Sentencia SL14877-2016/48885 de octubre 5 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL14877-2016

Rad. 48885

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Acta 37

Bogotá, D.C., cinco de octubre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende que la Corte case totalmente la sentencia recurrida y, en su lugar, acceda a todas las pretensiones de la demanda inicial, las cuales repite con algunas variaciones.

Con tal propósito formula un cargo que fue oportunamente replicado.

VI. Cargo único

Expresa que el Tribunal violó, indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, los arts. 13, 14, 55, 57, 59, 61, 64, 65, 127, 128, 132, 149, 186 y 189 del CST, 7º literal b), y 8º del Decreto 2351/1965, 6º de la Ley 50/1990, 8º y 17 de la Ley 153/1887, 1613 a 1617, 1626, 1627 y 1649 del C.C.

Afirma que a tal violación se arribó por haber incurrido en los siguientes errores de hecho:

1º. Dar por demostrado, contra la evidencia, que ninguno de los hechos o motivos indicados por el actor en la carta de terminación del contrato estructuraba una justa causa de despido indirecto.

2º. Dar por demostrado, contra la evidencia, que los hechos que el actor narró en la carta de terminación del contrato correspondían solamente a diferencias de criterio o controversias propias de la actividad comercial de la Empresa.

3º. Dar por demostrado, contra la evidencia, que el actor quiso imponer a los directivos de la demandada el texto que debía contener el acta de Junta Directiva Nº 62.

4º. Dar por demostrado, contra la evidencia, que ninguno de los pagos recibidos por el actor, adicionales a su salario mensual, era constitutivo de remuneración de servicios.

5º. No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que el actor invocó como hecho o motivo de su despido indirecto la inducción por el empleador para que incurriera en un acto ilícito.

6º. No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que el actor invocó como hecho o motivo de su despido indirecto la ejecución de actos que lo degradaron y que ofendieron su dignidad

7. No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que adicional al salario básico u ordinario, la sociedad demandada le hacía al actor, por fuera de nómina, pagos que remuneraban el servicio.

8º. No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que la sociedad demandada solamente pagó al actor el sueldo que le quedó adeudando a la terminación del contrato de trabajo mediante consignación efectuada cuarenta y seis días después de dicha terminación, esto (sic) es el 22 de septiembre de 2.000.

Expresa que tales yerros se cometieron por no haber apreciado correctamente la demanda inicial (fls. 2 a 18), su respuesta (fls. 134 a 142), las documentales (fls. 99 a 102, 70 a 73. 74 a 78, 148 y 149, 153 a 158 y 159) y los testimonios de Ana Betulia Guzmán Guerra (fls 271 a 273) y Ramiro Luis Agudelo López (fls. 274 a 276).

Y por no haber apreciado el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la sociedad demandada (fls 248 a 249 y 252 a 254), los documentos (fls. 19, 20. 22, 23 a 25. 26 y 27, 28 a 37, 38 a 39, 46, 49 y 50, 51 y 52, 59, 60 y 61, 64 y 65, 66 a 69. 79 a 82. 83, 84 a 88, 94. 95, 97,103 a 112,131 a 133,147, 243 y 243 vto. y 244 y 244 vto.), los testimonios de José Joaquín Cortés Mateus (fls. 256 a 257, 259 y 260 y 263 a 266) y Alejandro Eugenio Bustos Ramírez (fls. 267 a 270).

En la demostración del cargo comienza por criticar la transcripción que del contenido de la carta con la que el trabajador puso fin a la relación laboral, hizo el Tribunal, pues en su sentir, tal hecho contraría la “lógica y la técnica judicial que impone al Juez analizar las pruebas en lugar de transcribirlas”.

Aduce que en la carta de despido indirecto se relató con claridad, que las actuaciones de Méndez Rivera —directivo de la sociedad—, estaban dirigidas a forzar la renuncia del demandante, pues se arrogó funciones que correspondían al actor y lo degradó jerárquicamente porque le solicitaba a sus subalternos informes y documentos sin consultar con él.

Se refiere a las actas de junta directiva de folios 74 a 78 y 84 a 88, y acusa al Tribunal de valorarlas con error dado que las primeras no fueron firmadas por quienes correspondía, mientras que las segundas sí. Explica nuevamente los hechos de la demanda inicial relacionados con la inscripción del acta 62 en el libro de actas a lo que afirma se negó porque no correspondía a lo que se decidió el 30 de mayo de 2000.

Afirma que en la referida acta consta que al actor se le quería limitar en sus funciones gerenciales y de cobro ante Seguros Atlas S.A. para evitar “mayores costos”, lo cual constituye una evidente afrenta a su dignidad.

