Sentencia SL14651-2014 de octubre 1 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL14651-2014

Radicación 44060

Acta 35

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., primero de octubre de dos mil catorce.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 3 de septiembre de 2009, en el proceso seguido por María Yaneth Ochoa Burgos contra la sociedad Indulatex Limitada en Reestructuración y sus socios Luis Miguel Cervantes Perilla, Claudia Patricia Cervantes Camacho, Luis Alfonso Cervantes Camacho y Luisa Fernanda Cervantes Camacho.

I. Antecedentes

Con la demanda inicial, pretendió la parte actora que se condenara a los accionados a pagar los salarios por concepto de: (i) comisiones por ventas, (ii) por gasolina para vehículo, (iii) “los descontados en forma ilegal y sin autorización expresa” y (iv) por compensación de las 2 horas semanales de que trata el artículo 21 de la Ley 50 de 1990. Adicionalmente, solicitó que se reconociera a su favor el pago o reajuste del auxilio de cesantía y sus intereses, de las vacaciones y primas de servicios; la indemnización por despido injusto; las indemnizaciones moratorias de los artículos 65 Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990; la indexación; lo ultra y extra petita, y las costas procesales.

En respaldo a sus pretensiones, refirió que mediante la suscripción de sendos contratos de trabajo a término fijo, prestó sus servicios a favor de los demandados desde el 5 de marzo de 2001; que el último contrato suscrito lo fue por el período que va del 17 de enero de 2005 al 22 de diciembre del mismo año; que desempeñó el cargo de vendedora; que devengó un salario básico de $ 381.500 y unas comisiones mensuales por ventas equivalentes a un 3% sobre los cobros de las facturas “siempre que no pasaran de 90 días en su pago”.

Señaló que los demandados le practicaron retenciones salariales sin su autorización expresa; que durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2007, no le cancelaron los salarios denominados “cheques gasolina” por valor de $ 175.000 mensuales ni las comisiones del 3% sobre las ventas realizadas a una serie de clientes por un valor de $ 90.000.000

Narró que a pesar de que en la sociedad accionada laboran más de 50 trabajadores, no le concedieron las 2 horas semanales de que trata el artículo 21 de la Ley 50 de 1990.

En punto al auxilio de cesantía y sus intereses, dijo que por los servicios prestados entre el 5 de marzo de 2001 y el 31 de diciembre de 2004, no le pagaron suma alguna por este concepto, y por el período comprendido entre el 17 de enero y el 25 de julio de 2005, lo hicieron pero de forma incompleta, esto es, sin tener en cuenta su salario real por valor de $ 2.116.200.

En cuanto a las primas de servicios y vacaciones, expuso que fueron pagadas de forma incompleta por los servicios prestados entre el 5 de marzo de 2001 y el 31 de diciembre de 2004, y el 17 de enero y el 25 de julio de 2005.

Señaló que si bien en la carta de despido se alegó que en su condición de trabajadora se había dedicado a labores diferentes a las pactadas, en dicha misiva no se precisó a qué otras labores se dedicó, en qué espacio, cuál era la competencia a quien presuntamente le colaboró y qué clase de productos de la competencia codificó. Por todo ello —dijo— asistirle el derecho a la indemnización por despido sin justa causa.

Agregó que los demandados actuaron de mala fe, tampoco dieron cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002.

Finalmente, puntualizó que la sociedad accionada se encuentra incursa en el trámite de “reactivación empresarial” de la Ley 550 de 1990 con la única finalidad de sustraerse de sus obligaciones laborales, y que, dada la mala fe de los demandados, deben ser condenados a las indemnizaciones moratorias consagradas en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990 (fls. 19-28).

Al contestar la demanda, la parte accionada Indulatex Ltda. en reestructuración, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó que la demandante a partir del 5 de marzo de 2001 le prestó sus servicios mediante la suscripción de contratos a término fijo; los extremos temporales del último contrato; el cargo desempeñado; el salario devengado, y lo relacionado con las comisiones pactadas en un 3% sobre el valor de la factura.

En su defensa, formuló las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, pago, compensación, buena fe y cobro de lo no debido (fls. 118-127).

Por su parte, las personas naturales accionadas, a través del mismo apoderado, se opusieron a las pretensiones de la demanda. En cuanto a los hechos, los negaron en su totalidad. Formularon las excepciones de mérito de prescripción, falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación, pago, compensación, buena fe y cobro de lo no debido.

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Civil del Circuito de Funza, mediante fallo del 16 de mayo de 2008, condenó a la empresa y solidariamente a las personas naturales accionadas, a pagar a favor de la demandante la suma de $ 43.695, “indebidamente descontados de su liquidación de prestaciones sociales”; declaró probada la excepción perentoria de buena fe y desestimó las demás pretensiones de la demanda (fls. 291-299).

III. Sentencia de segunda instancia

Llegado el proceso a la segunda instancia por apelación de la demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante sentencia del 3 de septiembre de 2009, confirmó la de primer grado (fls. 314-327).

En lo que interesa el recurso extraordinario de casación, el tribunal, en torno a cada uno de los puntos objeto de inconformidad, dijo:

1. Existencia de un solo contrato de trabajo.

Con basamento en el material probatorio, indicó que entre las partes se celebraron contratos de trabajo a término fijo por los siguientes períodos:

(i) Del 14/01/2002 a 20/12/2002 (fl. 114)

(ii) Del 13/01/2003 a 19/12/2003 (fl. 111)

(iii) Del 14/01/2004 a 22/12/2004 (fl. 108)

(iv) Del 17/01/2005 a 22/12/2005 (fl. 108)

Para arribar a dicha conclusión, expuso que la circunstancia de que las partes hubieran celebrado varios contratos de trabajo a término fijo, no desnaturalizaba esta forma de vinculación laboral. Desde esta perspectiva, señaló que en el presente caso “lo demostrado es que las partes suscribieron varios contratos de trabajo a término fijo, y a su terminación fueron liquidadas las prestaciones sociales correspondientes, presentándose un período entre uno y otro contrato. Sin que de las pruebas aportadas se desvirtué el contenido de los contratos o se hubiese demostrado vicio alguno en el consentimiento de la demandante”.

