Sentencia SL1462-2018 de mayo 2 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL1462-2018

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Arturo Guarín Jurado

Radicación 58056

Acta 12

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende que la Corte “case parcialmente” la sentencia impugnada, “en cuanto modificó el numeral segundo de la sentencia apelada y el numeral tercero parcialmente, y esa Honorable Corte, en sede de instancia, y para que se condene en lo desfavorable contra la sentencia proferida” (fl. 9, cuaderno de casación).

Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, que fueron oportunamente replicados, los cuales se resolverán conjuntamente, pues, aunque están dirigidos por vías de ataque diferentes, presentan esencialmente la misma proposición jurídica y persiguen el mismo fin.

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia de violar indirectamente, por aplicación indebida, el artículo 52 del “DR 2127 de 1945”, modificado por el artículo 1º del DL 797 de 1949, artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Transgresión que en su decir se produjo como consecuencia del siguiente error de hecho:

Dar por no establecido un hecho que sucedió, y está plenamente probado, que el Instituto de Seguros Sociales siempre no obró con buena fe durante la ejecución y terminación de los vínculos que tuvo con la demandante.

En desarrollo de la demostración del cargo, argumenta que,

(...) en casos similares al que aquí se estudia, se había señalado que la entidad había actuado de mala fe, y por esta razón se ordenó el pago de la indemnización moratoria consagrada en el artículo 52 del D. 2127/45 y de la sanción consagrada en el art. 99 de la Ley 50 de 1990, se tiene en cuenta que a partir de la providencia proferida el 20 de abril de 2012, en el proceso 21201100113 de Camilo Ernesto Buitrago Vargas contra el Seguro Social (...) la suscrita magistrada recogió su criterio en este punto para señalar que en estos casos, no se configura la mala fe por parte de la accionada y para lo cual se aunó al cambio de postura que efectuó también el Dr. Lorenzo Torres Russi.

Aduce, que es equivocado tal razonamiento, pues, en las consideraciones del fallo, no se señaló ni precisó en qué consistía el cambio de criterio, ni avanzó en un concepto coherente para evidenciar los argumentos que tuvo en cuenta para exonerar a la demandada de probar su buena fe; que el ISS tuvo la oportunidad de cambiar el contrato de prestación de servicios y por uno laboral y no lo hizo; que la demandada actuó como empleador; que no se examinó si la contratante estaba bajo el convencimiento de vincular a la accionante con un contrato de prestación de servicios; que todas las pruebas aportadas al proceso llevaron a ambas instancias a declarar la existencia de un contrato de trabajo, «que no fue objeto de apelación, siendo aceptado por las partes» y que,

La entidad fue condenada al pago de las prestaciones sociales o acreencias laborales a favor de la demandante, señaladas en la Convención Colectiva de Trabajo, y la negativa de la entidad de no reconocer emolumento alguno. Es decir, que si la señora Sandra Muñoz, por medio del suscrito apoderado no inicia o presenta demanda ordinaria contra la entidad llamada a juicio ante la justicia ordinaria laboral para el reconocimiento y pago de acreencias laborales, la pasiva ISS, jamás hubiese cancelado a favor de la accionante sus peticiones solicitadas en reclamación administrativa y accionar al aparato judicial en procura de buscar la justicia, que ampara la Constitución y la normatividad.

(fls. 13 a 17, del cuaderno de casación).

Argumenta, que la entidad demandada mantuvo siempre a la trabajadora en la modalidad regida por la Ley 80 de 1993, para exonerarse del pago de prestaciones sociales, lo cual constituye la mala fe que da lugar a la indemnización moratoria del artículo 1º de la Ley 797 de 1949 (fls. 9 a 12, ibídem).

VII. Cargo segundo

Acusa la sentencia del tribunal, de violar directamente, por interpretación errónea, el artículo 52 del “DR 2127 de 1945”, en relación con los artículos 305 del CPC, artículo 1º del DL 797 de 1949, modificado por el numeral 135 del D 2228 de 1989, artículos 3º, 11, 20, 26, 27, 51 y 52 del DR 2127 de 1945, a 768 del CC y la Ley 80 de1993.

En la sustentación del cargo, insiste en que el razonamiento del juzgador de alzada para absolver a la demandada del resarcimiento moratorio, es equivocado, pues quedó plenamente acreditada la existencia de una relación laboral entre las partes, quebrándose así el contrato de prestación de servicios estatuido mediante la Ley 80 de 1993, por lo que,

(...) opera es el pago de prestaciones sociales e indemnización moratoria por su tardanza en el pago. Ahora bien, la jurisprudencia laboral ha concluido que, solamente cuando se controvierte la existencia del contrato de trabajo, con razones atendibles, no puede haber lugar a la aplicación de la sanción moratoria. Lo que no aconteció en el presente caso; dado que la demandada, no allegó elementos de juicio que pudieran ser considerados como atendibles, para exonerarla de la sanción reclamada.

