Sentencia SL1454-2015 de febrero 4 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 44221

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL1454-2015

Acta 2

Bogotá, D. C., cuatro de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «X. Consideraciones

Debe la Sala dilucidar si le asiste razón a la parte recurrente cuando afirma que la demandada estaba obligada a reajustar la pensión de cada uno de los accionantes en un 7%, que es la diferencia entre el 5% que venían aportado para salud antes de entrar a regir la Ley 100 de 1993, y el 12% que estableció esta normativa; o si por el contrario, la razón está al lado del tribunal al considerar que no hay lugar a dicho reajuste, en tanto Caprecom para efectos de realizar los aumentos ordenados por el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, tuvo como punto de referencia el porcentaje total que cada uno de los pensionados hacía con anterioridad a la vigencia la citada ley, esto es, el 5% que correspondía al pensionado más el porcentaje adicional que cubría según el número de beneficiarios que tenía a cargo.

Como quedo dicho al historiar el proceso, el juzgador de segundo grado estableció que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 37 de 1987 “Caprecom” había dispuesto un descuento del 5% por cada pensionado más unos porcentajes adicionales por beneficiarios a cargo que, en algunos casos superaba el 12%; que por ello conforme a las nuevas disposiciones legales —artículo 143 de la Ley 100 de 1993— y a partir del porcentaje total que se deducía al pensionado, incrementó, en cada caso, la diferencia que faltante hasta llegar al 12%.

En ese contexto, en criterio de la Sala, el Tribunal no desconoció la vigencia del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 así como tampoco que dicha normativa derogó todas las disposiciones que le eran contrarias, entre ellas las que regulaban los aportes para los riesgos de salud. La conclusión del ad quem se basó en los aportes que venían sufragando los pensionados con anterioridad al 1º de enero de 1994 a los que aplicó el reajuste contemplado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, lo que descarta que en la sentencia acusada se hayan tenido como disposiciones vigentes, las que fueron derogadas.

Es del caso resaltar, igual que lo hizo esta Sala de la Corte en Sentencia CSJ SL, 13 mar, 2012, rad 38545, que el tantas veces mencionado artículo 143 de la Ley 100 de 1993, dispuso únicamente un reajuste sobre el monto del aporte a salud que antes existía a cargo del pensionado, sin fijar una base específica, ni tampoco límites en el porcentaje del aumento que resultare. Su propósito únicamente fue el de compensar íntegramente el aumento en el valor de la cotización en salud a su cargo, a partir de la suma que por este concepto venía pagando hasta el 1º de enero de 1994. Es pues esta la única inferencia que permite la norma aludida, según se sigue de su texto que es del siguiente tenor:

“ART. 143.—Reajuste pensional para los actuales pensionados. A quienes con anterioridad al 1º de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez o muerte, tendrán, derecho, a partir de dicha fecha, a un reajuste mensual equivalente a la elevación en la cotización para salud que resulte de la aplicación de la presente ley.

La cotización para salud establecida en el sistema general de salud para los pensionados está, en su totalidad, a cargo de estos, quienes podrán cancelarla mediante una cotización complementaria durante su período de vinculación laboral.

El Consejo Nacional de Seguridad en salud podrá reducir el monto de la cotización de los pensionados en proporción al menor número de beneficiarios y para pensiones cuyo monto no exceda de tres (3) salarios mínimos legales.

PAR. TRANS.—Solo por el año de 1993, los gastos de salud de los actuales pensionados del ISS se atenderá con cargo al Seguro de IVM y hasta el monto de la cuota patronal”.

Aunque lo anterior es suficiente para concluir que el ataque no está llamado a prosperar, cabe precisar que el tema de los aportes en salud a cargo de los pensionados, no era algo exclusivo de los acuerdos del Instituto de Seguros Sociales y de la Ley 100 de 1993, pues con anterioridad el Legislador había previsto que los pensionados del sector público, oficial, semioficial y privado, así como los familiares que dependieran económicamente de estos, tendrían derecho a disfrutar, en general, de los servicios de salud que las entidades, patronos o empresas tuvieran establecidos o llegaren a establecer mediante el cumplimiento de las obligaciones sobre aportes a cargo de los beneficiarios de tales servicios.

