Sentencia SL14968 de septiembre 20 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

SL14968-2017

Radicación 52655

Acta 11

Bogotá, D. C., veinte de septiembre de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por Ruth Angarita Mora contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 28 de enero de 2011, en el proceso ordinario laboral seguido por Dora Amelia Barrera de Chaparro contra BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A, al cual fue acumulado el juicio adelantado por la impugnante.

I. Antecedentes

Dora Amelia Barrera de Chaparro demandó en proceso ordinario laboral al BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., a fin de que se declare que su esposo Orlando Chaparro Correa, con quien contrajo matrimonio el 27 de febrero de 1971, estuvo afilado al fondo demandado; que falleció el 30 de abril de 2001; que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, y como consecuencia, el demandado debe reconocer y pagar la citada prestación desde la fecha de su muerte, con los incrementos legales correspondientes y la indexación y que se condene en costas al demandado.

Fundamentó sus pretensiones en que su cónyuge laboró para Coltanques Ltda. desde el 23 de junio de 1994 hasta el 30 de abril de 2001, fecha de su fallecimiento; que la entidad lo tenía afiliado al BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A.

Afirmó que de su unión marital con el causante nacieron dos hijos; que inicialmente fijaron su domicilio en «la ciudad de Bogotá», pero por el trabajo de su hija Ángela Yolima Chaparro Correa, la demandante viajó a Sogamoso y el causante se quedó en esta ciudad con su hijo Javier Orlando; que él viajaba periódicamente a esa ciudad a cumplir con sus obligaciones de esposo y padre; que siempre estuvo pendiente de su familia y era quien sufragaba todos los gastos del hogar.

Explicó que acordaron con su cónyuge, que ella se iba a Sogamoso con su hija, y él permanecía en Bogotá, pues aquí estudiaba su otro hijo, además que «la oficina principal de Coltanques Ltda.» funcionaba en esta última ciudad; que cuando sus hijos eran niños fijaron el domicilio familiar en Sogamoso, pues allí tenían su casa y su esposo el trabajo.

Al dar respuesta a la demanda, la sociedad accionada se opuso a las pretensiones y en cuanto a los hechos, aceptó la calidad de esposa de la demandante, la afiliación a Horizonte Pensiones y Cesantías que tenía el causante, de los demás dijo que no le constaban. En su defensa adujo que al tiempo que la cónyuge del causante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, también se presentó a reclamar el citado derecho pensional Ruth Angarita Mora en calidad de compañera permanente, quien manifestó que había convivido con el afiliado «por lo menos durante los dos últimos años anteriores a su fallecimiento»; que por lo anterior les informó a las reclamantes la necesidad de que un juez definiera a quien le correspondía el derecho. Solicitó que se integrara el litisconsorcio con quien alegaba la condición de compañera permanente.

Propuso las excepciones que denominó, integración del litisconsorcio necesario, pago de lo no debido, prescripción y buena fe.

Posteriormente la parte demandante solicitó que se ordenara la acumulación del proceso que por los mismos hechos adelantaba Ruth Angarita Mora, en el Juzgado Trece Laboral del Circuito de esta ciudad, lo que se ordenó mediante providencia del 4 de noviembre de 2003 (fl. 57).

En la demanda acumulada de Ruth Angarita Mora contra Horizonte Pensiones y Cesantías S.A y Dora Amelia Barrera de Chaparro, aquella solicitó igualmente el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a su favor, a partir del 1º de mayo de 2001, junto con los incrementos legales y los demás beneficios que se pudieron causar desde la fecha indicada.

Como fundamento de su pretensión adujo que convivió con el afiliado en calidad de compañera permanente «por lo menos desde el 16 de abril de 1996» hasta el momento de su fallecimiento el 30 de abril de 2001; que el causante liquidó la sociedad conyugal con su esposa a partir de la citada data.

Afirmó que la empresa Coltanques como su empleador, tenía afiliado al causante a Horizonte Pensiones y Cesantías para cubrir los riesgos de pensión y que por tanto esa accionante era su beneficiaria en calidad de compañera permanente; que así mismo, en la póliza de seguro de vida VG011014500001191 expedida por Ganadera Compañía de Seguros de Vida S.A. —Ganavida— también se encontraba inscrita ella como su beneficiaria.

Relató que por su condición de compañera permanente del causante le fue concedido el 50% de los bienes adquiridos «dentro de la sociedad de hecho por ellos formada», conforme al convenio celebrado con los hijos de aquél.