Concluye, que el actuar contra derecho deviene en una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario, según lo establecido en el artículo 768 del CC (fls. 12 a 16, ibídem).

VIII. Réplica

Destaca, que el recurso extraordinario presenta «inexcusables y manifiestos defectos de técnica» en ambos cargos, los cuales individualiza. Frente al primero, indicó que: i) omite indicar el precepto legal sustantivo que en las relaciones de derecho individual de trabajo de carácter oficial, establece la indemnización por no haber sido pagados por el patrono, en el momento de finalizar el vínculo laboral, los créditos laborales a que tiene derecho, que para el caso sería el artículo 11 de la Ley 6ª de 1945; ii) omite singularizar las pruebas por cuya falta de apreciación o por su apreciación errónea, provino el error de hecho; iii) se indica como trasgredido el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, norma que no regula las relaciones de derecho individual de trabajo de los servidores públicos vinculados mediante contrato de trabajo, por lo que “no pudo haber sido violado en la sentencia impugnada en casación”.

Respecto del segundo ataque, expone que además de adolecer del mismo defecto de no indicar como violado el art. 11 de la Ley 6ª de 1945, tampoco identificó los verdaderos pilares argumentativos de que se valió el juzgador para construir su decisión para absolver a la entidad demandada de la indemnización moratoria por no consignar las cesantías a un fondo, pues «dicha decisión la fundamentó el Tribunal inferior en la convicción que se formó de haber obrado de buena fe el Instituto de Seguros Sociales» (fls. 36 a 39, ibídem).

IX. Consideraciones

El recurso extraordinario de casación, tiene unas formas propias, que están básicamente establecidas en los artículos 87, 90 y 91 del CPTSS, así como en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, las cuales han sido además decantadas por la jurisprudencia, sobre la premisa que no son un culto a la formalidad, sino la concreción del debido proceso judicial, garantizado en el artículo 29 de la CN.

Al respecto, en la Sentencia CSJ SL15913-2016, se señaló:

De tiempo atrás esta Sala ha venido sosteniendo que quien acude al recurso extraordinario de casación debe cumplir con el mínimo de exigencias formales de carácter legal y jurisprudencial, a fin de permitir su examen de fondo por parte de esta Corporación, toda vez que la estructura del ordenamiento jurídico colombiano otorga a los jueces de instancia la misión de definir la controversia sometida por las partes, determinando a cuál de ellas le asiste la razón jurídica y fáctica, mientras que a esta Corporación se le asigna la función de verificar estrictamente la legalidad de la decisión de segunda instancia.

De esta manera, el respeto estricto a las exigencias formales derivadas del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y de la jurisprudencia inveterada de esta corporación en materia del recurso extraordinario de casación no constituye un culto a la forma, sino que hace parte esencial de la garantía del derecho fundamental al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Carta Política de 1991, dentro del cual se encuentra la denominada plenitud de las formas propias de cada juicio, sin las cuales no se puede predicar el equilibrio de quienes participan dentro del proceso judicial.

Se precisa lo anterior, porque, en la demanda que sustenta el pedimento de anulación de la sentencia de segunda instancia, se observan serias deficiencias de orden técnico, que conspiran contra su estimación, como las siguientes:

1. El alcance de la impugnación está planteado de manera insuficiente, pues aunque procura que la Corte “Case Parcialmente” la sentencia de segunda instancia, no específica qué debe hacer la corporación, en función de ad quem, en relación con la sentencia del a quo, esto es, si confirmarla, revocarla o modificarla y, si se trata de los dos últimos eventos, en qué sentido, cuestión tanto más importante si se tiene en cuenta que, auscultado el fallo de primer grado, allí se accedió a algunas de las pretensiones de la demanda, mientras se negó prosperidad a otras, circunstancia que exigía que la censura hiciera puntualizaciones, como las que se extrañan en este caso.

Alrededor de la importancia que, en la demanda de casación, tiene la correcta formulación del alcance de la impugnación, la jurisprudencia ha dicho lo siguiente en la Sentencia CSJ SL10092-2017, reiterada en la CSJ SL330-2018:

El numeral 4º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que la demanda debe contener «la declaración del alcance de la impugnación», que como lo ha reiterado la Sala consiste en la indicación de lo que “(…) se debe casar, es decir, la parte de la sentencia acusada que debe quebrarse, o la totalidad de la misma, conforme a las circunstancias del caso; la actividad de la Corte en sede de instancia, o sea señalar si el fallo de primera instancia debe confirmarse, revocarse o modificarse; y en estos dos últimos casos, qué debe disponerse como reemplazo” (CSJ SL, 20 oct. 2005, rad. 24440).

