Sentencia SL1454-201/58493 de abril 24 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL1454-2018

Radicación 58493

Acta 11

Magistrado Ponente:

Dr. Santander Rafael Brito Cuadrado

Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (fls. 11 a 15, cdno. Corte).

(...).

VII. Consideraciones

En efecto, el tribunal concluyó, que como la fecha de estructuración de la invalidez de la actora, fue el 14 de diciembre de 2006, la norma aplicable era la Ley 860 de 2003. Encontró que cotizó un total de 263.57 semanas, de las cuales lo fueron en los últimos 3 años 133.37, cumpliendo así la exigencia legal de las 50 semanas. De esta manera “corrigió” el “error”, según el fallador colegiado cometido por el a quo, al concluir que en el último lapso reunió 37.43 semanas, y confirmó el fallo condenatorio, pero por estas razones, mas no por la aplicación de la Sentencia CC C-428/2009, conforme la interpretó el juez de la primera instancia.

El recurrente, por su parte, denuncia la aplicación indebida, entre otras normas, del numeral 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, mediante la comisión de errores de hecho provenientes de la apreciación errónea del historial de aportes de la actora, obrantes a folios 18 a 22 del cuaderno del juzgado, ya que dio por demostrado, sin estarlo, que para el 14 de diciembre de 2006 (fecha de la estructuración de la invalidez), contaba con 133,37 semanas, dentro de los 3 años previos a la misma.

Aun cuando en el desarrollo del cargo, el censor alude a una cifra de semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez, diferente a la aceptada por su representada desde la contestación de la demanda, circunstancia ajena a este recurso, dado que se convierte en un hecho no controvertido en las instancias, no por ello resulta indebidamente sustentado. No, ya que el real motivo de la acusación, se enfocó en el hecho de no reunir las 50 semanas en el término ya señalado.

En efecto, el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, modificatorio del 39 de la Ley 100 de 1993, en su numeral 1º, señala que, para tener derecho a esta prestación, es necesario que el afiliado al sistema “haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración”. Tanto el demandante como la demandada, aceptaron que en ese lapso solamente reunió 37.34 semanas (demanda y contestación); además, que quedó acordado en la etapa de fijación del litigio (fl. 69, cdno. juzgado), por lo tanto, con esos elementos fácticos respecto de los cuales no hubo discusión, en principio, se encuentra probado el error de hecho denunciado.

Pero, además, visto el reporte del estado de cuenta de la afiliada (historia laboral) obrante a folios 18 a 22 del cuaderno del juzgado, se tiene que la demandante, entre el 14 de diciembre de 2003 y el 14 de diciembre de 2006, solamente cotizó 15 semanas, correspondientes a los periodos indicados por la recurrente. Así, erró manifiestamente el tribunal, al concluir que en el periodo aludido, había cotizado 133.37 septenarios, pues contabilizó, con fundamento en la misma historia laboral denunciada como mal apreciada, sin explicación alguna, que la actora reunía este número de semanas, sin estudiar debidamente el documento, pues de este solo puede inferirse que en total acumuló 241.71 semanas en toda su vida laboral, pero que solo 15 lo fueron dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración.

Esto es así, por cuanto solo pueden computarse como semanas efectivamente cotizadas, aquellas que aparecen en el documento referido, pero cuando indica el número de días por los cuales se paga la cotización, en este caso, obligatoria, y aparece el valor de la misma reflejada en proporción a los días trabajados. Pero no como lo hizo el tribunal, que sumó como semanas cotizadas las correspondientes al aparte denominado “acreditación sin empleador”, que no refleja número de días trabajados, ni valor del salario base, ni cotización obligatoria en proporción a dichos ítems; solo aparece en la columna de “cotización obligatoria” valores correspondientes a lo denominado como la “comisión del cesante”, que se cobra por parte del fondo de pensiones por los periodos mencionados, pero, como su nombre lo indica, cuando el afiliado no cotiza (cesante), causando en todo caso, la comisión en favor de la administradora, que se deduce de los rendimientos de la cuenta de aquel, cuando la afiliación se encuentra activa y el saldo en la cuenta de ahorro individual sigue generando rentabilidad, mas eso no implica que se trate en los mismos periodos, como equivocadamente lo entendió el ad quem, que se estaba frente a cotizaciones efectivas. Por lo tanto, el fallador de segunda instancia incurrió en el yerro advertido por el recurrente, agraviando así la norma denunciada de igual forma, razones suficientes para casar la sentencia.

Dado lo anterior, el cargo resulta próspero.

