Sentencia SL14722-2017/75254 de julio 5 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrados Ponentes:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Dr. Jorge Luis Quiroz Alemán

SL14722-2017

Rad.: 75254

Acta 24

Bogotá, D.C., cinco de julio de dos mil diecisiete.

Resuelve la Corte el recurso de anulación interpuesto contra el Laudo Arbitral proferido el 13 de julio de 2016, y aclarado el 25 de julio siguiente, por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio convocado por el Ministerio del Trabajo para resolver el conflicto colectivo suscitado entre la sociedad Grupo Integrado de Transporte Masivo S.A. y la Asociación Sindical ‘Sintragipmasivo’.

Extractos: «III. El Recurso

Se contrae a los siguientes puntos: subsidio de transporte, incremento salarial, auxilio de anteojos, beneficio por fidelidad y vigencia.

En cuanto al incremento salarial decretado por el Tribunal, aduce la empresa que pone en peligro su operación, dada su situación económica, y con ello la fuente de trabajo de sus servidores. Agrega que “realizar el aumento aprobado por el Tribunal a todos los trabajadores de la empresa, por razones de equidad”, representa un costo anual de $969’941.664 más el valor del retroactivo de $565’799.304.

En lo relativo al auxilio de anteojos afirma que es inequitativo, porque representa un gasto de $10’000.000 anuales en relación con los 172 trabajadores sindicalizados, y de $32’400.000 que “por razones de equidad” a toda la población trabajadora —813 trabajadores— deberá reconocer. Luego, los tres gastos anteriores le representan $1.020’000.000 que “con el estado financiero actual de la empresa es imposible cumplir”. Agrega que el predicamento de inequidad también se extiende al beneficio por fidelidad al que se refirió el laudo atacado y al seguramente acudirán masivamente los trabajadores no afiliados a la organización sindical.

Sostiene que a pesar de que se encuentra incursa en causal legal de liquidación encontró un nuevo inversionista que le permitiría recuperar su operación, pero que estas nuevas cargas económicas, a la postre, truncarán ese esfuerzo hasta llevarla a su desaparición.

La inconveniencia que atribuye a los beneficios cuestionados la hace consistir en los elevados costos laborales que se presentarían frente a los que corresponde asumir al operador paralelo ‘Blanco y Negro’, situación que dice la sacaría del mercado, pues “la hace no competitiva dentro de su industria en comparación con los demás actores del sistema. Esa misma comparación con Unimetro y ETM arroja resultados muy similares”.

Ante la aclaración que el tribunal de arbitramento hiciera al artículo quinto del laudo, relativo al pago de un subsidio de transporte cuando la empresa no lo facilite directamente al trabajador, también impugnado por ésta, sostiene que es inequitativo, por cuanto ella facilita en especie ese subsidio a través de 14 rutas diarias diseñadas para satisfacer los requerimientos de sus servidores, de manera que pagarlo en dinero “no garantiza que el operador llegue a recibir su turno en el horario programado”; y que si lo reconoce en dinero a trabajadores como los técnicos de mantenimiento, es porque “llegan a su lugar de trabajo haciendo uso del MIO pues sus turnos son diferentes a la planta de operadores”. Adiciona que sus trabajadores cuentan con una tarjeta de acceso al sistema para que, sin ningún costo, se transporten “para iniciar o al finalizar la jornada laboral”. Que la erogación económica impuesta afecta sus finanzas resultando inconveniente, pues desconoce el enorme esfuerzo que hace para llevar adelante ese negocio de manera que resulte atractivo para sus accionistas.

(…)

V. Consideraciones de la Corte.

1. Atendidos los motivos de la impugnación propuesta por el sindicato recurrente, importa a la Corte recordar que de conformidad con la jurisprudencia y el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, su competencia en este recurso extraordinario está restringida a verificar la regularidad del laudo arbitral en los aspectos recurridos para establecer si el Tribunal al dictarlo: (1º) extralimitó el objeto para el cual se le convocó; (2º) afectó derechos o facultades reconocidos por la Constitución a las partes del conflicto; (3º) afectó derechos o facultades reconocidos a las mismas por las leyes; (4º) o por normas convencionales. Además, por la naturaleza de la decisión adoptada por esta especial clase de Tribunales, que es en equidad, (5º) si con ello se produjo la violación de tan trascendental principio rector de las relaciones surgidas entre empleadores y trabajadores (art.1º del CST).

