empleadora le reconoció la pensión de jubilación y que en razón a la afiliación y cotizaciones efectuadas por el empleador, junto con el posterior reconocimiento de la prestación de vejez por parte del ISS, la demandada se subrogó en el riesgo; (iii) respecto de José Pérez Chala sostuvo que no era procedente el reconocimiento de la pensión sanción en tanto fue afiliado al sistema de seguridad social, lo que impide la aplicación del artículo 133 de la Ley 100 de 1993 que es la que gobierna el asunto, toda vez que el contrato de trabajo finalizó en vigencia del sistema general de pensiones, y en lo atinente a la pensión de jubilación dijo que fue afiliado al ISS cuando llevaba menos de 10 años de servicios, por tanto su situación pensional estaba a cargo de la entidad de seguridad social y bajo las disposiciones propias de la administradora de pensiones; y (iv) en relación con Emiliano Arroyo Cuesta razonó que en atención a su afiliación al sistema de seguridad social durante la vigencia del vínculo, no podía concedérsele la pensión sanción prevista en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, ya que uno de los requisitos para su procedencia es la falta de afiliación lo cual se cumple, y frente a la pensión de jubilación adujo que el empleador se subrogó en el riesgo, al punto que le fue concedida por parte del ISS la pensión de invalidez.

Así las cosas, la Sala abordará el estudio de la acusación frente a la procedencia de la pensión plena de jubilación y luego se ocupará de la pensión sanción, que como ya se mencionó, también fue objeto de cuestionamiento por la censura.

Pensión plena de jubilación:

En cuanto a la pensión plena de jubilación consagrada en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, para su nacimiento se requería que el trabajador hubiera completado 20 años de servicios a un mismo empleador en forma continua o discontinua y que éste no hubiera sido afiliado al ISS.

Así mismo, que cuando mediara afiliación a la entidad de seguridad social por parte del empleador, se presentaban las siguientes dos situaciones: (i) si el trabajador para dicho momento tenía más de diez años de servicios con el empleador, este asumía su pago con la posibilidad de que la obligación fuera subrogada por el ISS, cuando la entidad de seguridad social asumiera la pensión de vejez; y (ii) si para el momento de la afiliación el vínculo laboral era inferior a diez años de servicios el empleador no tenía a cargo reconocimiento pensional alguno.

Ahora bien, bajo el anterior contexto y a efectos de la definición del asunto, es deber resaltar que no es objeto de cuestionamiento en la esfera casacional que de conformidad con la Resolución 2362 del 20 de junio de 1986, emanada del Consejo Nacional del Seguro Social, los riesgos de invalidez, vejez y muerte fueron asumidos por el ISS en la región de Urabá a partir del “1º de agosto de 1986”.

Planteadas así las cosas, es necesario a continuación entrar a analizar frente a la situación de cada demandante, lo correspondiente a los requisitos para acceder a la pensión de jubilación plena prevista en el citado artículo 260 del CST, así como referirse al régimen de transición previsto en el Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de igual año, que es la normatividad en que se funda el recurrente para reclamar la prestación pensional objeto de estudio frente a todos los accionantes.

El artículo 260 del CST, reza:

ART. 260.—Derecho a pensión. 1. Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.

2. El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicio.

Del texto citado en precedencia aflora palmariamente que son tres los requisitos que se deben estructurar para que el trabajador consolide el derecho a la citada pensión de jubilación:

a) Que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior.

b) Que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer.

c) Que labore durante veinte (20) años o más de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este código.

Ahora bien, la censura frente a la situación de cada uno de los demandantes plantea un mismo tema, consistente en que los actores tienen derecho a la pensión de jubilación a la luz del régimen de transición del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, por tener una antigüedad superior a los diez años de servicios.

