Sentencia SL14533-2017/51747 de septiembre 13 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN 1

Rad.: 51747

Magistrada Ponente:

Dra. Dolly Amparo Caguasango Villota

Acta 10

Bogotá, D.C., trece de septiembre de dos mil diecisiete.

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral —Descongestión— del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 11 de febrero de 2011 en el proceso que ÁLVARO DE JESÚS GÓMEZ HENAO adelanta contra la COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S. A.

I. ANTECEDENTES

Álvaro de Jesús Gómez Henao a través de demanda ordinaria laboral pidió que se declarara la nulidad absoluta del despido injusto por haber tenido lugar cuando estaba amparado por la garantía del fuero circunstancial; en consecuencia, reclama su reintegro al cargo que desempeñaba al momento del despido, en las mismas condiciones de trabajo con los aumentos salariales pactados el 27 de diciembre de 2005 a partir del 1º de mayo de 2005 del 6.7%; el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el despido hasta cuando sea reintegrado.

En subsidio de estas peticiones, bajo la premisa de tener más de 10 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 50 de 1990, solicitó que se declarara el despido injusto y se condenara al reintegro al mismo cargo que desarrollaba al momento del despido, con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir, así como al aumento salarial según lo dispuesto en el acta parcial de 27 de diciembre de 2005 e indexación. En caso de no acceder al reintegro solicita que se condene al demandado al pago de la indemnización convencional por despido sin justa causa, debidamente indexada.

Finalmente solicitó que se condenara a la demandada al pago del valor de dos horas semanales a las que tenía derecho conforme al artículo 21 de la Ley 50 de 1990, debidamente indexadas.

Fundamentó sus peticiones en que trabajó como operario de horno para la empresa demandada desde el 21 de noviembre de 1977 hasta el 25 de octubre de 2005 fecha en que fue despedido sin justa causa; que su vinculación lo fue mediante contrato de trabajo a término indefinido; que laboró en el turno uno en la jornada de las 5:30 a.m. a la 1:40 p.m.; devengaba un salario de $ 917.000 mensuales; tenía más de 10 años de servicios a la entrada en vigencia de la Ley 50 de 1990 y que al momento de ser despedido estaba amparado por fuero circunstancial, dado que estaba afiliado a Sintralimenticia, organización sindical que había presentado un pliego de peticiones a la demandada el 12 de octubre de 2005. Finalmente indicó que el 22 de diciembre de 2005 presentó escrito de interrupción de la prescripción.

La compañía de Galletas Noel S. A., al contestar la demanda se opuso a todas las pretensiones y en cuanto a los hechos aceptó como ciertos la fecha de ingreso y la modalidad del contrato de trabajo, la afiliación del trabajador a Sintralimenticia, que contaba con más de 10 años de servicios para el momento en que entró en vigencia la Ley 50 de 1990 y que el sindicato referido presentó pliego de peticiones ante la demandada el 12 de octubre de 2005. Propuso las excepciones de mérito que denominó: prescripción, inexistencia de la obligación, pago, compensación e incompatibilidad para el reintegro.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Octavo de Descongestión Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia proferida el 31 de agosto de 2009 absolvió a la sociedad demandada de todas las pretensiones de la demanda y condenó en costas al actor.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 11 de febrero de 2011, al resolver el recurso interpuesto por el demandante, confirmó la decisión absolutoria de primera instancia y condenó en costas al accionante.

Para sustentar su decisión, el tribunal señaló que no eran objeto de controversia los hechos relativos a la existencia de una relación laboral entre las partes, vigente desde el mes de noviembre de 1977 hasta el 1º de octubre de 2005, el despido, la afiliación del actor al sindicato de trabajadores de la empresa Sintralimenticia y la denuncia del laudo arbitral que para ese momento existía en la compañía, realizada el 12 de octubre de 2005.

Explicó la garantía del fuero circunstancial prevista en el Decreto Ley 2351 de 1965, los fines de la misma dirigidos a evitar el desmembramiento de la organización sindical justamente cuando se busca con la negociación colectiva una mejoría de las condiciones de los trabajadores y proteger el derecho de asociación sindical, protección que no es ilimitada y permanece durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.

Señaló que las etapas del conflicto se inician con la presentación del pliego de peticiones, que para este caso ocurrió el 12 de octubre de 2005, con lo que se dio inicio a la protección del fuero circunstancial. Por tanto, consideró que debía establecer si el despido del actor lo fue con justa causa, pues de demostrarse esta circunstancia, no operaría el fuero alegado por el accionante.

Igual consideración expuso al referirse al artículo 6º de la Ley 50 de 1990, que mantuvo la posibilidad del reintegro a favor de los trabajadores despedidos sin justa causa contemplada en el ordinal 5º del artículo 8º de del Decreto-Ley 2351 de 1965, siempre que contaran con 10 años de servicios al momento en que entró en vigencia la referida ley.

