Sentencia SL1464-2018 de mayo 2 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL1464-2018

Radicación: 59355

Acta 12

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Arturo Guarín Jurado

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

IX. Consideraciones

El proceso laboral y de la seguridad social tiene unas formas propias, establecidas en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que incluyen las que regulan la interposición y trámite, dentro del recurso extraordinario de casación.

Los artículos 87, 90 y 91 de aquel estatuto adjetivo, junto con la normativa de la Ley 16 de 1969, básicamente compendian las reglas mínimas a que debe sujetarse el acudiente en casación, para que la Corte pueda ejercer el estudio de legalidad de la sentencia controvertida, a través de tal medio de impugnación.

Al respecto, la jurisprudencia ha orientado que la exigencia de cumplimiento de lo dispuesto en aquellas normas adjetivas, por parte de quien recurre en aras de que se anule una sentencia de segunda instancia, o una de primera, en el marco de la casación per saltum del artículo 89 ibídem, hace parte del respeto al debido proceso judicial que manda el artículo 29 de la Constitución Nacional, y que por ello no puede aducirse que se esté priorizando una especie de ritualismo, en desmedro de derechos de otra estirpe.

En esta dirección, en la Sentencia CSJ SL4281-2017, se dijo:

Al juez de la casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario, satisfaga las exigencias previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la formalidad, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política.

Se precisa lo anterior, porque en el caso bajo examen, en medio de la farragosa y confusa presentación de los cargos, se advierten errores técnicos insuperables, que impiden su estudio de fondo, en cuanto no satisfacen la exigencia superior de estarse al debido proceso judicial en la actuación ante la Corte, por lo siguiente:

1. A pesar de que el dúo de ataques con el que el impugnante busca quebrar la sentencia de segunda instancia, se presenta por la vía directa, la cual exige para su demostración una argumentación rigurosamente jurídica, pues se asume que el censor comparte la forma como el ad quem valoró las pruebas y las conclusiones que obtuvo de ellas, se observa que el impugnante se aparta gravemente de esta regla y, como lo repara la réplica, plantea discusiones en torno a la forma como el juez de la alzada valoró las pruebas allegadas al proceso, específicamente las documentales de folios 27 a 35 117 a 122, 109 a 116 y 76 a 79, según su orden de exposición.

En torno a la impropiedad formal de esgrimir discusiones fácticas y probatorias en cargos enderezados por la vía directa, la Corte ha explicado en la sentencia CSJ SL7701-2017, reiterada en CSJ SL653-2018, lo siguiente:

En efecto, esta Sala de la Corte ha adoctrinado que cuando un cargo se endereza por la vía directa, a través de sus modalidades de infracción directa, interpretación errónea y aplicación indebida, debe hacerse al margen de cualquier controversia de naturaleza probatoria, por lo que la censura tiene que estar necesariamente de acuerdo con los soportes fácticos que se dan por establecidos en la sentencia que se impugna, tal como lo ha adoctrinado, entre otras, en sentencia CSJ SL, 25 de octubre de 2005, radicación 25360.

En estas condiciones, es evidente que el cargo se edificó sobre aspectos probatorios propios de la senda indirecta, no obstante que debió orientarse en el campo estrictamente jurídico haciéndole ver a la Corte cuáles fueron los yerros que en ese campo cometió el ad quem, que es lo que caracteriza la vía directa por la cual se encauzó el ataque.

2. De contera, aparte de introducir debates fáctico-probatorios en los cargos, la acusación también cae en la notoria deficiencia formal de exponer en ellos argumentaciones de raigambre estrictamente jurídica, en torno al sentido y alcance de los artículos 53 y 228 de la Constitución Nacional, con lo cual pasa por alto que esa mixtura argumental no es posible, pues en la causal primera de casación, al tenor del ordinal 1º del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según lo ha desarrollado la jurisprudencia, las vías directa e indirecta son autónomas e independientes, en cuanto tienen entidad propia cada una y, por ello, deben ser aducidas por el recurrente, en cargos separados, nunca en uno solo.

En cuanto a la improcedencia de efectuar una mixtura de vías de violación, esto es, involucrar en el desarrollo del cargo tanto argumentos jurídicos como fácticos, que se debieron haber estructurado en forma separada, la Sala ha adoctrinado lo siguiente en sentencia CSJ SL, 23 de julio de 2014, radicación 44438:

Como ya se indicó en precedencia, la censura entremezcla aspectos jurídicos y fácticos, cuando bien es sabido que no es factible hacer una mixtura de las vías directa e indirecta de violación de la ley sustancial, que son excluyentes, por razón de que la primera lleva a un error jurídico, mientras que la segunda, conduce a la existencia de uno o varios yerros fácticos, debiendo ser sus análisis diferentes y su formulación por separado.

3. Adicionalmente, a simple vista se advierte que la demanda con la que se pretende sustentar el recurso extraordinario, incumple severamente la regla del artículo 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el sentido de que debe plantearse sucintamente, sin extenderse en consideraciones jurídicas, habida cuenta que, en ambos cargos, además confusamente redactados, se abunda en extensas transcripciones normativas y jurisprudenciales, como si se alegara ante un juez de instancia.

Al respecto, resulta útil traer a colación lo que la corporación dijo recientemente, en la Sentencia CSJ SL717-2018:

Consciente de esta necesidad de racionalizar el discurso jurídico, el legislador consagró en el artículo 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social el deber del recurrente de «plantear sucintamente su demanda», lo que, en armonía con lo previsto en el artículo 90 ibídem, impone también la obligación de presentar un recurso respaldado con argumentos concisos y claros, compatibles con la completa comprensión de las razones expuestas y los cometidos de eficacia que exige la casación del trabajo.

En consecuencia, los cargos se desestiman.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, por cuanto hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 3.750.000, que se incluirán en la liquidación conforme lo consagra el artículo 366 del Código General del Proceso.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del veinticuatro (24) de agosto de dos mil doce (2012), proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JOSÉ MANUEL OSORIO PAREJO al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»