Sobre dicho asunto se impone memorar lo adoctrinado en sentencia de la CSJ SL, 26 jul. 2005, rad. 24405, en cuanto a que el sistema del seguro social obligatorio creado por la Ley 90 de 1946, no entró en vigencia de manera inmediata. En la exposición de motivos el Gobierno Nacional puso de presente la necesidad de implementarlo gradualmente. Por ello, tanto la Ley 6ª de 1945, como la Ley 90 citada y pocos años después el Código Sustantivo del Trabajo, dispusieron que las prestaciones patronales seguirían a cargo de las empresas obligadas, mientras los riesgos de invalidez, vejez y muerte fueran asumidos por el Instituto de Seguros Sociales, de conformidad con la ley y dentro de los reglamentos que expidiera esa entidad.

También en ese pronunciamiento jurisprudencial se recordó que los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y los artículos 193 y 259 del CST, establecieron una regla básica: que las prestaciones patronales estarían a cargo de los patronos o empresas obligadas hasta cuando el Instituto Colombiano de Seguros Sociales las asumiera “... de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos...” que dictara el mismo ISS. Lo que significa, que el Instituto de Seguros Sociales, solo es sujeto obligado de una prestación económica dentro de su marco reglamentario.

Allí se dijo que la necesidad de darle tiempo prudencial a la puesta en vigencia del sistema dio paso al establecimiento de una serie de normas de transición que debían dejar temporalmente vigente el régimen de prestaciones patronales. El capítulo IX del Acuerdo 224 de 1966, que aprobó el Gobierno Nacional con el Decreto 3041 de igual año, recogió esas normas de transición, cuyos artículos 59 a 61 se destinaron al cambio de régimen en el riesgo de vejez y que interesan para la definición de este caso.

Así las cosas, se fijaron varias hipótesis, a saber:

1. El Acuerdo 224 de 1966 en su artículo 59 dispuso:

Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte hubieren cumplido veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000.00) o superior, cualquiera que fuere su edad, no estarán obligados a asegurarse contra el riesgo de vejez, y en consecuencia al llegar a la edad prevista en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y retirarse del servicio podrán reclamar las modalidades y condiciones que establecen las leyes respectivas, la pensión de jubilación al patrono responsable.

También estarán exceptuados del seguro obligatorio de vejez, los trabajadores que en el momento inicial estén gozando de una pensión de vejez a cargo de un patrono.

PAR.—Quienes no estando obligados a hacerlo, por edad o por estar gozando de una pensión de vejez, se afilien voluntariamente y paguen las cotizaciones patrono laborales establecidas por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, gozarán de los mismos beneficios de los asegurados obligatorios, en los riesgos de invalidez y muerte. Las cotizaciones en estos casos serán de los dos tercios del total establecido para los tres riesgos por este reglamento.

Fluye entonces de este precepto, que se mantuvo el régimen de prestaciones patronales para los trabajadores que contaran con veinte (20) o más años de servicios para el momento en que se inició la obligación de asegurarse al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, es decir, el derecho del trabajador a recibir la pensión de jubilación de su empleador y la correlativa obligación de aquel de pagarla (CST, art. 260); pero no le impuso al señalado Instituto obligación alguna respecto de ese contingente de trabajadores.

Dicho en otras palabras, para el caso del trabajador que antes de que el Instituto de Seguros Sociales asumiera las contingencias de invalidez, vejez o muerte, hubiese prestado sus servicios durante veinte (20) o más años, el empleador es el obligado directo de reconocer y pagar la pensión de jubilación según lo dispuesto en el artículo 260 del CST. Aquí, el Instituto de Seguros Sociales no tiene obligación alguna.

2. El artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966 estableció:

Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, lleven 15 años o más de servicios continuos o discontinuos en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000.00) moneda corriente o superior, ingresarán al seguro social obligatorio como afiliados para el riesgo de invalidez, vejez y muerte. Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por el Código Sustantivo del Trabajo podrán exigir la jubilación, a cargo del patrono y este estará obligado a pagar dicha jubilación, pero continuarán cotizando en este seguro hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el instituto para otorgar la pensión de vejez, y en este momento el instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el instituto y la que venía siendo pagada por el patrono.