2. Comisiones devengadas y no canceladas.

Estimó infundada esta inconformidad del recurrente, por cuanto “como lo señaló el juez de primera instancia en los hechos de la demanda no se especifica de manera clara los supuestos de esta pretensión, pues no se precisa de manera concreta las comisiones que se causaron y que no fueron tenidas en cuenta por la demandada. Si bien en la demanda se señala que a la actora no le pagaron la comisión del 3% sobre las ventas y pagos hechos de una serie de clientes, cuyas ventas ascendieron a $ 90.000.000.oo (hecho 7 fl. 22), como se indicó no precisa a cuáles clientes se refiere de manera particular así como tampoco las ventas, o los pagos, pues revisados los documentos de folios 7-13, no aparece la suma antes señalada, ni tampoco se puede establecer con certeza cuándo se causó la venta que genera la comisión de acuerdo con la cláusula del contrato de trabajo, por lo que se impone la confirmación de este aspecto del fallo de primera instancia”.

3. Indemnización por despido sin justa causa.

Tras referirse a la carta de terminación del contrato de trabajo con justa causa (fl. 15) y a los testimonios de Carlos Alberto Escobar González, Luz Marina Ospina López y Jesús Iván Martínez, expresó:

Del examen de la prueba testimonial, se advierte que el dicho de los declarantes merece credibilidad, pues les consta los hechos de manera directa, e informan la razón de su exposición, además quien más que ellos, compañeros de trabajo de la demandante, para ilustrar sobre las formas en que se desarrollaron las circunstancias que dieron lugar a la terminación de la relación laboral, por lo tanto se evidencia la conducta reprochada a la demandante.

Ahora es en este campo, que comporta la calificación jurídica de establecer si los hechos desarrollados por la actora se devienen como justa causa de despido al no cumplir con la obligación impuesta al tenor de los (sic) dispuesto en el articulo (sic) 58, numeral 2º CST, “No comunicar con terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al patrono, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes”.

Conforme a lo anterior es claro para esta Sala que, conforme lo calificó la empresa demandada, la actora con su actitud desplegó una conducta que eventualmente ocasionaría perjuicios a la empresa, su cargo y funciones como vendedora le implicaba un alto grado de lealtad, teniendo la obligación de vender solo los productos de la empresa demandada y no los productos de la competencia, conducta que fue corroborada con la valoración en conjunto de las pruebas allegadas al proceso, y de donde quedó claro que la demandante promocionó el producto de la competencia constituyéndose en un acto violatorio de sus obligaciones laborales, hechos que conllevan a confirmar la absolución de la demandada sobre este aspecto tal y como lo consideró en la sentencia el a quo.

4. Indemnización moratoria por no consignación de cesantías a un fondo.

A partir del supuesto de que los contratos de trabajo suscritos por la demandante lo fueron a término fijo inferior a un año, y por tal razón, las cesantías debían ser entregadas directamente a la trabajadora, despachó desfavorablemente esta inconformidad.

5. Indemnización moratoria del artículo 65 Código Sustantivo del Trabajo.

Al respecto, dijo:

De la indemnización moratoria que arguye el recurrente se encuentra que su correcta aplicación propende valorar la conducta del empleador, por tanto si el juez encuentra las situaciones demostrativas de buena fe, estas entonces sirven para desestimar las sanciones señaladas, entonces es razonable que el a quo se abstuviera de imponerla en este evento señalando que “... que el juzgado que la empleadora pagó lo que creía deber, y que si equivocadamente descontó de la liquidación de prestaciones sociales la suma de $ 43.695.00 este hecho no desvirtúa su buena fe, pues no se demostró que esta suma no fuera efectivamente adeudada por la trabajadora, y no se cometió ninguna injusticia que deba ser reparada”.

Y luego, tras referirse al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, señaló:

(...) Debe anotarse también que la parte actora, de manera genérica reclamó el pago de los salarios descontados en forma ilegal y sin autorización expresa de la trabajadora, y en los hechos de la demanda se indica que le hicieron descuentos tanto de su salario básico como de su salario por comisiones sin autorización expresa (escrita) (hecho 9 fl. 22), de tal suerte que no se discutió un descuento en particular ni se hizo alusión a la existencia de obligaciones de la actora con la demandada, por lo tanto lo adeudado en la liquidación definitiva de prestaciones bajo la denominación indicada, no puede atribuírsele a mala fe a la demandada, para condenarla al pago de la sanción moratoria.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la parte actora que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, modifique la de primer grado “por virtud del cual condenó a la demandada a pagar a la actora la suma indebidamente descontada de su liquidación de prestaciones sociales y la absolvió de las demás pretensiones de la demanda. En su lugar condenarla a pagar a la actora: Los salarios de las pretensiones 1, 3, 5, 6, 9, 10 y 11 de la demanda”.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados oportunamente.

