Sentencia SL14828-2017/48917 de septiembre 19 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL14828-2017

Rad.: 48917

Acta 11

Magistrada Ponente:

Dra. Cecilia Margarita Durán Ujueta

Bogotá D.C., diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (fl.74 c. 2).

V. Alcance de la impugnación

Pretende que la Sala case totalmente la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, confirme la de primer grado (fl. 29 cuaderno de la Corte).

Con tal propósito, formula un cargo que fue objeto de réplica oportuna por la parte demandante.

VI. Único cargo

Acusó la violación indirecta de la ley por aplicación indebida del artículo 216 del CST; en relación con los artículos 2º, 6º, 7º, 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60 y 61 del CPTSS, como medio; artículos 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 187, 251, 252, 253, 254, 258, 268 y 345 del CPC (fl. 29 cuaderno de la Corte).

Expuso que dicha violación se dio a causa de la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por probado, sin estarlo, que el accidente de trabajo se produjo por culpa suficientemente comprobada del empleador.

2. No haber dado por probado, estándolo, que el accidente de trabajo se produjo sin culpa del empleador.

Afirmó que tales errores se cometieron debido a la apreciación errónea de la demanda (fls. 1 a 13 c. 1), el informe patronal del accidente de trabajo (fl. 15 c. 1) y la investigación que realizó la división de salud ocupacional y bienestar - comité ocupacional (fls. 205 a 210 ibídem).

En la demostración del cargo aseguró que no controvierte las siguientes conclusiones del tribunal: (i) la existencia del contrato de trabajo entre Jairo Alberto Guevara Sánchez y la Empresa de Energía de Bogotá S.A., desde el 23 de abril de 1979 hasta el 3 de agosto de 1997 y (ii) la ocurrencia del accidente de trabajo que le costó la vida al señor Guevara Sánchez.

Lo que no comparte es la conclusión a la que llego el colegiado de segunda instancia, al encontrar comprobada la culpa patronal alegada.

Adujo, como erróneamente apreciados los hechos 3 y 4 de la demanda; en cuanto al primero, porque confesaron que el causante tenía mucha experiencia en el ramo de electricidad, pero “la energización del cable no fue por la obra de operarios de la sub estación de La Castellana, sino porque un usuario no identificado conectó una planta eléctrica de emergencia, es decir, hubo actividad de un tercero” y frente al segundo, declaró “que la energización del cable por planta eléctrica de emergencia de propiedad de usuarios”, por lo que se atribuyó dicho incidente a la acción de un tercero.

Argumentó que la investigación que realizó la división de salud ocupacional y bienestar —comité ocupacional— estableció como causa del accidente “la energización accidental […] del cable del circuito Centro Andino por planta eléctrica de emergencia operada y de propiedad de usuario no identificado”, quien conectó una planta eléctrica de emergencia que “energizó el cable donde trabajaba el señor Guevara Sánchez, lo que lo electrocutó”, dicho que corroboraron las pruebas testimoniales y el dictamen pericial, que resalta no son aptas para ser estudiadas en el recurso extraordinario de casación, pruebas que “dejan sin vigencia” la conclusión del tribunal.

Finalmente transcribió apartes de las sentencias CSJ SL 30 mar. 2000, Rad. 13212 y CSJ SL 10 de jun. De 2002, Rad. 18323 y advirtió que de haber valorado el tribunal correctamente las pruebas recaudadas en el proceso habrían concluido que “fue la actuación de un tercero que prendió una planta de energía eléctrica de emergencia sin desconectarla de la red del servicio público, lo que causó que el cable donde se encontraba trabajando el señor Guevara Sánchez se energizara y lo electrocutara”.

VII. Réplica

Los opositores exponen, en síntesis, que el fallador de segundo grado no incurrió en la interpretación errónea del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, como lo expone la censura; que se demostró la culpa patronal, porque al causante no se le brindaron las medidas de seguridad procedentes (fls. 36 a 43 cuaderno de la Corte).

VIII. Consideraciones

Debe recordarse que cuando el ataque se endereza por la vía de los hechos, no es cualquier desatino del juzgador el que da al traste con su proveído, sino únicamente aquél que tenga la connotación de manifiesto, evidente u ostensible. Ese carácter surge frente a transgresiones fácticas patentes, provenientes de errores en el examen de los elementos de juicio que conforman el haz probatorio, bien por haberlos apreciado equivocadamente, ora por no haberlos estimado.

No basta, en consecuencia, que el impugnante dé explicaciones —así sean razonables— sobre las eventuales conclusiones erróneas del fallador, o que se limite a enfrentar las suyas con las de aquel, sino que además de identificar y demostrar el desacierto de hecho ostensible, debe acreditar, con base en el contenido de las pruebas, qué es lo que ellas en verdad acreditan y su incidencia en la equivocada resolución judicial (CSJ SL17468-2014).

El tribunal fundamentó su decisión en:

i) La ocurrencia del accidente de trabajo, el día 3 de agosto de 1997, que le produjo la muerte a Jairo Alberto Guevara, con ocasión de las labores contratadas, para lo cual se apoyó en el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada (fls. 95 a 98 c. 1), testimonios (fls. 111 a 114, 121 a 127, 131 a 134 ibídem), la contestación de la demanda (fls. 81 a 85 ibídem);

ii) Que el de cujus cuando se disponía a realizar una maniobra inherente a su cargo y asignada por la empresa, se energizó el cable que manipulaba y lo electrocutó ocasionándole su muerte, con base en lo dicho por el registro civil de defunción (fl. 17 ibídem), el informe de investigación del accidente de trabajo que realizó la demandada (fl. 155 ibídem), los testimonios rendidos por Carlos Eduardo Bello Vargas, (fls. 104 a 110 ibídem), José Vitalino Díaz Gómez (fls. 111 a 114 ibídem), Jairo Ramos Bermúdez (fls. 121 a 128 ibídem) y Marco Antonio Abella Sánchez (fls. 131 a 134 ibídem); y

iii) Que la empresa desconoció el protocolo de seguridad establecido, al no desenergizar las redes eléctricas y así establecer las condiciones de protección al trabajador, incumpliendo con los propios programas de salud ocupacional, que tenía establecidos, y los protocolos de seguridad, conclusión que extrajo de la Investigación que realizó la división de salud ocupacional y bienestar —comité ocupacional— del 4 de agosto de 1997 (fls. 205 a 210 ibídem), el Manual de procedimientos para trabajos típicos en líneas de distribución aéreas desenergizadas, el esquema de protección para circuitos, el reglamento de servicios de la Empresa de Energía de Bogotá E.S.P. (fls.211 a 260 y 274 a 286 c. 1), los testimonios de Jairo Ramos Bermúdez (fls. 121 a 128 ibídem), Carlos Eduardo Bellos Vargas, (fls. 104 a 110 ibídem) José Vitalino Díaz Gómez (fls. 111 a 114 ibídem) y el dictamen pericial rendido por el ingeniero electricista Daniel Enrique Tique Roa (fls. 195 a 250 y 265 a 294 ibídem).

Por otra parte, no cabe duda que la inconformidad de la entidad recurrente, se orienta a rebatir las conclusiones del tribunal sobre la culpa que éste imputó, y de la cual derivó su responsabilidad, presupuesto que le sirvió para imponer las condenas correspondientes a la indemnización plena de perjuicios, a favor de los integrantes del grupo familiar del causante, que acudieron al presente proceso y demostraron que resultaron afectados con el siniestro, fundamentándose en su decir, que aquel desconoció las pruebas del proceso, según las cuales se demostró que el accidente de trabajo se produjo por el hecho de un tercero, que energizó las redes e hizo que el trabajador recibiera la descarga eléctrica que le causó la muerte, con lo cual, entiende, quedó eximido de responsabilidad en el siniestro.

En primer lugar, ha de iterar la Sala que para que haya lugar al resarcimiento de perjuicios que prevé el artículo 216 del CST, es necesario que esté acreditada la ocurrencia de una culpa patronal, lo que implica que al trabajador le corresponde demostrar que su empleador faltó a “aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios”, y a este contraprobar “que tuvo la diligencia y cuidados requeridos, para que quede exento de responsabilidad”. (CSJ SL 93556-2016).

En casos como el presente, en los que se atribuye al empleador una actitud omisiva como causante del accidente de trabajo, ha dicho esta Sala que corresponde a este “demostrar que no incurrió en la negligencia que se le endilga, mediante la aportación de pruebas que acrediten que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores” (CSJ SL 17026-2016, CSJ SL7181-2015 y CSJ SL, 7 oct. 2015, Rad. 49681).

Así las cosas, es el empleador quien debe probar su diligencia y cuidado para enervar la posibilidad de los infortunios que puedan afectar la integridad del trabajador en la ejecución del contrato de trabajo, conductas que se traducen en el cabal cumplimiento de los deberes de seguridad y protección que legalmente le competen; y en segundo término, si como lo alega la recurrente, acaecieron hechos extraños al trabajo y a los riesgos genéricos a que pueda verse expuesto el trabajador, le relevan de esos deberes, los atenúan o eximen en su responsabilidad contractual.

La Sala considera que el problema jurídico a resolver, para determinar si el juez de apelaciones incurrió o no en yerro alguno, consiste en determinar, si el responsable del daño causado al trabajador por las contingencias del trabajo, resulta ser el empleador, o aún, si el hecho causante del daño provino de un tercero o entre éste y aquél pudo haber concurrencia de culpas; y si el primero, por consiguiente, será el llamado o no a asumir la responsabilidad que se desprende del artículo 2349 del Código Civil.

Esta corporación así lo ha sostenido, entre otras, en Sentencia CSJ SL 13 mayo 2003, Rad. 19473 CSJ SL 6 mar. 2012, Rad. 35097, que reiteró la CSJ SL9396-2016 en los siguientes términos:

[…] considera la Sala oportuno citar lo dicho por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con relación a la culpa de los representantes del empresario:

“‘Por manera que si bien con fundamento en el artículo 32 del código sustantivo del trabajo, de la culpa de un representante empresarial no puede colegirse automática e inexorablemente la responsabilidad patronal para efectos de la indemnización plena de perjuicios regulada en el artículo 216 del código sustantivo del trabajo, mucho menos es dable inferir su exculpación generalizada porque ello constituye un equivocado entendimiento de la jurisprudencia de esta Sala y especialmente de la sentencia del 13 de julio de 1993 (Exp. 5918), que conduciría a intronizar una irresponsabilidad patronal absoluta contrario a lo expuesto y a la finalidad del último precepto citado.

“Se sigue de lo anterior que la responsabilidad empresarial en evento de actuación culposa de su representante habrá que examinarla de manera individualizada frente al acervo probatorio como se hizo ver en la prenombrada sentencia, habrá casos de riesgos profesionales en los cuales concurran la culpa de los representantes del empleador con la de éste; algunos en los que la culpa sea exclusivamente del empresario; y otros en los que no haya existido culpa de los representantes ni del representado (...).

“Sin embargo, se excluyen aquellos comportamientos en los que el empleador no tiene los medios para prever o impedir el resultado de tales conductas empleando el resultado ordinario y la autoridad competente, casos en los cuales la responsabilidad recae sobre el trabajador que representa al trabajador. Por lo anterior, es necesario que la responsabilidad empresarial en eventos de actuación culposa de los representantes se examine de manera individualizada frente al acervo probatorio. (CSJ, Cas. Laboral Sec. II, Sent. nov. 10/95, Rad. 7885, M.P. José Roberto Herrera Vergara).

(...)

Es de agregar que el criterio de la Corte fijado en la providencia traída a colación por el tribunal ha sido reiterado posteriormente, así, por ejemplo, en fallo del 6 de diciembre de 2001, radicación 16515, se dijo:

“2. En lo que concierne con la calificación de la responsabilidad del empleador en el accidente laboral en el que falleció Restrepo Agudelo, la acusación, particularmente en los dos últimos cargos, hace recaer el mayor peso en la conducta que le atribuye a Joaquín Emilio Guerra, trabajador del departamento demandado, que conducía la máquina involucrada en los insucesos que se examinan.

“Empero, más allá de que el susodicho operario de la máquina hubiera libado licor el día anterior, o que hubiese obrado imprudentemente en su conducción, como se lo reprocha el recurrente, tal hipotética conducta impropia no desata automática e inexorablemente la responsabilidad del departamento demandado en el accidente laboral, conforme puede colegirse de la parte final del artículo 2349 del Código Civil, debido a que el empleador, en las circunstancias analizadas, echando mano del cuidado ordinario y la autoridad pertinente, no tenía medio de prever o impedir aquella, por lo que la responsabilidad jurídica recaería únicamente en el operario del vehículo.

En el caso sub lite, observamos que, de manera general, las obligaciones del empleador se encuentran consagradas en los numerales 1 y 2 del artículo 57 del CST, entre las cuales los empleadores deben “Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores”, y procurarles “locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud”.

En el mismo sentido, el artículo 348 del mismo estatuto preceptúa, que toda empresa está obligada a “suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores”, y adoptar las medidas de seguridad indispensables para la protección de la vida y la salud de los trabajadores, lo cual guarda armonía con las disposiciones en materia de salud ocupacional y seguridad en los establecimientos de trabajo que prevén dentro de las obligaciones patronales las de “proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad” (art. 2º Res. 2400/79).

En el marco del Sistema General de Riesgos Laborales, se reiteró la obligación a los empleadores de “procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo” (art. 21 D. 1295/94).

En este orden de ideas, adviértase cómo las disposiciones sustantivas laborales de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales, han sido unívocas en comprometer al empleador a cuidar y procurar por la seguridad y salud de los trabajadores, y adoptar todas las medidas a su alcance en orden a prevenir los accidentes y enfermedades profesionales, en perspectiva a que “la salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socio-económico del país, su preservación y conservación son actividades de interés social y sanitario” (art. 81 L. 9ª/79).

De otro lado, cabe mencionar que los hechos extraños al trabajo, los riesgos genéricos a los que puede verse expuesto el trabajador relevan al empleador de asumir las obligaciones de protección y seguridad que le corresponden, porque tales obligaciones emergen del principio de la buena fe que informa la ejecución del contrato de trabajo (arts. 55 y 56 del CST). Entonces, el empleador está obligado a proveerle al trabajador en ese estado de subordinación la seguridad y protección que requiere para el cumplimiento de la labor.

Concordante con lo anterior y ya, de manera específica, en materia del servicio de electricidad, el literal c) del artículo 4º de la Ley 143 de 1994, dispone que la empresa, en la prestación de tal servicio deberá mantener y operar sus instalaciones preservando la integridad de las personas, de los bienes y del medio ambiente y manteniendo los niveles de calidad y seguridad establecidos.

Aunado a lo anterior, el Convenio 167 de la O.I.T., que valga decir, hace parte de la legislación interna, tal y como lo afirmó la Corte Constitucional en la Sentencia C-049 de 1994 mediante la cual declaró la exequibilidad de la Ley 52 de 1994 que lo aprobó, pues su ámbito de aplicación, entre otras, comprende las actividades de mantenimiento en redes de energía y, particularmente en lo que a labores de electricidad corresponde, mismas que desarrollaba el señor Guevara Sánchez al momento del siniestro, prescribe en su artículo 26, numeral 2, consagra que:

Antes de iniciar obras de construcción como durante su ejecución deberán tomarse medidas adecuadas para cerciorarse de la existencia de algún cable o aparato eléctrico bajo tensión en las obras o encima o por debajo de ellas y prevenir todo riesgo que su existencia pudiera entrañar para los trabajadores.

Corolario de lo anterior, es que en este tipo de actividades de altísimo riesgo para la vida de los trabajadores, si bien la culpa del empleador no se presume, este debe tomar medidas directas tendientes a interrumpir o suspender el fluido eléctrico, no sólo de la línea sobre la cual se van a efectuar los trabajos de reparación, sino de todas aquéllas contiguas al lugar donde se van a efectuar dichos trabajos, porque semejante riesgo no puede dejarse a merced de sus dependientes o de la confianza que los trabajadores tienen en sus actividades cotidianas, porque ello comporta un grave peligro para la integridad física de los operarios, por demás irreparable, como en este y otros casos de frecuente ocurrencia en ese tipo de labores.

Para garantizar la ejecución de tales medidas, mediante Resolución n.º 90708 de 30 de agosto de 2013 el Ministerio de Minas, reglamentó el asunto de la siguiente forma:

“ART. 18.—Trabajos en redes desenergizadas. Un accidente eléctrico es casi siempre previsible y por tanto evitable. Los métodos básicos de trabajo son en redes desenergizadas o en tensión. Para garantizar la seguridad del operario, en ningún caso el mismo operario debe alternar trabajos en tensión con trabajos en redes desenergizadas.

18.1. Reglas de oro

Los trabajos que deban desarrollarse con las redes o equipos desenergizados, deben cumplir las siguientes “Reglas de oro”:

a. Efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores, de forma que se asegure la imposibilidad de su cierre intempestivo. En aquellos aparatos en que el corte no pueda ser visible, debe existir un dispositivo que garantice que el corte sea efectivo.

b. Condenación o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. Señalización en el mando de los aparatos indicando “no energizar” o “prohibido maniobrar” y retirar los porta fusibles de los cortacircuitos. Se llama “condenación o bloqueo” de un aparato de maniobra al conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra de dicho aparato, manteniéndolo en una posición determinada.

c. Verificar ausencia de tensión en cada una de las fases, con el detector de tensión apropiado al nivel de tensión nominal de la red, el cual debe probarse antes y después de cada utilización.

d. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión que incidan en la zona de trabajo. Es la operación de unir entre sí todas las fases de una instalación, mediante un puente equipotencial de sección adecuada, que previamente ha sido conectado a tierra.

En tanto no estén efectivamente puestos a tierra, todos los conductores o partes del circuito se consideran como si estuvieran energizados a su tensión nominal.

Los equipos de puesta a tierra se deben manejar con pértigas aisladas, conservando las distancias de seguridad respecto a los conductores, en tanto no se complete la instalación.

Para su instalación, el equipo se conecta primero a tierra y después a los conductores que van a ser puestos a tierra, para su desconexión se procede a la inversa.

Los conectores se deben colocar firmemente, evitando que puedan desprenderse o aflojarse durante el desarrollo del trabajo.

Los equipos de puesta a tierra se conectarán a todos los conductores, equipos o puntos que puedan adquirir potencial durante el trabajo.

Cuando la estructura o apoyo tenga su propia puesta a tierra, se conecta a ésta. Cuando vaya a “abrirse” un conductor o circuito, se colocarán tierras en ambos lados.

Cuando dos o más trabajadores o cuadrillas laboren en lugares distintos de las mismas líneas o equipo, serán responsables de coordinar la colocación y retiro de los equipos de puesta a tierra en sus lugares de trabajo correspondientes.

e. Señalizar y delimitar la zona de trabajo. Es la operación de indicar mediante carteles con frases o símbolos el mensaje que debe cumplirse para prevenir el riesgo de accidente.

El área de trabajo debe ser delimitada por vallas, manilas o bandas reflectivas. En los trabajos nocturnos se deben utilizar conos o vallas fluorescentes y además señales luminosas.

Cuando se trabaje sobre vías que no permitan el bloqueo del tránsito, se debe parquear el vehículo de la cuadrilla atrás del área de trabajo y señalizar en ambos lados de la vía.

18.2. Maniobras

Por la seguridad de los trabajadores y del sistema, se debe disponer de un procedimiento que sea lógico, claro y preciso para la adecuada programación, ejecución, reporte y control de maniobras, esto con el fin de asegurar que las líneas y los equipos no sean energizados o desenergizados por error, un accidente o sin advertencia. Se prohíbe la apertura de cortacircuitos con cargas que puedan exponer al operario o al equipo a un arco eléctrico, salvo que se emplee un equipo que extinga el arco”.

En igual sentido, el Manual de procedimientos para trabajos típicos en líneas de distribución aéreas desenergizadas, establece en su numeral 8 “Reglas básicas para trabajos en líneas y redes desenergizadas” las siguientes:

[…] toda intervención o trabajo en líneas o redes desenergizadas se debe efectuar solo después de aplicar las cuatro reglas de oro 1. Corte Visible, 2. Bloqueo (Condenación), 3. Verificación de ausencia de tensión, 4. Puesta a tierra y en cortocircuito”. También se refieren al personal de cuadrilla, elementos de protección tanto personales como colectivos y coordinación, programación y consignación del trabajo.

En consecuencia, ni unos ni otros relevan al empleador del cumplimiento de sus obligaciones legales de seguridad y protección, pues el simple incumplimiento de tales compromisos permite inferir la llamada culpa patronal.

En este caso, la falta de diligencia y cuidado en desarrollo de las obligaciones genéricas de protección y seguridad que debe el empleador al trabajador, le imponían en este caso al demandado prever la posibilidad de que terceros, energizaran las líneas sobre las cuales estaba trabajando el causante, y en ese sentido adoptar medidas consagradas en el protocolo de seguridad, para evitar o impedir el acaecimiento del insuceso.

