Sentencia SL14923-2014 de octubre 29 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 47676

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

SL14923-2014

Acta 39

Bogotá, D. C., veintinueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado de la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida y que, en sede de instancia, confirme la decisión emitida en la primera instancia.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación laboral, que no fue replicado y que pasa a ser examinado por la Corte.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia recurrida “[…] por violación indirecta y aplicación indebida de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, artículo 141 de la Ley 100 de 1993, violación en que incurrió el sentenciador a causa de errores evidentes y ostensibles de hecho originados en la errónea apreciación de unas pruebas”.

Dice que el tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho manifiestos:

1º Dar por demostrado sin estarlo, que la señora María de Fátima Calderón de Castro, dependía económicamente para su digna subsistencia de los pequeños ingresos que le otorgaba su hija fallecida Ángela Patricia Castro Calderón.

2º No dar por demostrado estándolo, que la señora María de Fátima Calderón de Castro no dependía económicamente para su digna subsistencia de los ingresos que ella recibía de su hija fallecida Ángela Patricia Castro Calderón.

Igualmente, enlista como pruebas erróneamente apreciadas la comunicación dirigida por el señor Ezequiel Antonio Castro López a Pensiones y Cesantías Horizonte, en la que solicita el pago del auxilio funerario por la muerte de Ángela Patricia Castro Calderón (fl. 42); el documento suscrito por Ezequiel Antonio Castro López ante el Notario 2 del Círculo de Pereira (fl. 43); el documento firmado por la demandante ante el Notario Segundo del Círculo de Bogotá (fl. 44); la solicitud dirigida a la Notaría Quinta de Bogotá, en la que se confiesan los ingresos del núcleo familiar (fl. 45); y la comunicación del 30 de octubre de 2003 (fl. 47).

En la demostración del cargo, el censor arguye que las manifestaciones de la demandante, consignadas en los documentos de folios 44, 45 y 47, deben tenerse como una confesión de su falta de dependencia económica, pues allí admite que su hija le contribuía con tan solo $300.000.oo mensuales para su subsistencia, que equivalían a un 25% de sus ingresos totales, que, según allí mismo se aclara, ascendían a la suma de $1.200.000.oo, de manera que no existía la dependencia económica exigida por el legislador y, por lo mismo, no se reunían los requisitos necesarios para disponer el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Agrega que después de demostrados los errores de hecho, por la indebida valoración de los documentos y de la confesión allí configurada, se deben tener en cuenta como pruebas erróneamente apreciadas los testimonios de los señores Wilmar Alberto Castro Calderón, Ana María Ruíz Guzmán y Adamo Antonio García Quiroz, “[…] quienes señalaron cómo la señora demandante se dedicaba a hacer aseos en el apartamento y a lavar ropa, así como arepas y empanadas lo cual corrobora la discriminación confesada por la demandante sobre sus ingresos mensuales, que demuestra cómo solo el 25% de esos ingresos provenían de su hija Ángela Patricia Castro Calderón por lo que no existía dependencia económica de la demandante, requisito legal indispensable para obtener la pensión de sobrevivientes”.

VIII. Consideraciones

En esencia, la censura se esfuerza por demostrar que los documentos obrantes a folios 44, 45 y 47 contienen una confesión de la demandante, frente a su falta de dependencia económica con respecto a su hija fallecida Ángela Patricia Castro Calderón, pues dan cuenta de que tan solo le aportada (sic) el 25% del total de sus ingresos.

Una vez analizados los referidos documentos, de una manera objetiva y razonable, la Corte encuentra:

El escrito obrante a folio 44 del expediente, nada dice a los propósitos perseguidos en el cargo, pues en el mismo la demandante aduce simplemente que “[…] nunca he trabajado y me desempeño en las labores del hogar y no tengo renta ni recibo ningún dinero […]”.

No sucede lo mismo con el documento obrante a folio 45, pues a través del mismo, la propia demandante manifiesta libre y voluntariamente:

1. Que los ingresos promedio mensuales de mi núcleo familiar ascienden a la suma de un millón doscientos mil pesos ($1.200.000.oo), moneda corriente, por lo cual los mismos sumaron en el semestre enero-junio de 2003 $7.200.000.oo.

2. Que en igual periodo los egresos ascendieron a la suma de seis millones de pesos ($6.000.000.oo), moneda corriente, para un promedio mensual de $1.000.000.oo, repartidos en arrendamiento, alimentación vestuario y servicios públicos.

