Sentencia SL14539-2016/52951 de octubre 5 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 52951

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta 37

Bogotá, D.C., cinco de octubre de dos mil dieciséis.

Se resuelve el recurso extraordinario de casación interpuesto por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. contra la sentencia proferida el 13 de abril de 2011 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral promovido por María Ordalina Mosquera Mosquera contra la recurrente.

I. Antecedentes

Ante el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín María Ordalina Mosquera Mosquera, como madre de Jairo Alonso Mena Mosquera, demandó a la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., para que le fuera reconocida la pensión de sobrevivientes a partir del 1º de marzo de 2005, fecha del deceso de su hijo, junto con las mesadas adicionales, los incrementos legales e intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Fundó las anteriores pretensiones en que su hijo estuvo afiliado a la sociedad demandada y dejó acreditados los requisitos para que ella accediera a la pensión pretendida, en tanto cotizó 50 semanas durante los 3 años anteriores al fallecimiento, contaba con un porcentaje de fidelidad al sistema del 20% entre la fecha en que cumplió los 20 años de edad y la data de su muerte y dependía económicamente de él, prestación que le fue negada con el argumento de que dicha dependencia económica no era total y absoluta.

La sociedad demandada se opuso a las pretensiones. Respecto de los hechos aceptó la fecha de fallecimiento del afiliado, el oficio por este desempeñado y su parentesco con la demandante. Señaló que negó el reconocimiento de la prestación, porque la actora “no dependía económicamente, en forma exclusiva, de su hijo fallecido, toda vez que sus otros dos hijos, Sebastián y Olga, quienes tenían ingresos y empleos estables, proveían de lo necesario para la subsistencia del núcleo familiar, en tanto que el causante solo colaboraba con $ 166.666 mensuales”. Propuso las excepciones de falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación y prescripción.

II. Sentencia de primera instancia

Fue pronunciada el 6 de noviembre de 2009, y con ella el juzgado condenó a la demandada a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la demandante a partir del 1º de marzo de 2005, más los intereses moratorios sobre las mesadas pensionales causadas a partir del 26 de abril de 2006, y le impuso el pago de las costas a la parte vencida. En su parte motiva señaló que el monto de la pensión sería de conformidad con el inciso segundo del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con la remisión al artículo 73 ibídem, sin que en todo caso sea inferior al salario mínimo legal vigente para cada anualidad.

III. Sentencia de segunda instancia

La alzada se surtió por apelación de la sociedad aquí recurrente y terminó con la sentencia atacada en casación, mediante la cual el Tribunal confirmó la condena impuesta por la pensión de sobrevivientes; revocó la de los intereses moratorios, de los cuales absolvió a la demandada, y finalmente no impuso costas.

El Tribunal destacó que la normativa que gobernaba la prestación reclamada era la prevista en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que le exigía a la interesada acreditar su dependencia económica del causante, cuestión sobre la que la apelante fundaba su oposición al reconocimiento pensional, por lo que centraría su estudio frente a dicho aspecto.

Reprodujo los apartes que consideró pertinentes de la sentencia de casación del 5 de febrero de 2008, radicado 30992, y a renglón seguido, se refirió a la negativa del fondo demandado a la concesión del derecho reclamado fundado en que no se cumplía el presupuesto de la dependencia económica respecto del hijo fallecido.

Tuvo en cuenta que la demandante manifestó en el interrogatorio de parte que residía con sus tres hijos, incluyendo al causante, e hizo la precisión de que Juan Sebastián se ganaba $ 1.000.000 como educador, Olga Lucía $ 600.000 como Secretaria, y Jairo Alonso, también educador, $ 800.000.

Señaló igualmente, que “Los testigos de manera concordante indicaron en sus respectivas declaraciones dentro del proceso, que en general los gastos hogareños estaban distribuidos de forma tal que Juan Sebastián y Olga Lucía se encargaban del pago de las cuotas de financiación de la vivienda que era de su propiedad y de su madre, y el causante era quien básicamente atendía el sostenimiento de esta última”.

Examinó el certificado de tradición y libertad de la vivienda de propiedad de María Ordalina, Juan Sebastián y Olga Lucia, del que destacó que la vivienda «estuvo pignorada a favor de Conavi y fue objeto de embargo ejecutivo con acción real (hipotecario) según registro del 21 de octubre de 2003, cancelada la medida mediante providencia judicial según oficio del mes de agosto de 2006».