Al estudiar la existencia de la justa causa de despido, indicó que de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, una vez acreditado el despido por parte del trabajador, corresponde al empleador probar su justa causa si no quiere verse condenado al pago de la indemnización legal o convencional, o eventualmente al reintegro de ser el caso.

Reiteró que el despido estaba demostrado con la carta que la demandada remitió al actor y que obra a folios 9 y 13 del expediente y precisó que las razones indicadas en dicha comunicación para finalizar el contrato de trabajo se circunscribieron a haberse ausentado del puesto de trabajo para realizar funciones diferentes a aquellas para las que había sido contratado; utilizar el tiempo de descanso en zonas no permitidas; abandonar las funciones para deambular por diferentes sitios de la empresa en función de un negocio particular: prestar y cobrar dinero con usura a los compañeros a quienes exigía el dinero de manera beligerante cuando se atrasaban en el pago de sus obligaciones.

Agregó que en esa carta también se indicó que el actor había violado el numeral 1º del artículo 56, el numeral 9º del artículo 55 y los numerales 12, 18, 22, 53, 59, 63, 69, 72, 76, 85 y 91 del artículo 57 del reglamento interno de trabajo e hizo referencia a una diligencia de descargos que el actor rindió el 8 de octubre de 2005.

Indicó que en el artículo 57 del reglamento interno de trabajo, aportado como prueba al proceso, se establecen las prohibiciones del trabajador, dentro de las cuales se encuentran las endilgadas en la carta de despido. Señaló que aunque el actor fue llamado para rendir descargos por diferentes conductas, como el abandono del puesto de trabajo para realizar labores de préstamo y cobro de deudas descuidando sus labores, solamente se le indagó por las ausencias de sus tareas para atender llamados telefónicos y para asistir a la portería número 2 en horarios de trabajo, frente a lo cual el trabajador afirmó que utilizaba un teléfono distinto al permitido porque era el más cercano y que no consideraba necesario pedir permiso para ausentarse del puesto de trabajo momentáneamente, es decir, aceptó estos hechos, aunque negó los reparos de la empresa frente a los préstamos y por consiguiente a los recaudos de dinero en horario de trabajo.

De la investigación realizada por la empresa, en la que se adjuntaron diferentes declaraciones escritas, el juez de segundo grado consideró que de conformidad con la ley procesal, sólo tomaría en cuenta aquellas ratificadas dentro del proceso, es decir, las declaraciones de Luis Alberto Betancur Valencia, Milton Freddy Rivera Tascón y Wilton Duque, de las que derivó que el actor prestaba dinero a intereses que entregaba en la portería, en el vestier o en los baños, pero no indicaron si dicha actividad se cumplía dentro o fuera del horario de trabajo.

En ese sentido, de lo manifestado por los testigos Martha Patricia Ruiz, Jaime Cifuentes Herrera, Duván Antonio Vélez mejía, Pastor Gómez Torres, Jorge Mario Betancur Palacio y William de Jesús Oliveros Betancur, el Tribunal concluyó que en relación con los motivos del despido, alguno de los declarantes señaló que era común el permitir préstamos entre trabajadores, los demás nada conocen sobre los hechos controvertidos. Así, dio por ciertas las aseveraciones de quienes vieron o recibieron préstamos, y enseguida cuestionó si dicha actividad la realizaba el trabajador en tiempo laboral.

Con la transcripción de los artículos 53 y 69 del reglamento interno de trabajo, puso de presente que en la empresa estaba prohibido hacer negocios como cambio de cheques, ventas, préstamos u organizar «natilleras» sin autorización expresa y previa, así como hacer trabajos dentro de la empresa en beneficio propio o de terceros, distintos a las labores propias o asignadas por la empresa.

En este punto, examinó el interrogatorio absuelto por las partes, en especial el del actor y concluyó que había faltado a la verdad, pues en la diligencia de descargos dijo que no prestaba dinero y en la declaración de parte mencionó lo contrario, exculpándose en que lo hacía fuera de la empresa.

De esta forma, el tribunal determinó que de la declaración del actor y las ratificaciones hechas por los testigos presentados como firmantes de documentos en que se hablaba de los préstamos como un hecho probado, era posible demostrar la existencia de la justa causa del despido, pues como lo indicó el a quo, la empresa en su reglamento de trabajo calificó como grave la conducta de abandonar el puesto de trabajo y tener un negocio propio, aunado al hecho de realizar préstamos a sus compañeros de trabajo, pues ello incidió en el desarrollo de la actividad laboral.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

El recurso fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

El recurrente pretende que la Corte case en su totalidad la sentencia impugnada y en sede de instancia revoque la sentencia absolutoria de primera instancia para que acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito, formuló dos cargos por la causal primera de casación, que no fueron replicados y que pasan a ser examinados por la Sala de manera conjunta, como quiera que denuncian la violación de similares normas, persiguen el mismo fin y su argumentación los complementa.