Y el artículo 61 ibídem estipuló:

Los trabajadores que lleven en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000.00) moneda corriente o superior, diez años o más de servicios continuos o discontinuos ingresarán al seguro social obligatorio como afiliados en las mismas condiciones de los anteriores y en caso de ser despedidos por los patronos sin justa causa tendrán derecho al cumplir la edad requerida por la ley al pago de la pensión restringida de que habla el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, con la obligación de seguir cotizando de acuerdo con los reglamentos del instituto hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por este para otorgar la pensión de vejez; en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión siendo obligación del patrono continuar pagando la pensión restringida. En todo lo demás, el afiliado gozará de los beneficios otorgados por el instituto.

Nótese que estos dos preceptos, regularon la subrogación paulatina por el Instituto de Seguros Sociales de la pensión de jubilación contemplada en el artículo 260 del CST y previeron consecuencias para la pensión sanción o restringida de jubilación, ambas de indiscutible origen legal.

Así, entonces, como lo ha asentado la Sala de manera reiterada, dispusieron el tránsito legislativo para los trabajadores con más de 15 años (Ac. 224/66, art. 60) y 10 o más años (art. 61 ib.) de servicios, respectivamente; en estos eventos la transición implicó el derecho del trabajador a la pensión a cargo del empleador, pero la posibilidad de que este se liberara total o parcialmente cuando el Instituto de Seguros Sociales asumiera la pensión de vejez con sujeción a sus reglamentos, quedando a cargo del empleador solo el mayor valor.

Ahora bien, estas normas permiten que después de reconocida dicha prestación, el empleador continúe cotizando ante el ISS para que tenga la posibilidad de ser compartible la pensión de jubilación con la de vejez del ISS, y así poder subrogarse de manera parcial o total de la obligación otrora contraída.

Por otra parte, respecto de empleados con menos de 10 años de servicios, como lo puso de presente el tribunal, operó la subrogación total del riesgo por parte del Instituto de Seguros Sociales, y por ende el derecho pensional a favor de este contingente de trabajadores quedó sujeto obligatoriamente a los reglamentos de esa entidad de seguridad social. Sobre esta temática, la Sala de Casación Laboral en Sentencia CSJ SL, 25 feb. 2004, rad. 21611 indicó:

(...).

Conforme a los artículos 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, que desarrolló las previsiones de los referidos artículos 259 del CST y 76 de la Ley 90 de 1946, los trabajadores que en el momento de la asunción del riesgo de vejez por el ISS no habían cumplido 10 años de servicios y los que comenzaron a trabajar después de dicho momento, quedaron sometidos al régimen general y ordinario previsto en los artículos 11 y 12, en armonía con el 14 y 57 del citado acuerdo, luego sus empleadores fueron totalmente subrogados por el Instituto de Seguros Sociales en la obligación de pagar la pensión de jubilación. Ello es así porque conforme a los mencionados artículos 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966 se garantizó un régimen de transición solamente para los trabajadores con más de 10 años de servicios, con mayores garantías cuando ese tiempo era mayor de 15 años, pues los demás quedaron sometidos a las reglas generales de ese compendio normativo como ya se anotó. En este mismo sentido se pronunció la Sala en las sentencias del 7 de febrero de 1996 (rad. 7641) y 6 de febrero de 2002 (rad. 16806)”.

Se tiene entonces, que las diferentes hipótesis de subrogación de los riesgos pensionales en el Instituto de Seguros Sociales, dependen del tiempo de servicios prestados por el trabajador “... para el momento en el que inicia la obligación de afiliarse...”, que frente a algunos territorios operó a partir del año 1967 y, para otros, se fue generando luego paulatinamente, en función de la extensión progresiva de la cobertura. En sentencia CSJ SL, 1 abr. 2008, rad. 32643, se dijo:

Ciertamente el artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966, utiliza la siguiente expresión para demarcar los límites de las obligaciones que asume el sistema en subrogación de la prevista en el CST a cargo de los empleadores: “los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse al Instituto de Seguros Sociales contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte”, se hallen en determinada situación, definida por el número de años al servicio del patrono.

De esta manera el acto particular y concreto que ha exigido la Corte para que obre la subrogación, cuando se trata de la del régimen prestacional, es la de la convocatoria a afiliación efectuada por el ISS en la comprensión territorial en la que tuviere domicilio laboral el trabajador.