Anotó que la precedente circunstancia coincidía con la declaración escrita que la demandante entregó a la demandada el 2 de diciembre de 2005, en la que indicó que sus hijos Juan Sebastián y Olga Lucía tenían la responsabilidad de pagar la vivienda que se encontraba en cobro jurídico, además de que «en ese mismo período los aportes de su hijo fallecido ascendían a la suma de $ 500.000 para su sostenimiento, sin precisar la periodicidad de tal cantidad, es decir, si fue una ayuda mensual o por el contrario lo fue por la totalidad del período, por lo cual, a juicio de la Sala, sería aventurado asegurar de modo contundente e indubitable, como lo pretende hacer ver la parte accionada, que la solicitante estuviere afirmando que la ayuda en cuestión se hizo por una sola vez durante ese lapso».

Concluyó, en consecuencia, en que “(…) la noción de la dependencia económica tiene un alcance relativo, en tanto en este caso específico, aun existiendo la ayuda mancomunada de los otros dos hijos de la demandante, la contribución pecuniaria del causante para con la demandante era relevante en cuanto a su congrua subsistencia”.

IV. Recurso de casación

Fue interpuesto por la sociedad recurrente, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte.

V. Alcance de la impugnación

En la demanda que lo sustenta, la recurrente pide a la Corte casar la sentencia del Tribunal, para que en sede de instancia revoque la decisión del a quo y se le absuelva de todas las pretensiones.

Con tal propósito formula un cargo, que fue replicado y se decidirá a continuación.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia de aplicar indebida e indirectamente el artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003, «como consecuencia de la falta de aplicación de los artículos 27, 28 y 31 del Código Civil, 23, numeral 3º, de la Ley 794 de 2003, 174, 177, 194 Y 195 del Código de Procedimiento Civil, 60 y 61 del Código de Procedimiento Laboral y 29 y 230 de la carta Magna. (Según enseñanza reiterada de la H. Sala, cuando un cargo se plantea por la vía indirecta, la falta de aplicación se equipara a la aplicación indebida)».

Señala que por haber apreciado erróneamente la carta que le dirigió la actora (folio 71), el certificado de tradición y libertad del inmueble de propiedad de la madre del causante y sus dos hermanos (folios 73 a 74), el interrogatorio absuelto por la opositora (folio 94), y los testimonios de Gloria Cecilia Arenas (folios 95 a 96), Gabriela Herminia Galeano Henao (folios 108 a 110), y María Fátima Galeano Henao (folios 110 a 112), el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora Mosquera Mosquera estaba subordinada en términos monetarios a su hijo a la fecha de su fenecimiento, sin que se hubiesen allegado al juicio pruebas que permitieran conocer a cuánto ascendían los gastos de la madre y qué parte de estos era asumido por Jairo Alonso Mena.

“2. No dar por demostrado, estándolo, que como Juan Sebastián y Olga Lucía Mena Mosquera contribuían a cancelar los gastos del hogar, la señora Mosquera Mosquera poseía medios diferentes de los suministrados por el occiso para atender su manutención y al no haberse comprobado el monto de la ayuda dada por el de cujus a su madre, ni el valor de sus gastos, no era factible impartir una condena contra Porvenir sin una base real que demostrara que lo que hipotéticamente le daba el hijo no era un simple auxilio para su mayor bienestar y sí la fuente que le garantizaba una vida digna.

“3. Dar por demostrado, sin estarlo, que Porvenir podía ser condenada a erogar la prestación deprecada por María Ordalina Mosquera Mosquera”.

Para demostrar el cargo copia algunos pasajes de la sentencia de casación del 21 de abril de 2009, radicado 35351, y sostiene que no obran en el expediente las pruebas de la dependencia económica de la actora respecto del causante, que permitieran determinar “los dineros que hipotéticamente le suministraba su hijo, y muy en particular las que permitieran conocer la cuantía de sus gastos y el valor de la contribución del difunto para sufragarlos”.