Al dar respuesta a la demanda, la sociedad accionada se opuso a todas las pretensiones y en cuanto a los hechos, aceptó que la entidad había suspendido el trámite de reconocimiento de la pensional de sobrevivientes a favor de la compañera, por haberse presentado a reclamar el mismo derecho la cónyuge del causante, de los demás dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa propuso las excepciones de pago de lo no debido, prescripción y buena fe.

La demandada Dora Amelia Barrera de Chaparro al dar respuesta a la demanda, se opuso a todas las pretensiones y en cuanto a los hechos dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa adujo que efectivamente habían disuelto la sociedad conyugal, pero que lo hicieron para evitarse «una serie de problemas que se les veía venir» a causa de unas deudas adquiridas por su cónyuge; que es falso que el causante conviviera con Ruth Angarita Mora, pues tenían establecido su hogar en Sogamoso, luego se trasladaron a Bogotá y como a la hija de la pareja le resultó un contrato en Boyacá, acordaron que ella se iba a acompañarla y él se quedaba con su hijo quien no había terminado sus estudios.

Añadió que tal situación no significaba que se separaban o que no siguieran haciendo vida marital como esposos, pues su cónyuge la visitaba constantemente, atendía las necesidades económicas del hogar «común y corriente», cumplía con sus deberes de esposo y padre; que nunca permitió que ella trabajara, y con sus hijos siempre dependieron económicamente de éste. No propuso excepciones.

Posteriormente, por providencia del 1º de febrero de 2008, se ordenó remitir el expediente al Juzgado Noveno Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá (fl. 23).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Noveno Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 30 de junio de 2009, condenó a Horizonte Pensiones y Cesantías S.A «al reconocimiento liquidación y pago» de la pensión de sobrevivientes generada por el causante Orlando Chaparro Correa a favor de su cónyuge Dora Amelia Barrera de Chaparro, a partir del 30 de abril de 2001, junto con las mesadas ordinarias y adicionales correspondientes, los reajustes legales y «las prestaciones asistenciales de que trata el sistema de seguridad social en salud, conforme a lo establecido en el literal a) del artículo 157 en concordancia con el artículo 203, de la Ley 100 de 1993». Absolvió a la sociedad demandada de todas las pretensiones «impetradas en demanda contenida en proceso acumulado por (...) Ruth Angarita Mora». Declaró no probadas las excepciones propuestas por el demandado, respecto de las pretensiones que prosperan a favor de la cónyuge, y no condenó en costas (fls. 284 a 301 cuaderno del jugado).

Mediante sentencia complementaria del 17 de julio de 2009, el a quo absolvió a la entidad demandada de la pretensión por indexación (fls. 315 a 317 ibidem).

III. Sentencia de segunda instancia

Apelaron ambas demandantes y la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 28 de enero de 2011, confirmó integralmente el fallo de primer grado, sin imponer condena en costas (fls. 16 a 37 cuaderno del Tribunal).

El tribunal en primer lugar se ocupó del recurso de apelación presentado por Ruth Angarita Mora, dijo que su inconformidad estaba encaminada a que se determinara si al otorgarle el a quo la pensión de sobrevivientes a Dora Amelia Barrera de Chaparro, en su condición de cónyuge supérstite del causante, se desconocieron los elementos de prueba que acreditaban que la ahora recurrente, en su calidad de compañera permanente, hizo vida marital con el afiliado por lo menos durante los dos últimos años con anterioridad a su fallecimiento, lo cual le permite acceder al beneficio prestacional solicitado en la demanda.

Con tal propósito puntualizó que el causante al momento de su muerte se encontraba afiliado al régimen de ahorro individual (fl. 36), y que estaba acreditado que su muerte ocurrió el 30 de abril de 2001 (fl. 4), momento para el cual se hallaba vigente el artículo 73 de la Ley 100 de 1993, que establece que los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes en el régimen de capitalización individual con solidaridad, así como su monto, se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos 46 y 48 de la misma ley.

En tal sentido luego de transcribir el citado artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, puntualizó que en este asunto no se discutió la densidad de cotizaciones exigidas por la norma legal para acceder al beneficio prestacional solicitado, por lo que se debía analizar la calidad de beneficiaria de la demandante Ruth Angarita Mora, con tal propósito trajo a colación lo previsto en el artículo 47 ibídem, y dijo que era necesario además remitirse a la jurisprudencia vigente al momento de la muerte del causante, 30 de abril de 2001, citó pasajes de la sentencia CSJ SL 2 mar. 1999, rad. 11245, de la que dijo contiene la definición del concepto de familia, y determina «la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes frente a la convivencia del pensionado tanto con su cónyuge como con la compañera».