VIII. Sentencia de instancia

La demandada apeló la sentencia proferida por el a quo, en cuanto inaplicó el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, interpretando erróneamente las indicaciones de la Corte Constitucional, ya que la inaplicabilidad de la norma, es respecto del aparte declarado inexequible, pero no a la exigencia establecida en el mismo y declarado exequible (50 semanas); que, en consecuencia, la demandante no reunió los requisitos legales del número de semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la estructuración; que se debe revocar la decisión consistente en que la demandante, a pesar de no reunir el número de semanas legalmente exigido (50 dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración), concluyó que tenía derecho, amparado en el análisis de la Sentencia CC C-428/2009, lo cual no está soportado en la misma, porque este aparte fue declarado exequible, es decir, que la demandante necesariamente debía cumplir con este requisito; que la inaplicabilidad guarda relación con la fidelidad de cotización para con el sistema.

El a quo, por su parte, condenó a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, bajo la consideración inicial que cotizó 263.57 semanas en toda su historia laboral; y que, en los últimos 3 años, 37.43 (sic); que no le era aplicable la exigencia de la fidelidad para con el sistema, dada la inexequibilidad de la cual había sido objeto en la Sentencia CC C-428/2009; que no reunía la densidad de semanas (50 a las que se refiere el art. 1º de la L. 860/2003), lo cual, en principio lo llevó a considerar que no tenía derecho a la pensión reclamada. Pero, a renglón seguido, expresó:

Sin embargo, en el análisis que la Corte Constitucional hace en la Sentencia C-428/2009, cuya conclusión es la declaratoria de inexequibilidad del aparte del artículo 1º de la Ley 860/2003, que contenía la fidelidad, señala expresamente, que se reiteró la línea jurisprudencial seguida en diferentes fallos de tutela, donde se inaplicó el artículo 1º de la Ley 860/2003, por resultar manifiestamente contrario a la progresividad de los derechos sociales consagrada por el constituyente.

Que, según el juez singular, como la patología de la demandante era catastrófica, y que dada su invalidez no podría continuar cotizando, lo que comprometería el derecho a la vida, seguridad social y mínimo vital, dejó de lado las razones por las cuales la demandada negó la pensión (semanas cotizadas y fidelidad para con el sistema), por cuanto, como lo señaló antes, el requisito de la fidelidad fue declarado inexequible; pero que, además, al señalar la Corte Constitucional en la citada sentencia, que,

(...) reiteró la línea jurisprudencial respecto a la inaplicabilidad del artículo 1º de la Ley 860/2003, sobre esa base, el juzgado accederá a reconocer el derecho a ser pensionada por invalidez (...) pues lo contrario sería contrariar [sic] la ratio decidendi de una sentencia de constitucionalidad y desconocer el alcance y progresividad de los derechos fundamentales, fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus más recientes sentencias de tutela.

Las consideraciones vertidas en sede de casación, son suficientes para dar por sentado que la demandante no cumplió con los requisitos legales, respecto de la densidad de cotizaciones dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, para obtener el derecho a la pensión de invalidez.

Resta entonces estudiar si acertó o no el a quo, al tener como punto de partida para fulminar condena a la demandada, y ordenar el reconocimiento pensional, la inaplicabilidad del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 con base en la Sentencia CC C-428/2009, que, en su entender, lo autorizó a proceder de conformidad.

Resulta equivocada la apreciación del juez de la primera instancia, al concluir que la sentencia de constitucionalidad del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 (CC C-428/2009), reiteró y autorizó seguir aplicando la línea jurisprudencial que hasta el momento de su proferimiento venía adoptando, relacionada con la inaplicabilidad de la totalidad de la disposición, por presumirse, hasta entonces, su regresividad, dado que, aún no había hecho el control abstracto de constitucionalidad, como en efecto, lo hizo en esta sentencia.

Dijo la Corte Constitucional en sus consideraciones, al rememorar la jurisprudencia de tutela frente al tema de tránsito normativo que modificó los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, que tales aspectos, hasta entonces vigentes, los trajo esa corporación a la sentencia aludida, para significar que, mientras no se hiciera un juicio de constitucionalidad abstracto (que, precisamente lo realizó en esa decisión), se podía considerar, como se venía haciendo, “la regresividad prima facie de la norma analizada”, puesto que, se interpretaba bajo parámetros uniformes (vale decir, por fuera del juicio de constitucionalidad abstracto), a lo largo del desarrollo jurisprudencial del tema, determinando en ese entonces, que las modificaciones legislativas aludidas imponían requisitos más rigurosos, como el aumento del número de semanas de cotización y adicionando un nuevo requisito, el de la fidelidad al sistema, supuestos que los consideró regresivos; que, por lo tanto, “debía presumirse su inconstitucionalidad, prima facie, “la cual podrá desvirtuarse cuando se lograra establecer: (i) que la medida se encuentra justificada y ajustada al principio de proporcionalidad”.