Así, asevera que la única mención que se hace dentro del proceso, relacionada con la cuantía de los aportes suministrados por el causante a su madre, está en la comunicación del 2 de diciembre de 2005 que dirigió la hoy opositora a Porvenir, manifestando que: “mis ingresos durante el periodo de enero a marzo de 2005, consistieron en lo aportado por mi hijo Jairo Alonso Mena Mosquera, por valor de $ 500.000 (quinientos mil pesos), para ayudar a mi sostenimiento, ya que no laboro hace más de 7 años, soy ama de casa”. Asevera que dicha carta debe descartarse como prueba, pues allí se refieren hipotéticos gastos en los que podría incurrir, pero no hay evidencia de que ello ocurriera, y además, “no puede ser tenida en consideración para ningún efecto pues nadie puede crear sus propias pruebas para beneficiarse con ellas”.

También sostiene que sí a la madre del causante no le era suficiente con la ayuda de sus otros dos hijos para derivar su sustento, tal situación mal podría avalar la imposición de una condena, dado que la dependencia económica no es una condición que se presuma y en ese sentido, ha debido demostrar cuál era el monto de sus gastos y qué parte de estos eran asumidos por el hijo fallecido así como probar que esa ayuda resultaba determinante para su sostenimiento.

Frente al hecho de que el inmueble en el que habitaba la familia estuviese embargado, considera que tampoco constituye prueba de la supuesta dependencia económica de la madre respecto del causante pues dicho embargo se produjo antes de su muerte y fue levantado con posterioridad, lo cual conduce a concluir que “esa circunstancia no varió con ocasión del deceso del citado señor Mena ni da pie para pensar que se llegó a ella a causa de su defunción”.

Respecto a los testimonios de Gloria Cecilia Arenas, Gabriela Herminia Galeano Henao y María Fátima Galeano Henao, aduce que sus respuestas fueron “muy vagas y superficiales” y que no dan razón del monto de los gastos de la demandante o del porcentaje que de ellos atendía su hijo y menos aún, permiten determinar si el causante contaba con recursos que le permitían sufragar “en forma parcial” los gastos del hogar. Asimismo, menciona que no se precisó la frecuencia o periodicidad con la que el causante suministraba a su madre esos “auxilios”.

Así las cosas, señala que el Tribunal erró al condenar al fondo recurrente a pagar la pensión reclamada sin que se hubiera demostrado que la contribución del causante era indispensable para garantizar a su madre un mínimo vital o una modesta manutención. O sea, que la actora estaba en capacidad de sufragar con lo proveído por sus otros dos hijos sus necesidades pecuniarias, “lo que imposibilitaba acudir a lo preceptuado por el artículo 13, literal d), de la Ley 797 de 2003 para convertirla en legitima acreedora de la prestación reclamada”.

Finaliza la demostración del cargo alegando que el Tribunal fundó su sentencia en “teorías débiles e imaginarias”, fundadas en un entendimiento equivocado de los testimonios “ligeros y llenos de vacíos” rendidos en el proceso, pues lo cierto es que la demandante no logró acreditar, pese a que era su obligación, la dependencia económica respecto de su hijo fallecido o al menos, que lo aportado por él no constituía simplemente un factor de mejora de su calidad de vida sino que era indispensable para su congrua subsistencia. Por eso, arguye, las normas probatorias le imponían al Tribunal adoptar sus conclusiones con fundamento en medios de prueba debidamente allegados al proceso y no en su imaginación, que fue en lo que en su parecer sucedió.

VII. La réplica

La opositora reprocha al cargo no atacar por la vía directa el supuesto —estrictamente jurídico— en el que fundó el Tribunal su decisión, que consistió en que el aporte que el hijo fallecido le hacía a su madre era necesario para su subsistencia.

Dice que los errores de hecho endilgados a la sentencia del Tribunal, son afirmaciones vagas y genéricas, que por lo demás, no tienen la condición de ostensibles.

Adicionalmente, se refiere a cada uno de los medios de prueba que la recurrente señala como erróneamente apreciados, para señalar que estos en nada desvirtúan el supuesto que tuvo por demostrado el Tribunal respecto a que Jairo Alonso Mena Mosquera era quien “atendía la subsistencia de su señora madre”.

Destaca que el Tribunal advirtió que la madre del causante contaba con la ayuda de sus otros dos hijos, solo que concluyó que no eran suficientes para procurarse una vida digna, cuestión no discutida en el cargo. Finalmente, cita apartes de la sentencia de esta Sala del 21 de marzo de 2007, radicado 29875, sobre el tema de la dependencia económica y la percepción de otros ingresos.

