Sentencia SL1465-2018/56524 de mayo 2 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN 2

Rad.: 56524

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Arturo Guarín Jurado

SL1465-2018

Acta 12

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende que la sentencia

La dictada en fecha veintiséis (26) de diciembre del año 2011, proferida por Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, para que convertida esa corporación en sede de Instancia se profiera sentencia, revoque la sentencia proferida por la Segunda instancia, y, en su lugar, confirme la sentencia de primera instancia, que resultó revocada (f.º 4 del cuaderno de la Corte).

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados oportunamente por los demandados, y los decidirá la sala conjuntamente pues comparten normas de su proposición jurídica y tienen el mismo propósito.

VI. Cargo primero

Por la vía indirecta, acusa la sentencia de violar la ley sustancial, por falta de aplicación de los artículos 1º de la Ley 33 de 1985, 17 de la Ley 6ª de 1945, 27 del Decreto 3135 de 1968, 75 del Decreto 1848 del mismo año, 11, 36 y 272 de Ley 100 de 1993, 76 de la Ley 90 de 1946, 26 del Decreto-Ley 2665 de 1988, y 19 y 72 del Decreto 3063 de 1989 (f.º 18, ibídem).

Denuncia como errores manifiestos de hecho, cometidos por el tribunal, los siguientes:

1. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que el actor devengó de Corelca S.A. ESP un salario promedio devengado en el último año de servicios, el cual resulta superior al evidenciado por el Instituto de Seguros Sociales al establecer el ingreso base de liquidación, que sirvió de base para asignarle pensión de jubilación con base en la Ley 33 de 1985.

2. No dar por demostrado, a pesar de estado que los salarios asegurados para los riesgos de IVM ante el ISS, como aparece en certificación de la demandada que los salarios base de cotización (IBC) que fueron reportados al ISS durante los últimos doce (12) meses de servicios desempeñados por el recurrente fueron inferiores a los realmente devengados.

3. Otro error consiste en no dar por demostrado, estándolo, que el demandante percibía de manera permanente otros factores salariales, y que en su totalidad son:

1. Asignación básica.

2. Prima técnica.

3. Incremento por antigüedad.

4. Viáticos.

5. Horas extras y recargos.

6. Subsidio de transporte.

7. Subsidio de alimentación.

8. Primas de servicio.

9. Prima de navidad.

10. Prima de vacaciones.

11. Prima de antigüedad (f.º 18 a 25, ibídem).

Para demostrar el cargo, rememora la literalidad del art.1º de la Ley 33 de 1985 y señala que liberar al empleador de dicha norma, porque la pensión legal ya se encontraba otorgada por el sistema de seguridad social, es patrocinar que se cotice por salarios inferiores a los realmente devengados por el trabajador, cuando a partir de la Ley 100 de 1993, aquel está obligado a efectuar cotizaciones con base en los salarios efectivamente devengados; que el a quo omite que se encuentra protegido por el régimen de transición; que los decretos 1748 de 1995 y 1158 de 1994, no son aplicables al caso, sino para los servidores públicos que quedaron por fuera del régimen de transición, según concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Puntualiza, que la pensión de jubilación no es objeto de discusión; que laboró al servicio de la demandada por más de 20 años, habiendo cumplido 55 años con posterioridad a su desvinculación laboral; que la Ley 6ª de 1945, en su artículo 17, dispone que los empleados de orden nacional de carácter permanente, gozan de la pensión de jubilación cuando el empleado llegue a la edad de 50 años, después de 20 años de servicios laborales; que luego, con el Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 del mismo año, se dispuso el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, cumplido el tiempo de servicio y una vez llegara la edad prevista en la ley, aun cuando se hubiera producido el retiro de la empresa prestadora, sin el cumplimiento de la edad.

Alude, que con referencia a la aplicación de los factores salariales establecidos en el artículo decimo de la convención colectiva, resulta evidente que la demandada le cotizó para riesgos de invalidez, vejez y muerte, únicamente teniendo como factores de ingreso base de liquidación, los determinados en el Decreto 1158 de 1994 (f.º 18 a 26, ibídem).

