Sentencia SL1466-2018/58629 de mayo 2 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN 2

Rad.: 58629

Magistrado ponente

Dr. Carlos Arturo Guarín Jurado

Acta 12

Bogotá, D. C., dos de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «X. Consideraciones

El recurso extraordinario de Casación, tiene unas formas propias, que están básicamente establecidas en los artículos 87, 90 y 91 del CPTSS, así como en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, las cuales han sido además decantadas por la jurisprudencia, sobre la premisa que no son un culto a la formalidad, sino la concreción del debido proceso judicial, garantizado en el artículo 29 de la CN.

Al respecto, en la Sentencia CSJ SL15913-2016, se señaló:

“De tiempo atrás esta Sala ha venido sosteniendo que quien acude al recurso extraordinario de casación debe cumplir con el mínimo de exigencias formales de carácter legal y jurisprudencial, a fin de permitir su examen de fondo por parte de esta Corporación, toda vez que la estructura del ordenamiento jurídico colombiano otorga a los jueces de instancia la misión de definir la controversia sometida por las partes, determinando a cuál de ellas le asiste la razón jurídica y fáctica, mientras que a esta corporación se le asigna la función de verificar estrictamente la legalidad de la decisión de segunda instancia.

De esta manera, el respeto estricto a las exigencias formales derivadas del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y de la jurisprudencia inveterada de esta Corporación en materia del recurso extraordinario de casación no constituye un culto a la forma, sino que hace parte esencial de la garantía del derecho fundamental al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Carta Política de 1991, dentro del cual se encuentra la denominada plenitud de las formas propias de cada juicio, sin las cuales no se puede predicar el equilibrio de quienes participan dentro del proceso judicial”.

Comienza la Sala por hacer la anterior remembranza, porque observa que los cargos que objetan la legalidad de la segunda sentencia de instancia, evidencias deficiencias técnicas insalvables, que impiden su estimación.

En efecto:

1. Aunque el primer cargo se encamina por la vía indirecta, el acudiente en casación no indica a la Corte el concepto por el que el tribunal trasgredió la normativa enlistada en la proposición jurídica, esto es, si por infracción directa, interpretación errónea o aplicación indebida, no obstante que el ordinal 1º del artículo 87 del CPTSS y el literal a) del ordinal 5º del artículo 90 ibídem, perentoriamente se lo exigen, como requisito mínimo que debe satisfacer la demanda que sustenta este medio extraordinario de impugnación.

2. Aún si la Corte entendiera que el concepto de violación a que se refiere la acusación, tácitamente es el de aplicación indebida, que es el más común en la vía de los hechos que escogió, de todas maneras el ataque inicial no podría ser estudiado de fondo, pues a pesar de que singulariza que en la sentencia de segundo grado, el ad quem incurrió en 20 errores fácticos, no alega, como lo impera el ordinal 1º del artículo 87 ibídem, si la violación normativa que denuncia es resultado de la falta de valoración o de la apreciación equivocada de los medios de convicción a que alude, esto es, en su orden de exposición, los de folios 18, 6, 68, 90, 91, 64 y 79 a 81.

Así, como lo crítica la opositora, la demostración de esta impugnación se asemeja más a un alegato de instancia, que al que es menester formular ante la Corte para quebrar un proveído como el que procura anular, el cual, al tenor de la norma adjetiva acaba de citarse, exige que,

“Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o de la falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido en error de derecho, o en error de hecho que aparezca de manera de modo manifiesto en los autos”.

Es más, la crítica probatoria desplegada en el cargo, parece enfilarse más a oponer a la valoración que hizo el ad quem de esos medios de convicción, la personal del recurrente, como si el instrumento de la casación estuviera diseñado para que la Corte definiera el litigio de las partes por el mérito de las pruebas, cuando en realidad en él, se enfrentan es la sentencia controvertida y la ley, según inveteradamente lo ha adoctrinado la jurisprudencia, contexto en el que cumple decir que por tal deficiencia, argumental el atacante no logra demostrar ninguno de los errores de hecho que increpa al ad quem, ni, mucho menos, las violaciones normativas que denuncia.

3. El segundo cargo, presenta un error técnico insuperable, por cuanto no obstante que la parte recurrente cuestionó el fallo por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, que es de puro derecho y supone plena conformidad de su parte con las conclusiones factico probatorias del juez de la apelación, así como con la forma como ejerció su actividad de valoración de las pruebas allegadas al proceso, sin embargo, su demostración no es exclusivamente jurídica, como debía corresponder, sino que termina blandiendo inconformidades en torno a la forma como el Tribunal apreció las pruebas del juicio, como los testimonios (los cuales no precisa), en defecto de los documentos, y las confesiones que atribuye a los representantes legales de las demandadas, todo ello en punto de aspectos fácticos, como la vinculación laboral predicada en la demanda y los extremos cronológicos de la misma.

Sobre la dimensión de esta deficiencia formal en la estructuración de un cargo en casación, como el que se revisa, importa remembrar que en la Sentencia CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 36684, la Sala adoctrinó:

“Importa recordar que a la violación de la ley sustantiva de carácter nacional se llega por dos senderos: directo e indirecto. El primero de ellos tiene como punto de partida la ausencia de todo reparo de linaje probatorio, como que supone absoluta conformidad del recurrente con las conclusiones fácticas y probatorias del fallador de instancia; mientras que, en el segundo, la deficiente valoración del caudal probatorio es el medio por el cual se llega a transgredir la ley.

A no dudarlo, la directa y la indirecta, por su naturaleza, son dos modalidades irreconciliables de ofensa al derecho sustancial, de suerte que el recurrente en casación no puede achacar al juzgador de instancia, de manera simultánea, el quebranto de la ley sustancial por la vía directa, esto es, con prescindencia de toda cuestión probatoria, y la incorrecta estimación del torrente probatorio. Al respecto, la jurisprudencia del trabajo asentó:

‘La primera causal del recurso extraordinario de casación laboral comprende dos formas de infracción legal por el sentenciador: la vía directa y la vía indirecta. En la primera, en cualquiera de sus tres modalidades infracción directa, interpretación errónea y aplicación indebida, la violación se produce con independencia de la situación fáctica y probatoria del proceso, pues el debate se limita exclusivamente a la controversia jurídica. En la segunda, la violación se configura por la defectuosa apreciación que hace el juzgador de los medios de prueba calificados por haberlos ignorado (error de hecho), o cuando da por establecido un hecho con un medio no autorizado y para el cual la ley exige prueba ad-substantiam actus o deja de apreciar una prueba de tal naturaleza debiendo hacerlo (error de derecho).

La violación directa y la indirecta son entonces dos conceptos incompatibles de infracción de la ley, excluyentes entre sí, ya que no es posible que el sentenciador quebrante la ley en forma directa, con total prescindencia de las cuestiones fácticas, y simultáneamente por indebida valoración del material probatorio.

Corresponde reiterar a la Corte, una vez más que, afincada en el sistema constitucional y legal, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible; con la precisión, según la cual, esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad, son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice”.

Por lo expuesto, los cargos se desestiman.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente y a favor de SKN Caribecafé Ltda., teniendo en cuenta que su acusación no salió avante y hubo replica. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 3.750.000, que se incluiráen la liquidación que se practique conforme lo dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Jorge Tulio Calderón Fandiño contra la Cooperativa de Trabajo Asociado Ibagué 2000 – Cooibagué 2000 y SKN Compañía Cafetera del Caribe Ltda.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».