VI. PRIMER CARGO

El recurrente acusa la sentencia de infringir, por la vía indirecta y por aplicación indebida el «artículo 7º literal a) numeral 6º del Decreto 2351 de 1965, el artículo 3º de la Ley 48 de 1968, en relación con el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, y en relación con el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 y el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, y el artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral, artículo 177 del código de procedimiento civil, en relación con el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral».

Señala que la transgresión de las referidas normas obedeció a los errores de hecho generados por la apreciación errada de las siguientes pruebas calificadas: reglamento interno de trabajo, carta de despido (fl. 9), interrogatorio de parte de la representante legal de la entidad demandada (fl. 161), interrogatorio de parte del demandante (fl. 162) y diligencia de descargos del demandante (fls. 85 y ss.).

Así mismo, denunció como apreciadas de manera errónea las pruebas no calificadas correspondientes a las constancias de Wilton Duque, Luis Albeiro Betancur y Milton Fredy Rivera y su ratificación (fls. 105, 94, 93 y 245).

El censor determina como errores de hecho generados por la valoración equivocada de estas pruebas, los siguientes:

1. Tomar en cuenta, sin poder hacerlo, la supuesta violación de la prohibición de hacer negocios como cambio de cheques, ventas, préstamos u organizar natilleras, como coadyuvante o soporte de la decisión de considerar el despido del acto justificado. 

2. Dar por probado, no estándolo, que el demandante hacía prestamos de dinero en tiempo laboral. 

3. No dar por probado, estándolo, que el demandante cuando admitió en el interrogatorio de parte que a veces se ausentaba de su puesto de trabajo cualificó la confesión indicando que lo hacía por razones justificadas y dejaba un compañero de trabajo en reemplazo, conforme lo autoriza el literal d) del artículo 63 del reglamento interno de trabajo. 

4. Dar por probado, no estándolo, que el demandante incurrió en la falta prevista en el numeral 69 del artículo 57 del reglamento interno de trabajo, pues el demandante no tenía ningún negocio propio dentro de la empresa ni hacía trabajos dentro de la empresa en beneficio propio o de terceros. 

5. Dar por probado, no estándolo, que el demandante miente en el interrogatorio de parte cuando dijo que prestaba dinero por fuera de la empresa y en descargos había dicho que no prestaba dinero. 

6. Suponer, sin que exista prueba, que el demandante abandonó el puesto de trabajo. 

El recurrente señala que para evidenciar el primer error de hecho se acude al literal o) del artículo 63 del reglamento interno de trabajo, donde no se incluye el numeral 53 del artículo 57 del referido reglamento entre las faltas calificadas por el empleador como graves. Agrega que al demandante no se le hizo un proceso disciplinario en un caso concreto que permitiera configurar la falta grave por acumulación de faltas leves o reincidencias según lo previsto en el artículo 59 y el parágrafo 1º del artículo 63 del reglamento interno de trabajo.

Por lo anterior, argumenta que el ad quem erró al tomar tal conducta como la falta que soportó la justificación del despido del demandante, porque previamente el empleador debió “disciplinarla” con observación del procedimiento establecido en el artículo 61 del reglamento. Al omitirse este procedimiento, se produjo la consecuencia establecida en el artículo 62 ibídem, esto es, dejar sin efecto la sanción disciplinaria impuesta con violación del trámite previsto para ello.

Frente al segundo error que se endilga, manifiesta que el juez colegiado trajo como prueba contra el demandante su declaración de parte, porque aduce que allí confesó que hacía préstamos, sin embargo, no tuvo en cuenta que se trataba de una confesión calificada, toda vez que el actor agregó una aclaración que le resta la connotación prohibitiva al hecho de hacer préstamos, como fue que sus negocios los realizaba fuera del marco territorial de la empresa, confesión que es indivisible de conformidad con el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil.

Agrega que las pruebas no calificadas invocadas contra el demandante, es decir, los testimonios de Luis Albeiro Betancur, Milton Fredy Rivera Tascón y Wilton Jader Duque, no se pueden tener en cuenta pues fueron recibidas con violación de las normas que regulan la ratificación de declaraciones emanadas de terceros, ya que el inciso final del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil señala que debe tomar de nuevo el interrogatorio, y no únicamente señalar que se ratifica lo dicho y que se trata de su rúbrica, mucho menos leer su declaración anterior, como sucedió en este asunto.

En lo atinente al tercer error, afirma que éste se produjo en la apreciación del interrogatorio de parte rendido por el recurrente, porque el tribunal concluyó que confesó que se ausentaba del puesto de trabajo, sin tener en cuenta la cualificación que de esa confesión se hizo, es decir, que el desplazamiento de su lugar de labores lo hacía cuando se presentaba algo muy urgente, como los requerimientos de su esposa por asuntos de salud; sin que sea posible escindir lo manifestado por el accionante, de conformidad con el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil. De esta manera pierde soporte la sentencia impugnada.