VII. Réplica

Sostiene la Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe —Gecelca S.A. ESP—, que el cargo presenta deficiencias de técnica insuperables, pues acusa a la sentencia del tribunal de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, bajo la modalidad de falta de aplicación de los artículos 1º de la Ley 33 de 1985, 17 de la Ley 6ª de 1935, entre otros, no obstante que la “falta de aplicación” de una norma sustancial, necesariamente implica el desconocimiento por parte del fallador de preceptos que regulan la materia, lo cual exige un cargo que debe formularse al margen de toda cuestión probatoria; que si la acusación es por la vía indirecta, es menester encauzarla por aplicación indebida, porque a través de supuestos errores de hecho es que se alcanza el quebrantamiento de normas sustanciales, que son aplicadas a un caso no gobernado por ellas, como lo ha precisado la jurisprudencia.

Sostiene, que la vía indirecta presupone una discrepancia con la valoración fáctica probatoria que realiza el ad quem, respecto de las pruebas calificadas, por lo cual considera que dicha argumentación debe primero indicar las pruebas que fueron erróneamente apreciadas o no apreciadas; que el recurrente no individualiza las probanzas que en su sentir fueron dejadas de apreciar; que a pesar de que el ataque fue dirigido por la vía indirecta, casi en su totalidad la demostración se refiere a asuntos de puro derecho.

En cuanto al fondo de la acusación, expresa que el tribunal, para absolver a las demandadas, estimó que la empleadora, según el Decreto 1158 de 1994, no estaba obligada a incluir ninguno de los factores reclamados para sufragar las cotizaciones para pensión; que es incorrecto afirmar que para liquidar la pensión de vejez de un beneficiario del régimen de transición, se deben tener en cuenta los factores salariales previstos en el régimen anterior, así como lo devengado en el último año de servicios, conforme a lo previsto en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, porque el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, autorizó la aplicación ultractiva y taxativa del régimen anterior, respecto de la edad, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez, mientras en relación con las demás condiciones y requisitos indicó que se regirían por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993.

Resalta, que la censura identifica erróneamente en un mismo concepto el IBL y el monto de la pensión de vejez, cuando en el artículo 36 en comento se estableció un IBL especial (f.º 49 a 54, ibídem).

La Fiducuaria La Previsora S.A., como liquidadora de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca S.A. ESP en liquidación, se opuso en términos similares a los anteriormente expuestos (f.º 78 a 83, ibídem).

VIII. Cargo segundo

Acusa la sentencia impugnada de violar la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de falta de aplicación, de los artículos los artículos 127 y 128 del CST, 1º y 2º de la Ley 54 de 1962, 1º y 2º del Decreto 1264 de mayo 13 de 1997, por el cual se promulga el Convenio 95 relativo a la protección del salario (f.º 26, ibídem).

Denuncia como errores manifiestos de hecho:

1. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que el actor devengó un salario promedio mensual reconocido como devengado en el último año de servicios por la empresa demandada al demandante al indemnizarlo de acuerdo a la fórmula pactada en la Convención Colectiva de Trabajo por despido injusto en ocasión a la supresión de su cargo, fue superior al reconocido para el pago de las prestaciones al haber contabilizado subvenciones permanentes por concepto de energía, salud y aportes riesgos de IVM para pensiones, situación que obra en el proceso.

2. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que el promedio mensual adicional de “FACTORES ADICIONALES”, con incidencia salarial corresponden a lo devengado por mi mandante como subvenciones por: auxilio de energía, plan obligatorio de salud (POS), plan de atención complementaria (PAC) de servicios médicos, y aporte a seguridad social para pensiones, fueron los siguientes, (sic) textualmente consignado de la siguiente manera en el documento entregado a mi mandante, así:

“FACTORES SALARIALES

De acuerdo con el concepto Nº 9883 de agosto 27/99, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, los factores adicionales a incluir para esta indemnización por supresión de cargos con base en lo establecido en el artículo 8 (sic) del Decreto 1161 del 29 de junio de 1999 son:

0,62 correspondiente al PAC S.M., sobre sueldo básico. 0,11 correspondiente a energía, sobre sueldo básico.

