Sentencia SL1496-2014 de febrero 2 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 43118

SL1496-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 04

Bogotá, D.C., doce de febrero dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. El recurso de casación

Fue interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Pretende el recurrente que se case totalmente la sentencia recurrida “... y proceda en Sede de Instancia a modificarla en la forma solicitada en la demanda”. Dice también que persigue que la Corte, en sede de instancia, modifique la decisión absolutoria y condene a las demandadas a “... reconocer a la demandante su pertenencia al retén social, en su condición de mujer cabeza de familia, la reliquidación del pago de la indemnización por despido sin justa causa con la consecuente orden de pago de la indemnización moratoria”.

Con el propósito anunciado formula dos cargos, por la causal primera de casación laboral, oportunamente replicados y que pasan a ser analizados por la Corte.

IV. Primer cargo

Acusa al Tribunal de haber incurrido en una:

Violación de la ley sustancial, en la modalidad de incursión en un error de hecho por falta de apreciación de la documental obrante a folios 170 a 181, con relación a los artículos 12 de la Ley 790 de 2002 y el artículo 2º de la Ley 82 de 1993, artículos 16, 19, 20, 467, 468, 469, 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo; numeral 1º, 2º, 3º, 6º, 9º, del artículo 26 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945. Artículo 3º Ley 64 de 1946. Artículo 5º Decreto-Ley 1045 de 1978. Artículo 3º Decreto-Ley 1045 de 1978; 1494, 1495, 1602, 1613, 1614, 1626, 1627 y 2056; artículos 60, 61 y 145 del Código de Procedimiento Laboral; al señalar que la demandante no demostró su condición de madre cabeza de familia.

En la demostración del cargo, el censor indica que en el proceso se encontraba plenamente demostrada la relación laboral de la demandante, su salario, el despido sin justa causa, el pago de la indemnización y que no fue incluida dentro del retén social, a pesar de haberlo solicitado oportunamente.

A continuación, aduce que en el documento en el que la actora le había informado a la demandada que su esposo se encontraba en estado de discapacidad, se había anotado claramente, dentro del acápite de observaciones: “No cumple requisitos, sin embargo su situación es muy complicada, por cuanto su esposo está impedido por enfermedad neurológica irreversible, de lo cual adjunta documentación, su nivel académico es muy bajo, dificultad de ubicación rápida en el mercado laboral”. Tras lo anterior, agrega, resultaba fácil advertir que la demandante sí le había informado y demostrado a Telecom en Liquidación su condición de madre cabeza de familia, de manera que no había sido inscrita en el retén social de manera totalmente injustificada.

En el anterior orden, afirma que el tribunal incurrió en un error de hecho manifiesto al determinar que no se había demostrado la situación de dependencia económica del cónyuge de la demandante, pues, alega, bastaba con la observación del documento obrante a folio 170, para concluir que esta última había presentado toda la información que la catalogaba como cabeza de familia, en la medida en que su esposo se encontraba en condiciones de discapacidad. Sostiene también que dentro del proceso obraba la historia clínica del señor Jorge Mosquera Sánchez (fls. 172 a 181), en la que constaba que padecía una enfermedad de cuatro años de evolución, que lo hacía depender totalmente de su esposa, pues le generaba dificultades para desplazarse, de aprendizaje, etc., y reclama, en este punto, que la dependencia económica no requiere de prueba solemne, menos aun cuando proviene de una perturbación grave y plenamente demostrada en el proceso.

Por último, reproduce el texto del artículo 2º de la Ley 82 de 1993 y arguye que, con base en el mismo, la demandante es “madre cabeza de familia”, merecedora de la protección establecida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, por lo que procedía el pago de los salarios causados desde la fecha de su despido y hasta el 31 de enero de 2006, cuando se terminó el proceso de liquidación de Telecom, con la consecuente reliquidación de las demás prestaciones e indemnizaciones.

V. La réplica

La apoderada de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP se opone a la prosperidad del cargo y, con tales fines, aduce que el alcance de la impugnación fue inadecuadamente planteado y que, en general, el cargo contiene varios defectos técnicos insuperables, pues no se precisa la vía por la cual se produjo la violación de la ley que se acusa y, si se entendiera que es la indirecta, no se señalan los errores de hecho que cometió el tribunal, ni las pruebas que dieron origen a ellos.

El apoderado del patrimonio autónomo de remanentes PAR considera también que el alcance de la impugnación fue planteado en forma errónea, además de que contiene súplicas que nunca hicieron parte de la demanda inicial. Igualmente, advierte que no fue planteado el concepto de la violación, ni los errores de hecho o la forma en la que se generaron.

