Sentencia SL1452-2018 de mayo 3 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Gerardo Botero Zuluaga

SL1452-2018

Rad.: 45606

Acta 15

Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

EXTRACTOS: «IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VIII. CONSIDERACIONES

Comienza la Sala por responder al replicante que aunque es cierto que el censor no incorporó al acervo jurídico del cargo, los artículos 26 de la Ley 100 de 1993, 260 del Código de Comercio y 36 del Código Sustantivo del Trabajo, dicha omisión no da al traste con el mismo, en la medida en que siendo puntal de su litigio en las instancias, así como de su reclamación de control de legalidad de la sentencia de segundo grado en el recurso extraordinario, que el accionante estuvo vinculado a las demandadas a través de un contrato laboral que se ejecutó, ininterrumpidamente, entre el 23 de agosto de 1965 y el 30 de septiembre de 1983, a la proposición jurídica del ataque se incorporaron los artículos 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que tienen que ver, precisamente, con los elementos que permiten afirmar la existencia de tal tipo de atadura jurídica, con lo cual la acusación satisface el requisito mínimo del literal a) del artículo 90 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social.

También cumple manifestarle al opositor, que siendo cierto que el artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral y de las Seguridad Social, por obvias razones, no es una norma sustantiva, el cargo tampoco puede ser descalificado porque el impugnante incluya dicha disposición legal entre las que acusa de transgresión al tribunal, pues no puede soslayarse que respecto a ella expone el censor que su violación indirecta “conllevó” a las de las normas sustantivas que a continuación se refiere, con lo cual está significando que la violación que en su concepto se estructuró respecto de esa preceptiva adjetiva, fue el medio que precipitó la de las normas sustanciales que enlista a continuación, lo cual deviene acorde con la técnica del recurso de casación.

Por último, no obstante que acierta el opositor al expresar que la infracción directa es una modalidad de violación de la ley sustancial, extraña a la vía indirecta optada por el censor, aprehendido el cargo en su totalidad, sin dificultad interpreta la Sala que el censor critica es la aplicación indebida de las disposiciones sustantivas que forman parte de la proposición jurídica, como resultado de los dos errores de hecho que enrostra al juez plural, fruto a su vez de lo que asume como errada apreciación por parte de este de unas probanzas, y la falta de apreciación de otra, escenario en el cual el cargo tampoco es desestimable, como lo pretende el replicante.

Ahora bien, importa recordar que el tribunal fundamentó su decisión básicamente en lo siguiente: i) que no es posible afirmar que el actor laboró para las demandadas entre el 23 de agosto de 1965 y el 30 de septiembre de 1983, pues está probado que lo hizo para otra empleadora, PERULAC, en Perú, entre el primero (1º) de enero de 1971 y el dieciséis (16) de agosto de 1974; ii) que es imposible que el accionante trabajara al mismo tiempo para las demandadas y para tal empresa, en dos países distintos; iii) que no se demandó la declaratoria de la sustitución patronal o de unidad de empresa, entre las dos sociedades llamadas a responder al proceso.

También adujo el sentenciador de alzada, como báculo de la providencia fustigada: iv) que el control que se predica en la demanda ejerció NESTLÈ S.A., sobre ambas empresas demandadas, no es suficiente para declarar la solidaridad impetrada; v) que tampoco hay prueba del control de NESTLÉ S.A., sobre la empresa peruana PERULAC S.A., que permita imponer las condenas solicitadas, aún en el evento de que estuviera probado el control de la primera empresa, sobre las dos llamadas a responder en el juicio; vi) que por el principio de territorialidad de la ley colombiana, de todas maneras no es posible aplicar la legislación nacional a la empresa de Perú.

Finalmente destacó, vii) que si el actor laboró para la empresa peruana, ella debe responder por los créditos laborales causados durante el tiempo de duración de ese vínculo; viii) que el artículo 26 de la Ley 222 de 1995, no permite extender la legislación colombiana a sociedades domiciliadas en el extranjero; ix) que no hay lugar a aplicar en el caso la solidaridad del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, pues esta se predica entre la sociedad y sus socios, no entre sociedades como se pretende en el sub judice; x) que los derechos reclamados están afectados por la cosa juzgada; y xi) que la demanda también estaría afectada por la prescripción.