0,06 correspondiente a pensión, sobre salario promedio. 0

04 correspondiente al POS S.M., sobre salario promedio. 0,83.”.

3. No dar por demostrado, a pesar de estarlo que dicho promedio anual definitivo que asciende a la suma que se encuentra establecido por el a quo, que surge de dividir la suma reconocida como indemnización + la reconocida como ajuste a la indemnización, a que tiene derecho según se dejó la constancia patronal por aplicación del artículo décimo “ESTABILIDAD LABORAL” de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1997. Es decir: al dividir la suma recibida por indemnización entre el número de días indemnizables surge el valor del salario diario reconocido como devengado en el último año de servicios como lo estableció el a-quo.

4. No dar por demostrado, a pesar de estarlo que esta situación concreta del salario promedio de mi mandante no fue fruto de un acto de mera liberalidad del empleador, sino obligatorio, como aparece textualmente citado en el artículo 20 del Acuerdo 1 de fecha 31 de agosto de 1999, por el cual la Junta Directiva de Corelca S.A. ESP procedió a suprimir 388 cargos de la planta de personal de Corelca, de los 400 ordenados por el artículo 7º del Decreto 1161 del 29 de junio de 1999, que dispuso, que “A los trabajadores oficiales cuyos contratos de trabajo se terminen en virtud de la supresión del cargo, se les pagará la indemnización que corresponda en los términos previstos en la ley o en la convención colectiva de trabajo, cumpliendo con los requisitos a que haya lugar, y demás disposiciones legales contempladas en el Decreto 1161 de junio 29 de 1999, y en concordancia con los conceptos Nº 9883 y 9884 del 27 de agosto de 1999, emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública”.

5. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que para tal fin se dejó constancia en el artículo 20 resolutivo del Acuerdo 1 de fecha 31 de agosto de 1999 y se ordenó actuar en concordancia con el concepto Nº 9883 del 27 de agosto de 1999, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, dentro de las atribuciones que le confieren los artículos 16 y 17 de la Ley 489 de 1998, en el que definió como salario los sobresueldos y subvenciones devengados por los trabajadores oficiales de Corelca, correspondientes: auxilio de energía, plan obligatorio de salud (POS), plan de atención complementaria (PAC) de servicios médicos, y aporte a seguridad social para pensiones.

6. No dar por demostrado, a pesar de estarlo que la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1997 obrante a folios 736 a 755, a la cual acudió Corelca aplicando la tabla de indemnización que contempla por despido injusto el artículo 90 de la convención colectiva celebrada entre Corelca S.A. ESP y el sindicato de trabajadores de la electricidad de Colombia —SINTRAELECOL— vigente a su retiro del servicio según ratificación expresa de las convenciones colectivas de trabajo suscritas para la vigencia de los años 1996-1999 de las cuales es beneficiario el recurrente contempla el término “días de salario” por cada grupo de años laborados (f.º 26 a 27, ibídem).

En la demostración del cargo, plantea que con los errores de hecho manifiestos en que incurrió el ad quem, al proferir una sentencia con medios probatorios ignorados y no apreciados, se creó una situación en la que no era posible aplicar los artículos referidos en la proposición jurídica; que aparece probado que la empleadora reconoció al recurrente un salario promedio mensual en el último año de servicios, al indemnizarlo de acuerdo a la fórmula pactada en la convención colectiva de trabajo por despido injusto, incluyendo subvenciones permanentes por concepto de energía, salud y aportes para los riesgos de IVM para pensiones, es decir, teniendo presente factores adicionales, con incidencia salarial, correspondientes a lo devengado por él; que el sentenciador desconoció dichos medios de prueba y eliminó jurídicamente sus efectos o alcances, infringiendo indirectamente las normas mencionadas.

Concluye, que el tribunal no se ajustó a la realidad procesal y, en consecuencia, no aplicó las normas pertinentes en las operaciones conducentes a la liquidación de la pensión de jubilación, de conformidad con los salarios realmente devengados, con lo que desconoció el promedio que por ley debe tener en cuenta para liquidar la pensión de jubilación (f.º 26 a 30, ibídem).