(...).

Significa lo anterior, que le correspondía al recurrente acusar la decisión del tribunal, e impetrar en sede de instancia, lo que pretendía frente a la decisión de primer grado, esto es, su confirmación, modificación o revocatoria y, en estos dos últimos casos, cuál sería la decisión de reemplazo, pero nunca en los términos como está formulado.

2. No obstante que el primer ataque está enderezado por la vía de los hechos, increpándole al tribunal haber incurrido en un error de hecho, la censura no alega, como se lo exigen el ordinal 1º del artículo 87 y el literal b) del ordinal 5º del artículo 90 del CPTSS, si el mismo, así como la trasgresión normativa que desató, es consecuencia de la falta de apreciación o de la valoración equivocada de las pruebas del plenario o de algunas de ellas.

En efecto, no obstante que, en la demostración de esta acusación, la impugnante se refiere a las pruebas de folios 6 a 25, 27 a 40, 32, 43, 44 y 48 a 123, lo hace como en un alegato de instancia, sin puntualizar en qué yerro de valoración probatoria incurrió el tribunal respecto ellas, ni cómo esa falencia en la actividad de ese juzgador, incidió en la sentencia gravada con el recurso extraordinario.

Al respecto, esta corporación en Sentencia CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148 expuso que,

En efecto, cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita.

Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, ha dicho la jurisprudencia, es deber del censor en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas. Es decir, en el cargo ha debido quedar claro qué es lo que la prueba acredita, cuál es el mérito que le reconoce la ley y cuál hubiese sido la decisión del juzgador si la hubiera apreciado, aspectos que no tuvo en cuenta el recurrente y que compromete la técnica propia del recurso extraordinario.

3. A pesar que el segundo cargo está dirigido por la vía directa, es decir, la del puro derecho, la cual, por su naturaleza, no admite discusiones fácticas ni probatorias, la impugnación introduce un debate de esa estirpe, al expresar, a folio 14 del cuaderno de casación, que:

(...) la jurisprudencia laboral ha concluido que, solamente cuando se controvierte la existencia del contrato de trabajo, con razones atendibles, no puede haber lugar a la aplicación de la sanción moratoria. Lo que no aconteció en el presente caso; dado que la demandada no allegó elementos de juicio que pudieran ser considerados como razones atendibles, para exonerarse de la sanción reclamada.

En relación con este defecto de la segunda acusación, en la Sentencia CSJ SL7701-2017, reiterada en la providencia CSJ SL653-2018, la Sala orientó lo siguiente:

En efecto, esta Sala de la Corte ha adoctrinado que cuando un cargo se endereza por la vía directa, a través de sus modalidades de infracción directa, interpretación errónea y aplicación indebida, debe hacerse al margen de cualquier controversia de naturaleza probatoria, por lo que la censura tiene que estar necesariamente de acuerdo con los soportes fácticos que se dan por establecidos en la sentencia que se impugna, tal como lo ha adoctrinado, entre otras, en Sentencia CSJ SL, 25 oct 2005, Rad. 25360.

4. Además, junto con la anterior impropiedad técnica, la impugnación cae en otra, ciertamente concomitante, consistente en plantear discusiones jurídicas, como la que propone a folio 14 del cuaderno de casación, en dirección de que se aplique en el caso la «presunción de mala fe» del artículo 768 del Código Civil, por haber incurrido la demandada en un error de derecho.

Ese debate, aparte que no fue propuesto en las instancias, es jurídico, propio de la vía directa, por lo que no puede esgrimirse en un cargo en el que, como acaba de apuntarse, también aduce controversias fáctico probatorias, habida cuenta que con ello estructura una mezcla de las vías de ataque que son propias de la causal primera de casación, esto es, la directa y la indirecta, respecto de las cuales la jurisprudencia ha decantado que son autónomas e independientes, características por la que reclaman ser utilizadas por el impugnante en cargos separados.

En la Sentencia CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 36684, se expuso que,

Importa recordar que a la violación de la ley sustantiva de carácter nacional se llega por dos senderos: directo e indirecto. El primero de ellos tiene como punto de partida la ausencia de todo reparo de linaje probatorio, como que supone absoluta conformidad del recurrente con las conclusiones fácticas y probatorias del fallador de instancia; mientras que, en el segundo, la deficiente valoración del caudal probatorio es el medio por el cual se llega a transgredir la ley.