VIII. Consideraciones

Importa a la Corte recordar que en virtud de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los procesos laborales los jueces gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las que sean allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna pero con apego a las reglas de la sana crítica, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus, pues en tal caso “no se podrá admitir su prueba por otro medio”, tal y como lo establece la primera de las citadas normas

Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo señalado en sentencia de 27 de abril de 1977, ratificado por esta Sala, entre otras, en sentencia de 5 de noviembre de 1998 (Radicado 11111):

“El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo.

“Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada.

“La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho”.

Por otra parte, en cuanto a la dependencia económica que exige el literal d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, cabe mencionar que no implica una sujeción total y absoluta del presunto beneficiario a los ingresos económicos que percibía del causante, de manera que no excluye la existencia de otras fuentes de recursos, propios o provenientes de otras personas, pues no es necesario que se encuentre en estado de pobreza o indigencia. Así lo ha reconocido esta Sala de la Corte en sentencias tales como CSJ SL400-2013, CSJ SL816-2013, CSJ SL2800-2014, CSJ SL3630-2014 y CSJ SL6690-201, y así lo estableció la Corte Constitucional en la Sentencia C-111 de 2006, al declarar la inexequibilidad de la expresión «(…) de forma total y absoluta (…)» contenida en la mencionada disposición.

Empero, la Sala también ha enseñado que el hecho de que la dependencia no deba ser total y absoluta, “(…) no significa que cualquier estipendio que se le otorgue a los familiares pueda ser tenido como prueba determinante para ser beneficiario de la pensión, pues esa no es la finalidad prevista desde el inicio, ni menos con el establecimiento en el sistema de seguridad social, cuyo propósito, se insiste, es servir de amparo para quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba realmente a mantener unas condiciones de vida determinadas” (CSJ SL4811- 2014).

A este respecto resulta oportuno traer a colación la sentencia del 29 de octubre de 2014, radicado 47676, en la que esta Sala de la Corte mencionó lo siguiente:

“De lo dicho se sigue que la dependencia económica requerida por la ley, para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, debe contar cuando menos con los siguientes elementos: i) debe ser cierta y no presunta, esto es, que se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres; ii) la participación económica debe ser regular y periódica, de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario; iii) las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de este; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.

“Así, la dependencia económica tiene como rasgo fundamental el hecho de que, una vez fallecido el causante y, por lo mismo, extinguida la relación de contribución económica hacia el presunto beneficiario, la solvencia de este último se ve amenazada en importante nivel, de manera que pone en riesgo sus condiciones dignas de vida. Esto es, una persona es dependiente cuando no cuenta con grados suficientes de autonomía económica y su nivel de vida digna y decorosa está subordinada a los recursos provenientes del que fallece”.

Con las precedentes reflexiones, pasa la Corte al estudio de los medios de prueba del proceso que la sociedad recurrente indica como erróneamente apreciados por el Tribunal, de donde resulta objetivamente lo siguiente:

1. La comunicación remitida por la madre del causante a la sociedad recurrente del 2 de diciembre de 2005 (folio 71), no muestra ningún elemento de juicio distinto a los que de ella se desprende y tuvo en cuenta el Tribunal, como para que pudiera concluirse que la apreció erróneamente, pues en ella la demandante manifestó que su hijo fallecido, contribuía a su sostenimiento, dado “(…) que no laboro hace más de 7 años, soy ama de casa”. En dicha comunicación indica también la peticionaria que sus otros dos hijos: Juan Sebastián y Olga Lucía Mena Mosquera, tenían la responsabilidad de pagar las cuotas de financiación de la vivienda que era de su propiedad y que se encontraba en cobro jurídico, de suerte que no es posible concluir que el Tribunal incurrió en un yerro mayúsculo, protuberante o manifiesto al considerar que “aun existiendo la ayuda mancomunada de los otros dos hijos de la demandante, la contribución pecuniaria del causante para con la demandante era relevante en cuanto a su congrua subsistencia”.

Por otro lado, cierto es que no aparece expresamente consignado en la mentada comunicación la periodicidad o frecuencia de los aportes efectuados por el causante a su madre, pero ello, además de que no tiene la relevancia que pretende hacer ver la recurrente, no acredita como desacierto el que el Tribunal a ese respecto hubiere sostenido que “(…) sería aventurado asegurar de modo contundente e indubitable, como lo pretende hacer ver la parte accionada, que la solicitante estuviere afirmando que la ayuda en cuestión se hizo por una sola vez durante ese lapso (…)”.