Igualmente, expone que si el fallador de segundo grado hubiese valorado la documental de folios 38 a 39, en la cual consta el proyecto de contrato de unión temporal entre la demandada y Previmedic Ltda., se hubiese percatado que al accionante le asistía razón al oponerse a su firma, en tanto significaba un “peligro” para la sociedad demandada, así como que tal hecho generó la persecución de la que fue víctima al punto de solicitar su renuncia y a nombrar en su reemplazo a una familiar del señor Méndez.

En relación con el despido indirecto, concluye:

La inducción a un acto ilícito, la limitación o degradación de funciones y la amenaza de terminación del contrato constituyeron obviamente, contra lo que concluyó el Tribunal, justos motivos para la terminación del contrato de trabajo del demandante por causa imputable al empleador, todas demostradas con pruebas calificadas y que como se verá más adelante, se ratificaron en el proceso con la prueba testimonial que el Tribunal apreció también de manera equivocada.

En lo que corresponde con los pagos que se efectuaron por fuera de nómina y por interpuestas personas —suma fija mensual y bonificación anual—, acusa al Tribunal de no haber dado por establecido que retribuían la prestación del servicio del actor, efecto para el cual refiere a múltiples documentales en las que —afirma— se prueba que la empresa se comprometió a reconocerle bonificaciones anuales como compensación por sus servicios, así como las autorizaciones que con tal propósito profirió la junta directiva. Con la misma finalidad, se refiere al interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de Humana Vivir S.A., quien respondió que era cierto que en diferentes oportunidades esa junta autorizó el pago de bonificaciones anuales en favor del actor.

Afirma que si “el Tribunal hubiera apreciado con menos descuido” los pagos efectuados a Ana Betulia Guzmán y Ramiro Agudelo Gómez, junto con otras documentales, habría advertido que en verdad eran pagos destinados al actor que estaban avalados por la revisoría fiscal y la junta directiva, así como que era una práctica usual con otros empleados de la sociedad.

Igualmente, pone de presente que la demandada le cancelaba a Moya Franco, por fuera de nómina, $ 2.900.000, dinero que si bien es cierto recibía por interpuesta persona, constituye salario porque estaban destinados a retribuir la prestación directa del servicio.

De otro lado, aduce que también se equivocó el Tribunal, al no dar por demostrado, estándolo, que los salarios causados a la finalización del vínculo laboral se cancelaron tardíamente: 46 días después (fls. 147 y 148), razón por la que al menos, debió reconocer la indemnización moratoria causada entre el 7 de agosto y el 22 de septiembre de 2000.

Finalmente, expone que las testimoniales rendidas por José Joaquín Cortés Mateus (fls. 256 a 257, 259 y 260 y 263 a 266) y Alejandro Eugenio Bustos Ramírez (fls. 267 a 270), no fueron valoradas por el Tribunal, y que las declaraciones de Ana Betulia Guzmán (fls. 271 a 273) y Ramiro Luis Agudelo (fls. 274 a 276), fueron erróneamente apreciadas, y que unas y otras dan cuenta de que los pagos que por su intermedio se le hicieron al demandante, en contraprestación de sus servicios y que, por tanto, eran salario.

VII. Réplica

Afirma que la censura no demuestra cuál fue el error evidente que cometió el fallador de segundo grado al valorar la carta de terminación del contrato de trabajo, pues su crítica la centra en haber transcrito en su integridad la citada misiva; que el alegato es propio de las instancias, y que no controvierte los soportes fundamentales de la sentencia.

VIII. Consideraciones

Debe dilucidar la Sala: (i) si al plenario quedaron acreditadas las justas causas del despido indirecto, (ii) si la demandada le adeuda al accionante, conceptos salariales que además de su pago, impliquen la condena a la sanción moratoria impetrada y (iii) si incurrió la empleadora en mora en el pago de acreencias laborales a la terminación del contrato de trabajo.

1. Del despido indirecto.

La Sala comienza por recordar que el contrato de trabajo puede llegar a su fin por diferentes razones; bien porque mutuamente lo acuerdan las partes o bien por la decisión unilateral de alguna de ellas con justa o sin justa causa. En este último evento, tanto empleador como trabajador tienen la obligación de manifestar a la otra parte, la causal o motivo de esa determinación sin que posteriormente pueda alegar válidamente causales distintas.

El despido indirecto producto de la renuncia del trabajador, se configura cuando el empleador incurre en alguna o algunas de las cuales previstas en el literal B del art. 7º del Decreto 2351 de 1965 que modificó el art. 62 del CST y, aunque si bien en principio se ha señalado que al primero le basta con acreditar la terminación del contrato de trabajo para impetrar judicialmente los efectos de su terminación injusta, en este caso, la carga de la prueba se invierte de manera que, además, le corresponde demostrar que la decisión de renunciar obedeció a justas causas o motivos imputables al segundo (fls. 99 a 102).