Para sustentar el cuarto error, el recurrente advierte que la decisión del tribunal se soporta en que la declaración del actor y las ratificaciones de los testigos que firmaron los documentos aportados, dan cuenta de los préstamos como un hecho probado. Sin embargo, tal conclusión contiene un error manifiesto, pues se omitió apreciar que en el interrogatorio de parte, el demandante aclaró que dentro de la empresa nunca prestó dinero.

Con este yerro, es dable referirse a la prueba no calificada que complementó la equivocada conclusión. Al respecto, precisa que las declaraciones rendidas por Luis Alberto Betancur Valencia, Milton Fredy Rivera Tascón y Wilton Duque, quienes ratificaron el contenido de los documentos de folios 93, 34 y 105, aseguran que el actor prestaba dinero que era entregado en la portería, en el vestier o en los baños pero no indican si esa actividad se cumplía en horario de trabajo o fuera de éste. Precisa que Milton Fredy Rivera no expresa que el actor le prestara dinero en el baño, sino que le reclamó el pago en el baño del tercer piso, Luis Albeiro Betancur no manifiesta el momento ni el monto del préstamo, pero resulta claro que lo era fuera del horario laboral, pues lo hacía en el vestier, lugar donde los obreros se cambiaban cuando entran o salen de la jornada de trabajo; Wilton Duque, afirma que el actor le prestó $ 100.000 pero no indica dónde.

Insiste el censor en que la conducta de prestar dinero no es una falta grave a menos de que se “discipline” de conformidad con el artículo 61 del reglamento interno de trabajo y se haya presentado por lo menos una tercera reincidencia de conformidad con el artículo 59 y parágrafo 1º del artículo 63 de dicha reglamentación.

Reitera que en todo caso, estas declaraciones no se pueden apreciar, por cuanto no hubo ratificación, pues el a quo confundió una diligencia de ratificación con una diligencia de reconocimiento (arts. 229 y 273, CPC).

En relación con el quinto error, indica que si en la diligencia de descargos el actor mencionó que no prestaba dinero, no es mentira decir luego que sí lo hacía, pero fuera de la empresa, pues se trata de dos afirmaciones que no se excluyen: no prestaba dinero dentro de la empresa, pero sí lo hacía fuera.

Por último, frente al sexto error refiere que se produjo al extraer del interrogatorio de parte que el demandante confesó haber abandonado el puesto de trabajo, pues con tal afirmación no se acepta que abandonó el trabajo, lo que acepta son ausencias justificadas, lo cual es diferente.

Así, los errores enunciados en la apreciación de la prueba conllevaron a la aplicación indebida del literal a) del numeral 6º del artículo 6º del Decreto 2351 de 1968, al haber considerado como falta grave el préstamo de dinero, sin tener en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que se trata de una falta leve conforme al reglamento interno de trabajo y que sólo la reincidencia, previa demostración en casos concretos, la convierte en falta grave.

La suposición de que el actor tenía un negocio propio en la empresa y de ella deducir una falta grave por tal motivo, es algo muy diferente al préstamo de dinero, que tiene regulación especial en el artículo 57 del reglamento interno de trabajo, al margen de la general prevista en el numeral 69 del mismo artículo de ese documento, y en este caso, la disposición especial debe primar sobre la disposición general. Agrega que considerar falta grave el abandono del puesto de trabajo conforme al literal h) del artículo 63 del reglamento interno de trabajo, es una figura distinta de la que aceptó el trabajador: ausentarse por causa justificada dejando al tanto un compañero de trabajo, conforme con el literal d) del artículo 63 ibídem, en todo caso, sin concreción de circunstancias de tiempo, modo y lugar.

VIII (sic). CARGO SEGUNDO

El recurrente acusa la sentencia de infringir, por la vía indirecta por aplicación indebida del artículo 7º literal a) numeral 6º del Decreto 2351 de 1965, el artículo 3º de la Ley 48 de 1968.

Asegura que la transgresión de estas normas obedeció a los siguientes errores de hecho:

1. Dar por probado, no estándolo, que el demandante confesó que realizaba prestamos al interior de la empresa en horario laboral. 

2. Dar por probado, no estándolo, que el demandante confesó que hacía trabajos al interior de la empresa en beneficio propio. 

3. Dar por probado, no estándolo, que el demandante confesó que abandonó el puesto de trabajo. 

Estos yerros fácticos se originaron en la indebida valoración de las siguientes pruebas calificadas: reglamento interno de trabajo, interrogatorio de parte del demandante (fl. 162) y descargos del demandante (fl. 86).