2. Con dicha introducción viene al caso resaltar que los puntos materia de impugnación del sindicato, el laudo arbitral los resolvió así:

“ART. 5º—Pago de subsidio de transporte. La Empresa continuará prestando el servicio de transporte a sus operadores como lo ha venido suministrando.

PAR.—Cuando el operador utilice solo el servicio de transporte suministrado por el Empresa en un solo sentido, ésta compensará mensualmente en dinero, especie u otro servicio al trabajador, el valor del beneficio de servicio de transporte no utilizado.

“ART. 14— Incremento salarial. Durante la vigencia del presente laudo arbitral, la Empresa grupo de transporte masivo S.A. incrementará los salarios básicos mensuales de todos y cada uno de los trabajadores que se beneficien del presente laudo arbitral, en un porcentaje igual al índice de precios al consumidor IPC, total certificado por el DANE para el 31 de diciembre del 2015 es decir el 6.77%.

PAR.—En consideración a que a los trabajadores no se les aplicó la movilidad salarial en los años 2013, 2014 y lo transcurrido del 2016, el incremento aquí aprobado es retrospectivo al primero (1º) de enero de 2016.

“ART. 18—Auxilio de anteojos. A los trabajadores beneficiarios de este laudo que hubiesen superado el período de prueba contractual, a quienes les sean formulados anteojos por parte de la entidad promotora de salud, se les reconocerá y pagará por una sola vez, la suma de cien mil pesos ($100.000 m/cte), previa presentación de la fórmula de su EPS.

“ART. 19—Beneficio por fidelidad. El grupo integrado de transporte masivo S.A. reconocerá y pagará a todos y cada uno de sus trabajadores beneficiarios del presente laudo, una vez el trabajador cumpla con el tiempo en la Empresa, un beneficio por fidelidad así:

1º Cuando cumpla diez (10) años de servicio, se le pagarán quince (15) días de salario fijo.

2º Cuando cumpla veinte (20) años de servicio, se le pagarán treinta (30) días de salario fijo.

PAR.—Este beneficio será cancelado cuando el trabajador cumpla el tiempo arriba señalado.

“ART. 21—Vigencia. El presente laudo arbitral tendrá la vigencia de un (1) año, contado de (sic) de la fecha de aprobación, aclarando que el reajuste salarial se hará con retrospectividad a partir del primero (1º) de enero de 2016.

El tribunal aclaró la cláusula del subsidio de transporte con la indicación de que “el sentido (…) es el de compensar en dinero el trayecto de regreso del lugar de trabajo a la residencia del trabajador o viceversa, cuando al terminar las labores, la empresa no le facilita al operador el medio de transporte adecuado para ello y tenga que cubrir el valor del transporte de regreso al trabajo, en estas dos eventualidades el empleador debe compensar el valor del transporte de acuerdo con el valor de trayecto en el cual no se ofreció el mismo, al cual está obligado el empleador” (fl. 97).

3. Puestas así las cosas, la compensación en dinero, especie u otro servicio equivalente al auxilio extralegal de transporte que la empresa provee a sus operadores ante la imposibilidad de utilizarse por éstos el transporte suministrado por la empresa en las particulares circunstancias de sus desplazamientos, esto es, en lo que aquellos denominan regreso a la ‘jornada partida’ y de retorno al hogar al finalizar la jornada laboral de ese segundo turno, no luce para nada inequitativa, por traducir sencillamente el reembolso del pago derivado de la movilización al sitio de trabajo o del retorno al lugar de residencia, circunstancias que ponen al trabajador en igualdad de condiciones con los que por efectuar apenas un desplazamiento, sí pueden utilizar el servicio de transporte dispensado por la empresa sin verse abocados a sufragar costo alguno por este concepto.

Como bien se sabe, el auxilio de transporte no es el pago del trabajo, sino simplemente el reembolso o reintegro del dinero con el que se sufraga el desplazamiento del trabajador al sitio de trabajo o de este al de su residencia, de suerte que, si lo que se persigue es que no se vea el trabajador compelido a ese pago, para poner en plano de igualdad a los trabajadores ha de considerarse a aquellos que, como en este caso, ejecutan su jornada laboral en dos turnos, pues no están en la misma situación de la de quienes apenas lo hacen en un solo turno o en jornada corrida o no fraccionada.