Así las cosas, en el sub lite, se tiene que al actor —al tenor de lo dispuesto en la citada norma legal— le correspondía demostrar además de la renuncia, el “incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador, de sus obligaciones convencionales o legales”, que fue precisamente lo que el ad quem echó de menos tanto en la carta de despido como en las pruebas que para tal fin aportó Moya Franco.

Las reflexiones del Tribunal en punto a ese motivo de inconformidad las comparte la Sala, pues de ninguna de las pruebas que denuncia la censura como indebidamente valoradas o dejadas de apreciar puede inferirse que el empleador incurrió en el incumplimiento sistemático de las obligaciones contractuales.

Ello es así, por dos razones: una, porque como bien lo dedujo el sentenciador de segundo grado, esas pruebas acreditan “una serie de situaciones que responden más bien a diferencias de criterio entre las partes entiéndase Gerente, Presidente y Socios; que al desconocimiento de derechos del trabajador que verdaderamente lo hubiese llevado al único camino justificable de presentar su renuncia” y, otra, porque Méndez Rivera y Rincón Méndez, a quienes el demandante acusa de haber desplegado conductas que en últimas lo hicieron renunciar, no ejercían potestad de subordinación frente Moya Franco cuyo superior jerárquico en la empresa era la Junta Directiva de esta.

En ese sentido, se equivocó el demandante en la orientación del litigio, porque si bien los citados accionistas formaban parte de la junta Directiva de la sociedad, ni siquiera su condición de socios mayoritarios, les otorgaba la posición de empleador del demandante.

Por lo visto en sede de casación, el recurrente dejó incólumes los fundamentos esenciales de la decisión de segundo grado, según los cuales, (i) el trabajador demandante no demostró “el supuesto incumplimiento sistemático, sin razones válidas por parte del patrono, de sus obligaciones convencionales o legales consagradas en el numeral 6º del literal b) del art. 62 del C.S.T.”, (ii) la carta de terminación del contrato de trabajo demuestra “una serie de situaciones que responden más bien a diferencias de criterio entre las partes entiéndase Gerente, Presidente y Socios; que al desconocimiento de derechos del trabajador que verdaderamente lo hubiese llevado al único camino justificable de presentar su renuncia; y (iii) por lo tanto resulta inocuo buscar en las pruebas aportadas, tanto documentales como testimoniales la verificación de unos hechos que per se no son ni responden a acciones u omisiones reprochables como la justa causa invocada del numeral 6º del art. 62”.

En efecto, esas conclusiones del ad quem, quedaron libres de ataque porque la censura limitó su alegación a demostrar sin éxito, que en el trámite de elaboración y aprobación del acta Nº 62 de la junta directiva de mayo 30 de 2000, Méndez Rivera y Rincón Méndez incurrieron en irregularidades a través de las cuales pretendieron inducirlo a cometer un ilícito al que se negó y originó la persecución de la que fue objeto, situación que de haber sido acreditada en el plenario, en todo caso, no conduciría al incumplimiento sistemático de las obligaciones del empleador, porque como ya se dijo, dichos accionistas individualmente considerados no tenían la condición de empleador del demandante ni tenían respecto de él, poder subordinante.

Bajo tal perspectiva, la acusación que se le formula al juzgador de segundo grado por falta de apreciación o errónea valoración de las pruebas resulta inane, porque como bien se afirma en la sentencia objeto de revisión, es inocuo “buscar en las pruebas aportadas, tanto documentales como testimoniales la verificación de unos hechos que per sé no son ni responden a acciones u omisiones reprochables como la justa causa invocada del numeral 6º del art. 62” del CST.

No obstante, al revisar las pruebas que denuncia el recurrente, en lo que a este punto concierne, se observa que tienen que ver con la demanda y su contestación; con actos propios de los órganos sociales tales como borradores, textos definitivos de actas de Junta Directiva, comunicaciones relacionadas con el acta 62, proyecto de contrato de unión temporal, informes de revisoría fiscal; empero, ni esas documentales ni el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada, dan cuenta de las causas o motivos que invocó Moya Franco en su carta de terminación del contrato de trabajo, de modo que en criterio de la Sala, el tribunal no incurrió en los yerros fácticos enunciados en el cargo, dado que el demandante no demostró que su superior jerárquico hubiere desarrollado conductas que limitaran o degradaran sus funciones en condición de gerente de la sociedad, ni lo indujera a cometer un acto ilícito, así como tampoco el incumplimiento sistemático de las obligaciones de la empleadora Humana Vivir S.A.

2. Bonificación anual y pagos por fuera de nómina.

Ha de recordarse, que el Tribunal no le dio prosperidad a las pretensiones del actor en relación con la connotación salarial de los pagos que —afirmó— percibió por fuera de nómina a través de interpuestas personas, porque al expediente no aparece demostrado que ese proceder fuera “orquestado” por la empresa para encubrir su carácter salarial; porque fue el mismo Moya Franco quien como gerente ideó tal procedimiento de modo que “no es de recibo que ahora venga alegar su propia culpa”; porque ningún medio probatorio acredita que esos pagos efectuados a terceros estaban destinados a retribuir su prestación directa del servicio, y porque el salario integral que este devengaba, no justificaba un mayor valor a través de terceros.

Sin embargo, la censura no controvirtió dichas conclusiones; se limitó a enunciar varias documentales y el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada, que dan cuenta de la intención de la empresa y de la Junta directiva de pagar a su trabajador bonificaciones por gestión en la prestación de sus servicios, más ninguna de ellas acredita que los pagos efectuados a terceros mediante cuentas de cobro tenían tal finalidad.

Ahora bien, debe destacar la Sala que las pruebas que relaciona el recurrente (actas de Junta Directiva de folios 302 a 304, 305 a 307, 316 a 318, 319 a 321, 64 a 65 y 66 a 69), informan que el demandante percibía bonificaciones a mera liberalidad de su empleador y no tenían carácter habitual o periódico, de manera que no pueden catalogarse como salario en los términos del art. 127 del CST.

Así se infiere, por ejemplo, del acta 25 (fls. 305 a 37) cuyo texto es del siguiente tenor:

(…) La junta por unanimidad expresa que aunque no se ha alcanzado el equilibrio financiero, le reconoce al Sr. Gerente su preocupación en la función y estructuración de la empresa, así como su entusiasmo en su desarrollo comercial y el éxito en las negociaciones y acciones tendientes a la solidificación del área de informática de la empresa. De esta manera, asigna un reconocimiento espontáneo, por mera liberalidad y por una sola vez, de un salario de 1.996 por la gestión realizada entre el 20 de junio de 1.995 y el 31 de diciembre de 1996 (se resalta).

En relación con la suma fija mensual que según el accionante se cancelaba por interpuestas personas en moto igual a $ 2’900.000, basta con decir que la única prueba que al efecto controvierte la censura, esto es el cheque que acredita que él en condición de gerente se lo giró a Ana Betulia Guzmán Guerra en situaciones de trabajo regulares, más allá de demostrar una relación económica entre esos dos sujetos, no indican de manera alguna que correspondía a pagos salariales de la demandada con destino al accionante.

Por contera, dado que la accionada no le adeuda a su ex trabajador suma alguna por concepto de salarios, no hay objeto sobre el cual proceda la condena a la sanción moratoria impetrada.

3. Indemnización moratoria.

Adujo el accionante que Humana Vivir S.A. incurrió en mora en el pago de sus acreencias laborales a la finalización del contrato de trabajo, porque pese a que terminó el 6 de agosto 2000 efectuó el pago por consignación o depósito judicial solo hasta el 22 de septiembre de ese año.

Pues bien, tampoco se equivocó el ad quem en la absolución que en tal sentido profirió, en razón de que en el folio 148 obra el título de depósito judicial Nº 9206950, en el que consta que en la fecha señalada por el demandante, la sociedad puso a disposición del actor sus acreencias laborales causadas con ocasión de la finalización del vínculo laboral, por concepto de vacaciones y salario, dado que no se presentó a la empresa a recibir su pago.

De ello, da cuenta la comunicación que la sociedad remitió al juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, a través del cual informó al despacho, lo siguiente:

La Empresa hubo de tomar esta decisión del pago de acreencia laboral causada a su cargo, por cuanto desde la fecha de terminación del vínculo laboral el referido Doctor MOYA FRANCO no hizo presencia en la Empresa a recibir personalmente el valor liquidado de sus derechos laborales, no obstante haber manifestado verbalmente, vía telefónica que se acercaría a la Empresa para este efecto (se resalta).

En criterio del Tribunal, que prohíja la Sala, ese proceder que no fue controvertido por el demandante, demuestra que la sociedad no incurrió en conductas dilatorias o desprovistas de buena fe, de modo que no se equivocó el sentenciador de segundo grado al confirmar la decisión en punto a la absolución de la indemnización moratoria.

El cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario, por virtud de que la acusación no salió avante y hubo réplica, estarán a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 3.250.000) m/cte, que se incluirán en la liquidación con arreglo a lo dispuesto en el art. 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 30 de julio de 2010, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral que Carlos Alberto Moya Franco adelanta contra Humana Vivir S.A. E.P.S.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».