Además, señala que también fueron erradamente apreciadas la «ratificación testimonial de Luis Albeiro Betancur Valencia, Milton Fredy Rivera Tascón y Wilton Jader Valencia (fls. 245 y 245 (sic) vto.) y las constancia de fls. 93, 94 y 105».

Para demostrar el cargo advierte que la conclusión probatoria del ad quem resulta equivocada pues el actor en el interrogatorio de parte reconoció que prestaba dinero, pero fuera de la empresa, como se evidencia en la pregunta novena del interrogatorio de parte obrante a folio 162, confesión indivisible de conformidad con el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, que debe tomarse con los agregados favorables al demandante. Así, el primer error del tribunal es considerar que de este interrogatorio se deriva una confesión sobre la realización de préstamos en la empresa y en la jornada de trabajo, lo cual no fue afirmado por el accionante.

Asegura que no existe prueba válida dentro del proceso que demuestre que el demandante realizaba trabajos al interior de la empresa en beneficio propio o de terceros y no puede deducirse de los descargos (fl. 85), ni del interrogatorio de parte (fl. 162), pruebas que se apreciaron erróneamente, pues de ellas no se deriva la aceptación de tal conducta.

Señala que la diligencia de descargos y el interrogatorio de parte deben ser valorados en conjunto, de conformidad con el principio de la unidad de la prueba, sin encontrarse en ninguna de esas piezas que el demandante hubiera confesado el abandono del puesto de trabajo, ni existe indicación de circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo evidencien, ya que el actor, como lo explica en la diligencia de descargos, cuando tenía que ausentarse de su sitio de labores, dejaba a un compañero en reemplazo, como lo exige el literal d) del artículo 63 del reglamento interno de trabajo.

En cuanto a la prueba no calificada invocada como soporte del fallo, reitera como lo indicó en el cargo primero, que no pueden ser apreciadas por cuanto no hubo ratificación de los documentos declarativos emanados de terceros, pues el a quo confundió una diligencia de ratificación con una diligencia de reconocimiento (arts. 229 y 273, CPC).

IX. CONSIDERACIONES

Advierte la Sala que los errores de hecho endilgados, en los dos cargos, a la sentencia recurrida, se fundan básicamente en cuestionar dos de las causales aducidas por la empresa demandada, para dar por finalizado el contrato de trabajo: ausentarse del sitio de trabajo y la prohibición de realizar préstamos, por tanto, se analizarán conjuntamente los errores que refieren a cada una de estas circunstancias:

Prohibición de hacer préstamos. Errores primero, segundo, cuarto, quinto (primer cargo) y primero y segundo (segundo cargo):

El censor reprocha que en la sentencia impugnada se hubiese tenido en cuenta como una falta justificativa de la decisión de despido la prohibición de hacer préstamos, más cuando no se siguió el procedimiento disciplinario previsto en el reglamento de trabajo, que diera por probado que el actor hubiera admitido haber desplazado tal actividad que se cuestiona y que de ello derivara el tribunal que incurrió en la prohibición de hacer trabajos en la empresa en beneficio propio, diferentes a los asignados.

Lo anterior, como quiera que cuestiona que tales conclusiones probatorias se hubiesen derivado de la confesión del trabajador en el interrogatorio de parte, sin advertir que la misma fue «cualificada» al aclarar los hechos admitidos; y de las declaraciones de terceros contenidas en documentos que fueron ratificados en juicio.

Previo a abordar el estudio de estos errores, se debe resaltar que en relación con la apreciación de los documentos contentivos de declaraciones emanadas de terceros que se dice ratificadas en instancia, el ataque no se formula en debida forma, pues en la demostración del cargo el recurrente plantea que la referida ratificación no se realizó en los términos dispuestos por el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, norma que no se acusa como violada en la proposición jurídica; además, en la forma como se formula el cargo, permite evidenciar un cuestionamiento sobre la validez y eficacia probatoria de estas declaraciones dada la forma como se hizo su ratificación. Situación que corresponde a una discusión jurídica concreta, pues este reproche antes que atacar la valoración del contenido de tal prueba, lo que cuestiona es la infracción procesal que se comete al desconocer las reglas legales para su aducción. Así se consideró en Sentencia CSJ SL, 9 mayo. 2010, rad. 35357:

Y de entenderse que lo criticado es la ausencia de los requisitos legales para que las declaraciones del actor configuraran una confesión judicial, es claro también que esa cuestión no es de índole estrictamente fáctica, pues, las discusiones sobre la validez y eficacia probatoria de los medios de convicción son de estirpe jurídica, y por lo tanto, no pueden abordarse en un cargo orientado por la vía de los hechos.  