De consiguiente, no se anulará el aparte del artículo quinto del laudo atacado, dado que su objeto lo que asegura es la equidad en el reparto de beneficios a los trabajadores afiliados. Razón tienen quienes de siempre han dicho que por el principio de igualdad se debe dar trato igual a los iguales y trato desigualdad a los desiguales, pues no de otra forma se puede hacer racero común de circunstancias idénticas o similares.

4. El laudo estableció un período de vigencia de un (1) año, contado a partir de la fecha de su aprobación (13 de julio de 2016, folio 19), pero con ‘efecto retrospectivo’ en cuanto al reajuste salarial, pues indicó que se causaría a partir del 1º de enero de 2016, sobre la consideración de que para los años 2013 y 2014 no se hizo aumento alguno. El mentado reajuste lo estableció en 6.77%, guarismo equivalente al IPC del año 2015.

La empresa no cuestiona las razones aducidas por el Tribunal de arbitramento para conceder el reajuste pensional, ni su cobertura en el tiempo por razón de la llamada restrospectividad, sino que atribuye a esa decisión inequidad e inconveniencia, pues alega afectar su situación económica y financiera, así como su capacidad de competencia en el sector. Lo primero, porque el costo por el período indicado en el laudo, para todos los trabajadores de la empresa en razón al principio de ‘equidad’, alcanza una valor superior a los $1.500’000.000; y lo segundo, porque frente a otras empresas operadoras del transporte, que tienen remuneraciones menores para sus trabajadores, se pone en condición de desventaja, afectándose negativamente su competitividad y de consiguiente su operación en el mercado.

A ese respecto cabe recordar que el laudo arbitral, como sucedáneo que es de la convención colectiva de trabajo, se aplica únicamente a los trabajadores afiliados a la agremiación sindical y a aquellos que con posterioridad se adhieran al mismo o ingresen a la dicha agremiación. Excepcionalmente, a quienes se encuentren en las situaciones previstas por el artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo, ninguna de las cuales se alega o se acredita ocurrir en los autos. De esa suerte, no tiene sustento alguno la alegación de la empresa de que el incremento salarial ordenado por el laudo arbitral cobija a todos sus trabajadores, esto es, a los 813 que dice tener y no solamente a los 172 sindicalizados (fl. 34). Ahora bien, si por ‘equidad’ la empresa decide extender tal incremento a todos aquellos, ese resultado no es asunto que resulte imputable a la anotada disposición sino a su propia voluntad, o al desarrollo de los instrumentos contractuales o de otras naturalezas que rigen sus relaciones laborales con aquellos, lo cual resulta positivo, pues ese es el objetivo que se persigue con conceptos como los de unidad de negociación, de pliegos y aún de convenciones de que trata el Decreto 89 de 2014.

Así, ese reproche de la empresa no tiene asidero alguno. Menos aún, cuando quiera que ésta no refuta la aseveración de los árbitros de que durante varias anualidades inmediatamente pretéritas los trabajadores no recibieron incremento salarial alguno; y de que el ordenado en el artículo décimo cuarto del laudo apenas equivale a la variación del índice de precios al consumidor —IPC— del año anterior (2015), afirmación que trasluce un simple rescate de la pérdida de valor de la remuneración por esa anualidad, pero no un aumento real del valor de la misma.

Por otra parte, interesa observar que tampoco cuenta con respaldo alguno la alegación de la empresa de que si mantiene salarios inferiores a sus trabajadores a los previstos por las otras empresas del sector del transporte, su poder competitivo en el mercado será superior. Todo lo contrario es lo que entiende la Corte, es decir, que si los trabajadores cuentan con adecuadas condiciones de trabajo, entre ellas obviamente la remunerativa, su capacidad comercial se verá acompañada por la buena disposición laboral de sus servidores, lo que redundará, a la postre, en un mejor estar empresarial.

No se anulará el incremento salarial decretado en el laudo.

5. Una primera razón para no dar paso al cuestionamiento que se hace a la concesión de un auxilio de $100.000 para la compra de anteojos por una sola vez durante la vigencia del laudo arbitral, previa presentación de la fórmula correspondiente extendida por la EPS respectiva, por resultar inequitativo e inconveniente según aduce la impugnante, es la de que su causación está supeditada a que se produzca esa especial situación, pues de no ocurrir ello ninguna trascendencia económica tendrá, de manera que, cualquier aseveración in límine sobre su real y específico valor es meramente especulativa, imprecisa e hipotética.