Argumentó que siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia reproducida, era necesario analizar los elementos probatorios allegados al informativo e inició con la prueba testimonial, primero se refirió a la declaración de Guillermo Cubillos Olarte, de la que dijo luego de transcribir algunas de sus respuestas, que de ésta no se establecía la convivencia de Ruth Angarita Mora con el causante durante los últimos dos años de vida de este.

Frente a lo dicho por Omar Chaparro, hermano del causante dijo el tribunal, que si bien éste había indicado que la demandante convivió con el causante hasta el día de su fallecimiento no había precisado a partir de cuándo, pero que además el testigo rectificó la versión anterior, en una declaración posterior (fl. 198), donde afirmó que el causante siempre vivió con su cónyuge Dora Emilia Barrera de Chaparro, en la ciudad de Sogamoso; que entre éstos se produjo una separación de bienes pero no de vida conyugal; que «Ruth Angarita Mora, convivió con el causante, "compartían el apartamento no, se (sic) que (sic) relación sentimental tenían..." (fls. 189 a 190)».

El ad quem, enseguida transcribió gran parte de la declaración de Jorge Arturo Rodríguez Chaparro, adujo que el deponente «no suministró hechos que permitan establecer la convivencia de la señora Ruth Angarita Mora con el causante», pues hizo deducciones y presunciones «que están proscritas del régimen probatorio de la prueba testimonial».

Luego aludió a los dichos de Reyes Armando Rodríguez, Eduardo Giraldo Mejía y Javier Orlando Chaparro Barrera, este último hijo del causante y de Dora Amelia Barrera, y dijo que su dicho entraba en contradicción con lo relatado por el segundo de los citados.

Afirmó que Dora Amelia Barrera, también hija del causante y su cónyuge, aceptó la relación de Ruth Angarita Mora con su progenitor, pero afirmó que no conocía el periodo de duración de la misma y que no le constaba que hubieran convivido juntos; que su familia, padre, madre y hermano residían en la ciudad de Bogotá; que por disposición del causante ella se fue a vivir con su señora madre en Sogamoso, pero él y su hermano se quedaron en esta ciudad, periodo durante el cual su madre y ella visitaron al difunto con alguna frecuencia; afirmó que sus padres siempre hicieron vida marital hasta la muerte de su progenitor (fls. 239 a 242); que éste último hecho fue confirmado por Luis Eduardo Beltrán (fls. 244 a 246), Fanny Cecilia Barrera de Beltrán (fls. 247 a 248), Gloria Isabel Fuentes de Sila (fls. 250 a 255), Lida del Socorro Valderrama (fls.256 a 258), quienes afirmaron que los cónyuges Chaparro - Barrera convivieron por espacio de 38 años, inicialmente en la ciudad de Sogamoso y con posterioridad, por razón de los estudios de los hijos comunes de la pareja, en Bogotá, de modo que alternaron la residencia en las dos ciudades, pero que con posterioridad en el año 1998 o 1999, por razón del trabajo de la hija común del matrimonio, Dora Barrera se radicó en Boyacá y éste continuó en la ciudad de Bogotá con su hijo por espacio de cinco años.

En ese orden estimó el Tribunal, que con base en las citadas declaraciones, en especial con los testimonios rendidos por Eduardo Giraldo Mejía y Reyes Armando Rodríguez, en concordancia con las certificaciones visibles a folios 101, 103, 104, 107 y 110, mediante las cuales se acreditó que el causante inscribió a la señora Ruth Angarita Mora como beneficiaria en su condición de compañera en el año 1995, «surge demostrado que el causante convivió con la antes citada por lo menos en forma permanente desde el año 1998 hasta el momento de su muerte».

Sobre este tema coligió, que acreditada la convivencia simultánea del afiliado tanto con su cónyuge Dora Barrera de Chaparro como con la compañera Ruth Angarita Mora, por ello la solución del conflicto la prevé el artículo 7º del Decreto 1889 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, la cual permite inferir que en primer término la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, es la cónyuge «como acertadamente lo dedujo el a quo, advirtiendo que en el juicio se probó que la antes citada cumplió los requisitos exigidos por los literales a) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, como lo exige perentoriamente el artículo 9 del Decreto antes mencionado», por lo que era del caso concederle a ésta la pensión de sobrevivientes. Y que las súplicas de la recurrente Ruth Angarita Mora, compañera, no tenían vocación de prosperidad.

