Sentencia SL1459-2018/59617 de abril 24 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN 2

Rad.: 59671

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Arturo Guarín Jurado

Acta 11

Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones

Empieza la Sala por recordar, que el carácter extraordinario del recurso de casación impone a quien a él acude para quebrar un fallo de segunda instancia, como el confutado en el caso concreto, ceñirse a unos requerimientos formales mínimos, básicamente previstos en los artículos 87, 90 y 91 del CPTSS, pues la no sujeción a los mismos impide realizar el control de legalidad de ese proveído que reclama el impugnante.

La perentoriedad de esta norma adjetiva no debe asumirse como un culto a las formalidades, sino como una manifestación del debido proceso judicial, protegido por el artículo 29 de la CN.

Es así, como observa la Sala que la proposición jurídica se integra con una variada cantidad de disposiciones normativas que incluye resoluciones administrativas, sentencias judiciales y cláusulas convencionales que no armonizan con la exigencia normativa de ser preceptos sustanciales de carácter nacional.

En efecto, respecto de las cláusulas de la convención colectiva de trabajo, ha sido pacífica la jurisprudencia laboral, en el sentido que, allende la importancia de la contratación colectiva en las relaciones entre empleadores y trabajadores, una norma como aquella no puede rotularse como sustantiva de alcance nacional, cuya violación pueda imputarse en el recurso extraordinario de casación, pues el acuerdo en donde está prevista, está contenido en un documento que, en tal condición, sólo alcanza el rango de prueba calificada, aseveración que también es aplicable a la impropiedad en que incurre el accionante al incorporar al acervo jurídico normativo del ataque la Resolución 13830 del 26 de junio de 2007.

Frente a la supuesta violación por indebida aplicación de sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que han fijado criterio sobre los efectos de la notificación indebida de actos administrativos, basta agregar que de conformidad con el artículo 90 del CPTSS, la casación laboral procede por violación de la ley, no de la jurisprudencia, la que de conformidad con el artículo 230 de la CN es un “criterio auxiliar de la actividad judicial” que sólo puede ser atacada por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea.

No obstante, en la medida que también se señaló el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, reglamentado por el artículo 36 Decreto Reglamentario 1469 de 1978, atinente al fuero circunstancial, derecho en torno al que gira el debate de legalidad a la sentencia de segundo grado, se tendrá por bien integrada la proposición jurídica, según lo establece el artículo 51 numeral 1º del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por la Ley 446 de 1998.

Sin embargo, salvado el defecto formal inicialmente especificado, halla la Sala que la acusación no controvierte el verdadero soporte del fallo del tribunal para absolver a la demandada de la petición de reincorporación laboral del actor.

En efecto, en primer lugar, la controversia gravitó en dilucidar el momento de finiquito del vínculo laboral entre las partes, tema cardinal para establecer si el trabajador estaba amparado por el fuero circunstancial, que fue resuelto por el Juez de la alzada, fijando el 1º de noviembre de 2004, conforme se había previsto en el decreto departamental con el cual se suprimió el cargo a este.

A este aserto arribó dicho juzgador, previo a desestimar la petición de tener en cuenta fecha posterior, en la medida que no se demostró la prestación de servicios para la entidad durante el periodo que se reclamaba, y tampoco declaró la extensión de la vigencia de la relación hasta la notificación de los actos administrativos, que dispusieron la liquidación de prestaciones, cesantías e indemnizaciones, por considerar que se trataban de fenómenos jurídicos distintos, independientes y sucesivos.

En contraste, la acusación centró su argumento en que, al no haberse realizado la notificación personal del decreto departamental, que dispuso la supresión de cargos con el lleno de los requisitos previstos en los artículos 44 y 45 del CCA, la relación laboral subsistió hasta el 26 de enero de 2005, cuando se desfijó el edicto en que se comunicó la decisión de dar por terminado el vínculo, sin atacar puntualmente aquellas dos aseveraciones del Juez de la apelación, con las cuales liberó a la demandada de la reincorporación laboral por haber desatendido el amparo foral sobre el que se discierne.

Además, en segundo lugar, escudriñada la literalidad del proveído gravado con el recurso extraordinario, se constata que la conclusión central del mismo está soportada en la apreciación que el Tribunal hizo de las documentales de folios 31, 32, 374, 376, 379 y 380 del expediente, probanzas a las que no se refiere la acusación en perspectiva de acreditar como notorios los dos errores fácticos a que se refiere, pues para el efecto centró su ejercicio argumentativo, únicamente en el edicto de notificación de terminación de la atadura entre las partes, la Resolución 18830 y la Convención Colectiva Laboral de 1987, probanzas que tuvo por no apreciadas por el ad quem.

En tal escenario, es oportuno recordar que, iteradamente, la jurisprudencia de la Corte ha resaltado que las sentencias judiciales están protegidas por la presunción de legalidad y acierto que las asiste, la cual no se desvirtúa cuando entre una pluralidad de razones expuestas por el juzgador para sustentar su decisión, como acontece en el caso concreto, el acudiente en casación, no las ataca todas, ni controvierte el juicio de valoración que se realizó sobre todas las pruebas desde la que construyó la sentencia.

En efecto, en la Sentencia CSJ SL13058-2015, citada por la CSJ SL12298-2017, se dijo lo siguiente:

“La Sala reitera que la naturaleza extraordinaria del recurso de casación exige el despliegue de un ejercicio dialectico dirigido puntualmente a socavar los pilares de la sentencia gravada, porque en caso contrario permanecerá incólume, soportada sobre los cimientos que resultaron útiles al tribunal para resolver el caso sometido a su consideración”.

Y en la Sentencia CSJ SL, 10 marzo 2000, radicado 13046, puntualizó:

“Es de recordar que ha sido tesis pacífica de la Sala que el censor en el recurso extraordinario, cuando opta por la vía de los hechos, está en la imperiosa obligación de controvertir y desquiciar todos los fundamentos fácticos y probatorios del fallo, pues no confrontarlos o dejar fuera de crítica siquiera uno de ellos, significa que sobre el mismo opera la presunción de legalidad y acierto que acompaña a las sentencias judiciales, lo cual es suficiente razón para no quebrar el fallo del tribunal”.

De esa suerte, los razonamientos basilares del juzgador, sobre la inexistencia de fuero circunstancial al momento del despido, no fueron atacados en su totalidad, con lo cual el cargo deviene fallido, en tanto no infirma la presunción en comento.

Adicionalmente, no sobra acotar que el reparo dirigido a cuestionar los efectos jurídicos del incumplimiento de las disposiciones que regulan la notificación de actos administrativos, constituye una discusión de raigambre jurídico que no corresponde con la vía fáctica elegida, defecto de formulación del ataque que se concreta en el que el impugnante mezcló vías de acusación, esto es, argumentos fácticos propios de la senda indirecta, con jurídicos de la naturaleza de la directa, a pesar que ambas son independientes y reclaman, cada una, cargos individuales y autónomos.

Así lo ha dicho la Corte en la Sentencia CSJ SL, 23 julio 2014, radicado 44438, en la que expresó:

“Como ya se indicó en precedencia, la censura entremezcla aspectos jurídicos y fácticos, cuando bien es sabido que no es factible hacer una mixtura de las vías directa e indirecta de violación de la ley sustancial, que son excluyentes, por razón de que la primera lleva a un error jurídico, mientras que la segunda, conduce a la existencia de uno o varios yerros fácticos, debiendo ser su análisis diferente y su formulación por separado”.

Con todo, aún si se tuvieran por superadas las deficiencias formales de la impugnación, de todas maneras la acusación no podría salir avante, pues la Sala en procesos similares contra la entidad territorial demandada, ha adoctrinado que la tensión entre el reintegro del empleado con fuero y la autonomía administrativa de las entidades para proveerse su propia organización, en principio, ha de resolverse en favor de la administración, en aplicación del artículo 305 de la CN, conforme lo explicó en Sentencia CSJ SL14019-2016, así:

“En esencia, lo que se plantea en el cargo es un debate jurídico relacionado con la “tensión” normativa que en algunos casos se genera entre la garantía de estabilidad laboral, derivada del denominado fuero circunstancial, y la potestad legítima de las entidades del Estado de reorganizarse y estructurar sus plantas de personal de acuerdo con sus necesidades. Concretamente, para la censura, ante este tipo de contradicciones entre garantías de estabilidad laboral y realidades administrativas como la supresión de un cargo, la respuesta que más se adecúa al ordenamiento jurídico es el respeto de la estabilidad, por virtud de principios constitucionales como el de favorabilidad.

Esta sala ya tuvo oportunidad de elucidar los planteamientos expuestos por el recurrente, mediante Sentencia CSJ SL89392015, del 8 de julio 2015, rad.46616, al estudiar un fallo dictado por el mismo Tribunal de Medellín, en un proceso precisamente seguido en contra del departamento de Antioquia, así:

En torno a dicha temática, contrario a lo que arguye la censura, esta Sala de la Corte ha adoctrinado que las cláusulas que disponen el reintegro de trabajadores, bien que provengan de disposiciones legales, acuerdos convencionales o garantías como el fuero circunstancial, en tanto intereses particulares, deben ceder ante intereses generales como los que se traducen en las facultades del Estado de reorganizar, suprimir y liquidar sus entidades administrativas, y, como consecuencia, eliminar cargos. Ante dicho panorama, se ha precisado, las medidas de reintegro se tornan de imposible cumplimiento. (Ver CSJ SL, 13 abr. 2010, rad. 33888, CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 39325, entre muchas otras).

Esa misma doctrina ha sido morigerada para los casos en los que las reestructuraciones administrativas provienen de las mismas entidades, se limitan a la supresión de cargos y no encuentran respaldo en el resguardo de bienes de interés superior. En tal caso, ha dicho la Corte, no puede concluirse automáticamente que el reintegro es de imposible acatamiento, sino que es necesario verificar que la reorganización y supresión de cargos estuvo precedida de estudios especializados que aconsejen el reordenamiento administrativo, de manera que se acredite el cumplimiento y realización de intereses superiores, que prevalezcan sobre los derechos colectivos e individuales de los trabajadores. En la Sentencia CSJ SL, 16 sep. 2008, rad. 33004, reiterada, entre otras, en la CSJ SL576-2013 y CSJ SL16218-2014 (…)

Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente jurídico, que corresponde a la orientación del cargo, el tribunal no desconoció la referida doctrina, pues advirtió que en casos como en el presente surgía una “(…) tensión entre el derecho al reintegro del servidor público con resguardo foral cuando es despedido por supresión del cargo en una entidad oficial, y la autonomía administrativa para proveerse su propia organización que la Constitución confiere a este tipo de entidades”.

Y tampoco puede decirse que el Tribunal hubiera concluido automáticamente la imposibilidad del reintegro, para acusarlo de un error hermenéutico, pues, en primer lugar, tuvo en cuenta que no solo se había suprimido el empleo que tenía el actor sino toda la dependencia en la que laboraba, además de que citó varios documentos como la Ordenanza No. 15 del 27 de octubre de 2004, a través de la cual se facultó al Gobernador de Antioquia para modificar la estructura de la administración departamental “(…) única y exclusivamente referida a la Secretaría de Infraestructura (…)”; el Decreto 2104 del 28 de octubre de 2004, que dispuso la supresión de, entre otras, la Dirección de Conservación de Vías de la Dirección Técnica, a la cual estaba adscrito el demandante; el Decreto 2105 del 28 de octubre de 2004, por medio del cual se suprimieron, entre otros, los cargos de Almacenista; el Decreto 2109 del 28 de octubre de 2004, que estableció la no prórroga de los contratos de trabajo de los trabajadores de esa dependencia, dentro de los que se encontraba el actor; el Decreto 1891 de la misma fecha, que definió la suspensión de las actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas de la Secretaría de Infraestructura Física, a partir de un estudio técnico en el que se destacaban las dificultades y costos del ejercicio de dicha labor, directamente por el Departamento.

(…)

A partir de lo anterior, como conclusión, expuso que “(…) existe en la actualidad una imposibilidad jurídica y material para ordenar el reintegro del demandante al cargo que venía ocupando en la secretaría en cuestión, o incluso a otro cargo equivalente, por la supresión de que fueron objeto tanto el empleo mismo como la dependencia a la cual pertenecía. En su lugar procedía, como en efecto lo reconoció el Departamento, la indemnización sustitutiva del reintegro que fue efectivamente cancelada en cuantía de $35.532.033., según se infiere de las liquidaciones de folios 173/174”.

Por lo anterior, el cargo se desestima.

Sin costas en la medida que no se presentó réplica.

VIII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012), en el proceso ordinario laboral de Jaime Pimienta Bustamante contra el departamento de Antioquia.

Costas como se expuso en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».