Dijo la Corte en sentencia rememorada en la del 4 de agosto de 2003, radicación 20070:

“De modo, pues, que de lo antes transcrito se deduce que el fallador de segundo grado se rebeló contra las disposiciones que regula el régimen de transición de las pensiones de jubilación, y con referencia a las cuales de vieja data la Corte ha dado por sentado que para efectos de su aplicación necesariamente ha de determinarse, en principio, en qué fecha se inició en la respectiva región del país la obligación de asegurarse al ISS, para así poder establecer la antigüedad del trabajador hasta entonces, y entrar a ubicarlo dentro del contingente de asalariados que lleven 20, 10 o menos de 10 años de servicio en aras de precisar bajo qué situación se encontraba cobijado y quien asume la carga pensional reclamada, ya que de ello dependerá si la pensión aludida está a cargo exclusivo del empleador; es compartida entre este y el Instituto de Seguros Sociales, es concurrente con la pensión de vejez, o corre por cuenta única y exclusiva de la entidad de seguridad social...”.

En ese orden de ideas, conforme a lo reseñado, los aspectos relevantes para definir si se dieron las condiciones de la subrogación pensional, son: (i) la fecha de inicio de la obligación de afiliarse al Instituto de Seguros Sociales; y (ii) el tiempo de servicios acumulado por el trabajador hasta ese momento.

Descendiendo al asunto sometido a escrutinio de la Sala, se tiene que si la cobertura territorial del Instituto de Seguros Sociales, en la región de Urabá, comenzó a partir del 1º de agosto de 1986, fecha para la cual el señor Francisco Nagles Córdoba había prestado servicios por más de 10 años a la demandada, no hay duda que frente a este trabajador se mantenía la obligación a cargo del empleador de reconocer la pensión de jubilación, una vez, desde luego, se verifiquen los requisitos contenidos en el citado artículo 260 del CST, sin embargo, como no alcanzó a laborar los veinte años exigidos, pues el tiempo de servicios prestados para la demandada solo fue por un poco más de catorce años, no existe obligación alguna de la sociedad demandada de reconocer la pensión plena de jubilación, en los términos solicitados en el escrito inaugural del proceso, tal y como acertadamente lo infirió el juez de apelaciones. Lo anterior conduce a que tampoco sea de recibo la alegación frente a la cosa juzgada, en la medida que esta argumentación fue más un agregado del tribunal sobre un proceso anterior seguido por el citado Nagles Córdoba.

Ahora bien, frente al restante grupo de demandantes, se presentó la siguiente situación: el señor Celso Arroyo Raga laboró para la demandada desde el 15 de febrero de 1971 hasta el 20 de diciembre de 1996, en ese orden de ideas para el momento de la asunción del riesgo de vejez por parte del ISS en la zona de Urabá (ago. 1º/86) ya había cumplido 10 años de servicios pero menos de 20, por lo que la pensión de jubilación estaba a cargo del empleador pero este se subrogaba en el riesgo una vez la asumiera la entidad de seguridad social, que fue precisamente lo que coligió el ad quem, al dejar sentado que luego de concederle la empresa la pensión plena de jubilación, se subrogó con la de vejez que le otorgó el ISS; en ese orden de ideas no se incurrió en yerro jurídico alguno.

Y en relación con los señores José Pérez Chala y Emiliano Arroyo Cuesta, tampoco el tribunal pudo cometer algún error, por virtud de que dichos actores, respecto de la obligación de pagar la pensión de jubilación prevista en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, operó la subrogación total del riesgo por parte del Instituto de Seguros Sociales, toda vez que conforme lo dedujo el juez colegiado, tenían menos de 10 años de servicios al 1º de agosto de 1986, y por ende, el derecho pensional a favor de estos demandantes quedó sujeto integralmente a los reglamentos de esa entidad de seguridad social y no por el artículo 260 del CST.

En consecuencia, conforme a lo preceptuado en el artículo 260 del CST, o por la vía de la transición del Acuerdo 224 de 1966, no resulta posible que los actores obtengan una pensión plena de jubilación a cargo del empleador demandado.

