Sentencia SL1463-2018/58378 de mayo 2 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 2

Magistrado ponente:

Dr. Carlos Arturo Guarín Jurado

SL1463-2018

Rad. 58378

Acta 12

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil dieciocho.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por Robinson Bueno, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012), en el proceso que instauró contra La Motilona de Aseo Total ESP y la Empresa Industrial y Comercial del Estado de Cúcuta EIS ESP, hoy Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta S.A. ESP.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones

En la sentencia controvertida a través del recurso extraordinario, el juzgador colegiado, en ejercicio del grado jurisdiccional de consulta, confirmó el fallo de primera instancia, que declaró probada la excepción de prescripción, tras considerar que de acuerdo a lo debatido, es palmario que transcurrió más de tres años, desde el 30 de abril de 2001, fecha de terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo entre las partes (fl. 8, cdno. ppal.), y la fecha de presentación de la reclamación administrativa por parte del actor en procura de sus derechos, que lo fue el 28 de febrero de 2005 (fls. 16 a 18, ibídem). Igualmente determinó que había cosa juzgada en relación con el acta de conciliación suscrita por las partes el 28 de mayo de 2001, y que, por haber terminado el contrato por mutuo acuerdo, no era aplicable el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, ante la ausencia de despido.

La censura cuestiona la legalidad del fallo del tribunal aduciendo, que aplicó indebidamente los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, en cuanto al cálculo del término de prescripción de los derechos consagrados en el artículo 216 de CST, porque se equivocó al colegir que este se computa desde la fecha que el demandante firmó el documento de terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, y no desde la fecha que obtuvo la calificación de su incapacidad por la junta regional de calificación de Norte de Santander, mediante el dictamen Nº 461 de mayo 7 de 2002, por lo que disponía hasta el 7 de mayo de 2005 para accionar por sus derechos, término que fue interrumpido con la reclamación presentada el 28 de febrero de 2005.

Conforme la vía escogida por el impugnante, están fuera de controversia los siguientes aspectos facticos, i) que el demandante laboró para La Motilona de Aseo Total ESP; ii) que el contrato de trabajo finalizó por mutuo consentimiento el 30 de abril de 2001, iii) que las partes suscribieron acta de conciliación ratificando la desvinculación por mutuo acuerdo; iv) que la junta regional de calificación de invalidez de Norte de Santander, mediante dictamen Nº 461 de mayo 7 de 2002, calificó la pérdida de capacidad del demandante en un 47,65% con un origen profesional.

Teniendo en cuenta que la acusación se formula por la senda de puro derecho, la Sala encuentra que el fallo no pudo incurrir en la aplicación indebida del artículo 488 del CST, por la potísima razón que dicha normatividad ni siquiera fue mencionada por el fallador de segundo grado, mientras que la infracción directa endilgada sobre el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, contrario a lo afirmado por la censura, el juzgador colegiado no ignoró esa normativa, pues analizó su improcedencia en perspectiva de la terminación del contrato de trabajo por muto acuerdo acreditado y no desvirtuado, por lo que vale decir que, si el tribunal verificó el cumplimiento de los supuestos facticos que la norma consagra, no incurrió en esa modalidad de violación de la ley sustancial. Así está precisado, entre otras, en la Sentencia CSJ SL2015-2014.

Se sigue a lo dicho, que es precisamente ese mismo fundamento en el que ancló la decisión el ad quem, el que conduce a deducir como innecesaria la aplicación del artículo 62 literal a) numeral 15 del CST, consistente en la causal de terminación del contrato con justa causa, pues en el debate lo que se acreditó fue la terminación del contrato por mutuo consentimiento, que establece el literal b) del artículo 61 ibídem.

Ahora bien, en cuanto a la aplicación indebida del artículo 151 del CPTSS, por tratarse de una norma adjetiva o instrumental, la Sala, al verificar que el censor no la denunció específicamente como violación de medio, si cumplió con la obligación de citar normas sustanciales que en su sentir resultaron violadas con la aplicación o desconocimiento de la norma procesal, por lo que procede estudiar el cargo en relación con la prescripción decretada bajo la modalidad de la trasgresión endilgada, en el entendido que cuando la aplicación indebida es orientada por la vía directa, tiene lugar si el juzgador, desde el punto de vista estrictamente jurídico, aplica la norma legal que no corresponde, o no conviene al caso a una situación fáctica plenamente establecida e indiscutida, ya que lo que se controvierte es precisamente la conveniencia del precepto que se estima violado, para regular esos hechos, o el alcance que se le haya dado a la disposición legal, que es precisamente lo que endilga el cargo cuando se duele que el juzgador aplicó el término de prescripción del artículo 151 del CPTSS, pero lo hizo desde la fecha de la terminación del contrato de trabajo, y no a partir de la expedición del dictamen de la junta regional de calificación.