IX. Réplica

Los dos escritos de oposición al segundo cargo, que obran de f.º 54-55 y 83-84 del cuaderno de la Corte, exponen que el impugnante nuevamente acusa a la sentencia del tribunal de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, bajo la modalidad de falta de aplicación de los artículos 127 y 128 del CST, entre otros, lo que constituye, como se anotó en la réplica al primer cargo, un insuperable error de técnica, por las razones que entonces explicaron.

Agregan, que el segundo cargo presenta también el defecto técnico de entremezclar consideraciones fácticas y jurídicas, no obstante seleccionar la vía indirecta, pues casi la totalidad de la demostración se refiere a asuntos de puro derecho, tales como transcribir lo dispuesto en la Sentencia CC C-710-1996, la Ley 54 de 1962, el Decreto 1264 de 1997; que tampoco se indica en este ataque, cuáles pruebas fueron erróneamente apreciadas o no preciadas, como tampoco los errores de hecho manifiestos que se le endilgan a la sentencia, ni cuál es la valoración correcta de dichas probanzas.

En cuanto al fondo de la acusación, reiteran que no es cierto que el tribunal haya escindido el concepto de salario, afectando la pensión concedida por el ISS al ex trabajador, ya que si bien las subvenciones permanentes fueron tenidas en cuenta, para efectos de pagar la liquidación final del contrato de trabajo del accionante, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994, norma que no fue atacada por la censura, existen unos factores taxativos para calcular las cotizaciones al sistema general de pensiones de los servidores públicos, dentro de los cuales no se encuentran el auxilio de energía, el POS, el plan de acción complementaria (PAC), los servicios médicos, y el aporte a seguridad social para pensiones (f.º 54 a 55, ibídem).

X. Consideraciones

El proceso laboral y de la seguridad está dotado de unas formas que le son propias, las cuales están insertas en el CPTSS, normativa que, por ende, compendia el debido proceso judicial en juicios como el sub examine.

Dentro de aquellas formas, están las que reglan los recursos ordinarios e, incluso, a los medios de impugnación extraordinarios, como la casación, según es posible constatarlo en los artículos 87, 90 y 91 de aquel estatuto adjetivo, de los cuales ha dicho la jurisprudencia que deben ser rigurosamente respetados, en sus exigencias, por quienes acuden ante la Corte en aras de que se anule una sentencia como la confutada, sin que ello signifique una sacralización de las formas, sino simplemente la sujeción al debido proceso judicial, como lo ordena el artículo 29 de la Constitución.

En la Sentencia CSJ SL4281-2017, la corporación asentó:

Al juez de la casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario, satisfaga las exigencias previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la formalidad, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política.

Se ha dicho con profusión que, en esta sede, se enfrentan la sentencia gravada y la parte que aspira a su quiebre, bajo el derrotero que el impugnante trace a la Corte, dado el conocido carácter rogado y dispositivo de este especial medio de impugnación.

Se rememora lo anterior porque el conjunto de la demanda con la que se sustenta el recurso extraordinario, presenta graves e insubsanables deficiencias de técnica, que no permiten su estimación.

Tales son:

1. El alcance de la impugnación está defectuosamente presentado, en cuanto solicita a la Corte que, en sede de instancia, revoque el proveído de segundo grado, siendo que lo correcto es que impetre que anule el mismo. De contera, tampoco señala a qué aspira la sala decida, en función de ad quem, pero respecto de la sentencia del a quo, esto es, si revocarla, confirmarla o modificarla y en este último evento, en qué sentido, con lo cual el recurrente prácticamente deja a la demandada extraordinaria, despojada de pretensiones, a pesar que estas son elemento importantísimo de la estructura del recurso extraordinario.