VI. Consideraciones de la Corte

Tal y como lo argumentan las entidades opositoras, la demanda de casación contiene varias falencias técnicas que, no obstante, no comprometen por sí solas la prosperidad de la acusación, ya que al acometer un sano ejercicio de interpretación de sus fundamentos, para la Corte resulta posible encontrar estructurado un ataque, que puede resolverse de fondo.

En efecto, en primer lugar, es cierto que el alcance de la impugnación fue inadecuadamente planteado, pues se le pide a la Corte la casación total de la sentencia recurrida y al mismo tiempo su modificación, lo que, como ya se ha discernido en múltiples oportunidades, constituye un imposible lógico, pues una vez casada, la decisión desaparece del mundo jurídico. De otro lado, la petición que se eleva resulta contradictoria, pues primero se requiere una modificación de la providencia recurrida “... en la forma solicitada en la demanda”, que a su vez es generosa en pretensiones, pero, del mismo modo, a renglón seguido, se ruega únicamente que se reconozca “... a la demandante su pertenencia al retén social, en su condición de mujer cabeza de familia, la reliquidación del pago de la indemnización por despido sin justa causa con la consecuente orden de pago de la indemnización moratoria”.

Esas dos peticiones, a su vez, se encuentran planteadas de manera disyuntiva en la demanda inicial, como cuarta y quinta pretensión subsidiaria, de manera que de prosperar la primera de ellas, se imposibilitaría el estudio de la segunda. En eso orden debe entenderse que el primer cargo se plantea de manera principal, en la medida que se ocupa exclusivamente del tema relacionado con la inclusión de la demandante dentro del retén social, y, el segundo de manera subsidiaria, ya que tan solo se ocupa de la reliquidación de la indemnización por despido sin justa causa.

En segundo lugar, en lo que tiene que ver con el fondo del ataque, aunque no se dice expresamente la vía escogida es claro que se refiere a la indirecta y aunque no se individualizaron en capítulo separado los errores de hecho presuntamente cometidos, así como las pruebas que mediaron en su origen, dentro del desarrollo del cargo se hace alusión a que el tribunal cometió un error de hecho manifiesto, al no tener por demostrado que la demandante era merecedora de las garantías del retén social, por tener a cargo a su cónyuge discapacitado. Se alude además a que dicha Corporación dejó de analizar los documentos obrantes a folios 169, 170 y 172 a 181, que constituyen pruebas calificadas en casación.

Bajo las anteriores aclaraciones, la Corte se ocupará de determinar si el tribunal incurrió en un error de hecho manifiesto, al no aceptar que la demandante había acreditado plena y oportunamente su condición de beneficiaria del retén social, por ser madre cabeza de familia sin alternativa económica.

Para definir el punto, en esencia, el tribunal aceptó el concepto de “madre cabeza de hogar”, desarrollado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-388 de 2005, según el cual:

... no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el solo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no solo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquella se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar.

A partir de tales elementos, no obstante, destacó que en el proceso no estaba suficientemente demostrado el supuesto fáctico por virtud del cual el “cónyuge discapacitado” dependía totalmente de la demandante, para poderla integrar dentro del título de “madre cabeza de familia”. Anotó, en dicha dirección:

Establecido el marco anterior, resulta necesario significar que esa condición de madre cabeza de familia no se adquiere por la sola afirmación que vierta la interesada de encasillarse en ese rango, de ninguna manera, menester es demostrar en el discurrir de la actividad judicial que se tienen las características para obtener esa noble calificación, y allí flaquea la postura adoptada por la demandante, quien desde el inicio advierte en su narración fáctica que la demandada Telecom no la incluyó en el retén social a pesar de encontrarse su cónyuge discapacitado y depender totalmente de ella, pero, ya bajando al caso en estudio observa la Sala que no está acreditada la pregonada dependencia, circunstancia de necesaria demostración para que se den los presupuestos requeridos para ser beneficiaria del retén social, por ende, no incurrió en ningún yerro la primera instancia cuando absolvió respecto de este tema.

Esa fue la razón fundamental de la decisión y, por eso, el cargo se encuentra bien enderezado por la vía indirecta.

Ahora bien, para la Corte, en dicha reflexión el tribunal incurrió efectivamente en el error de hecho alegado por la censura, pues las pruebas calificadas señaladas en el cargo dan cuenta de que el señor Jorge Mosquera Sánchez era el esposo de la demandante, así como que padecía una enfermedad degenerativa grave, que lo incapacitaba totalmente para trabajar, de manera que dependía económicamente de su cónyuge.