Así lo reguló el artículo 7º de la Ley 4ª de 1976, reglamentado por el artículo 7º del Decreto 732 de 1976, según los cuales, los reglamentos de las entidades a cuyo cargo estuviere el pago de las pensiones deberían determinar las modalidades de la extensión de los servicios médicos a los parientes de los pensionados y la cuantía de los correspondientes aportes. Fue precisamente con base esta normativa que “CAPRECOM válidamente expidió el Artículo 37 de 1987 a través del cual estipuló los beneficios del pensionado y la cuantía de los aportes, de acuerdo con el número de sus beneficiarios, tal y como lo concluyó el sentenciador de alzada.

En cuanto a la acusación formulada, según el cual la decisión recurrida en casación aplicó a “Caprecom” una excepción que solo estaba prevista para ISS, que permitía tomar en cuenta los aportes que venían efectuado los pensionados por cobertura familiar, se advierte que el artículo 42 del Decreto 692 de 1994, no la estableció tal y como lo sugiere la censura. Es decir, la citada norma no consagró excepción alguna, simplemente precisó que el ISS ya tenía prevista la medicina familiar y en tal sentido, cuál el porcentaje a ajustar.

Así, se desprende de dicha disposición, según su tenor literal:

“ART. 42.—Reajuste pensional por incremento de aportes en salud. A quienes con anterioridad al 1º de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez, o sobrevivientes, y a quienes sin haberles efectuado el reconocimiento tuvieran causada la correspondiente pensión con los requisitos formales completos, tendrán derecho a partir de esa fecha a que con la mesada mensual se incluya un reajuste equivalente a la elevación en la cotización para salud prevista en la Ley 100 de 1993.

“En consecuencia, las entidades pagadoras de pensiones procederán a efectuar el reajuste previsto en este artículo por la diferencia entre la cotización que venían efectuando los pensionados y la nueva cotización del 8% que rige a partir de abril de 1993, o la que se determine cuando rija la cobertura familiar, sin exceder del 12%. En el caso del ISS, en donde ya existe la modalidad de medicina familiar para los pensionados, el reajuste se hará por la diferencia entre el 3.96% que venían aportando los pensionados, y el 12% de la cotización con cobertura familiar.

“Las entidades pagadoras deberán descontar la cotización para salud y transferido a la EPS o entidad a la cual esté afiliado el pensionado en salud. Igualmente deberán girar un punto porcentual de la cotización al fondo de solidaridad y garantía en salud.

“PAR.—Lo previsto en el presente artículo se entenderán sin perjuicio de que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, reduzca la cotización en salud de los pensionados en relación con el número de beneficiarios, caso en el cual el reajuste de la mesada se hará por la diferencia entre lo que se venía cotizando y el valor señalado por el consejo”.

La transcripción de la norma permite destacar que esta dispuso de manera general, sin deducción de ninguna clase, que los reajustes por aportes a salud corresponden a la diferencia entre la cotización que venían efectuando los pensionados y la nueva cotización del 8% que regiría a partir de abril de 1993, o la que se determine cuando rija la cobertura familiar, sin exceder del 12%.

No es posible entonces, entender que la tenor de lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto 692 artículo 42 (sic), “Caprecom” no podía tener en cuenta, para establecer el reajuste ordenado, lo que ya venían pagando los demandantes pensionados por sus beneficiarios, dado que esta norma no dispuso nada parecido, sino, como quedo visto, todo lo contrario.

Conforme a lo expuesto, los cargos no prosperan.

Las costas en el recurso extraordinario, estarán a cargo de la parte demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($3.250.000.oo), que se dividirán por partes iguales entre cada una de las opositoras.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el ocho (8) de octubre de dos mil nueve (2009) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Julio Alberto Manrique Mora, Julio Simón López Torres, Luis Eduardo Navarro Buitrago, Luis Elías Ortiz Ortiz, Luis Polentino Suárez, Luis Leonardo Quintero Ibáñez, Luz Amanda Monsalve Rodas, Luz Gladys Ordóñez De Parra, Manuel Domingo Palacio Ariza, Nedys Enrique Mendoza Daza y Néstor Orozco Salazar, contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “Caprecom” y la Administración Postal Nacional “Adpostal” en liquidación.

Costas conforme se dijo en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».