Ya la Corte ha adoctrinado de manera suficiente, que la deficitaria formulación del alcance de la impugnación, que es el petitum mismo de la demanda, imposibilita el estudio del recurso; así lo sentó en la Sentencia CSJ SL5080-2017, cuando dijo:

Una vez examinado el texto de la demanda, planteada en la forma descrita, para la Corte no reúne los requisitos mínimos establecidos en el artículo 90 del Código Procesal Labora y de la Seguridad Social, de manera que se imposibilita su estudio, como pasa a señalarse:

El censor, en el alcance de la impugnación, incurre en la impropiedad de solicitarle a la sala casar la sentencia del tribunal y que constituida en sede de instancia “REVOQUE la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Superior de Medellín”; lo cual no es posible, en razón de que una vez casada la sentencia del ad quem, esta desaparece del mundo jurídico y no es posible revocar lo que no existe.

Además, dicho alcance es incompleto, pues la censura no precisó qué debe hacer la Corte como tribunal de instancia, una vez casada la sentencia impugnada, esto es, sí confirmar, revocar o modificar el fallo de primer grado, lo cual imposibilita la adopción de cualquier determinación en sede de instancia, dado el carácter estrictamente rogado del recurso.

2. Además, la sala encuentra que la integración de la proposición jurídica en los términos propuestos en los dos cargos por la vía indirecta, argumentando la modalidad de falta de aplicación, no resulta acertada, en primer lugar, porque en estricto rigor jurídico, “la falta de aplicación” de una o varias normas, no es un sub motivo de violación de ley sustancial, pues, como lo ha sostenido la jurisprudencia, lo que técnicamente corresponde denunciar es la “infracción directa”.

3. No obstante que ambos ataques están encaminados por la vía indirecta, increpándole al tribunal haber incurrido en dos errores fácticos, en ellos no se alega si los mismos son fruto de la falta de apreciación o de la valoración equivocada de pruebas calificadas en casación, como lo exigen el ordinal 1º del artículo 87 del CPTSS y el literal b) del artículo 90 ibídem, omisión que le impide acreditar tales yerros fácticos y su impacto en la sentencia confutada.

4. Por otro lado, como lo señala la réplica, al dirigirse el ataque por la vía indirecta, imperioso resultaba que la demostración de los dos cargos se enfilara a través de cuestionamientos estrictamente de naturaleza factico-probatorios; sin embargo, allende los errores de hecho que increpa al juez de la apelación, el recurrente también se extiende en discernimientos jurídicos o de puro derecho, en cuanto a los efectos de subrogación de la Ley 90 de 1946, la forma como deben aplicarse las leyes 33 de 1985 y 489 de 1998, así como el Decreto 1161 de 1999, y el impacto de pronunciamientos del Consejo de Estado, proceder con el cual entremezcló vías de ataque en el recurso extraordinario, incurriendo con ello en defecto de forma insuperable, conforme lo ha explicado la Corte en sentencias como la CSJ SL, 22 feb. 2011, rad 36684, en la que expuso:

La primera causal del recurso extraordinario de casación laboral comprende dos formas de infracción legal por el sentenciador: la vía directa y la vía indirecta. En la primera, en cualquiera de sus tres modalidades infracción directa, interpretación errónea y aplicación indebida, la violación se produce con independencia de la situación fáctica y probatoria del proceso, pues el debate se limita exclusivamente a la controversia jurídica. En la segunda, la violación se configura por la defectuosa apreciación que hace el juzgador de los medios de prueba calificados por haberlos ignorado (error de hecho), o cuando da por establecido un hecho con un medio no autorizado y para el cual la ley exige prueba ad-substantiam actus o deja de apreciar una prueba de tal naturaleza debiendo hacerlo (error de derecho).

La violación directa y la indirecta son entonces dos conceptos incompatibles de infracción de la ley, excluyentes entre sí, ya que no es posible que el sentenciador quebrante la ley en forma directa, con total prescindencia de las cuestiones fácticas, y simultáneamente por indebida valoración del material probatorio.

Corresponde reiterar a la Corte, una vez más que, afincada en el sistema constitucional y legal, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible; con la precisión, según la cual, esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad, son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.