VI. Cargo primero

Por la vía indirecta, atribuye a la sentencia recurrida la violación de la ley sustancial, en la modalidad de aplicación indebida, de los “artículos 58 numeral 2º, 62 (subrogado por el art. 7º del D.L. 2351/65) numeral 6º del literal a), 64 (modificado por el art. 28 de la L. 789/2002) literal a), 65 (modificado por el art. 29 de la L. 789/2002), 127 (subrogado por el art. 14 de la L. 50/90), 149, 249, 253 (subrogado por el art. 17 del D.L. 2351/65) y 340 del Código Sustantivo del Trabajo; Ley 52 de 1975; artículos 251, 268 (modificado por el num. 120 del art. 1º del D.E. 2282/89) y 269 del Código de Procedimiento Civil; artículos 53 y 230 de la Constitución Política de Colombia; en concordancia con los artículos 1º, 9º, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 27 y 55 del Código Sustantivo del Trabajo; artículo 29 de la Constitución Política de Colombia; artículos 49, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, artículos 27 y 1603 del Código Civil y artículos 4º, 6º y 187 del Código de Procedimiento Civil”.

Señala que el quebrantamiento de las citadas disposiciones, se produjo por los siguientes errores de hecho manifiestos:

1. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la demandada no probó haber pagado a la actora los salarios causados por comisiones, de la pretensión 1 de la demanda y hechos 4 y 7 de la misma.

2. Dar por demostrado, a pesar de no estarlo, que la demandada probó haber pagado a la actora los salarios causados por comisiones, de la pretensión 1 de la demanda y hecho 4 y 7 de la misma.

3. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la demandada no probó haber pagado a la actora la totalidad de los salarios indebidamente descontados de la pretensión 3 de la demanda y hecho 9 de la misma.

4. Dar por demostrado, a pesar de no estarlo, que la demandada probó haber pagado a la actora la totalidad de los salarios indebidamente descontados, de la pretensión 3 de la demanda y hecho 9 de la misma.

5. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la demandada no probó haber pagado a la actora todo el auxilio de cesantías, de la pretensión 5 de la demanda y hecho 11.2 de la misma.

6. Dar por demostrado, a pesar de no estarlo, que la demandada probó haber pagado a la actora todo el auxilio de cesantías, de la pretensión 5 de la demanda y hecho 11.2 de la misma.

7. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la demandada no probó haber pagado a la actora todos los intereses del auxilio de cesantías, de la pretensión 6 de la demanda y hecho 12 de la misma.

8. Dar por demostrado, a pesar de no estarlo, que la demandada probó haber pagado a la actora todos los intereses del auxilio de cesantías, de la pretensión 6 de la demanda.

9. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la demandada terminó el contrato de trabajo a la actora en forma unilateral y sin justa causa, de la pretensión 9 de la demanda y hecho 17 de la misma.

10. Dar por demostrado, a pesar de no estarlo, que la demandada terminó el contrato a la actora en forma unilateral y con justa causa, de la pretensión 9 de la demanda y hecho 17 de la misma.

11. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada actuó de mala fe, no solamente durante la vigencia de los distintos contratos de trabajo a término fijo sino también dentro del trámite del proceso de la referencia, al no pagar a la actora la totalidad de los salarios y prestaciones sociales, ni reconocer en el proceso los saldos probados, de la pretensión 10 de la demanda y hechos 18 y 19 de la misma.

12. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada actuó de buena fe, no solamente durante la vigencia de los distintos contratos de trabajo a término fijo sino también dentro del trámite del proceso de la referencia, de la pretensión 10 de la demanda y hechos 18 y 19 de la misma.

13. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la demandada actuó de mala fe, no solamente durante la vigencia de los distintos contratos de trabajo a término fijo sino también dentro del trámite del proceso de la referencia, al no pagar a la actora la totalidad de salarios y prestaciones sociales, ni reconocer en el proceso los saldos probados, de la pretensión 10 de la demanda y hechos 18 y 19 de la misma.

14. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada continúa adeudando a la actora los salarios, auxilio de cesantías y sus intereses, indemnización por despido injusto y demás derechos legales, puntualizados en el alcance de la impugnación y que por tanto se está causando la indemnización moratoria pertinente, de la pretensión 10 de la demanda y hechos 18 y 19 de la misma.

Refiere que los yerros fácticos se originaron en la apreciación errónea de las siguientes pruebas:

1. La liquidación definitiva, visible a folio 6, repetida a folio 41 del cuaderno principal.

2. La documentales, visibles a folios 7 a 13 del cuaderno principal.

3. La carta de despido, visible a folio 15, repetida a folio 42 del cuaderno principal.

4. La demanda, visible a folios 19 a 28 del cuaderno principal.

5. El anexo al contrato de trabajo firmado el 17 de enero de 2005, visible a folio 106 del cuaderno principal.

6. El anexo al contrato de trabajo firmado el 14 de enero de 2004, visible a folio 107 del cuaderno principal.

7. El contrato de trabajo, visible a folio 108 del cuaderno principal.

8. El contrato de trabajo, visible a folio 111 del cuaderno principal.

9. El contrato de trabajo, visible a folio 114 del cuaderno principal.

10. El testimonio de Carlos Alberto Escobar González, visible a folio 279 a 282 del cuaderno principal.

11. El testimonio de Luz Marina Ospina López, visible a folio 282 a 284 del cuaderno principal.

12. El testimonio de Jesús Iván Martínez Torres, visible a folio 284 a 286 del cuaderno principal.

13. El recurso de apelación incoado por la parte actora, visible a folio 300 a 305 del cuaderno principal.

De otra parte, aduce que el tribunal no valoró las siguientes pruebas:

1. El contrato de trabajo, visible a folio 18, repetido a folio 104 del cuaderno principal.

2. La contestación de la demanda, visible a folios 118 a 128 del cuaderno principal.

3. El interrogatorio absuelto por la actora, visible a folios 271 a 273 del cuaderno principal.

4. El interrogatorio absuelto por el representante legal visible a folios 273 y 274 del cuaderno principal.

5. La liquidación, visible a folio 110 del cuaderno principal.

6. La liquidación, visible a folio 113 del cuaderno principal.

7. La liquidación, visible a folio 116 del cuaderno principal.

Su acusación la plantea alrededor de los siguientes tópicos:

1. Salarios por comisiones.

Aduce que el tribunal no apreció correctamente la demanda, toda vez que éste escrito fue claro en señalar que “la persona jurídica demandada no pagó en forma completa los salarios por comisiones a la actora y lo que indican los hechos 4 y 7 (fls. 21 y 22) es que tales comisiones fueron pactadas entre las partes en un 3% sobre los cobros de facturas y que sobre las ventas de folios 7 a 3 que ascendieron a $ 90.000.000,00 la demandada Indulatex Limitada en Reestructuración no pagó ese 3%”. Asimismo y luego de transcribir algunos apartes de la sentencia impugnada, agrega que “el legislador no hizo tales exigencias en este tipo de documentales, pero que de todas maneras las mismas contienen lo que de manera errónea el tribunal echó de menos”.

En punto a las documentales de folios 7 a 13, señala:

1. Que el folio 7 contiene ocho clientes siendo el primero Alba Yaneth Páez Avendaño y/o Coratiendas y el último Arnulfo Alfonso Martínez y/o Supermercado Santa Helenita; el folio 8 contiene siete clientes siendo el primero Arte Familiar Ltda. y el último Douglas Alberto Prieto y/o Supermercado Mijail Los Búcaros; el folio 9 contiene nueve clientes siendo el primero Eliécer Ruiz Franco y/o Coratiendas 243 y el último Javier Báez y/o Baeza Comercializadora; el folio 10 contiene diez clientes siendo el primero Jhon Henry Echeverry Bedoya y el último Luis Francisco; el folio 11 contiene ocho clientes siendo el primero Express Distribuciones Ltda. y/o Manuel Pinzón Preciado y el último Rapimercar Ltda.; el folio 12 contiene ocho clientes siendo el primero Rigoberto Pinilla y/o Ridemax y el último William de Jesus (sic) Suárez Villamil y/o Mercapronto; el folio 13 contiene dos clientes siendo el primero Wilson Panqueva y el segundo Yolanda González y/o Disprofam. Aquí queda puntualizados los yerros del tribunal quien erróneamente consideró que no se habían precisado los clientes a quienes la demandante vendió y cobro (sic) los productos de la demandada”.

2. Además al final del folio 13 la persona jurídica demandada hizo constar que eran 52 los clientes y que la vendedora de ellos era la demandante.

3. También y como se dijo en el hecho 7 de la demanda; fue la misma persona jurídica demandada quien le entregó la documental de folio 7 a 13 a la actora.

A lo anterior, anota:

Fue tan exorbitante el cálami del ad quem, que si hubiera apreciado correctamente la documental de folio 7 a 13 habría encontrado que allí no solamente constan los 52 clientes sino también; A) Las ventas con su número de facturas; B) Las ventas con su número de facturas y además la fecha de dichas ventas y el valor de cada una de ellas, todo lo cual asciende a la suma de $ 90.000.000,00.

Finalmente, señala que el juez de apelaciones también valoró erradamente los contratos de trabajo, porque en esos acuerdos se pactó la comisión del 3%, y la contestación de la demanda, en la medida que la accionada a folio 119 aceptó como cierto el hecho 4º de la demanda.

2. Salarios descontados de manera ilegal y sin autorización expresa.

Sobre el particular, expone que en la demanda se señaló que la sociedad accionada descontó salarios en forma ilegal y sin autorización; que en la liquidación definitiva de folio 6 se apuntó que a la actora le practicaron dos deducciones: una por $ 2.891,oo para un “presunto” fondo de solidaridad y otra por $ 43.695,oo por “presunto” préstamo, empero, el tribunal solo condenó por la segunda.

Agrega que según liquidaciones de folios 110, 113 y 116, no apreciadas por el ad quem, a la promotora del proceso también se le practicaron 3 deducciones sin su autorización: una por $ 836,oo, otra por $ 9.303,oo y una última por $ 1.000,oo.

3. Reajuste del auxilio de cesantía y sus intereses.

De la mano con lo esbozado al abordar el tópico de las comisiones insolutas, señala que el 3% sobre las ventas por valor de $ 90.000.000 corresponde a $ 2.700.000. En consecuencia —apunta— que “si el ad quem hubiera valorado correctamente la demanda en sus pretensiones 5 y 6 y los hechos 11, 11.2 y 12 en conjunto con la liquidación de folio 6 habría concluido que el promedio base de liquidación del auxilio de cesantías ($ 2.700.000 dividido por 6.5 meses = $ 415.384,62) ($ 1.875.064,99 más $ 415.384,629) es de $ 2.290.448,62”.

De esta manera, concluye que el valor del auxilio de cesantía que debió reconocérsele era por $ 1.240.659,71 y no por $ 1.010.451,00; y por intereses a dicha prestación una suma de $ 80.642,88.

4. Indemnización por despido sin justa causa.

Afirma que si el tribunal hubiera apreciado correctamente los hechos de la demanda y la carta de despido, habría encontrado lo siguiente:

1. Que un primer hecho imputado a la actora consistió según la empresa demandada en “... dedicarse a labores diferentes a las encomendadas por la empresa durante la jornada de trabajo...”. Este es un presunto hecho genérico que la empresa no probó, pues en el plenario no está establecido a qué labores se refirió la persona jurídica demandada.

2. Que otro de los hechos imputados a la actora consistió según la empresa demandada en “... colaborarle al vendedor de la competencia y no se identificó la codificación de productos y qué clase de productos de la competencia fueron con los que se pudiera determinar que se trataba de los mismos productos que la actora vendía como empleada de la persona jurídica demandada.