Es decir, de ese solo documento no es posible concluir que la demandante reconociera que era suficiente para su manutención lo aportado por sus otros hijos Juan Sebastián y Olga Lucía; o que allí se informara un hecho con robustez suficiente para derruir la aseveración probatoria del juzgador de que ella era dependiente económica de su hijo fallecido.

2. El certificado de tradición y libertad aportado con la contestación de la demanda (folios 73 a 74), indica que el inmueble de propiedad de la demandante, madre del causante, y sus hijos: Juan Sebastián y Olga Lucia Mena Mosquera, se encontraba pignorado a favor de la otrora Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda “Conavi” y que fue objeto de embargo según anotación del 21 de octubre de 2003, gravamen cancelado mediante providencia judicial conforme aparece consignado en la anotación Nº 10 del 4 de septiembre de 2006. Las circunstancias anteriores en nada desvirtúan la conclusión a la que arribó el Tribunal al señalar que la cuota de financiación de la vivienda era asumida en su totalidad por los otros dos hijos de la madre del causante; y que Jairo Alonso Mena Mosquera era quien atendía la subsistencia de aquella.

3. El interrogatorio de parte rendido por la madre del causante (folio 94) tampoco fue distorsionado en su valor por el juzgador, pues como acertadamente lo señala la replicante, no podía ser apreciado aisladamente, ya que si bien es cierto, como lo manifestó la absolvente, que sus hijos Juan Sebastián y Olga Lucía laboraban y contribuían con los gastos del hogar, del material probatorio —valorado en su conjunto— se extrae, como lo señaló el Tribunal, que esa ayuda que brindaban a su madre consistía en el pago mensual de la cuota de financiación de la vivienda en la que residía la familia, y que el hijo fallecido era quien suministraba lo necesario para la manutención de aquella. Además, nunca se dijo, como erróneamente manifiesta la recurrente, que Juan Sebastián y Olga Lucía “contaban con ingresos suficientes” para el sostenimiento del hogar dados los salarios que percibían en su condición de educador y secretaria auxiliar.

4. Los testimonios de Gloria Cecilia Arenas, Gabriela Herminia Galeano Henao y María Fátima Galeano Henao, de los cuales el Tribunal derivó la dependencia económica de la actora respecto del causante, y sobre cuyo estudio afirmó que “en general los gastos hogareños estaban distribuidos de forma tal que Juan Sebastián y Olga Lucia se encargaban del pago de las cuotas de financiación de la vivienda que era de su propiedad y de su madre, y el causante era quien básicamente atendía el sostenimiento de esta última”, por lo cual concluyó se cumplían las exigencias legales para conceder la pensión de sobrevivientes reclamada, no pueden estructurar autónomamente un error de hecho en el recurso extraordinario en los términos del artículo 7º de la Ley 16 de 1969, en tanto previamente no se hubiera acreditado un error fáctico manifiesto sobre prueba calificada.

Con todo, y a pesar de que la recurrente no acredita un error de hecho manifiesto en la valoración del Tribunal de los medios de prueba calificados que indica, lo cierto es que dichos testimonios no indican más que lo que de ellos dedujo el Tribunal, esto es, que dos de sus hijos contribuían al pago de la vivienda que compartían con la demandante, en tanto que el causante era el encargado de proveer su manutención.

Conforme lo expuesto, el análisis conjunto, objetivo y detenido de las pruebas denunciadas por la censura, no evidencian que el Tribunal hubiera incurrido en un desatino fáctico de tal envergadura que permitiera el quebrantamiento de la sentencia.

No prospera el cargo.

Costas a cargo de la recurrente. En su liquidación, que hará el juez de conocimiento con arreglo al artículo 366 del Código General del Proceso, inclúyase como agencias en derecho la suma de seis millones quinientos mil pesos ($ 6’500.000).

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 13 de abril de 2011, dentro del proceso que María Ordalina Mosquera Mosquera promovió contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de la Sala—Gerardo Botero ZuluagaJorge Mauricio Burgos RuizFernando Castilla CadenaClara Cecilia Dueñas QuevedoRigoberto Echeverri BuenoLuis Gabriel Miranda Buelvas.