Otra lo es la de que la actividad de los servidores de la empresa, que es la de conducción de vehículos de transporte público masivo, exige por sí misma una máxima atención a los aspectos atinentes a la salud del trabajador, entre ellos, obviamente, al de la capacidad visual de los mismos, de suerte que, cualquier medida que en sentido positivo se adopte para que puedan controlar, tratar o recuperar la plena capacidad de sus condiciones personales de salud termina siendo un verdadero requerimiento social, dada, se repite, la actividad laboral por éstos desplegada. Con ello, opina la Corte, la empresa ofrecerá un servicio idóneo a los usuarios, lo cual, como se dijo arriba al estudiarse el propósito del laudo de recuperar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, antes que afectar negativamente su competitividad en el mercado, redundará en la imagen empresarial.

Pero también importa a la Corte resaltar que, por mayoría, ha considerado que los árbitros pueden generar obligaciones adicionales a las previstas por el Sistema General de Seguridad Social Integral, criterio expuesto en la Sentencia SL13016-2015, rad. 69913, de 26 de agosto de 2015, en los siguientes términos:

Es imperioso recordar que la superación de los beneficios consagrados en la ley o en instrumentos convencionales preexistentes, puede darse en dos vías. Por un lado, mediante la creación de nuevos derechos (superación por creación) y por otro a través de la complementación o adición de los ya existentes (superación por adición). Así, esta Corporación, en Sentencia de anulación CSJ SL13016-2015, refiriéndose a las facultades de los arbitradores señaló que para decidir en equidad éstos “pueden pronunciarse con respecto a cualesquiera mejoras que superen los mínimos previstos en la ley, bien sea mediante la creación de nuevos beneficios o la complementación de los ya existentes”.

De otra parte, ha estimado la Sala que el ejercicio de la justicia arbitral encuentra un límite en (i) los acuerdos logrados por las partes en las etapas de arreglo directo; (ii) el respeto de los derechos o facultades del empleador y los trabajadores reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes; y (iii) la observancia del orden jurídico estatuido, y dentro de éste, la equidad como principio general del derecho (CSJ SL17703-2015).

Lo anterior explica que mientras las resoluciones de los arbitradores, a través de las cuales se obtengan mejoras en los derechos de los trabajadores, en materia individual, colectiva o de seguridad social, no desborden los límites fijados por las partes en el diferendo colectivo, ni transgredan sus derechos o facultades, o riñan con el ordenamiento jurídico, son enteramente válidas.

Adviértase que, salvo lo previsto en el A.L. 01/2005 en relación con la prohibición de establecer en laudos condiciones pensionales diferentes a las establecidas por el sistema general de pensiones, la Constitución Política y la ley no restringen la facultad de los árbitros para pronunciarse sobre temas que tengan que ver con la seguridad social, y que, por supuesto, representen victorias laborales en favor de los trabajadores.

Por ejemplo, esta Corporación en providencia CSJ SL13016-2015 al resolver una petición de anulación de una cláusula en la cual se fijó un (1) día hábil adicional de licencia por luto y una suma de dinero adicional a la entregada por la EPS por concepto de licencia de paternidad, señaló:

Importa recordar que, por medio del conflicto colectivo y la dinámica que le es propia, lo que los trabajadores buscan es precisamente la defensa y la mejora de sus derechos laborales, bien sea superando los establecidos legal o extralegalmente o creando nuevos derechos.

Esa finalidad de mejoramiento de los derechos y beneficios de los trabajadores que apareja la negociación y el conflicto colectivo, se replica a los arbitradores, quienes para decidir en equidad igualmente pueden pronunciarse con respecto a cualesquiera mejoras que superen los mínimos previstos en la ley, bien sea mediante la creación de nuevos beneficios o la complementación de los ya existentes.

En el caso del auxilio de muerte por familiares, la intención de los árbitros fue fijar “un (1) día hábil adicional” al previsto en la ley, si el fallecimiento del familiar ocurre por fuera del departamento, lo cual es enteramente admisible, porque con él se mejora la licencia por luto prevista en la L. 1280/2009 al concederse un día adicional a los 5 previstos en esa norma.