Pensión sanción, artículo 133 de la Ley 100 de 1993

Para dar al traste con esta parte de la acusación, basta con decir, que el recurrente está denunciando la interpretación errónea del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, sin tener en cuenta que esta norma no fue mencionada ni llamada a operar por el tribunal, y por consiguiente no hizo ninguna exégesis ni le dio algún entendimiento. La disposición a la cual se refirió la alzada para definir dicha temática, fue el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, que es diferente.

Como si fuera poco, la censura no señaló cuál fue el desvío interpretativo que supuestamente le imprimió el ad quem a dicho precepto legal, que vaya en contravía de la verdadera inteligencia de la norma, y cuál sería la correcta intelección o alcance que se le debió haber dado a la misma.

Por otra parte, si bien en el desarrollo del cargo se hace alusión al artículo 133 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que el censor se limitó a plantear, en esencia, que la transgresión de la ley sustancial se produjo, por no haber tenido en cuenta la sentencia impugnada, que los demandantes habían laborado por más de diez años, lo que a su juicio les permitía obtener esa pensión, pero sin efectuar el ejercicio hermenéutico que corresponde, que conduzca a demostrar la violación denunciada.

Aun cuando lo dicho es suficiente para rechazar el ataque, conviene destacar que respecto de los actores Francisco Nagles Córdoba y Celso Arroyo Raga, el tribunal no pudo cometer error jurídico alguno, sobre un aspecto que no se pronunció, en la medida que en la decisión cuestionada no estudió ni efectuó análisis en relación con la pensión sanción a favor de dichos demandantes.

En lo que respecta a que no es posible que se produzca un yerro, en relación a un punto que no fue objeto de pronunciamiento o resolución en la alzada, esta corporación tiene adoctrinado que “(...) no es dable imputarle al juzgador la comisión de unos errores en relación a unos aspectos frente a los cuales no hubo pronunciamiento, precisamente porque no fueron materia de apelación” (CSJ SL646-2013, CSJ SL8298-2017).

Ahora bien, de considerar la parte demandante que la pensión sanción respecto de tales accionantes constituía materia sobre la cual el tribunal tenía que pronunciarse en el fallo impugnado, debió, acudir al remedio procesal establecido en el artículo 311 del CPC, norma vigente para la época, aplicable a los juicios del trabajo a la luz de lo contemplado en el 145 del CPTSS, para solicitar ante esa misma colegiatura, la adición de la sentencia, en tanto, tal normatividad dispone que “cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término (...)”, actuación procesal que en el sub judice no se llevó a cabo.

Y en lo atinente a los demandantes José Pérez Chala y Emiliana Arroyo Cuesta, respecto de quienes el tribunal abordó el estudio de la pensión sanción, el ad quem no desconoció que hubieran trabajado por más de diez años a la demandada, lo que sucedió fue que encontró que estuvieron afiliados al ISS, por lo que no era posible, según su criterio, imponer el pago de dicha pensión a la luz del artículo 133 de la Ley 100 de 1993, en la medida que no se cumplió con uno de los requisitos para acceder a la pensión sanción, esto es, la omisión en la afiliación al sistema de seguridad social en pensiones, sin que la censura se ocupe de desvirtuar tal razonamiento.

Aunado a la anterior, la alegación de la censura de que José Pérez Chala fue despedido sin justa causa, es una argumentación fáctica ajena a la vía escogida, que debió demostrarse atribuyendo la apreciación errónea o la falta de valoración de las pruebas por parte del juzgador, encauzando el ataque por la senda indirecta o de los hechos, y la relación con el derecho demandado, lo cual se omitió por completo, situación que no permite a la Sala abordar su estudio.

Bajo el anterior derrotero, encuentra la Sala que el tribunal no incurrió en los yerros jurídicos atribuidos por la censura.

De suerte que, el cargo no prospera.

No se causan costas en el recurso extraordinario, dado que no hubo réplica.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el 12 de abril de 2010, en el proceso ordinario laboral que instauró Francisco Nagles Córdoba, Celso Arroyo Raga, José Pérez Chala y Emiliano Arroyo Cuesta contra Maderas Del Darién S.A.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».