Pero que, “sin embargo, ninguna de estas circunstancias de exclusión de la inconstitucionalidad de la norma se encontraron en la disposición para los casos concretos analizados”, refiriéndose a las 17 sentencias de tutela estudiadas allí.

Tal recuento jurisprudencial, entiende esta Sala, lo fue para significar que, antes del juicio de constitucionalidad de la norma (abstracto), bajo los anteriores parámetros se consideraba regresiva y, por ende, inconstitucional, inaplicándola para cada caso concreto. Pero, a partir del 1º de julio de 2009, fecha de la Sentencia CC C-428 2009, mediante la cual decidió “Declarar EXEQUIBLE el numeral 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, salvo la expresión “y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) (...), la cual se declarará INEXEQUIBLE”, ya no resultaba acorde con la jurisprudencia y la misma ley, inaplicar la norma, dado que, mediante el juicio de constitucionalidad, la autoridad encargada de tal función, ya decidió que el número de semanas exigido por la aquella, resultó acorde con la Constitución Política, en tanto que, lo relacionado con la fidelidad al sistema no pasó el análisis pertinente.

Para llegar a tal conclusión, dijo la Corte Constitucional con respecto al requisito de cotizar 50 semanas en los últimos tres (3) años, que ello no implicaba una regresión en materia de exigibilidad de la pensión de invalidez, pues de igual manera, aumentó el plazo para hacer valer las semanas de uno a tres años anteriores a la estructuración de la invalidez. Pero que,

(...) la Corte no puede desconocer, al confrontar los textos normativos del artículo 39 (original) de la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas en los numerales 1º y 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que el legislador agregó un requisito de acceso al beneficio pensional más gravoso para el cotizante. En la norma —nums. 1º y 2º—, se estipuló la demostración de su fidelidad de cotización para con el sistema con cotizaciones mínimas del “veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”.

El establecimiento de una exigencia adicional de fidelidad, que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993, aparece, prima facie, como una medida regresiva en materia de seguridad social al hacer más riguroso el acceso a la pensión de invalidez. En este caso no hay población beneficiada por la norma como en el requisito de las semanas mínimas de cotización, y no se advierte una conexión entre el fin previsto en la norma —la promoción de la cultura de la afiliación a la seguridad social y el control de los fraudes— con los efectos producidos por la misma.

(...).

Lo anterior permite apreciar como este requisito de fidelidad no logra desvirtuar la presunción de regresividad, a diferencia del anterior caso analizado, respecto del cual la reforma mostró matices de progresividad a pesar del aumento en el número de semanas requeridas.

De este modo, el señor juez a quo, equivocó en su entendimiento el análisis de constitucionalidad realizado en la sentencia de la que se sirvió para la condena impuesta, razón suficiente para revocar la sentencia apelada y, en su lugar absolver a la demandada.

De otro lado, la actora no acredita cotizaciones por veinticinco (25) semanas durante los tres últimos años anteriores a la fecha de estructuración, señaladas en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 860/2003, para los casos en que el asegurado hubiese alcanzado el 75% de la densidad de cotizaciones necesarias para acceder a la pensión de vejez, que le permitiera acceder a la prestación por invalidez.

Tampoco cumple los requisitos para la pensión de vejez conforme al parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que le habitaría el derecho de acceder a la prestación reclamada, dado el número de semanas alcanzado.

Resta por abordar el tema de la condición beneficiosa a la que podría acceder la demandante.

Al respecto, ha dicho la corporación, entre otras, en la Sentencia CSJ SL17499-2017:

Ahora bien, en cuanto al principio de la condición más beneficiosa, cuya aplicación reclama el recurrente, debe señalarse que a partir de la Sentencia CSJ SL2358-2017, la Sala hizo un nuevo análisis para la procedencia de este principio, trazando una nueva orientación a fin de extender los efectos de temporalidad para su aplicación, en el transito legislativo entre las leyes 100/93 y 860/2003, señalando además que, si bien la regla general es que la norma que gobierna este tipo de asuntos es la vigente al momento de la estructuración de la invalidez, por excepción se aplica dicho principio, siempre y cuando el afiliado reúna los requisitos que allí se señalan; en dicha providencia se sostuvo:

“D. Temporalidad de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre las leyes 100 de 1993 y 860 de 2003.