A no dudarlo, la directa y la indirecta, por su naturaleza, son dos modalidades irreconciliables de ofensa al derecho sustancial, de suerte que el recurrente en casación no puede achacar al juzgador de instancia, de manera simultánea, el quebranto de la ley sustancial por la vía directa, esto es, con prescindencia de toda cuestión probatoria, y la incorrecta estimación del torrente probatorio. Al respecto, la jurisprudencia del trabajo asentó:

“La primera causal del recurso extraordinario de casación laboral comprende dos formas de infracción legal por el sentenciador: la vía directa y la vía indirecta. En la primera, en cualquiera de sus tres modalidades infracción directa, interpretación errónea y aplicación indebida, la violación se produce con independencia de la situación fáctica y probatoria del proceso, pues el debate se limita exclusivamente a la controversia jurídica. En la segunda, la violación se configura por la defectuosa apreciación que hace el juzgador de los medios de prueba calificados por haberlos ignorado (error de hecho), o cuando da por establecido un hecho con un medio no autorizado y para el cual la ley exige prueba ad-substantiam actus o deja de apreciar una prueba de tal naturaleza debiendo hacerlo (error de derecho).

La violación directa y la indirecta son entonces dos conceptos incompatibles de infracción de la ley, excluyentes entre sí, ya que no es posible que el sentenciador quebrante la ley en forma directa, con total prescindencia de las cuestiones fácticas, y simultáneamente por indebida valoración del material probatorio.

Corresponde reiterar a la Corte, una vez más que, afincada en el sistema constitucional y legal, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible; con la precisión, según la cual, esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad, son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.

Posición que ha sido reiterada, por ejemplo, en la Sentencia CSJ SL15802-2017, en la que se precisó:

A no dudarlo, la directa y la indirecta, por su naturaleza, son dos modalidades irreconciliables de ofensa al derecho sustancial, de suerte que el recurrente en casación no puede achacar al juzgador de instancia, de manera simultánea, el quebranto de la ley sustancial por la vía directa, esto es, con prescindencia de toda cuestión probatoria, y la incorrecta estimación del torrente probatorio.

5. Ahora, si se obviara todo lo anterior, también se advierte que siendo que la recurrente le increpara al Juez colegiado la interpretación errónea de las normas que enlista en la proposición jurídica del cargo, no cumple con la carga argumentativa que corresponde a ese tipo de acusación, puesto que no concreta en qué consistió la equivocada intelección que denuncia, ni deja ver cuál es la hermenéutica que el tribunal ha debido otorgar a esa normativa, para desatar el conflicto entre las partes, en el punto que se examina.

Efectivamente, escudriñado el sustento del ataque sobre el que se decide, se constata que la censura formula alegaciones generales, como las que se hacen ante los jueces ordinarios, sobre la Ley 80 de 1993, los artículos 305 del CPC, 2º, 30 y 52 del DR. 2127 de 1945, 1º del D. 797 de 1949, y 24 del CST, sin realizar el ejercicio de demostración a que antes se hizo referencia.

En lo que atañe con este yerro técnico de la demanda de casación, la Sentencia CSJ SL, 7 ag. 2010, rad. 39986, dice:

Tal como lo ha explicado en reiteradas oportunidades esta Sala de la Corte, la violación directa de la ley en que incurre el juzgador relacionada con el significado de la norma, o sea, la errónea interpretación, se presenta en la premisa mayor del precepto cuando se le atribuye un significado diferente al que rectamente entendido le corresponde, contrariando de esa manera el genuino sentido que tiene como norma.

Por lo tanto, para que quien recurre en casación denunciando que la violación de la ley se produjo en esta modalidad salga avante en su intento, tiene la carga de demostrar adecuadamente que el entendimiento dado por el juzgador de segunda instancia es equivocado y que, por tal razón, incurrió en un desatino interpretativo.

Se ha dicho, igualmente, que, para obtener ese cometido, debe la censura efectuar una comparación entre la comprensión que a la norma jurídica le dio el ad quem, con el recto sentido que surge de su texto, de suerte que al efectuar el estudio del precepto para verificar que el entendimiento que se le otorgó es o no correcto, dado el carácter dispositivo del recurso extraordinario, debe la Corte estudiar las razones expresadas por el impugnante, sin que le sea dado suplir las falencias argumentativas que el cargo presente.

En consecuencia, los cargos se desestiman.

Costas a cargo de la impugnante, pues la acusación no salió avante y fue replicada. Como agencias en derecho, se fija la suma de tres millones setecientos cincuenta mil pesos ($3.750.000), que se incluirán en la liquidación que se practique, conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012), dentro del proceso ordinario laboral que instauró Sandra Patricia Muñoz Sosa, al Instituto de Seguros Sociales.

Costas como se explicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».