Igual puede decirse respecto al auxilio por paternidad, en la medida que, ese beneficio, consistente en la entrega “de un auxilio extralegal calculado con salario básico de $120.000” por cada hijo que nazca, no se opone en nada a la licencia de paternidad, antes bien la complementa porque le permite al trabajador acceder a una prerrogativa adicional a la establecida en la ley.

En idéntico sentido, esta Sala en Sentencia de anulación CSJ SL15705-2015 al estudiar la validez de un auxilio por fallecimiento adicional al auxilio funerario de la L. 100/1993, y al analizar un auxilio dinerario por anteojos, expresó:

(...) la cláusula no está diciendo que los lentes deba prescribirlos la empresa o suministrarlos, lo que señala es que la compañía debe entregar una suma de dinero equivalente a $100.000 cuando el trabajador asuma el precio de los lentes, previa presentación de la factura y, por otro, el auxilio funerario previsto en los arts. 51 y 86 de la L. 100/1993 a cargo de las administradoras de pensiones, no se le está asignando a la empresa, por el contrario, se mantiene a cargo de la entidad de seguridad social, y, paralelamente se consagra un auxilio adicional para un grupo de personas diferentes, no condicionado a la prueba de los gastos de entierro.

Ahora, si bien la Sala ha aceptado la posibilidad de que los árbitros emitan decisiones encaminadas a lograr mejoras en los derechos de los trabajadores, incluidos aquellos relacionados con los sistemas de protección social, también ha considerado que dicha atribución tiene límites.

Estos límites, indudablemente ligados con el respeto al orden público preestablecido, tienen que ver con la no alteración o el desquiciamiento de la estructura, organización y funcionamiento del sistema de seguridad social. Así por ejemplo, en fallo de anulación CSJ SL17654-2015 al analizar un disposición arbitral en la cual se estableció exclusivamente en cabeza del empleador la obligación de asumir el pago de las incapacidades, esta Corporación advirtió que tal previsión generaba un desajuste en la distribución de las obligaciones y responsabilidades del sistema, ya que, se sustraía íntegramente la obligación de las Empresas Promotoras de Salud de reconocer las incapacidades por enfermedad general para reasignársela al empleador. Esto se dijo en esa oportunidad:

Considera esta Corporación que la cláusula altera el sistema de obligaciones y responsabilidades en la cobertura de las contingencias derivadas de las incapacidades y enfermedades generales.

En efecto, se genera una sustitución de la persona encargada reconocimiento de las incapacidades de origen no profesional, ya que, se sustrae íntegramente la obligación de las Empresas Promotoras de Salud de reconocer las incapacidades generadas por enfermedad general y se reasigna al empleador esta prestación.

Naturalmente, esta construcción normativa de los árbitros genera una serie de desajustes en el sistema de protección en salud, en detrimento del derecho del empleador a liberarse de las prestaciones de tipo económico que por ley le corresponda a las EPS.

En ese sentido, no parece razonable que el empleador que cumplidamente contribuye al pago de las cotizaciones al sistema general de salud, deba asumir el costo de las incapacidades para las cuales aseguró a sus trabajadores. Es decir, no es equitativo que quien cotiza al sistema de protección social en favor de sus trabajadores, termine reconociendo las prestaciones para las cuales contribuyó económicamente.

Adicionalmente, la disposición genera profundas dudas en torno al alcance de las obligaciones del empleador, pues, por un lado, señala que la empresa reconocerá las incapacidades otorgadas por las ARL y, por otro, refiere que reconocerá las incapacidades “provenientes de enfermedades no profesionales”. Luego, no existe claridad en torno a si la empresa debe o no reconocer las incapacidades de origen profesional.

En esa misma línea, en reciente decisión CSJ SL2034-2016, la Sala explicó que el tribunal arbitral tiene competencia para resolver aspectos relacionados con el subsistema de seguridad social en salud, siempre que dicho pronunciamiento esté encaminado a superar los mínimos previstos en la ley y no suponga una afectación estructural y funcional del sistema:

(...) resulta claro para la Sala que el argumento esbozado por el Tribunal a efectos de no emitir un pronunciamiento sobre tal aspiración de la agremiación sindical, esto es, por considerar que supera la órbita de sus competencias en cuanto contiene prestaciones distintas a las contempladas en el sistema de seguridad social en salud, no puede ser avalada, pues en virtud de la investidura que les es otorgada en el seno de la negociación colectiva, tienen plena facultad para incrementar o complementar los mínimos que superen la ley, incluida la de seguridad social en salud, claro está sin que ello afecte la estructura y el funcionamiento del mismo sistema.