En efecto, el artículo 151 del CPTSS consagra la prescripción general de las acciones que emanan de las leyes sociales en tres años, que se contará desde que la obligación se haya hecho exigible, consagrando que la simple reclamación escrita del trabajador interrumpe la prescripción por un lapso igual.

Sin embargo, la línea jurisprudencial de esta Corte, expuesta en la sentencia CSJ SL10728-2016, que reiteró las Sentencias CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 28821 y CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 39867, ha sido consonante en sostener:

En relación con la prescripción, se ha de precisar que el tema ha sido regulado de manera específica por la normatividad de riegos profesionales, en los artículos 96 del Decreto 1295 de 1994; 18 de la Ley 776 de 2002, y más tarde en el artículo 22 de la Ley 1562 de 2012.

En el sub lite como la invalidez se estructuró el 22 de diciembre de 2000, aplica el literal a) del artículo 96 del Decreto 1295 de 1994, que establecía para las mesadas pensionales el término prescriptivo de tres años. Ese precepto fue declarado inexequible mediante Sentencia CC C-452/02, pero con efectos diferidos hasta el 17 de diciembre de 2002.

La jurisprudencia de la Corte ha considerado que el término prescriptivo empieza a correr no desde la data del accidente de trabajo sino “a partir de la fecha en la que se establezcan, por los mecanismos previstos en la ley,las secuelas que el accidente de trabajo haya dejado al trabajador, lo que desde luego implica la imperiosa necesidad de que éste haya procurado el tratamiento médico de rigor y la consecuente valoración de su estado de salud”. (CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 28821, reiterada en la CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 39867).

En tal escenario, rememora la Sala que la invalidez del trabajador fue definida en el dictamen de la junta regional de calificación de invalidez de Norte de Santander el 7 de mayo de 2002 (fls. 11 y 12, cdno. ppal.); mientras que la reclamación fue presentada, según documento de la propia demandada, el 28 de febrero de 2005 (fl. 9, ibídem) y la presentación de la demanda se efectuó el 11 de abril de 2005 (fl. 36, ibídem), lo que significa que evidentemente no se configuró la prescripción aducida por el tribunal, frente al accidente de trabajo, razón por la cual el cargo es fundado.

Empero, la Corte no podría ungirlo hasta el rango de prospero, debido a que, en sede de instancia, arribaría a la misma conclusión del ad quem, pero por las razones que a continuación se explican.

Evidenciado el yerro jurídico, corresponde determinar si le asiste o no razón a la censura en cuanto a la reclamación de los derechos consagrados en el art. 216 de CST, al ser los únicos no cobijados por la prescripción hallada, por cuanto todos los demás derechos nacidos del contrato, al no ser reclamados dentro de los tres años desde la terminación por mutuo consentimiento, sí se vieron afectados por la prescripción decretada en las instancias.

El artículo 216 del CST consagra la figura de la culpa patronal, regulando que cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios.

Al analizar el acervo probatorio obrante al plenario, sin mayor grado de dificultad se establece la ocurrencia del accidente de trabajo, el día 31 de mayo del año 2000, en cumplimiento de la labor de recolección de basuras, según da cuenta el informe de folio 15, insuceso que le generó al actor una pérdida de capacidad laboral del 47,65%, según Dictamen 0461, emitido por la junta regional de calificación de invalidez de Norte de Santander, el 7 de mayo del año 2002, que obra a folios 11 y 12 del cuaderno principal.

De la misma forma, obra la documental de folios 180 a 214, que da cuenta de asunción por la ARP Seguros Bolívar de todas las prestaciones asistenciales, económicas y de subsidios de incapacidad temporal reconocidos al servidor con motivo del accidente, sin que se avizore inconformidad alguna frente a la protección en riesgos profesionales.

Correspondía entonces a la parte demandante acreditar los elementos probatorios que demostraran la culpa suficientemente comprobada del patrono en el accidente laboral que sufrió, pero las pruebas adicionales obrantes en el expediente nada demuestran de la culpa indagada.

En efecto:

El peritaje sobre estimación de perjuicios (fls. 366 a 369, c. 1); las declaraciones de Roso Alberto Gaona e Isabel Barragán de Gaona de (fls. 239 a 249, ibídem); el acuerdo de terminación del contrato de trabajo (fl. 304, ibídem); el acta de conciliación (f.° 305, ibídem); la declaración de confesión ficta por inasistencia al interrogatorio de parte que recayó sobre la demandada Motilona De Aseo Total ESP (f.° 375, ibídem); la certificación de la policía nacional sobre inexistencia de antecedentes o reporte del accidente, nada indican en dirección de establecer la culpa patronal alegada, en el accidente de trabajo que padeció el accionante.