3. Que los ingresos obtenidos provienen de la actividad comercial derivada de una pequeña fuente de soda administrada por mis dos hijos varones.

4. Que mi hija Ángela Patricia Castro Calderón (Q.E.P.D.), era quien me colaboraba con los gastos del hogar, con el producto de su trabajo como empleada de empresa privada (negrillas fuera de texto).

En igual dirección, en el documento obrante a folio 47, dirigido a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Horizonte S.A., la demandante indica nuevamente:

Para el sostenimiento del hogar o núcleo familiar, cada uno de sus miembros contribuye con las siguientes sumas de dinero mensualmente:

Ángela Patricia (Q.E.P.D.) aportaba la cantidad de $300.000.oo.

Maryori otra de mis hijas, aporta la cantidad de $200.000.oo.

La suscrita madre del núcleo familiar aporto $100.000.oo.

John Fredy, mi hijo varón mayor, contribuye con $300.000.oo.

Wilmar, mi otro hijo varón, contribuye con $300.000.oo.

Total aportado por el núcleo familiar para gastos de sostenimiento del hogar, mensualmente $1.200.000.oo.

Mi esposo, el señor Ezequiel Castro está sin empleo, pero les colabora a mis hijos en la administración de una pequeña fuente de soda (negrillas fuera de texto).

La anterior información proviene de documentos suscritos por la propia parte demandante María de Fátima Calderón de Castro y, en efecto, contienen una confesión expresa y clara frente a los ingresos que tenía su núcleo familiar y, a la larga, en torno a su falta de dependencia económica con respecto a su hija fallecida Ángela Patricia Castro Calderón.

En efecto, allí se consigna claramente que los ingresos del núcleo familiar de la demandante ascendían a la suma de $1.200.000.oo y que de dicho rubro, tan solo $300.000.oo, es decir el 25%, eran aportados por la afiliada fallecida Ángela Patricia Castro Calderón. También consta en los referidos escritos que la demandante mantenía otros ingresos provenientes de un establecimiento de comercio —fuente de soda—, administrada por sus hijos, de manera que recibía ingresos importantes, a la hora de considerar que era capaz de sostenerse autónoma e independientemente, sin las pequeñas contribuciones económicas que le ofrecía su hija fallecida.

A partir del documento de folio 47 también se puede advertir que colaboraba con la administración de la fuente de soda de la cual provenían sus ingresos. La misma inferencia se deriva de los escritos obrantes a folios 43 y 44, en donde cada uno de los cónyuges identifica como su domicilio común el inmueble ubicado en la carrera 5 Nº 26-73 de la ciudad de Pereira, y en el de folio 46, en el que el señor Ezequiel Antonio Castro López reconoce como su esposa a la señora María de Fátima Calderón de Castro, para presentar la reclamación de la pensión de sobrevivientes.

El Tribunal omitió la valoración de los anteriores elementos de juicio, en toda su magnitud, a pesar de que resultaban absolutamente relevantes para la definición de la situación discutida, pues conllevaban irrefutablemente a las siguientes conclusiones: i) que la demandante tenía ingresos provenientes de tres de sus hijos, diferentes de la afiliada fallecida, además de otros derivados de las ganancias de una “[…] fuente de soda […]”; y ii) que los dineros que le suministraba su hija Ángela Patricia (Q.E.P.D.) ascendían, por mucho, al 25% del total de sus entradas.

Con base en ello, no era posible inferir de manera lógica, razonable y definitiva que la demandante dependía económicamente de manera completa de su hija Ángela Patricia Castro Calderón, hasta el momento de su muerte. En tal sentido, el Tribunal incurrió en el error de hecho manifiesto denunciado por el censor, de dar por demostrado que la señora María de Fátima Calderón de Castro dependía económicamente de su difunta hija, sin advertir que ella misma había confesado que tan solo recibía un aporte, que no superaba el 25% del total de sus ingresos y que no la alejaba de la condición de ser autosuficiente económicamente.

El cargo, como consecuencia, resulta fundado.

VIII. Sentencia de instancia

En sede de instancia, la Corte debe comenzar por reiterar que es cierto que la dependencia económica que exige el literal d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, no debe identificarse con una sujeción total y absoluta del presunto beneficiario a los ingresos económicos que percibía el causante, de manera que no excluye la existencia de otras rentas o fuentes de recursos, propios o provenientes de otras personas diferentes, pues no es necesario que se encuentre en estado de mendicidad o indigencia. Así lo ha venido reconociendo la Sala en sentencias como las CSJ SL400-2013, CSJ SL816-2013, CSJ SL2800-2014, CSJ SL3630-2014 y CSJ SL6690-2014, entre muchas otras, y así lo impuso la Corte Constitucional en la sentencia C 111 de 2006, al declarar la inexequibilidad de la expresión “[…] de forma total y absoluta […]” contenida en la disposición.