En tales condiciones, le corresponderá al Tribunal cuestionado pronunciarse frente a este punto del pliego de peticiones, en aquello que supere los mínimos amparados por el régimen e seguridad social en salud y, en tal virtud habrá de devolverse el laudo a dicho Colegiado para lo pertinente.

No es ajeno para la Corte que en la Sentencia CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 55501 se señaló que los árbitros no pueden crear pagos adicionales por incapacidades en la medida que son las partes involucradas en el conflicto las llamadas a convenir libremente ese aspecto; sin embargo, tal postura, como puede advertirse en el anterior recuento, ha ido evolucionando a través de diferentes sentencias emitidas respecto al tema.

Por ello, hoy en día, existe una jurisprudencia consolidada que acepta la posibilidad de los árbitros de pronunciarse y conceder prestaciones adicionales a las previstas en el sistema de seguridad social, respetando, eso sí, las normas imperativas de orden público, lo cual implica: (i) acatar lo dispuesto en A.L. 01/2005 en lo que hace a la prohibición de laudar en torno a condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistema general de pensiones; (ii) evitar alteraciones y desajustes en la estructura, organización y funcionamiento de los subsistemas de seguridad social, como pueden ser la sustracción, traslado o reasignación de obligaciones y responsabilidades establecidas en la ley, modificación del monto y porcentaje de las cotizaciones; (iii) no imponer al empleador cargas y prestaciones que por mandato legal le corresponde satisfacer exclusivamente a las entidades del sistema, por ejemplo, servicios del Plan Obligatorio de Salud.

A la luz de las reflexiones precedentes y en lo que al caso en estudio concierne, es fácil concluir que la cláusula arbitral cuestionada resulta completamente válida, ya que indiscutiblemente representa una mejora en los derechos sociales de los trabajadores, pues adicional al porcentaje que por concepto de incapacidad temporal debe reconocer la EPS, el empleador debe entregar otro tanto, cuya cifra varía en función del número de días de incapacidad, así: 13.4% adicional al 66,66% reconocido por la EPS hasta completar un 80% del IBC, desde el día 31 hasta el 89 de incapacidad; y un 16.6% adicional al 50% reconocido por la EPS hasta completar un 66,66% del IBC, a partir del día 90 y hasta el 180 de incapacidad.

Entonces, si para citar un ejemplo, mediante la Resolución 006408 de 26 de diciembre de 2016, que modificó el plan de beneficios en salud (POS) con cargo a la unidad de pago por capitación (UPC), se estableció en el artículo 87 sobre cobertura de lentes externos y monturas, que “los lentes externos se cubren una (1) vez cada año, siempre por prescripción médica o por optometría y para defectos que disminuyan la agudeza visual, incluyendo la adaptación del lente formulado en plástico (incluye policarbonato) o vidrio, sin filtros ni películas (…)”, no luce para nada estrambótico, mucho menos inequitativo o inconveniente, sino todo lo contrario, que el trabajador que disminuya su agudeza visual por alguna causa, al lado de los servicios y prestaciones económicas y asistenciales que le pueda exigir a la EPS donde se encuentre afiliado para el Plan Obligatorio de Salud, cuente con un recurso económico que mejore de manera más rápida y efectiva su condición normal, esencial para el desarrollo de la actividad laboral al servicio de la empresa.

Conforme a los anteriores criterios no se anulará la disposición contenida en el artículo Décimo Octavo del laudo atacado.

6. Como ya se vio, el llamado beneficio por fidelidad comprende a los trabajadores que cumplan 10 y 15 años de servicio a la empresa, y no antes de ese término. Y el laudo arbitral tiene vigencia por un año contado desde la fecha de su aprobación, es decir, del 13 de julio de 2016. Por otro lado, la sociedad que comporta la empresa aparece inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 8 de agosto de 2006 (fl. 27).

Salta a la vista, entonces, que asiste razón a la agremiación replicante en que la aludida estipulación del laudo no tiene aplicación presente, luego, no comporta compromiso económico alguno a la empresa por la vigencia del laudo arbitral atacado. Siendo ello así, se cae de su peso el argumento de la recurrente de que es inequitativa e inconveniente.