En efecto, se debe comenzar por subrayar que a folio 161 obra el registro civil de matrimonio, que da cuenta de que el señor Jorge Mosquera Sánchez es el cónyuge de la demandante, señora Gladys Cecilia Gómez Muñoz. De igual forma, en el documento de folio 170 se puede advertir que esta última le solicitó oportunamente a Telecom en Liquidación que la incluyera dentro de los beneficiarios del retén social, en la opción “Madres cabeza de familia”, por tener a cargo a su esposo y a dos personas más. En la parte inferior de dicho documento, como lo reclama la censura, se consigna:

No cumple requisitos, sin embargo su situación es muy complicada, por cuanto su esposo esta impedido por enfermedad neurológica irreversible, de lo cual adjunta documentación, su nivel académico es muy bajo, dificultad de ubicación rápida en el mercado laboral.

A lo anterior se suma la “evaluación de neuropsicología” (fls. 178 a 180), fechada en abril de 2002, más de un año antes de terminarse la relación laboral de la demandante, en la que se puede advertir que el señor Jorge Mosquera Sánchez padecía una grave enfermedad que lo incapacitaba totalmente para trabajar. En dicho documento se establece como conclusión que:

Don Jorge es un señor con cambios de comportamiento y deterioro cognoscitivo importante, en donde sobresalen fallas en el lenguaje, la memoria, las matemáticas y las funciones ejecutivas, específicamente encontramos:

— Disartria, disminución del volumen (intensidad del lenguaje).

— Moderada anomia para las palabras de baja y mediana frecuencia.

— Fallas aritméticas moderadas.

— Dificultad importante para los nuevos aprendizajes (verbales y visuales).

— Lentificación del pensamiento y moderados compromisos frontales (abstracción, atención, juicio, secuencias lógicas y resolución de problemas).

— Depresión.

Todos estos hallazgos se correlacionan con un desorden extrapiramidal con demencia subcortical tipo Huntington? acompañado de un importante cuadro depresivo.

A folio 174 obra otro de los análisis de la historia clínica del señor Jorge Mosquera Sánchez, en el que se confirma el diagnóstico de la enfermedad de “Corea de Huntington” y “atrofia con dilatación de los ventrículos laterales” De igual forma, a folio 172 se evalúa la condición actual de la enfermedad de la siguiente forma:

Paciente con Chorea de Huntington de 4 años de evolución, inició con alteraciones para caminar, cambios en el comportamiento “el genio” se le realizó resonancia magnética cerebral simple. Atrofia cerebral. Esto se exacerbó por pérdida traumática de hija mayor, con posterior depresión reactiva, con aumentos de síntomas de movimientos anormales en brazos, piernas, disartria, tiene valoración neuropsicológica en el 2002 con compromiso cognosticito (sic) en lenguaje y memoria, moderada anomia, dificultad para nuevos aprendizajes, se le inicio Haroperidol en el 2002. Actualmente el paciente se encuentra en el hogar, es dependiente de su esposa, es independiente en su aseo, vestir y alimentación, presenta insomnio de conciliación, tiene malos hábitos de higiene del sueño, presenta episodios de labilidad emocional, llanto “por la hija” ha estado hospitalizado por depresión en manejo por psiquiatría.

Los anteriores documentos no fueron analizados por el tribunal y demuestran claramente que el señor Jorge Mosquera Sánchez se encontraba inhabilitado para trabajar, por razón de la enfermedad que padecía. Dicha enfermedad le generaba problemas motores, de aprendizaje, de concentración y de comunicación, entre otros, que a las claras dejaban ver su incapacidad para trabajar.

De esa incapacidad para trabajar, por otro lado, se derivaba la dependencia económica para con su esposa, que extrañó el tribunal y que fue definitiva en su decisión. En este punto, se debe resaltar que en el proceso se encontraba plenamente demostrado que la demandante conformaba un núcleo familiar con su cónyuge Jorge Mosquera Sánchez y que, por el estado de salud de este último, ella fungía como única proveedora de los recursos económicos necesarios para atender su congrua subsistencia, que, a su vez, provenían de su trabajo en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones —Telecom—.

Tampoco se tiene noticia de alguna otra fuente de ingreso, que permitiera pensar en que la demandante no era la proveedora única de la familia, además de que la prueba de dicho supuesto no le correspondía a la parte actora, al constituir una negación indefinida planteada desde la misma solicitud ante la entidad demandada (fl. 170).

Así las cosas, desconocer ese estado de dependencia, como lo hizo el tribunal, además de darle la espalda a la realidad del proceso, implicaba elucubraciones y suposiciones que no encontraban respaldo probatorio alguno y que desconocían impúdicamente las consecuencias de una enfermedad degenerativa grave.

Por todo lo expuesto, el tribunal incurrió en un error de hecho manifiesto al concluir que no estaba acreditada la dependencia del señor Jorge Mosquera Sánchez para con la demandante Gladys Cecilia Gómez Muñoz.

El cargo es fundado y se casará parcialmente la sentencia recurrida.

Como el cargo resultó fundado, la corte se abstendrá de analizar el segundo que, como ya se dijo, debía entenderse subsidiariamente formulado, dada la estructura de las pretensiones de la demanda inicial.

VII. Consideraciones de instancia

En sede de instancia, valen las mismas reflexiones consignadas en sede casación para concluir que la demandante tenía un núcleo familiar integrado con su cónyuge Jorge Mosquera Sánchez. Asimismo, que este último se encontraba inhabilitado para trabajar, debido a la grave enfermedad que padecía, de manera que la demandante fungía como proveedora única de los ingresos necesarios para el sostenimiento del hogar.

En este punto, la decisión de la juzgadora de primer grado luce abiertamente equivocada e insensible, cuando afirma que “... no se sabe, si en efecto el desempleo del cónyuge obedece a una limitación física que le impida trabajar...”, pues los documentos obrantes a folios 170 a 181 permitían deducir fácilmente que padecía una grave enfermedad, de efectos permanentes y que lo inhabilitaba para trabajar, porque le producía problemas de coordinación, de aprendizaje, de comunicación, etc.

Ahora bien, el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 estableció una regla especial según la cual “... no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Públicalas madrescabeza de familia sin alternativa económica...”. A su vez, dicho concepto de “madre cabeza de familia” fue definido en el punto 1.3 del artículo 1º del Decreto 190 de 2003, en los siguientes términos: “Mujer con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan económicamente y de manera exclusiva de ellas, y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada”.

Una lectura exegética de la anterior definición de “madre cabeza de familia”, conllevaría a determinar que bajo dicho rótulo solo se puede ubicar a las “mujeres”, que tienen “hijos” menores de edad o inválidos que dependen económicamente y de manera exclusiva de ellas. Sin embargo, para la Corte el concepto de “madre cabeza de familia” debe integrarse armónicamente con el de “mujer cabeza de familia”, a la que el Estado le debe una especial protección, según el artículo 43 de la Constitución Política, y que se encuentra desarrollado en el artículo 2º de la Ley 82 de 1993, según el cual:

... es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar (negrillas fuera de texto).

Así las cosas, madre cabeza de familia no solo es la mujer con hijos menores o inválidos, sino también aquella que tiene a su cargo exclusivo la responsabilidad económica del hogar, por la incapacidad para trabajar de los demás miembros, debidamente comprobada.

Esta interpretación es la que resulta conforme con los postulados de la Constitución Política, pues preserva el especial interés del Estado de proteger a los núcleos familiares que dependen de un único ingreso, a través de acciones afirmativas, a la vez que no desfigura las reglas y objetivos de las normas que regulan en retén social. Así lo ha entendido, por otra parte, la Corte Constitucional, que en su reiterada jurisprudencia sobre tal figura y sus alcances frente a las madres cabeza de familia ha dicho:

La Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el solo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no solo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquella se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar (negrillas fuera de texto). Sentencia SU-388 de 2005.

Tras lo anterior, se repite, la interpretación que más se amolda a los principios de la Constitución y a la intención del Estado de brindar estabilidad y protección a los grupos tradicionalmente marginados o en condiciones de debilidad manifiesta, es aquella por virtud de la cual la “madre cabeza de familia” es la que tiene a su exclusivo cargo la responsabilidad de su núcleo familiar más cercano, por la existencia de hijos menores u “otros integrantes incapacitados para trabajar”.

En el presente asunto, como ya se dijo, el núcleo familiar más cercano de la demandante estaba conformado, cuando menos, con su cónyuge, pues nunca se demostró que tuviera hijos menores o inválidos que dependieran exclusivamente de ella. A su vez, su cónyuge, señor Jorge Mosquera Sánchez, estaba totalmente inhabilitado para trabajar, por sus delicadas condiciones de salud, por lo que no podía participar en el sostenimiento económico del hogar.