En síntesis, el demandante se limitó a afirmar la culpa del empleador, pero se distanció de su obligación de demostrarla eficientemente.

Al respecto la jurisprudencia de la Sala ha precisado, en la sentencia CSJ SL3708-2017, lo siguiente:

Para la consecuencia en términos de la indemnización plena de perjuicios, sostiene, no resulta suficiente demostrar tan solo que hubiese ocurrido un accidente; no, el análisis exige allí una cuestión que es de índole subjetiva y que exige que la ocurrencia del mismo este determinada, pues es a través de la serie de precisiones de su ocurrencia, como se puede arribar a la conclusión lógica de que la culpa se encuentra suficientemente comprobada,y, cuando ello es así, es evidente que la indemnización puede revestirse de algunos elementos a los cuales no se accede, si no media este elemento subjetivo, este conocimiento pleno acerca de cómo se dieron los hechos que desembocaron en el accidente, porque, conociéndolos, el proceso de adecuación lógica acerca de la manera en la cual intervino el cumplimiento de las obligaciones del empleador, es lo que permite establecer con claridad si su culpa se vincula o no.

En consecuencia, el cargo, aunque fundado en punto de la prescripción, no prospera, en lo relativo a la culpa patronal del empleador.

VII. Cargo segundo.

Denuncia la sentencia por,

[…] ser indirectamente violatoria, por aplicación indebida del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y 48 de la Ley 153 de 1887, como consecuencia de los errores manifiestos y trascendentes de hecho que se precisarán en la demostración del cargo.

Consecuentemente, la sentencia recurrida violó también los artículos 25, 29 y 229 de la Constitución Política; 1º, 3º, 11 y 13 del C.S.T.; 25, 31, 60, 61 y 145 del CPTSS; y 174, 187, 195 y 197 del Código de Procedimiento Civil (C. de P. C.). (fls. 23 a 24 del cuaderno de la Corte).

Manifiesta, que estas violaciones fueron consecuencia de los siguientes errores manifiestos de hecho:

No haber dado por probado, estándolo, que al demandante Robinson Bueno le fue calificada su incapacidad como de origen profesional por parte de la junta regional de calificación de invalidez mediante dictamen 461 de 2002 de 7 de mayo de 2002 y que dio como resultado una incapacidad permanente parcial de 47.65% (fl. 24, ibídem).

Sostiene que a la luz de lo previsto por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, el error de hecho solo puede fundarse alrededor de un documento auténtico, la confesión judicial o la inspección ocular, como lo señala la doctrina y la jurisprudencia; que el error en este caso deriva en que el tribunal omitió considerar el documento visible a folios 10 a 12 del expediente, que contiene el Dictamen Nº 461 emitido el 7 de mayo de 2002, razón por la cual debió contar el termino de prescripción a partir de entonces, y no como erradamente lo hizo (fls. 20 a 21, ibídem).

IX. Consideraciones.

Como el cargo discurre sobre el tema de la prescripción de las consecuencias resarcitorias plenas del accidente laboral que padeció el impugnante, que ya dilucidó la Sala en el anterior, encontrando fundada la acusación contra la sentencia del tribunal, el examen de este corre igual suerte, en el sentido de no otorgarle prosperidad, puesto que como a propósito del primer cargo se explicó, en sede de instancia se llegaría a igual conclusión absolutoria del primer juez, porque no podría tenerse por demostrada la culpa patronal en ese insuceso, al no existir pruebas en el plenario, que la demostraran fehacientemente, como el artículo 216 del CST, lo exige.

En efecto, como ya se acotó, la prueba del dictamen de la Junta Regional de Calificación por ser peritaje, no puede ser tenido como prueba calificada en casación, excepto cuando dicho dictamen es emitido por la junta que es parte en el proceso, evento en el cual si se considera como documento autentico, tal como lo señaló Sentencia CSJ SL5873-2015.

Lo anterior sin desconocer que, no obstante, la naturaleza pericial que se le asigna al dictamen de la junta nacional de calificación, cuya valoración por parte del tribunal no fue reprochada por el impugnante como determinante de error ostensible de hecho; tendría en este caso el tratamiento de documental proveniente de los demandados por lo que eventualmente y de haberse controvertido hubiera podido examinarse en tal calidad por la Sala.

Finalmente, ninguna consideración asienta la Corte en torno al artículo 26 de la Ley 361/1997, pues si bien la acusación lo refiere en la proposición jurídica, no sustenta la trasgresión que le increpa al tribunal de esa norma.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Sin costas en el recurso extraordinario por cuanto no se presentó oposición.

X. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012), por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Robinson Bueno contra La Motilona de Aseo Total ESP y la Empresa Industrial y Comercial del Estado de Cúcuta EIS ESP hoy Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta S.A. ESP.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».