Como se recuerda la condición más beneficiosa es un mecanismo que: (i) busca minimizar la rigurosidad propia del principio de la aplicación general e inmediata de la ley; (ii) protege a un grupo poblacional con expectativa legítima, no con derecho adquirido, que goza de una situación jurídica concreta, cual es, la satisfacción de las semanas mínimas que exige la reglamentación derogada para acceder a la prestación que cubre la contingencia de la invalidez; y (iii) al ser excepcional, su aplicación, necesariamente, es restringida y temporal.

(...).

Pero ¿cuál es el tiempo de permanencia de esa “zona de paso” entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003? Bueno, para la Corte lo es de tres años, tiempo este que la nueva normativa (L. 860/2003) dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones reúnan la densidad de semanas de cotización —50— y una vez verificada la contingencia invalidez de origen común puedan acceder a la prestación correspondiente.

Con ese fin, se obtiene un punto de equilibrio y se conserva razonablemente por un lapso determinado —tres años—, los “derechos en curso de adquisición”, respetándose así, para determinadas personas, las semanas mínimas establecidas en la Ley 100 de 1993, “con miras a la obtención de un derecho en materia de pensiones, cuya efectividad se subordina al cumplimiento ulterior de una condición”, cual es, la invalidez.

Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 860 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 26 de diciembre de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima. Con estribo en ello se garantiza y protege, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la invalidez, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (dic. 26/2003 - dic. 26/2006), el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional”.

(...).

De acuerdo con esta nueva orientación jurisprudencial que se acogió por parte de la Corte, y bajo el entendido que el principio de condición más beneficiosa, ante el vacío normativo, surge una como alternativa de transito temporal entre una y otra norma, se busca diferir los efectos jurídicos de la Ley 860/2003, hasta el 26 de diciembre de 2006, exclusivamente para quienes tienen una expectativa legítima, entendida esta, como el “derecho comprende los derechos condicionales y los eventuales, que por su especial naturaleza confieren al futuro titular (de cumplirse la condición suspensiva, en los primeros, o completarse los elementos faltantes, en los segundos) posibilidades jurídicas de administración, conservación y disposición”, conforme a lo dicho por esta corporación en Sentencia CSJ SL del 18 de agosto de 1999, rad. 11818; en tales circunstancias en ese interregno —dic. 26/2003 a dic. 26/2006—, continúa produciendo efectos el artículo 39 de la Ley 100/93, con lo que se busca hacer efectivos los principios de solidaridad y equidad.

Bajo este nuevo criterio, se concluyó en la providencia transcrita en apartes, que surgen entonces varios eventos que permiten acceder a la pensión de invalidez, situaciones que se materializan jurídicamente en el transito legislativo de las dos normas en mención, de la siguiente manera:

“... se debe conceder la pensión de invalidez, en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes supuestos:

3.1. Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo.

a) Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado estuviese cotizando.

b) Que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 26 de diciembre de 2003.

c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006.

d) Que al momento de la invalidez estuviese cotizando, y

e) Que hubiese cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, antes de la invalidez.

3.2. Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo.

a) Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado no estuviese cotizando.

b) Que hubiese aportado 26 semanas en el año que antecede a dicha data, es decir, entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2002.

c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006.

d) Que al momento de la invalidez no estuviese cotizando, y

e) Que hubiese cotizado 26 semanas en el año que antecede a su invalidez.

4. Combinación permisible de las situaciones anteriores.

A todas estas, también hay que tener presente, para otorgar la pensión de invalidez bajo la égida de la condición más beneficiosa, la combinación de las hipótesis en precedencia, así:

4.1. Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando se invalidó no estaba cotizando.

La situación jurídica concreta se explica porque el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, se encontraba cotizando al sistema y había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo.

Si el mencionado afiliado, además, no estaba cotizando para la época del siniestro de la invalidez —“hecho que hace exigible el acceso a la pensión”— que debe sobrevenir entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2006, pero tenía 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a dicho estado, es beneficiario de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Acontece, sin embargo, que de no verificarse este último supuesto, al afiliado no lo cobija tal postulado.

Aunque suene repetitivo, es menester insistir en que si al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, el afiliado se encontraba cotizando al sistema y no le había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo, no goza de una situación jurídica concreta.

4.2. Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando se invalidó estaba cotizando.