No existen pruebas de que confluyera alguna otra fuente de ingreso, que permitiera pensar en que la demandante no era la proveedora económica universal de la familia, además de que, como ya se dijo, la prueba de dicho supuesto no le correspondía.

Así las cosas, la demandante era madre cabeza de familia sin alternativa económica, en el entendido que fungía como proveedora exclusiva de la economía de la familia y tenía a su cargo a su cónyuge, inhabilitado para trabajar, por razón de sus condiciones de salud.

También quedó demostrado que la demandante le solicitó en forma oportuna a Telecom en Liquidación su inclusión dentro de los beneficiarios del retén social (fl. 170) y que dicha entidad negó la petición, con el argumento, equivocado según ya se explicó, de que no era madre cabeza de hogar, pues “... no tenía hijos menores de 18 años como lo establecían las citadas normas” (fl. 208).

Como conclusión, en este caso, contrario a lo concluido por el a quo, se reunían a cabalidad las condiciones para que la señora Gladys Cecilia Gómez Muñoz fuera incluida dentro de los beneficios del retén social.

Ahora bien, la protección concebida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 se traducía en mantener la estabilidad laboral del trabajador o trabajadora, hasta tanto se produjera la liquidación definitiva de la entidad, que en este caso devino el 30 de enero de 2006 (fls. 539 a 546). Así lo entendió la Corte Constitucional cuando declaró la inexequibilidad del literal D del artículo 8º de la Ley 812 de 2003, que establecía un límite temporal a los beneficios del retén social - Sentencia C-991 de 2004.

No obstante lo anterior, ante el hecho cumplido de la liquidación definitiva de la entidad y debido a la imposibilidad de justificar cualquier relación de trabajo posterior a dicho suceso (Ver, entre otras, CSJ SL 27 Feb 2007, Rad. 28884, CSJ SL 16 Mar 2010, Rad. 36643, CSJ SL 6 Jul 2011, Rad. 39325, CSJ SL 30 Oct 2012, Rad. 41945), para la Corte procede, como compensación y a título de indemnización, por no haberse realizado la inclusión de la demandante dentro el retén social, el pago de los salarios causados desde la fecha de su desvinculación —jul. 26/2003— y hasta la liquidación definitiva de la entidad —ene. 30/2006—, como se solicitó en la demanda y se insistió en el recurso de apelación.

Esa indemnización constituye una fórmula alternativa al reintegro, que ya es de imposible consecución y, por lo tanto, resulta compatible con la indemnización por despido pagada a la trabajadora, a la vez que no puede involucrar prestaciones sociales o alguna otra erogación que se deriva de la prestación del servicio, que no fue cumplida.

El último salario devengado por la demandante ascendió a la suma de $ 1.018.934.oo (fl. 167) que, en la medida en que no se demostró el monto de reajustes para años posteriores, será aplicado como salario único para calcular el monto de la indemnización. Desde el 26 de julio de 2003 hasta el 30 de enero de 2006 se contabilizan 914 días, que determinan un total de $ 31.043.522.oo.

Por lo anterior, se revocará parcialmente el numeral primero de la sentencia emitida en la primera instancia, y, en su lugar, se condenará al patrimonio autónomo de remanentes, quien tiene a su cargo la representación de la extinta Telecom el Liquidación, a pagar a la demandante la suma de $ 31.043.522.oo, como indemnización por su no inclusión dentro de los beneficios del retén social. Dicha suma deberá ser indexada a la fecha de su pago efectivo, con base en la variación del índice de precios al consumidor.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

En las instancias correrán por cuenta del patrimonio autónomo de remanentes y a favor de la demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el 31 de julio de 2009 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro del proceso ordinario laboral seguido por la señora GLADYS CECILIA GÓMEZ MUÑOZ contra EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES —TELECOM EN LIQUIDACIÓN— y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, en cuanto confirmó que la demandante no era merecedora de los beneficios del retén social, por no ser madre cabeza de familia sin alternativa económica. No la casa en lo demás.

En sede instancia, REVOCA PARCIALMENTE el numeral primero de la sentencia emitida en la primera instancia, y, en su lugar, CONDENA al Patrimonio Autónomo de Remanentes a pagar a la demandante la suma de $ 31.043.522.oo, como indemnización por su no inclusión dentro de los beneficios del retén social. Dicha suma deberá ser indexada a la fecha de su pago efectivo, con base en la variación del índice de precios al consumidor.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

En las instancias correrán por cuenta del patrimonio autónomo de remanentes y a favor de la demandante.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».