Por otra parte, la recurrente cuestionó la sentencia de segunda instancia, porque a su juicio, el juez de apelaciones apreció de forma errónea los hechos 3 y 4 de la demanda, sin embargo, del examen de la providencia impugnada, no se observa que éste hubiese realizado pronunciamiento alguno al respecto.

En el mismo orden de ideas, el casacioncita(sic) argumentó que el tribunal incurrió en una apreciación errónea a la documental que reposa a folios 205 a 208 del cuaderno 1, esto es, el informe de investigación que realizó la división de salud ocupacional y bienestar —comité de salud ocupacional de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.—, sobre la naturaleza probatoria de las actas de los comités paritarios de salud ocupacional. Sea la oportunidad, para recordar que tal acta es de carácter eminentemente declarativo, asimilable a los testimonios y por ende no es prueba calificada para ser analizada en sede de casación, tal como se aseveró en providencia CSJ SL, 25 de jul. 2002, rad.18520, reiterada en CSJ SL4514-2017, así:

Respecto al acta de la reunión extraordinaria del comité paritario de salud ocupacional, higiene y seguridad de la empresa (fls. 79, 80, 81 y 82), que se denuncia como no apreciada por el tribunal, es de advertir que dicho documento por su carácter eminentemente declarativo, de conformidad con lo señalado en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil debe ser apreciado en la misma forma que los testimonios y en esa medida no se constituye en una prueba apta para estructurar yerro fáctico manifiesto en casación del trabajo.

Por disposición del artículo 7º de la Ley 16 de 1969, son medios de convicción idóneos para fundar un error de hecho manifiesto en casación laboral, la inspección judicial, la confesión judicial y el documento auténtico.

En sentencia de 12 de febrero de 1996, Rad. nº 8195, señaló la Corte lo siguiente:

“No existiendo una tarifa legal de pruebas, pues al juez del trabajo la ley lo autoriza para formar libremente su convicción, y únicamente le exige que exprese en la parte motiva de la sentencia ‘los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento’, se cae de su peso que no puede reprochársele en casación al tribunal la comisión de un yerro manifiesto por haberle otorgado más credibilidad al dicho de Lisímaco Zapata que al de José Fernelly Posada, o que al ‘análisis y los comentarios’ que después de ocurrido el accidente de trabajo los integrantes del ‘comité paritario de seguridad’ consignaron en el acta a que se refiere la recurrente, o que al ‘ilustrado informe de investigación sobre el mismo insuceso suscrito por el jefe del departamento de seguridad de la empresa’.

Por lo demás, tanto el ‘acta’ como el ‘informe’ tienen una indiscutible naturaleza de documentos declarativos, y como tal deben ser apreciados en la misma forma que los testimonios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil. Índole testimonial de los referidos documentos que los hace inidóneos para estructurar un error de hecho manifiesto en la casación del trabajo, en los términos del artículo 7º de la Ley 16 de 1969”.

Por lo demás, dichas aseveraciones plasmadas en el acta mencionada se refieren a constataciones hechas con posterioridad a la ocurrencia de los hechos y no esclarecen fehacientemente las condiciones de seguridad existentes en el sitio de trabajo al momento del fatal infortunio.

Igualmente, la censora enuncia como mal apreciado el informe patronal del accidente de trabajo; sin embargo, no desplegó esfuerzo argumentativo en aras de evidenciar el yerro incurrido por el ad quem. Empero, debe acotarse que en la providencia cuestionada, el juzgador de segunda instancia, le otorgó el valor para acreditar el accidente de trabajo, lo que no desnaturaliza lo que la prueba evidencia, sin colegir de ella responsabilidad subjetiva alguna para la demandada.

Así las cosas, no es posible estructurar los errores de hecho a que alude la recurrente, con fundamento en la errada apreciación de aquella prueba, la cual no es calificada en el ámbito del recurso extraordinario, esto es, con el informe rendido por el comité paritario, dada su naturaleza intrínseca testimonial.

Lo anterior lleva a concluir sin duda que, el cargo único de la demanda de casación no prospera

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte demandada, toda vez que la demanda de casación no salió avante y tuvo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de siete millones de pesos ($ 7.000.000) M/cte., que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la primera instancia, conforme a lo consagrado en el artículo 366 del CGP.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de julio de 2010, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por María Magdalena Amaya De Guevara, en nombre propio y en representación de sus hijos Judy Carolina y Diego Alberto Guevara Amaya contra Empresa De Energía de Bogotá S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».