Lo dicho sería suficiente para desestimar el ataque propuesto en el recurso. Empero, no sobra para nada destacar que, fuera de lo ya dicho líneas atrás sobre la aplicación del laudo a los miembros del sindicato, y a quienes a él adhieran o ingresen posteriormente, circunstancias todas ellas meramente hipotéticas que, por ende, escapan al análisis de la equidad debido al referido instrumento del trabajo, lo cierto es que el argumento de inconveniencia por extensión del laudo a otros trabajadores que masivamente se afilien en adelante a la agremiación sindical pretendiendo beneficiarse de ésta o de otra estipulación del laudo arbitral pugna con el principio de libertad de sindicalización (o sindicación) que indica que no puede haber más cortapisas para el ejercicio sindical, o por afiliación o por desafiliación de trabajadores al ente gremial que las propias del concepto de autonomía sindical.

7. Aun cuando la recurrente no específica los argumentos de su disentimiento con el laudo arbitral respecto del término de vigencia que allí se estableció, esto es, por un (1) año contado a partir de la fecha de su aprobación (13 de julio de 2016, folio 19), asume la Corte que si algún reproche puede inferirse lo tiene que ser pero en relación con el ‘efecto retrospectivo’ que allí se dio al reajuste salarial, al indicarse que se causaría a partir del 1º de enero de 2016, por cuanto para los años 2013 y 2014 no se hizo aumento alguno.

De todos modos, si se tomara como materia de reproche el simple término de vigencia del laudo, lo que cabe decirse es que los árbitros en los conflictos económicos del trabajo están habilitados por el numeral 2º) del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo para establecer la vigencia del fallo arbitral hasta por dos (2) años, sin que estén atados indefectiblemente al límite o determinación fijada por los pedimentos de las partes en el conflicto.

Lo dicho porque el conflicto es de naturaleza económica y, por ende, debe resolverse en el plano de la equidad. Es decir, no es un conflicto jurídico que debe desatarse en derecho, en donde sí obran las cortapisas de la causa petendi y el thema decidendum, cuya inobservancia puede dar lugar a la incongruencia del fallo, por concederse más allá de lo pedido (extra petita) o por fuera de lo pedido (ultra petita).

El fallo en equidad comporta, necesariamente, una métrica temporal acorde con las prerrogativas económicas que del pliego de peticiones se hubieren concedido o negado por el tribunal de arbitramento, habida cuenta de que su conjunto no puede ser más que una expresión de justicia en las relaciones surgidas entre empleadores y trabajadores, ‘dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social’ (art. 1º del CST), que debe ejecutarse dentro de términos proporcionales y razonables, cuyo único límite debe ser el impuesto por el legislador. De esa forma es que los árbitros pueden concretar en derechos los intereses en discusión, pues el factor temporal les servirá de marco de referencia para conceder unos, negar otros o modificar los existentes, atendiendo la competencia que particularmente le hubieren derivado las partes al no resolver directamente la totalidad del conflicto que les enfrenta.

En sentencia de anulación de 4 de diciembre de 2012 (Rad. 53.118), en el mismo sentido al aquí mencionado apunto a ese respecto la Corte:

De otra parte, es infundada la afirmación según la cual, la cláusula acusada “desconoce el texto legal que establece una vigencia máxima del laudo de dos años”, porque si bien el sindicato en el pliego de peticiones la propuso por un año a partir de su presentación (fl. 67), también es cierto que el término de vigencia por dos años, es acorde con lo dispuesto en el artículo 461 del Código Sustantivo de Trabajo, así como con la jurisprudencia de esta Sala, que de vieja data ha adoctrinado:

Nuestro ordenamiento positivo fija a los árbitros algunas restricciones cuando actúan en ejercicio de su cometido de dirimir el conflicto a ellos propuesto; pero también los dota de amplias facultades, para que sin prescindir de la ley, dicten por sí solos la sentencia colectiva obligatoria, con criterio de equidad, en busca de la justicia al caso concreto y procurando armonizar los intereses sociales y económicos.

(…) las únicas limitaciones en derecho que tienen los árbitros al señalar los linderos temporales del fallo colectivo que profieran son las que determine expresamente la ley, sin que estén sujetos a la camisa de fuerza de las aspiraciones de las partes sobre el particular.

