Sentencia SL14844-2014 de octubre 29 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL14844-2014

Radicación: 59763

Acta 39

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., veintinueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia dictada por el Tribunal «en cuanto revocó en todas sus partes la sentencia de primera instancia y en su lugar condene a la demandada conforme las pretensiones señaladas en la demanda».

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación que no tuvo réplica.

VI. Cargo único

Así lo plantea «la sentencia acusada recurrida por la causal primera de casación viola la ley sustancial por vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida del literal e) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en relación con el artículo 46 de la Carta Política y la Sentencia T-404 de 2009 de la Corte Constitucional que hace parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto hace parte de la normatividad supralegal de obligatorio cumplimiento constitucional.

A la anterior violación llegó el ad quem por error evidente de hecho al dar por demostrado que la demandante debió acreditar que para el momento de la muerte del causante padecía un estado de invalidez superior al 50% o más de la capacidad física sin tener en cuenta que la demandante es una persona de la tercera edad que goza de una protección diferencial desde el punto de vista legal y constitucional».

En la demostración transcribe las consideraciones del Tribunal, y luego acota que el artículo 46 de la Constitución Política impone la protección a las personas de la tercera edad, de forma que al Gobierno le corresponde extenderles el amparo, dado el abandono que muchos de ellos sufren y que, en este caso es patente dado que la demandante «enfrenta un estado de indefensión absoluto por haber perdido a su hermana protectora y benefactora, pero a la vez beneficiaria de su amor, su cuidados y labores domésticas, su compañera de vida y apoyo moral más que ningún otro ser».

Explica que en el curso del proceso se recibieron distintas declaraciones en las que se confirmó la dependencia económica, y que el fallecimiento de Maruja Náder Name condujo a que la demandante tuviese que «asumir una posición casi de mendicidad familiar que no ha sido superada hasta la fecha y que cada vez se torna más desalentadora por su condición de salud y su edad avanzada».

En tal sentido solicita que se considere una interpretación, de las disposiciones que denuncia en el cargo, más acorde con el contenido del referido precepto 46 constitucional.

Trae para refrendar su tesis un aparte de una sentencia de tutela de la Corte Constitucional T-404 de 2009 y dice que «es deber del Juez determinar la consecuencia de la aplicación legal de las normas jurídicas sustantivas dentro del contexto del derecho constitucional teniendo en cuenta que existen derechos con rango supralegal como el mínimo vital, el derecho a la salud, a la seguridad social y hasta el libre desarrollo de la personalidad de quienes los detenta», y nuevamente acude al pluricitado artículo 46 superior para indicar que «así no cumpla con el requisito de invalidez exigido legalmente, la señora Alicia Náder Name tiene el derecho constitucional para sustituir la pensión de sobrevivientes causada por su hermana Maruja Náder Name, teniendo en cuenta su avanzada edad y su estado de salud (padecimiento de hipoacusia bilateral aguda), entre otras patologías; resulta entonces reprochable la aplicación que para el caso concreto dispuso el ad quem del literal e) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para resolver el caso concreto a la luz de las razones expresadas».

VII. Consideraciones

La única acusación tiene deficiencias como la de no concretar en el alcance de la impugnación la labor de la Corte en sede de instancia, así como dirigirse por la senda de los hechos, sin indicar cuales fueron los errores de hecho en que incurrió el Tribunal, ni la enunciación de pruebas calificadas, dado que las declaraciones a las que se remite la recurrente, tienen el carácter de testimonio y por tanto están excluidas de estudio, en los términos del artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que solo permite tener en cuenta la confesión, el documento auténtico y la inspección judicial. Además se mezclan aspectos jurídicos relacionados con la equivocada hermenéutica del juzgador respecto de los requisitos exigidos a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, específicamente tratándose de hermanos inválidos, y en ello discurre la mayor parte de su discurso, en el que se apoya de decisiones de tutela.

Aunque evidentes tales defectos, son superables por la Sala, al comprender que lo pretendido es la casación de la providencia del juez plural, para que, en su reemplazo se confirme la del a quo y que lo que se cuestiona es la interpretación errónea del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que conllevó a la exclusión del beneficio pensional.

Bajo ese norte es pertinente indicar que el reseñado precepto, que modificó el 47 de la Ley 100 de 1993, contempló, entre otros, como beneficiarios, y siempre que faltara cónyuge, compañero o compañera permanente, padres o hijos, a los hermanos inválidos si dependían económicamente del pensionado o afiliado fallecido.

El objetivo primordial de dicha disposición no fue otro que el de proteger el núcleo, no solo conformado por los hijos o los padres, sino en algunas ocasiones por hermanos o hermanas que por razón de su invalidez y de su cercanía y absoluto desamparo de otros familiares también se vieran desprovistos de la ayuda que en vida se les dispensaba.

La expresión «hermanos inválidos» fue estudiada por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-896 de 2006, en la que se declaró su exequibilidad fundada principalmente en que la misma no violentaba el principio de igualdad y que era perfectamente posible que conforme la libertad de configuración legislativa se fijaran las condiciones de acceso de los eventuales beneficiarios que buscaban la salvaguarda ante la desprotección y la pobreza, como desarrollo del principio de solidaridad contenido en el sistema.

En dicho pronunciamiento de constitucionalidad, y en torno al problema jurídico que aquí se plantea, esto es la posibilidad de otorgar la prestación de sobrevivientes, únicamente con la comprobación de la dependencia económica de la hermana, eximiéndose para el efecto de la invalidez, se estimó que así como se requería a los cónyuges o compañeros acreditar el cumplimiento de los 30 años de edad, para acceder a la pensión vitalicia, o la convivencia en los 5 años anteriores al deceso y a los hijos del causante ser estudiantes y tener sujeción económica, o una invalidez previa, la exigencia para los hermanos no resultaba inequitativa, pues respondía a la ampliación del concepto de familia, pero además atendía a criterios básicos de sostenibilidad.

También se añadió que «dado que el precepto en comento parece pretender favorecer a los hermanos inválidos del afiliado o pensionado al régimen de prima media que muere y que dependían económicamente de él, en defecto del cónyuge o compañero(a) permanente, hijos y ascendientes, el criterio de comparación por seguir sería el siguiente: de un lado, la dependencia económica del causante, y de otro, el estado de debilidad manifiesta en el que se encuentra un sector de la población debido a razones de tipo interno —normalmente físicas o mentales—, las cuales impiden a sus miembros, en principio, proveerse a sí mismos lo necesario para llevar una vida digna, entre otras consecuencias (…) La Sala considera que estas dos circunstancias que prevé la disposición demandada no se presentan en el caso de los hermanos no inválidos del causante que dependían económicamente del mismo, ya que este segundo grupo de personas se encuentra en capacidad de proveerse a sí mismo lo necesario para llevar una existencia digna, a diferencia de los inválidos, quienes debido al alto grado de pérdida de capacidad laboral que presentan, están, en principio, en imposibilidad de acceder al mercado laboral … Así las cosas, dado que la situación de los hermanos inválidos que dependían económicamente del afiliado o pensionado que fallece no es comparable a la de los hermanos no inválidos que también dependían económicamente del mismo, en los términos antes precisados, la Sala no estima necesario llevar a cabo el juicio de igualdad en relación con estos dos supuestos».

Se destacó el hecho de que la protección por debilidad manifiesta, en razón de la invalidez, no solo estaba sujeto al contenido de los preceptos constitucionales 13 y 47, sino además por la «Declaración de los derechos del deficiente mental» aprobada por la ONU en 1971, «la Declaración de los derechos de las personas con limitación» aprobada por la Resolución 3447 en 1975 de la ONU, la Resolución 48/96 del 20 de diciembre de 1993 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre «Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad», la «Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad», la Recomendación 168 de la OIT, el Convenio 159 de la OIT, la Declaración de Sund Berg de Torremolinos de la UNESCO en 1981 y la «Declaración de las Naciones Unidas para las personas con limitación» de 1983, que promueven la inclusión de los discapacitados, entre otras, en la seguridad social y que como ese mandato progresivo está en cabeza del Estado surge perfectamente posible la existencia con normas de diferenciación positiva, en este caso de tipo normativo.

En tal sentido no pudo existir equivocación del juzgador cuando además de la dependencia, consideró fundamental la comprobación de la invalidez que, en este específico asunto no halló.

Ahora, la censora refiere que la ancianidad es motivo suficiente que suple el de la invalidez, lo que acompaña con disquisiciones respecto de las personas de la tercera edad.

Frente a tales cuestionamientos estima la Sala que no existe duda en que dentro de los mandatos constitucionales se encuentran los de la protección de los ancianos, solo que al ser la seguridad social un derecho progresivo, ante la existencia de recursos limitados, la cobertura universal, por lo menos en tema de pensiones, no se encuentra prevista como una obligación legal, en comparación con otros sistemas en los que, por ejemplo se garantiza una renta básica universal, o una prestación vitalicia a partir de los 65 años de edad.

Es decir que en Colombia no es posible jurídicamente el reconocimiento pensional por el hecho de haber llegado a la tercera edad, salvo que existan cotizaciones, aportes o vinculaciones de tipo laboral. Esa deficiencia se ha intentado menguar con mecanismos contemplados en la Ley 100 de 1993, como los subsidios por ancianidad, financiados por el Fondo de Solidaridad Pensional y que se encuentran previstos en sus artículos 257 y siguientes.

Tampoco es posible, como lo pretende la censora, considerar que la vejez, por sí misma, debe tenerse como una situación invalidante, pues la misma es un simple proceso fisiológico que no restringe las capacidades de los individuos de manera determinante y respecto de la cual no es posible presumir un daño o una afección, sino que es un proceso natural en cuya etapa los individuos aunque ven disminuidas determinadas cualidades biológicas, fortalecen otras, sin que por tanto, se insiste, puedan presumirse inválidos.

Por lo visto el único cargo nos prospera.

Sin costas en el recurso extraordinario toda vez que no hubo réplica.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta (30) de abril de dos mil doce (2012) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ALICIA NÁDER NAME contra UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»