La censura, en contraste, limita su inconformidad con la segunda sentencia de instancia, en cuanto que el tribunal no haya tenido por demostrado que el contrato laboral entre las partes se ejecutó del 23 de agosto de 1965 al 30 de septiembre de 1983, y que no existió solución de continuidad en ese vínculo, entre el 1º de enero de 1971 y el 16 de agosto de 1974.

Realza la Sala el contenido del fallo atacado en el recurso extraordinario, con el desarrollo del único cargo formulado contra él, porque de uno y de otro emerge que, como lo alerta la réplica, el censor no destruyó todos los soportes de aquél proveído, pues, efectivamente, dejó incólumes la mayoría, esto es, los concernientes con que no se demandó la declaración de sustitución patronal o de unidad de empresa, entre las demandadas; que el control que se predica en la demanda ejerció NESTLÉ S.A. sobre estas, no es suficiente para declarar la solidaridad impetrada; que tampoco hay prueba del control de NESTLÉ S.A., sobre la empresa peruana PERULAC S.A., que de pábulo a desatar las condenas solicitadas, aún en el evento de que estuviera probado el control de la primera empresa, sobre las dos llamadas a responder en el juicio.

Tampoco fue objeto de reproche por el recúrrete, que por el principio de territorialidad de la ley colombiana, no es posible aplicar ésta a una empresa de Perú; que el artículo 26 de la Ley 222 de 1995, no permite extender la legislación colombiana a sociedades domiciliadas en el extranjero; que no hay lugar a aplicar en el caso la solidaridad del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, pues la misma no se predica entre sociedades, como lo pretende el accionante; que los derechos reclamados están afectados por la cosa juzgada; y que la acción para reclamarlos ante la jurisdicción ordinaria está afectada por la prescripción extintiva.

Se destaca lo anterior, porque inveteradamente ha razonado la jurisprudencia de la Corte que es carga ineludible del recurrente en casación, destruir todos los soportes de la sentencia cuya sujeción a derecho coloca en entredicho, pues con uno solo que deje indemne, ese proveído conserva la presunción de legalidad y acierto que le asiste, resultando por ello jurídicamente imposible al juez de casación, quebrarla.

Sin embargo, aunque lo anterior sería suficiente para desestimar el ataque solitario que blandió la impugnación, puesto que se abstuvo de atacar los cimientos que fundan la sentencia de segundo grado, destaca la Sala que si el mismo se examinara a fondo, de todas maneras tampoco tendría éxito, pues la conclusión del tribunal en cuanto que el demandante no laboró ininterrumpidamente para las demandadas entre los extremos cronológicos relatados en el escrito gestor, toda vez que laboró en Perú para la empresa PERULAC S.A., entre el 1º de enero de 1971 y el 16 de agosto de 1974, tiene respaldo probatorio, radicado en la no controvertida documental de folios 187 y 259-260 del expediente, que da cuenta de esa vinculación laboral del actor con una empresa extranjera, en un país diferente a Colombia.

En efecto, la documental que milita al folio 187 del expediente, da cuenta de que en la liquidación de servicios de los empleados, el actor entre el 1º de enero de 1971 y el 31 de julio de 1974, se desempeñó en la Compañía Peruana de Alimentos S.A, como Jefe de Departamento de Estudios de Mercado, y que este renunció; así mismo que por ello se le cancelaron las acreencias a las que tenía derecho en ese país, circunstancia que descarta de plano que dicho juzgador haya cometido los yerros de hecho que con el rango de manifiestos le increpara la acusación.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Las costas en casación deberá sufragarlas el demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 3.750.000.oo, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C., el 9 de junio de 2009, en el proceso ordinario laboral que instauró JOSÉ FERNANDO PIESCHACÓN ALBARRACÍN contra NESTLÉ COLOMBIA S.A. y COMESTIBLES LA ROSA S.A.

Costas en el recurso extraordinario como se dejó visto en la parte considerativa.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Fernando Castillo Cadena, Presidente de la Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas (impedido)—Jorge Luis Quiroz Alemán».