Sobre el particular, en sentencia de 31 de octubre de 2003, radicación 21116, esta Sala de la Corte dijo: 

“El desconocimiento por parte del sentenciador de los ritos legales que regulan la aducción de las pruebas, no es atacable en la casación laboral por la vía indirecta, sino por la directa, pues en uno de tales eventos, antes que apreciar equivocadamente los medios de instrucción, lo que infringe es la ley instrumental, camino por el que finalmente quebranta la ley sustancial. Ello ocurre cuando, por ejemplo, el juez funda su convencimiento sobre medios probatorios que carecen de validez, o que cuando la tienen, no son incorporados al proceso en las eventualidades previstas para tal fin”. (Subraya la Sala).

Criterio reiterado en Sentencia CSJ SL, 10 jul. 2012, rad. 42646.

En ese orden, no es dable para la Sala abordar la discusión jurídica así planteada por el censor, en relación con la validez y eficacia probatoria de las declaraciones que menciona dada su equivocada ratificación, pues la vía escogida para el ataque fue la de los hechos y las pruebas, no la de puro derecho.

En todo caso, se debe recordar que esta prueba respecto de la cual el censor manifiesta inconformidad, no resulta apta en casación, como quiera que se trata de documentos declarativos emanados de terceros, que se aprecian en la misma forma que los testimonios, por ende, no son de aquellas pruebas que la Corte pueda analizar en los términos del artículo 7º de la Ley 16 de 1969. (CSJ SL 16 nov. 2005, rad. 26070, CSJ SL, 17 mar. 2009, rad. 31484).

Ahora bien, para verificar los demás argumentos que sustentan la formulación de los yerros fácticos que se estudian, advierte la Sala que el juez colegiado concluyó que «la declaración del actor y las ratificaciones hechas por los testigos presentados como firmantes de documentos en que se hablaba de préstamos como un hecho probado», fueron suficientes para demostrar la justa causa del despido, a lo que agregó que esta conducta estaba catalogada como prohibición de los trabajadores en el reglamento interno de trabajo.

Así las cosas, se debe precisar que de la revisión del reglamento interno de trabajo denunciado como prueba erradamente valorada, se colige efectivamente que hacer préstamos es una de las prohibiciones previstas en el artículo 57 y que en el numeral 53 además refiere que se prohíbe a los trabajadores: «hacer negocios como cambio de cheques, ventas, préstamos u organizar natilleras sin expresa y previa autorización» (fl. 129).

Ahora, en el literal d) del artículo 63 del reglamento se contempla como una falta grave que da lugar a la terminación unilateral y con justa causa del contrato de trabajo la «violación grave por parte del trabajador de las obligaciones o de las prohibiciones contractuales o reglamentarias, o repetición de las mismas obligaciones y prohibiciones». Por ende, incurrir en la prohibición «de hacer préstamos», contrario a lo sostenido por el censor, sí constituye una causal reglamentaria de despido justo.  

Además, no era necesario que previamente tal falta hubiese sido «disciplinada» como lo refiere el recurrente, pues como se explicó, la prohibición de realizar préstamos es una falta cuya violación genera la terminación del contrato, sin que sea menester la reiteración de tal conducta o un procedimiento disciplinario previo, pues así no lo estipuló el reglamento interno.  

Debe precisar la Sala que ha sido criterio reiterado de esta corporación que el despido no constituye una sanción disciplinaria, y por tanto, no es indispensable que se siga el procedimiento que se hubiese pactado para su imposición, a menos que se haya previsto extralegalmente un trámite especial y previo para terminar el contrato de manera unilateral por el empleador. Así se recordó recientemente, en Sentencia CSJ SL10297-2017:

Así mismo, resulta importante destacar que la posición del tribunal, según la cual el despido no es una sanción y por ende para su aplicación no se requiere de un trámite previo y especial, a menos que extra legalmente así se haya pactado, es acertado y ajustado a derecho, como en varias ocasiones lo ha dicho la Corporación, recientemente en la Sentencia SL 13691-2016, de ago. 24 de 2016, rad. 52134, en los siguientes términos: 

Pues bien, frente al tema sobre el cual la censura desplegó gran parte de su ataque, esto es, sí el despido es una sanción o no, la Sala reiterativamente ha señalado que en principio no lo es, a menos que extra legalmente así se haya pactado, como se indicó, entre otras, en las sentencias de radicación CSJ SL 11 feb. 2015 rad. 45166, en la CSJ SL, 15 feb.2011 rad. 39394 y CSJ SL, 5 nov. 2014. rad. 45148; pues el despido lleva implícita la finalización del vínculo, porque el empleador en ejercicio de la potestad discrecional que lo caracteriza, prescinde de los servicios del empleado debido a que no quiere seguir atado jurídica ni contractualmente a él, en tanto la sanción presupone la vigencia de la relación laboral y la continuidad de ésta; de allí que no puedan confundirse bajo el mismo concepto.  