Y esa única restricción legal está contenida en el artículo 461 del código sustantivo del trabajo que precisamente regula ‘El efecto y vigencia de los fallos arbítrales’, y en su numeral 2 prescribe que ‘La vigencia del fallo arbitral no puede exceder de dos años’.

(…)

Del precepto invocado se desprende que así los mismos trabajadores hayan fijado en el pliego de peticiones una vigencia superior al bienio y ello no hubiera sido materia de acuerdo en la etapa de arreglo directo, si el conflicto se resuelve por medio de arbitramento, el Laudo que allí se profiera, por disposición expresa del legislador, no puede exceder de dos años. Ello quiere decir que en ese evento, no priva la voluntad de quienes promovieron el conflicto, en virtud del mandato legal y de la misma naturaleza económica afectada por la constante evolución de las condiciones económicas, que exigen una revisión del contenido convencional para efectos de adecuar sus cláusulas a la realidad del momento y del inmediato futuro, como también de estabilizar las condiciones de la prestación de los servicios.

(…)

Mas dentro de ese lindero legal, los árbitros están facultados para señalar el ámbito temporal de la nueva normatividad arbitral no avenida por las partes, llegando incluso a disponer que su expiración sea ulterior a la propuesta por los trabajadores en el pliego de peticiones.” (Sent. del 1º de septiembre de 1995, rad.8128).

En reciente Sentencia, radicado, 53095 del 14 de febrero de 2012, reiteró la Sala:

“El Tribunal no trasgredió ningún precepto legal, sino que por el contrario, ajustó su decisión a las previsiones del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual la vigencia de la decisión arbitral no puede exceder del término allí impuesto, pudiendo incluso, apartarse de las aspiraciones plasmadas por los trabajadores en el pliego de peticiones.

Al respecto, la Corte tiene adoctrinado en reiteradas providencias, que cuando la solución del conflicto se pone en manos de un Tribunal de Arbitramento y las partes en la etapa de arreglo directo no llegan a un acuerdo sobre la vigencia de lo que eventualmente podría ser la convención colectiva de trabajo, los Árbitros pueden disponer sobre el particular, respetando, eso sí, la limitación impuesta por el citado precepto legal, esto es, que la vigencia del laudo no puede exceder de los 2 años”.

En suma, el tema de la vigencia es materia esencialmente negociable y por ello los árbitros pueden fijar una distinta de la propuesta al iniciarse el conflicto y, desde luego, esa decisión arbitral es razonable, a futuro, dentro del límite temporal de dos años que señala el Artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo.

Por lo dicho, se declarará exequible lo resuelto por los árbitros, por cuanto la vigencia establecida en el Laudo Arbitral se adecúa a la del término previsto en el numeral 2 del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Pero si se asumiera que el reproche radica es en el aludido efecto retrospectivo que ya se anotara, es suficiente memorar para su desestimación que a ese respecto la Corte ha asentado que “…la retrospectividad del aumento salarial, no es un deber de los árbitros sino una mera facultad que bien pueden adoptar de acuerdo a las propias y específicas situaciones que ocurran en el conflicto colectivo que deben solucionar ante el fracaso de la autocomposición.” (Sentencia de anulación de 2 de mayo de 2012, rad. 53128). Y en este caso, el incremento salarial no deslindó la vigencia máxima permitida por la ley al laudo arbitral, pues se concedió desde el 1º de enero de 2016 hasta el 13 de julio de 2017 (16 meses); se soportó en la consideración de que a los trabajadores “no se les aplicó la movilidad salarial en los años 2013, 2014 y lo transcurrido del 2016”; y lo fue en un porcentaje equivalente “al índice de precios al consumidor IPC, total nacional certificado para el DANE para el 31 de diciembre del 2015 es decir el 6.77%”, todo lo cual permite desestimar cualquier grado de inequidad que se le quisiera atribuir.

En consecuencia, no se anulará la disposición atacada.

VI. Decisión:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. NO ANULAR del laudo arbitral proferido el 13 de julio de 2016 por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio convocado por el Ministerio del Trabajo para resolver el conflicto colectivo suscitado entre la sociedad Grupo integrado de transporte masivo S.A. y la Asociación sindical (Sintragipmasivo).

Cópiese, notifíquese, publíquese y envíese al Ministerio del Trabajo para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase».