Sentencia SL1460-2018/54377 de mayo 2 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente

Dr. Carlos Arturo Guarín Jurado

SL1460-2018

Rad. 54377

Acta 12

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: “IV. Recurso de Casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…)

IX. Consideraciones

El recurso extraordinario de casación tiene unas formas propias, que deben ser respetadas por quien a él acude, en procura de que se anule una sentencia como la de segunda instancia en el presente juicio.

Los artículos 87, 90 y 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en armonía con el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, contienen las reglas básicas a las que se debe someter el recurrente, en aras de quebrar el fallo, cuya legalidad controvierte, respecto de las cuales la jurisprudencia ha predicado que tienen como finalidad dotar de orden y racionalidad la actuación procesal ante la Corte, motivo por el que no puede asumirse que la exigencia de su cumplimiento constituya una sobrevaloración de las ritualidades del proceso, pues estas están salvaguardadas por el artículo 29 superior.

En esta dirección, en Sentencia CSJ SL4281-2017, esta Corporación señaló:

Al juez de la casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario, satisfaga las exigencias previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la formalidad, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política.

Se expresa lo anterior, porque en el caso se advierten errores técnicos en la demanda que sustenta el recurso extraordinario, que impiden su estudio de fondo, como los siguientes:

1. El alcance de la impugnación, que corresponde al petitum de la demanda de casación, fue inapropiadamente formulado, toda vez que la censura pretende que la Corte quiebre la decisión del Juez colegiado, pero omitió señalar lo que pretende en sede de instancia de la sentencia de primer grado, esto es, que se revoque, modifique o confirme, dado que solo hizo alusión a lo que aspiraba en torno a sus pretensiones, desconociendo lo que de antaño se ha adoctrinado, por ejemplo en la Sentencia CSJ SL, 6 dic. 2006, rad. 16515, en el sentido que,

Insiste la Corte en recalcar la importancia del alcance de la impugnación como elemento de la estructura de la demanda de casación, pues es en él donde el censor debe plantearle, con precisión y claridad, sus pretensiones, que son de dos tipos, ciertamente relacionados, pero independientes: el primero, frente a la sentencia de segunda instancia, respecto a la que el recurrente puede deprecar su casación total o parcial, y el segundo, en perspectiva del proveído de primera instancia, del que puede solicitar a la Sala que, en función de ad quem, según corresponda, lo revoque, lo modifique o lo confirme.

2. Los cargos están dirigidos por la vía directa, por “no aplicación e inobservancia (...)” de las normas sustantivas que cita, sin que ello constituya alguna de las modalidades de violación del recurso extraordinario, como es posible aprehenderlo del texto del literal a) del numeral 5º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de acuerdo con el cual, en la causal primera de casación, son modalidades de violación de la ley sustancial de alcance nacional, la infracción directa, la interpretación errónea o la aplicación indebida.

Ahora, aunque los dos yerros técnicos precedentes podrían ser superados, la Corte advierte otros que hacen imposible el estudio de fondo de la acusación.

3. A pesar que presenta los cargos como enderezados por la vía directa, es decir, la del puro derecho, que no admite debates sobres las conclusiones fácticas del Tribunal, ni sobre la forma como ejerció su actividad de valoración de las pruebas, la impugnación realiza cuestionamientos de este talante, cuando confuta la existencia de prueba en torno a las actividades que ejecutó la demandante, la subordinación que ejerció sobre ella el administrador de la finca, que era su compañero sentimental, así como la existencia de acuerdo entre las partes, en torno al arreglo económico para la ejecución de tales actividades, todo lo cual, dice, se desprende de las declaraciones de los testigos José Paulino Fúquene Sánchez, María Lucila Fúquene de Fúquene, María Sara Pulido de Fúquene, Abel Antonio Fuertes Salas, María Isabel Jeréz de Sáenz, Arturo Hernández Suarez, Luis Enrique Rivera, Héctor Julio Guerrero Vargas, y los interrogatorios de parte.

Sobre la impropiedad técnica de formular cuestionamientos fáctico probatorios a la sentencia del Tribunal, en un cargo dirigido por la vía directa, la jurisprudencia ha adoctrinado, por ejemplo, en la Sentencia CSJ SL739-2018 que,

(...) cuando el cargo se formula por la vía directa o de puro derecho, el censor debe plantear la acusación al margen de cuestiones fácticas o de valoración probatoria.

En efecto, esta Sala de la Corte ha adoctrinado que cuando un cargo se endereza por la vía directa, a través de sus modalidades de infracción directa, interpretación errónea y aplicación indebida, debe hacerse al margen de cualquier controversia de naturaleza probatoria, por lo que la censura tiene que estar necesariamente de acuerdo con los soportes fácticos que se dan por establecidos en la sentencia que se impugna, tal como lo ha explicado, entre otras, en Sentencia CSJ SL, 25 oct. 2005, rad. 25360.

4. Además, la censura, junto con los cuestionamientos fácticos y de valoración probatoria a que se acaba de aludir, introduce argumentos de estirpe jurídica, relacionados con el que denomina, “principio intuito personae” que rige la relación laboral, el derecho al trabajo y su dimensión constitucional, el derecho a la igualdad y la prohibición de no esclavitud, en el marco la actividad ejercida por la mujer cabeza de familia, los principios de favorabilidad legal, primacía de la realidad y remuneración vital y móvil de los trabajadores, los elementos del contrato de trabajo y la presunción simplemente legal incorporada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, el principio de buena fe, y las limitantes constitucionales y legales en la administración de justicia, en la decisión de procesos laborales; así como también, en el segundo cargo, los efectos jurídico - sustanciales la representación patronal, los límites judiciales en la valoración de la prueba y las reglas jurisprudenciales en torno a la colaboración familiar y la relación contractual laboral, circunstancias que dan pábulo a afirmar que la recurrente también entremezcla vías de ataque, esto es, la directa y la indirecta, no obstante que cada una es independiente y tiene perfil propio, que exigen su aducción en el recurso, a través de cargos separados.

Así lo ha explicado la Corte, entre muchas, en la Sentencia CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 36684, reiterada, por ejemplo, en la Sentencia CSJ SL15802-2017, en la que se precisó:

(...) la directa y la indirecta, por su naturaleza, son dos modalidades irreconciliables de ofensa al derecho sustancial, de suerte que el recurrente en casación no puede achacar al juzgador de instancia, de manera simultánea, el quebranto de la ley sustancial por la vía directa, esto es, con prescindencia de toda cuestión probatoria, y la incorrecta estimación del torrente probatorio.

5. Ahora, si la Corte abordara el estudio de la impugnación, asumiendo que fue enderezada por el camino indirecto, tampoco tendría vocación de prosperidad, porque carecería de elementos esenciales para ese efecto, toda vez que en ambos cargos la recurrente omite singularizar los errores de hecho protuberantes en que incurrió el Tribunal y relacionar estos con las pruebas calificadas mal apreciadas o apreciadas por dicho juzgador, así como explicar de qué manera todo ello impactó la sentencia y desató la trasgresión normativa que denuncia, conforme lo reclaman los ordinales 1º del artículo 87 y 5º literal b) del artículo 90, ibídem, dejándose ver la demostración de los cargos, más como un alegato de instancia, que como una acusación de ilegalidad del segundo fallo de instancia, para que este fuera anulado por el Juez de casación.

En torno a ese defecto de la acusación, ha explicado la Corte, por ejemplo, en la Sentencia CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148, reiterada, en la Sentencia CSJ SL9162-2017, que explica:

(...) cuando la acusación se dirige por la vía indirecta, además de resultar insoslayable la enunciación de los errores de hecho en que incurrió el Tribunal, es indispensable indicar su incidencia en la decisión acusada, obligaciones adjetivas que incumple la censura, en razón a que no indica cuál es la repercusión de los posibles desatinos en la decisión acusada y, por tanto, en la transgresión de las normas legales denunciadas en el cargo

6. Por otro lado, no pasa inadvertido la Corporación que el grueso de la acusación se ocupa de pruebas no calificadas para fundar los cargos en casación, como son los testimonios de María Sara Pulido de Numpaque, Abel Antonio Fuerte Salas, María Isabel Jeréz de Sáenz, Arturo Hernández Suárez, Luis Enrique Rivera, pues el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, impera que el error manifiesto de hecho es motivo del recurso extraordinario laboral, en el marco de la vía indirecta, únicamente cuando provenga de falta de apreciación o apreciación errónea “de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular”.

7. Así mismo, la censura acusó en el segundo ataque, la infracción de los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, sin referirla como medio a través del cual se trasgredió la normativa sustantiva que gobierna el caso y la actividad sentenciadora de tal juzgador, que es respecto de la cual la Sala debe hacer el estudio de sujeción a la ley, que el recurso de casación impone.

Al respecto, la Corte ha explicado con suficiencia, por ejemplo, en la Sentencia CSJ SL, 15 may. 1995, rad. 7411 reiterada en la CSJ SL, 25 sep. 2012, rad. 44023, que:

Los textos de naturaleza procesal solamente se pueden acusar por violación medio y en relación con los de carácter sustancial, ya que la infracción de la ley en realidad se produce inicialmente sobre aquellos que son el vehículo para alcanzar los preceptos sustanciales.

8. Además, en similar senda, y en contravía de la regla de planteamiento sucinto de la demanda de casación, que ordena el artículo 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la recurrente se ocupa en apartes de ambos cargos, de controvertir el fallo de primera instancia, no obstante que ello no es posible, excepto en la hipótesis de la casación per saltum del artículo 89 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que no fue la convocada por la impugnante.

9. Con todo, si lo anterior no fuera suficiente, que sí lo es, la censura pretende con el recurso extraordinario que la Corte realice una valoración diferente de las pruebas, como cuando dice que “el Juzgador de instancia, amén de los yerros antes señalados, incurrió en otros de mayor jerarquía al pretender sublimizar unos testimonios rebajando otros” (fl. 34, Cdno. de casación), contexto en el cual es importante recordar, que de vieja data la Sala ha señalado que la apreciación diferente de la prueba, no constituye per se error de hecho, sino su ponderación manifiestamente equivocada o una omisión en su valoración, que conllevara a la decisión distinta a la adoptada por el Juez colegiado, pues es un postulado constitucional de la administración de justicia, la autonomía de este en la interpretación de las pruebas y de las piezas procesales, siempre que se ajuste a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como lo prevé el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Así lo ha señalado esta Corporación, entre otras, en las Sentencias CSJ SL10258-2017; CSJ SL11455-2014 y CSJ SL, 22 may. 1990, rad. 3772, a las que se remite como soporte de esta decisión.

Por lo anterior, los cargos se desestiman.

Las costas del recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, pues su acusación no salió airosa y hubo oposición. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones setecientos cincuenta mil pesos ($3.750.000), que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa, la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011), en el proceso que instauró Ana Diorgina Pineda Correales de Molano a Héctor Julio Guerrero Vargas y Rafaela Ortega de Guerrero.

Costas conforme se dejó dicho en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».