De tal manera que la legalidad y justeza del despido no podía verse afectada porque la diligencia de descargos se hubiere surtido sin la asistencia de dos compañeros del trabajador. 

Así las cosas, siendo que el artículo 61 del reglamento de trabajo hace referencia al trámite dispuesto para aplicar una sanción disciplinaria y no para despedir, no era dable que el empleador hubiese seguido un procedimiento. En todo caso, se advierte que sí se otorgó la oportunidad para que el trabajador rindiera las explicaciones correspondientes sobre las faltas endilgadas, tal como lo hizo en diligencia de descargos rendida el 8 de octubre de 2005 (fls. 86-89).

En ese orden, no erró el tribunal al considerar que la violación de la mencionada prohibición de realizar préstamos, sí constituía una justa causa reglamentaria de despido.

Ahora, en cuanto a la comisión de la referida falta por parte del trabajador, se debe advertir que no se equivoca el juez de segundo grado al derivar del interrogatorio de parte rendido por Álvaro de Jesús Gómez Henao, su confesión en cuanto a que realizaba préstamos a vecinos, hermanos y a compañeros de trabajo. Lo que no resulta preciso es establecer con esta confesión, que tal actividad constituyera un “trabajo” dentro de la empresa en beneficio propio y distinto a las actividades encomendadas, pues como lo afirma el recurrente, en su declaración aclaró que tales préstamos se efectuaban por fuera de la empresa. Por ende, de lo manifestado por el accionante en la diligencia de interrogatorio de parte solamente podría tenerse por admitido y en consecuencia, demostrado, que efectuaba préstamos a compañeros de trabajo y a otras personas.

Sin embargo, este error del juez de segundo grado, no tiene la entidad suficiente y es intrascendente para quebrar el fallo recurrido, toda vez que en el proceso obran otras pruebas, que tuvo en cuenta el tribunal, que dan cuenta que tal actividad de realizar préstamos sí era desarrollada por el demandante en la empresa.

Efectivamente, el actor no admite que los préstamos de dinero a los compañeros de trabajo se hubiesen realizado en el horario de trabajo o en las instalaciones de la empresa, sin embargo, si se verifica el informe rendido por el gerente de zona noroccidental de la empresa de vigilancia Wackenhut ante el jefe de servicios integrados de la Compañía de Galletas Noel S. A. (fls. 95 a 99), de la que se puede establecer que tal actividad si ocurría durante la prestación del servicio.

En efecto, concluye el mencionado informe que «Álvaro Gómez, actualmente se encuentra vinculado con Noel, y desde hace aproximadamente 3 años le presta dinero a empleados directos de Noel, y al personal que presta sus servicios por outsoursing en vigilancia y personal de Sodhexo, este señor les presta el dinero al 5% y por lo general les exige una letra de cambio como garantía, la cual debe ir firmada tanto por el titular de la cuenta, como del fiador. Así mismo se logró detectar que al señor Gómez lo vienen a buscar personas ajenas a Noel y se refieren a él como “don Álvaro el prestamista”. […] Los mencionados préstamos se han tramitado a todo nivel, es decir, empleados directos de Noel, personal que presta servicios en outsoursing (vigilancia, aseo, cafetería) y terceras personas que contactan al señor Gómez durante la prestación del servicio». (Subraya la Sala).

Este documento da cuenta no solo de la actividad de préstamos de dinero, que también admite el recurrente, sino de que la misma se ejecutaba durante la prestación del servicio, tal como también lo refirió el testigo Jorge Mario Betancour (fls. 175176), quien explicó que en su condición de administrador de línea en el área de mezclas y hornos y como responsable del área de hornos, donde trabajaba el actor, recibió quejas de diferentes compañeros de trabajo del demandante, informando que éste les realizaba préstamos y que el cobro de lo adeudado lo efectuaba de manera agresiva. Explicó que a uno de esos trabajadores, Carlos Velez, le reclamó el pago de un préstamo en términos ofensivos y que eso ocurrió «en las instalaciones de la compañía, creo que en uno de los vestieres».

Así entonces, pese al error del ad quem, al no tener en cuenta la aclaración que el actor hizo a su confesión en cuanto a que los préstamos eran realizados fuera de la empresa, lo cierto es que de las pruebas antes mencionadas puede establecerse esta circunstancia, lo cual impediría acceder a lo pretendido por el demandante en sede de instancia, pues la «realización de trabajos dentro de la empresa para beneficio personal y distintos a los encomendados por el empleador», como lo sería el cobro de los préstamos realizados por el demandante, constituye una falta grave que da lugar a la terminación del contrato por justa causa, pues con tal carácter se enlista esta prohibición, contenida en el numeral 69 del artículo 57 reglamentario, en el literal o) del artículo 63 del reglamento interno de trabajo, y además se enmarca en la violación grave de las prohibiciones reglamentarias, dispuesta en el literal d) del mismo artículo.

Ausencia en el sitio de trabajo. Errores tercero y sexto (primer cargo) y tercero (segundo cargo).

En relación con esta circunstancia aducida como causal para finalizar el contrato de trabajo, el censor reprocha que no se hubiese advertido que su confesión en el interrogatorio de parte, no hizo referencia al «abandono del puesto de trabajo», sino a ausencias debidamente justificadas.

En la sentencia cuestionada, el tribunal concluyó que en la diligencia de descargos el actor afirmó que no consideraba necesario pedir permiso para ausentarse del puesto de trabajo momentáneamente, por tanto, admitió la ausencia del lugar de labores que le endilgó la demandada. Además señaló que de la declaración del demandante también se establecía la existencia de la justa causa del despido, pues era una conducta calificada como grave, abandonar el sitio de trabajo.

Esta afirmación del ad quem no resulta equivocada, pues en efecto, en la referida diligencia de descargos, el trabajador señaló que no veía necesario pedir permiso al jefe inmediato para ausentarse porque no se demoraba, y allí mismo precisó que el motivo de su retiro del lugar de trabajo era atender a su esposa o a «los conductores de su carro que lo buscan en la portería número 2 porque se presenta algún problema con ellos» y explicó que en esas situaciones le pedía a su compañero que lo reemplazará mientras se ausentaba.

En el interrogatorio de parte admitió igualmente los desplazamientos de su sitio de labores, aunque señala que lo era para atender asuntos urgentes, como cuando su esposa lo requería.

En ese orden, los yerros que se formulan en relación con la valoración probatoria del tribunal no resultan fundados, toda vez que se extrajo del interrogatorio de parte y de la diligencia de descargos, la circunstancia que efectivamente se confiesa, esto es, que el trabajador se ausentó de su puesto de trabajo. Sin que pueda admitirse, como lo plantea el censor, que estas ausencias eran justificadas y que era reemplazado por un compañero de trabajo, como lo permite el literal d) del artículo 63 del reglamento interno de trabajo, toda vez que las razones admitidas por el actor para dejar sus labores, así fuera momentáneamente, no resultaban justificadas, por lo menos en cuanto a atender a los conductores de su vehículo.

En efecto, la mencionada disposición reglamentaria establece que será falta grave que conlleve al despido con justa causa: «ausentarse injustificadamente del puesto de trabajo sin ser reemplazado por el compañero de trabajo sea dentro del turno o al terminar éste.». Falta que se advierte cometida por el demandante, como quiera que no es posible considerar como un motivo razonable o justificado, que abandone sus labores para atender negocios personales, como sería resolver los problemas de los conductores de su vehículo, incluso esta circunstancia daría lugar a la infracción de la prohibición de realizar labores dentro de la empresa para su beneficio propio y diferentes a las asignadas, contenida en el numeral 69 del artículo 57 del reglamento interno de trabajo, ya analizada.

Además de lo anterior, al verificar el reglamento interno de trabajo, denunciado como prueba erradamente apreciada, se constata que los hechos que describe el actor para retirarse de sus labores como atender a su esposa o a los conductores de su carro, constituyen igualmente una prohibición reglamentaria como se advierte en los numerales 12 y 18 del artículo 57, que señalan que se prohíbe a los trabajadores: «permitir visitas en horas de trabajo» y «promover o permitir visitas de familiares a la empresa durante las horas de trabajo». Prohibiciones cuya violación constituye una falta grave suficiente y autónoma para finalizar el contrato laboral, de conformidad con el literal d) del artículo 63 del reglamento interno.

Tampoco es dable que el trabajador pretendiese justificar la ausencia de su sitio de trabajo, con hechos que a su vez configuran una falta grave constitutiva de justa causa reglamentaria para despedir, esto es, recibir visitas en su jornada laboral. Lo anterior como quiera que del interrogatorio de parte y la diligencia de descargos, se deriva que el actor sí se desplazaba de su sitio de trabajo a la portería durante el horario laboral, pues por ello explica que le pedía a su compañero de trabajo que lo reemplazara, lo cual ocurría tanto para atender a su esposa como a los conductores de su vehículo.

En ese orden, no se equivocó el juez colegiado al establecer que el actor incurrió en una justa causa de despido reglamentaria, al ausentarse de su sitio de trabajo de manera injustificada y para atender visitas de familiares y terceros durante su jornada laboral.

Conforme las anteriores razones, los cargos planteados por el censor no prosperan.

Las costas del recurso extraordinario, serán a cargo de la parte demandante recurrente por cuanto el recurso no salió avante. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.000), que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 11 de febrero de 2011 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso que ÁLVARO DE JESÚS GÓMEZ HENAO adelanta contra COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S. A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Martín Emilio Beltrán Quintero—Dolly Amparo Caguasango Villota—Ernesto Forero Vargas.