Criterio que fue ratificado en la Sentencia CSJ SL 15802-2017, en la que sentó:

A no dudarlo, la directa y la indirecta, por su naturaleza, son dos modalidades irreconciliables de ofensa al derecho sustancial, de suerte que el recurrente en casación no puede achacar al juzgador de instancia, de manera simultánea, el quebranto de la ley sustancial por la vía directa, esto es, con prescindencia de toda cuestión probatoria, y la incorrecta estimación del torrente probatorio.

5. Cumple igualmente anotar, que el censor no se atuvo a la regla de exposición sucinta de la demanda de casación, contenida en el artículo 91 del CPTSS, que le ordena no extenderse en consideraciones jurídicas, como si tratara de un alegato de instancia.

Efectivamente, con total desapego de aquel imperativo, el primer cargo, por ejemplo, redunda en trascripciones normativas y jurisprudenciales, como si se tratara de una intervención ante el juez ordinario, para que se dirimiera el litigio a favor del recurrente, olvidando este que el debate ante la Corte no busca dirimir el conflicto jurídico entre las partes, sino examinar la legalidad del fallo, para establecer si se sujetó a la ley sustancial que lo gobierna.

Al respecto, ha dicho la Corte en la Sentencia CSJ SL, 2 mar. 2001 rad. 15026:

Debe la Corte recordar el carácter extraordinario, rigoroso y formalista del recurso de casación, y reiterar que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el juez observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia, no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.

A fin de lograr que se cumpla el objeto del recurso extraordinario, la demanda de casación no puede plantearse aduciendo razones a lo sumo admisibles en un alegato de instancia, en el cual es posible argüirlas libremente, y es por eso que dicha demanda debe reunir no solo los requisitos meramente formales que permiten su admisión, sino que requiere de un planteamiento y desarrollo lógicos, que se muestren acordes con lo propuesto por quien hace valer el recurso, el cual, por la seriedad de los fines que persigue, exige que el recurrente cumpla cabalmente con la carga de demostrar la ilegalidad de la sentencia acusada.

6. A todo lo previo se suma, que la acusación no se ocupó de cuestionar un soporte del fallo del ad quem, en tanto dirimió el caso, en el punto sobre el que discurren los ataques, con referencia en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, a partir del cual negó la inclusión de los factores reclamados por el accionante, para que fueran tenidos en cuenta en la composición de su salario base de cotizaciones al régimen de pensiones, dejándolo de esta forma incólume, protegido por la presunción de legalidad y acierto que cobija a las sentencias judiciales.

En relación con esta presunción, en la Sentencia CSJ SL13058-2015, citada por la CSJ SL12298-2017, ha explicado la sala lo siguiente:

La Sala reitera que la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, exige el despliegue de un ejercicio dialectico dirigido puntualmente a socavar los pilares de la sentencia gravada, porque en caso contrario permanecerá incólume, soportada sobre los cimientos que resultaron útiles al tribunal para resolver el caso sometido a su consideración.

Corresponde entonces al censor identificar los soportes del fallo que controvierte y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o la jurídica, o por ambas, en cargos separados, desde luego, si es que el fundamento de la decisión es mixto.

Los soportes facticos de una decisión judicial, son aquellas inferencias o deducciones que el juez de alzada obtiene luego de analizar el contenido de los medios de prueba regular y oportunamente incorporados al expediente, que le permiten construir el escenario sobre el cual cobraran vida las normas llamadas a gobernar los hechos acreditados; al paso que los jurídicos corresponden al alcance, aplicación o falta de aplicación de una o varias preceptivas llamadas a regular el caso sometido a su consideración, esto con total independencia de los aspectos de hecho que estructuran cada caso.

Por lo expuesto, los cargos se desestiman.

Las costas en el recurso extraordinario son de cargo de la parte recurrente, por cuanto hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 3.750.000, que se incluirán en la liquidación que regula el artículo 366 del CGP.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veintiséis (26) de diciembre de dos mil once (2011) por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el el (sic) proceso ordinario laboral seguido por Jaime José Navarra Llinás a la Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe —Gecelca S.A. ESP— y la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. ESP-Corelca.

Costas en casación, como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».