3. Que un tercer hecho imputado a la actora consistió según la empresa demandada en estar “... descuidando los clientes y permitiendo que la competencia los desplace...”. Este es un presunto hecho que tampoco la empresa probó, pues le correspondía precisar en la carta de despido el nombre de los clientes y el nombre de la competencia que presuntamente estaba desplazando a esta persona jurídica demandada, máxime que Indulatex Limitada en Reestructuración tenía identificado y codificado los clientes a los que le vendía la actora, según los folios 7 a 13 que apreció erróneamente el tribunal.

4. Que un cuarto hecho imputado a la actora consistió según la empresa demandada en que “... también como las continuas expresiones de inconformidad y desprecio a la empresa...”. Por supuesto que este presunto hecho tampoco probó la empresa, pues le correspondía precisar en la carta de despido en que consistieron esas expresiones de inconformidad y desprecio.

Seguidamente, cuestionó la valoración que el tribunal hizo de los testimonios de Carlos Alberto Escobar González, Luz Marina Ospina Pérez y Jesús Iván Martínez, toda vez que ninguno de ellos fue presencial, amén que no precisaron: “A) Las labores que presuntamente la actora realizó para la competencia; B) El nombre de los clientes en donde presuntamente codificó productos de la competencia la actora; C) La clase de productos; D) En qué pudo haber consistido el descuido de los clientes de Indulatex Limitada en Reestructuración y E) En que pudo consistir las presuntas continuas expresiones de inconformidad y desprecio hacia la empresa. Es decir, que los demandados no demostraron, como erróneamente lo considero el ad quem, las causas imputadas a la actora para su despido”.

Y finalmente, le achacó al tribunal no haber valorado el interrogatorio de parte de la actora, en el cual se acreditó que no realizó ninguno de los hechos imputados en la carta de despido.

5. Indemnización moratoria.

Aduce que la sociedad accionada al dar respuesta a la demanda, negó los hechos relativos a las deducciones salariales —no autorizadas—, “a sabiendas de que si se le habían hecho las deducciones visibles a folios 6, 110, 113 y 116”, a lo cual añade que si el tribunal hubiera apreciado correctamente las documentales en conjunto con aquellas que no apreció, “habría concluido que lo demostrado en el proceso es la mala fe de la demandada, al pretender demostrar pago total de acreencias de la actora, ha (sic) sabiendas que no fue así”.

Remata con que según la jurisprudencia de esta corporación, la mala fe se presume, y por tanto, es el empleador quien debe probar su buena fe.

VII. Réplica

Le atribuye a la demanda de casación deficiencias de orden técnico, por cuanto en ese escrito no se precisó frente a cada una de las pruebas, los defectos valorativos del tribunal y lo que ellas acreditan en contra de lo afirmado por el fallador; también —señala— que no se atacaron las premisas esenciales de la sentencia.

En lo concerniente al fondo de la acusación, reitera los mismos argumentos plasmados en la sentencia recurrida, esto es, que los hechos que sirvieron de fundamento a la pretensión de pago de las comisiones, son genéricos e indeterminados; que los testimonios daban cuenta de la justa causa de despido, y que la sociedad tuvo la sana convicción de que pagó los salarios y prestaciones que debía. A lo cual agrega que, “el no pago de una suma en consideración irrisoria, no puede tenerse ese solo hecho para calificar la conducta de mala fe”.

VIII. Consideraciones

Procede la Corte estudiar cada uno de los puntos planteados por el recurrente, en el mismo orden propuesto por este:

1. Salarios por comisión.

En esencia, señala el censor que el tribunal se equivocó en la apreciación de la demanda inicial, puesto que en ese escrito se precisaron con claridad los supuestos de hecho que sirvieron de fundamento a la pretensión de pago de las comisiones. También —aduce— que las documentales visibles a folios 7 a 13 dan cuenta de las circunstancias en que se causaron las comisiones, tales como los clientes, la fecha de las ventas, su valor y su número de factura.

Para dar respuesta a esta acusación, conviene recordar que ha sido criterio reiterado de esta corporación el que los jueces deben interpretar la demanda con miras a establecer su verdadero sentido y alcance (CSJ SL 4457-2014, CSJ SL 5482-2014, entre otras).

Sin embargo, esa labor hermenéutica no puede llegar al extremo de suplir el deber del accionante de presentar una demanda clara y coherente, con una exposición detallada y pormenorizada de los supuestos fácticos que sirven de fundamento a sus pretensiones. Lo anterior, no solo porque así lo exigen las normas procesales que fijan en cabeza del promotor del proceso esta carga, sino también porque a partir de esa narración de las circunstancias que motivan la petición de quien acude a la administración de justicia, es que el demandado estructura su defensa y el juez delimita el objeto del asunto que debe decidir.

De ahí que, una extralimitación del funcionario judicial en la apreciación del acto inicial del proceso pueda comportar: (i) la alteración de su contenido objetivo, ya que so pretexto de interpretar una demanda vaga e imprecisa, se podría llegar a sustituir la voluntad del demandante; ii) la vulneración del derecho de defensa de la parte contraria, puesto que una incorrecta y genérica narración de los hechos, impide la preparación de una defensa adecuada; y iii) el riesgo de emitir un fallo alejado de la verdad objetiva.

Por ello, si bien es deber del juez desentrañar el querer de los litigantes a través de los distintos métodos de interpretación de los actos procesales, con miras a superar eventuales talanqueras que impidan una pronta y cumplida justicia, esa actividad hermenéutica debe ejercitarse de forma razonable y objetiva, a fin de no alterar el objeto del litigio y quebrantar el debido proceso.

En ese contexto, advierte la Sala que el tribunal no pudo incurrir en el yerro fáctico endilgado con el carácter de manifiesto, comoquiera que los hechos planteados en la demanda y que sirvieron de soporte a la pretensión de pago de las comisiones, efectivamente, no fueron planteados con la especificidad y precisión requeridas para cuando se reclaman este tipo de estipendios.

Para mayor claridad, se transcriben los hechos 4º y 7º de la demanda:

4. En el contrato de trabajo se pactó un salario básico de 381.500,00 mensuales. Además en la cláusula décima tercera de dicho contrato de trabajo, las partes pactaron un porcentaje de comisión mensual por ventas y sobre los cobros de facturas, en un 3% sobre las facturas que no pasaran de 90 días en su pago.

7. Los demandados no pagaron la comisión del 3% sobre las ventas y pagos hechos de una serie de clientes, cuyas ventas ascendieron a $ 90.000.000,00, según la relación que la misma persona jurídica demandada entregó a la demandante en 7 páginas, que se adjunta como prueba documental.

Nótese que, como lo dijo el juez de apelaciones, en la demanda no se precisaron: (i) las ventas; (ii) los compradores; (iii) los pagos; y (iv) la fecha en que se causó la venta que genera la comisión. Aspectos que, en aras del derecho a la defensa y la verdad objetiva, debieron puntualizarse para que de esta forma los accionados, de cara a cada reclamación pudieran oponerse o allanarse y aportar las pruebas tendientes a acreditar lo que a bien tuvieran.

De otro lado, si bien a la demanda inaugural se acompañaron unos soportes (fls. 7-13), la Sala al remitirse a ellos, tampoco encuentra que la conclusión a la que arribó el tribunal haya sido descabellada, pues los valores registrados en esos documentos no coinciden con lo solicitado en la demanda; es más, la sumatoria de ellos no arroja los $ 90.000.000,oo., todo lo cual impide que se tenga certeza de la transacción comercial que originó la comisión, su fecha de causación y su valor real.

Finalmente, debe la Sala acotar que cuando en la demanda se reclaman sumas de dinero por conceptos variables, tales como comisiones sujetas a ventas, la exigencia de presentar una demanda precisa, con una narración pormenorizada y detallada de sus supuestos fácticos, cobra mayor rigor, en tanto que en estos eventos, los presupuestos de causación de las acreencias solicitadas, así como su liquidación cierta y real, debidamente soportada con las pruebas pertinentes, forman parte de la causa de pedir y del objeto del litigio.

2. Deducciones salariales sin autorización expresa.

El tema en cuestión no fue estudiado por el tribunal, toda vez que, la demandante no lo sometió a su escrutinio al sustentar el recurso de apelación. De allí que, los argumentos planteados por la censura no tengan la aptitud de desquiciar la sentencia recurrida, ya que atacan supuestos no tenidos en cuenta por el juez de segundo grado, precisamente, por no haber sido apelados.

En torno a las limitaciones de la Corte por razón de las posibilidades del juez de apelaciones, resulta útil traer a colación la Sentencia CSJ SL 646-2013, en la cual se expuso:

En cuanto a las diferentes inconformidades que plantea la recurrente en los 12 errores de hecho propuestos, debe decir la Sala, que se exhiben extemporáneas, habida cuenta de que ninguna de ellas fue objeto de descontento por parte de la universidad demandada al momento de sustentar el recurso de alzada interpuesto contra la decisión de primer grado, lo que, a no dudarlo, impide el examen por parte de la corporación, toda vez que giran en torno a unos puntuales temas agotados en las instancias.

En ese horizonte, entonces, y siendo cristalino que en los términos de los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, y hoy del CPT y ss. artículo 66A, adicionalmente por la Ley 712 de 2001, artículo 35, quien formule el recurso de apelación debe sustentarlo en debida forma ante el juez que haya proferido la decisión correspondiente, y por fuerza del principio de las limitaciones del recurso por razón de las posibilidades del tribunal de apelación, al fallador de segundo grado, por regla general, no puede exigírsele que actúe más allá de su ámbito de competencia, fijado por las partes en el recurso de alzada.

Se resalta que si la universidad agraviada guardó total mutismo al momento de sustentar la impugnación, en relación con la mayoría de los hechos que encontró acreditados el juez a quo, ello en rigor supone que se conformó con la decisión que tuvo como báculo dichos supuestos fácticos. Por consiguiente, carecía el tribunal de competencia totalizadora para examinar temas que no le fueron propuestos y de paso también la Corte Suprema de Justicia. Dicho en breve: no es dable imputarle al juzgador la comisión de unos errores en relación a unos aspectos frente a los cuales no hubo pronunciamiento, precisamente porque no fueron materia de apelación.

Acá se ofrece de trascendencia memorar lo enseñado por esta Sala en sentencia del 28 de febrero de 2008, radicación 29.224, en torno al postulado de las limitaciones del recurso por razón de las posibilidades del tribunal de apelación, “principio según el cual al fallador de segundo grado no puede exigírsele que actúe más allá de su ámbito de competencia, fijado por las partes; como también se desprende de lo explicado por la Corte de tiempo atrás en asuntos similares al presente (...)”.

Ahora, si bien en el texto de la providencia impugnada el tribunal hizo una referencia a las deducciones salariales, ello lo fue para justificar la absolución de la indemnización moratoria, cuestión que es diferente a la acá planteada.

3. Reajuste del auxilio de cesantía y sus intereses.

En la medida que las dos inconformidades estudiadas en precedencia no prosperaron, y por tanto, la base salarial de liquidación del auxilio de cesantía no sufrió alteración alguna por decisión judicial, no hay lugar al reajuste deprecado.

4. Indemnización por despido sin justa causa.

Conviene recordar que el tribunal encontró acreditada la justa causa de despido invocada en la carta de terminación del contrato con fundamento en los testimonios de Carlos Alberto Escobar González, Luz Marina Ospina López y Jesús Iván Martínez.

Desde esta perspectiva, no pudo el tribunal incurrir en los yerros fácticos atribuidos en la apreciación de la demanda, el interrogatorio de parte rendido por la actora y la carta de despido.

En primer lugar, porque en el escrito inaugural del proceso y en el interrogatorio de parte no se dice nada diferente a que los accionados despidieron unilateralmente y sin justa causa a la actora, y que no se realizó la conducta desleal atribuida, aseveraciones que distan en mucho de revestir las características de una confesión en los términos del numeral 2º artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, en tanto que de ellas no se extraen unos hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. Obviamente, lo que allí se narra son situaciones que únicamente interesan a la parte demandante y que no logran desvirtuar las conclusiones a las que arrimó el tribunal al tenor de las pruebas testimoniales.

En segundo lugar, porque los motivos invocados en la carta de despido (fl. 15), relacionados con que la demandante colaboró con los vendedores de la competencia en la consecución de espacios y codificación de productos, fueron corroborados con las declaraciones de Carlos Alberto Escobar González, Luz Marina Ospina López y Jesús Iván Martínez.

De ahí que, el reproche que el censor le realiza a la forma como el juez de segundo grado valoró la prueba de folio 15, es infundado, en tanto que lo expuesto en esa documental simple y llanamente contiene las razones por las cuales el empleador decidió dar por terminado su contrato de trabajo, razones que, el juez de apelaciones encontró acreditadas con suficiencia y precisión con otros elementos de convicción (testimonios).

Finalmente, no sobra acotar que el estudio de los testimonios en este estadio procesal es improcedente (L. 16/79, art. 7º), dado que no se demostró un error de hecho evidente en la apreciación de las pruebas calificadas referidas en precedencia.

5. Indemnización moratoria.

Importa recordar que el tribunal se abstuvo de imponer la sanción moratoria al considerar: (i) que los argumentos esgrimidos por el a quo eran razonables en el sentido de que la demandada pagó lo que creyó deber, además que “no se demostró que esa suma fuera efectivamente adeudada para la trabajadora”; ii) que en el proceso no fue materia de debate ese descuento en particular.

Desde este punto de vista, la circunstancia de que la accionada, al dar respuesta a la demanda, negara haber practicado descuentos sin autorización expresa del trabajador, antes que darle la razón al recurrente, lo que hace es reforzar la conclusión de que la empresa pagó que lo que creyó deber, tan así que su conducta procesal siempre fue consistente en el sentido de no adeudarle nada a la actora.

A lo anterior debe agregarse que el casacionista no controvirtió el argumento del fallo conforme al cual en el curso del proceso no se demostró que efectivamente esa suma de dinero fuera adeudada por el trabajador, como tampoco el relativo a que ese asunto no fue materia de controversia en la primera instancia, inferencias que por demás la Sala estima como razonables teniendo en cuenta que en los hechos de la demanda no fue planteado ese descuento en particular, lo cual dejó un manto de duda en torno a la real existencia de la obligación que lo originó y en cuanto a la procedencia de la condena impuesta por ese concepto por el juzgado, precisamente, por no haber tenido la demandada la oportunidad de pronunciarse sobre ese punto. Y si bien ese reparo no le permitía al tribunal revocar la condena impuesta por el a quo —dada la prohibición de la non reformatio in pejus—, sí era un argumento válido para eximir a la empresa accionada de la sanción moratoria.

Finalmente, en cuanto a la presunción de mala fe argüida por la censura, debe la Sala precisar que es un tema netamente jurídico no susceptible de plantearse por la vía de los hechos, en tanto que estriba en una inconformidad interpretativa del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Por todo lo expuesto, el cargo es infundado.

IX. Cargo segundo

Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa y en la modalidad de falta de aplicación, “los artículos 1º, 25, 53 y 230 de la Constitución Política de Colombia; en conjunción con los artículos 27 y 1603 del Código Civil y artículos 13, 55, 65 (modificado por el art. 29 de la L. 789/ 2002), 127, 149, 249 y 253 del Código Sustantivo del Trabajo y en concordancia con el artículo 49 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social”.

Aduce que a partir de la Constitución Política de 1991 la línea jurisprudencial según la cual la sanción moratoria no es automática, quedó derogada, comoquiera que al tenor del artículo 230 de la norma superior “los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley”.

Con apoyo en la regla hermenéutica consagrada en el artículo 27 del Código Civil, señala que frente a la claridad del texto del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, no hay lugar a la aplicación de la jurisprudencia, “cuyo principio hoy solo es aplicable a normas que no sean claras en su sentido y/o alcance”.

Igualmente, aduce que el tribunal no aplicó los artículos 1603 del Código Civil y 55 del Código Sustantivo del Trabajo, pues de ser así habría encontrado: “I) Que la demandada desde el mismo momento en que terminó el contrato a la actora actuó de mala fe; II) que conforme a reiterados pronunciamientos de esa Honorable Corte, era la empresa demandada a quien le correspondía demostrar la buena y no presumirla el tribunal como lo hizo deduciendo una presunta creencia de la empresa que nunca alegó y menos demostró, invirtiendo así la carga de la prueba; III) que contrario sensu, como esa Honorable Corte lo dijo en sentencia de septiembre de 1995, se presume la mala fe y es la demandada quien debe demostrar la buena fe, no habiendo sucedido dentro del proceso esto último”.

Y finalmente señala que la violación directa de las normas citadas, condujo a que el ad quem dejara de aplicar los artículos 1º, 25 y 53 de la Constitución Nacional, 13, 217, 149, 249 y 253 del Código Sustantivo del Trabajo.

X. Réplica

Señala que la censura pretende desconocer el criterio jurisprudencial fijado desde la época del Tribunal Supremo del Trabajo en el sentido de que para la aplicación de la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo es indispensable evaluar la conducta del empleador. Adicionalmente, aduce que por razones de técnica la censura debió plantear sus discrepancias a través de la modalidad de interpretación errónea y no por falta de aplicación.

XI. Consideraciones

Los argumentos esgrimidos por la censura fueron objeto de estudio por esta Sala de Casación Laboral en sentencia CSJ SL, 7 jul. 2009, rad. 36821, en la cual se reiteró la validez y vigencia a la luz de la Constitución Política de 1991 de la línea jurisprudencial vertida desde el extinto Tribunal Supremo del Trabajo, en el sentido de que la aplicación de la sanción moratoria estatuida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, no es automática, ya que es deber del juez del trabajo valorar la conducta del empleador en el horizonte de establecer si estuvo o no asistida de buena fe.

Esto dijo la Sala en esa oportunidad:

La indemnización moratoria —consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, para el caso de los trabajadores particulares; y en el 1º del Decreto 797 de 1949, para el de los trabajadores oficiales— es una figura jurídico-laboral que ha merecido el discernimiento reflexivo y crítico de la jurisprudencia del trabajo y de la seguridad social, que ha decantado su doctrina en torno a las sendas que deben seguirse para el combate de la sentencia que la haya impuesto o dejado de imponer en un caso determinado, al igual que las modalidades de violación que deben emplearse.

En ese sentido, esta Sala de la Corte, al acoger el criterio jurisprudencial expuesto desde el Tribunal Supremo del Trabajo, que ha devenido sólido, por sus notas de pacífico, reiterado y uniforme, ha precisado que la sanción moratoria no es una respuesta judicial automática frente al hecho objetivo de que el empleador, al terminar el contrato de trabajo, no cubra al trabajador los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (estas últimas, solo en la hipótesis de los trabajadores oficiales) que le adeuda.

Es decir, la sola deuda de tales conceptos no abre paso a la imposición judicial de la carga moratoria. Es deber ineludible del juez estudiar el material probatorio de autos, en el horizonte de establecer si en el proceso obra prueba de circunstancias que revelen buena fe en el comportamiento del empleador de no pagarlos.

El recto entendimiento de las normas legales consagratorias de la indemnización moratoria enseña que su aplicación no es mecánica ni axiomática, sino que debe estar precedida de una indagación de la conducta del deudor.

Solo como fruto de esa labor de exploración de tal comportamiento, le es dable al juez fulminar o no condena contra el empleador. Si tal análisis demuestra que este tuvo razones serias y atendibles, que le generaron el convencimiento sincero y honesto de no deber, o que justifiquen su incumplimiento, el administrador de justicia lo exonerará de la carga moratoria, desde luego que la buena fe no puede merecer una sanción, en tanto que, como paradigma de la vida en sociedad, informa y guía el obrar de los hombres.

De suerte que la indemnización moratoria procede cuando, después del examen del material probatorio, el juez concluye que el empleador no estuvo asistido de buena fe.

Entonces, aplicar automáticamente la indemnización moratoria traduce un extravío del juez en la exégesis de aquellas disposiciones legales.

A juicio de esta Corte, no es verdad que el artículo 230 de la Constitución Política de 1991 comporte que la indemnización moratoria del artículo 65 se convierta en automática y que la constante y pacífica jurisprudencia sobre la valoración que debe hacer el juez de la conducta del empleador, en la perspectiva de establecer si estuvo o no asistida de buena fe, para en el primer caso eximir al empleador de la sanción moratoria, ya no resulte válida.

Que los jueces en sus providencias estén sometidos al imperio de la ley no impide que la interpreten para desentrañar su sentido, ni, en tratándose de normas laborales, que le asignen el entendimiento que mejor se acomode a la búsqueda de la equidad y de la justicia en las relaciones laborales.

Sin duda, al fijar el sentido y los alcances del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo —al igual que los del 1º del D. 797/49— la Corte no ha hecho nada distinto que atemperarse al imperio de la ley y de cumplir su misión de uniformar la interpretación en torno a esos dos textos legales.

Su orientación reiterada y constante sobre la hermenéutica de tales disposiciones normativas no desconoce las normas constitucionales que regulan el trabajo humano. No encuentra la Corte en las que cita el censor que sea obligatorio condenar a un empleador a pagar la sanción moratoria por el hecho de estar demostrado su incumplimiento.

Por ello importa destacar que su reiterado criterio jurisprudencial se acompasa con el paradigma de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta Política, como tuvo oportunidad de precisarlo en sentencia del 15 de julio de 1992 (Rad. 5.070), en la que, al hacer referencia a ese precepto constitucional, expuso “que de ninguna manera pueden considerarse insubsistentes preceptos legales como el artículo 65 Código Sustantivo del Trabajo, según los cuales, como excepción al principio general, el deudor moroso debe demostrar su buena fe.

El cargo no prospera.

Dado que hubo réplica, las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fijará la suma de tres millones ciento cincuenta mil pesos ($ 3.150.000.00).

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso adelantado por María Yaneth Ochoa Burgos contra la sociedad Indulatex Limitada en Reestructuración y sus socios Luis Miguel Cervantes Perilla, Claudia Patricia Cervantes Camacho, Luis Alfonso Cervantes Camacho y Luisa Fernanda Cervantes Camacho.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.