Acá, la situación jurídica concreta nace si el afiliado al momento del cambio legislativo, vale decir, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema pero había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002.

Ahora, si el aludido afiliado estaba cotizando al momento de la invalidez —“hecho que hace exigible el acceso a la pensión”— que debe suceder entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006, y tenía 26 semanas de cotización en el cualquier tiempo, igualmente será beneficiario de la aplicación del postulado de la condición más beneficiosa. La Sala juzga pertinente advertir que de no cumplirse este último supuesto, al afiliado no lo ampara dicho principio.

En el mismo sentido que en el caso delantero, y aún a riesgo de fatigar, debe acentuarse que si el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema y tampoco había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002, no posee una situación jurídica concreta” (resaltado del texto original).

En este orden de ideas, para acceder a este beneficio, debe partirse del hecho que la fecha de estructuración de la invalidez, ocurra entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006, lo cual cumple la demandante, si resultó probado que aquella invalidez se estructuró el 14 de diciembre de 2006.

Ahora, como sí estaba cotizando al momento del cambio normativo (dic. 26/2003), según se desprende del “reporte estado de cuenta del afiliado detallado” (fls. 18 a 22, cdno. juzgado, concretamente el 20), su situación debe estudiarse conforme el numeral 3.1 de la sentencia transcrita, así:

3.1. Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo.

a) Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado estuviese cotizando.

b) Que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 26 de diciembre de 2003.

c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006.

d) Que al momento de la invalidez estuviese cotizando, y

e) Que hubiese cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, antes de la invalidez.

La exigencia contenida en el literal b) (26 semanas en cualquier tiempo anterior al 26 de diciembre de 2003), que también la cumple, pues acumuló 263.57 semanas.

El requisito del literal c), invalidez entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006, de igual manera lo acredita, pues la fecha de estructuración (fl. 17, cdno. juzgado) fue el 14 de diciembre de 2006.

El literal d) exige que al momento de la invalidez (dic. 14/2006) estuviese cotizando. Revisado el “reporte estado de cuenta del afiliado detallado” y conforme lo señalado párrafos atrás, no aparece cotización en esa data.

Y, por último, el literal e) exige cotizaciones de 26 semanas en cualquier tiempo antes de la invalidez, lo cual también cumple al tenerse por reunido el requisito del literal b).

De esta forma, la demandante no reúne la totalidad de requisitos señalados, pero la misma providencia contempla la posibilidad de combinar situaciones como la que se presenta. En efecto, el numeral 4º explicó,

4. Combinación permisible de las situaciones anteriores.

A todas estas, también hay que tener presente, para otorgar la pensión de invalidez bajo la égida de la condición más beneficiosa, la combinación de las hipótesis en precedencia, así:

4.1. Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando se invalidó no estaba cotizando. La situación jurídica concreta se explica porque el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, se encontraba cotizando al sistema y había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo.

Si el mencionado afiliado, además, no estaba cotizando para la época del siniestro de la invalidez —“hecho que hace exigible el acceso a la pensión”— que debe sobrevenir entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2006, pero tenía 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a dicho estado, es beneficiario de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Acontece, sin embargo, que de no verificarse este último supuesto, al afiliado no lo cobija tal postulado.

Aunque suene repetitivo, es menester insistir en que si al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, el afiliado se encontraba cotizando al sistema y no le había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo, no goza de una situación jurídica concreta (resaltado y subraya del texto).

Sintetizando, para dicha posibilidad, ante el incumplimiento de la condición señalada en el literal d) inicialmente aludido (que al momento de la invalidez estuviese cotizando), se ha de verificar si tenía 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a dicho estado, esto es, entre el 14 de diciembre de 2005 y el 14 de diciembre de 2006. En efecto, sumadas las semanas en este lapso, solo reúne 8.57, no cumpliendo así la densidad fijada por la jurisprudencia de esta Sala.

Se concluye entonces, que tampoco tiene el derecho a la pensión de invalidez acudiendo al principio de la condición beneficiosa.

Las costas de primera y segunda instancia, a cargo de la demandante. Sin costas en el recurso de casación, dado que salió avante.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011) por la Sala Laboral de Descongestión para los tribunales superiores de los distritos judiciales de Cartagena y Valledupar, dentro del proceso ordinario laboral seguido por María Luisa Orozco Argote contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.

En sede de instancia, revoca el fallo del a quo, proferido el trece (13) de noviembre de dos mil nueve (2009) por el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Valledupar, para en su lugar absolver a la demandada de las pretensiones planteadas.

Costas como se indicó en la motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».