No obstante lo anterior, la Sala también ha enseñado que el hecho de que la dependencia no deba ser total y absoluta, “[…] no significa que cualquier estipendio que se le otorgue a los familiares pueda ser tenido como prueba determinante para ser beneficiario de la pensión, pues esa no es la finalidad prevista desde el inicio, ni menos con el establecimiento en el sistema de seguridad social, cuyo propósito, se insiste, es servir de amparo para quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba realmente a mantener unas condiciones de vida determinadas” (CSJ SL4811-2014).

En tales términos, aunque no debe ser total y absoluta, en todo caso, debe existir un grado cierto de dependencia, que la Corte ha identificado a partir de dos condiciones: i) una falta de autosuficiencia económica, lograda a partir de otros recursos propios o de diferentes fuentes; ii) y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos provenientes de la persona fallecida, de manera que, ante su supresión, el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo vital en un grado significativo.

De lo dicho se sigue que la dependencia económica requerida por la ley, para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, debe contar cuando menos con los siguientes elementos: i) debe ser cierta y no presunta, esto es, que se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres; ii) la participación económica debe ser regular y periódica, de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario; iii) las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de este; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.

Así, la dependencia económica tiene como rasgo fundamental el hecho de que, una vez fallecido el causante y, por lo mismo, extinguida la relación de contribución económica hacia el presunto beneficiario, la solvencia de este último se ve amenazada en importante nivel, de manera que pone en riesgo sus condiciones dignas de vida. Esto es, una persona es dependiente cuando no cuenta con grados suficientes de autonomía económica y su nivel de vida digna y decorosa está subordinada a los recursos provenientes del que fallece.

Tales condiciones, como también lo ha sostenido la Corte, deben ser analizadas en los momentos previos al fallecimiento y no después de tal suceso (CSJ SL886-2013) y en cada situación en concreto, a partir de la condición económica del presunto beneficiario y de acuerdo con las pruebas regular y oportunamente practicadas en el trámite del proceso. (CSJ SL816-2013 y CSJ SL3630-2014).

En el presente asunto, como se dijo en sede de casación, fue la propia demandante la que confesó que tenía los ingresos necesarios para agenciarse su propia subsistencia, de forma tal que era económicamente autosuficiente y los aportes que le reportaba su hija fallecida tan solo representaban una parte no determinante de sus rentas y, en todo caso, no eran definitivas a la hora de lograr su congrua subsistencia.

Así las cosas, en este caso, no estaba demostrada la falta de autosuficiencia económica, ni la existencia de un aporte significativo, además de proporcionalmente representativo, en función de los ingresos totales percibidos por la presunta beneficiaria, que como ella misma confesó ascendían a la suma de $1.200.000.oo mensuales.

Estas premisas se derivan de la información suministrada de manera clara y precisa por la propia demandante y, como lo señaló el a quo, desautorizaban las declaraciones de Ana María Ruíz Guzmán (fls. 91 y 92), Ádamo Antonio García Quiroz (fls. 92 y 93) y Wilmar Humerto Castro Calderón (fls. 94 a 96), que a pesar de que expresaron que la afiliada fallecida asumía los gastos de sostenimiento de la demandante, porque era separada de su esposo, no lograron desfigurar la explicación detallada de los ingresos dada por la propia interesada.

Así las cosas, le asistió plena razón al juzgador de primer grado cuando concluyó que “[…] no fue acreditado el requisito de la dependencia de la causante para acceder a la pensión de sobrevivencia, en los términos de las normas y reseñas jurisprudenciales arriba consignadas”.

Por lo mismo, en sede de instancia, se confirmará la decisión emitida en la primera instancia.

Sin costas en el recurso de casación.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 1º de julio de 2010 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral seguido por María de Fátima Calderón de Castro contra BBVA Horizonte – Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías y al cual fue vinculado el señor Ezequiel Antonio Castro Torres.

En sede de instancia, confirma la decisión emitida el 12 de marzo de 2010 por el Juzgado Primero Adjunto Laboral del Circuito de Pereira.

Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».