Por último, el juez de segundo grado se ocupó del recurso de apelación de Dora Barrera de Chaparro, quien peticionó la indexación de las mesadas pensionales, en tal sentido adujo que tal como lo había advertido el a quo, la entidad demandada no se encuentra en mora de pagar las mesadas pensionales, pues la controversia que se presentó entre las demandantes aparejó la suspensión del reconocimiento de la prestación hasta cuando la justicia ordinaria dirima el conflicto, de acuerdo con lo normado por el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, por lo que resultaba impróspera la reclamación peticionada, en el entendido de que la indexación se instituyó «como un mecanismo que permite solucionar el perjuicio que se causa por la mora en el cumplimiento de la obligación causada» (negrillas del texto), como lo adoctrinó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia CSJ SL 31 mar. 2009, rad. 34085 de la que citó varios apartes.

Finalizó el tribunal señalando que, “Siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia reproducida en precedencia, se dispondrá la revocatoria del fallo de primera instancia y, en su lugar, se condena a la accionada a pagar la indexación de las mesadas causadas por la demandante Dora Amelia Barrera en su condición de cónyuge supérstite del causante Orlando Chaparro Corrrea, desde el 30 de abril de 2001 hasta cuando se produzca el pago de la obligación”.

En escrito posterior la demandante, Dora Amelia Barrera de Chaparro, solicitó al tribunal aclaración de la sentencia, en el sentido de que el reconocimiento que se hace de manera concreta de la indexación, de las mesadas adeudas a partir del 30 de abril de 2001, «se haga igualmente en la parte resolutiva» (fls. 30 a 40 cuaderno del Tribunal). Por auto del 17 de mayo de 2011, el tribunal no accedió a lo pretendido, en razón a que tal súplica se presentó en forma extemporánea de conformidad con lo previsto en el artículo 309 del CPC, quedando establecida la absolución por este concepto.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante Ruth Angarita Mora, compañera permanente del causante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia del tribunal y en sede de instancia revoque la proferida por el juzgado de primer grado, y en su lugar se disponga: (i) que la demandante en su condición de compañera permanente del causante, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes del régimen de ahorro individual con solidaridad a cargo de la sociedad Horizonte Pensiones y Cesantías S.A, desde el 1º de mayo de 2001, fecha del fallecimiento del causante; y (ii) que como consecuencia de lo anterior se ordene al demandado a reconocer y pagar a Ruth Angarita Mora el 100% del valor de la pensión de sobrevivientes a partir de la citada fecha, junto con los demás beneficios que se hayan podido generar desde la data de su causación y los incrementos de ley.

Con tal propósito formula tres cargos que fueron replicados, tanto por Dora Amelia Barrera de Chaparro como por la sociedad demandada, de los cuales se estudiarían en conjunto el segundo y el tercero, por estar dirigidos por la misma vía, acusar el mismo elenco normativo y servirse de la misma argumentación.

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, los artículos 46, 47, 48, 64 y 74 de la Ley 100 de 1.993; 7, 8,9,10,11 y 12 del Decreto 1889 de 1994; 217 y 218 del CPC; 60 y 61 del CPTSS

Que tal violación se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que entre el señor Orlando Chaparro Correa existió convivencia simultánea "tanto con su cónyuge Dora Barrera como con la compañera Ruth Angarita Mora..." durante los dos últimos años anteriores al fallecimiento de aquél, tiempo éste exigido por el literal a) del artículo 74 de la Ley 100 de 1.993 (reglamentado por los artículos 9º, 10y 11 del Decreto 1889 de 1.994), para que el cónyuge o el compañero o compañera permanente del afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, previsto en el título 3, capítulo 4de la Ley 100 de 1.993, accedan a la pensión de sobrevivientes.

2. Dar por establecido, sin ser cierto, que la señora Dora Amelia Barrera, en su condición de cónyuge del señor Orlando Chaparro Correa, demostró en el proceso haber cumplido con "los requisitos exigidos por los literales a de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, como lo exige perentoriamente el artículo 9 del decreto antes mencionado" (1889 de (sic) 1994); es decir, haber "convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte.

3. No dar por acreditado, que la señora Ruth Angarita Mora fue la única persona que convivió con el señor Orlando Chaparro Correa, por lo menos, durante los dos (2) últimos años anteriores a su fallecimiento.

Los errores de hecho anotados tuvieron lugar, porque el Tribunal Superior apreció de manera indebida la documental obrante de folios 101, 103, 104, 107 y 110; las declaraciones de Guillermo Cubides Olarte (fls. 123 a 125), Omar Chaparro Correa (fls. 125 a 128 y 189 a 190), Jorge Arturo Rodríguez Chaparro (fls.203 a 205), Javier Orlando Chaparro Barrera (fls. 212 a 222), Ángela Yolima Chaparro Barrera (fls. 239 a 242), Luis Eduardo Beltrán (fls. 244 a 246), Fanny Cecilia Carrera de Beltrán (fls. 247 a 248), Gloria Isabel Puentes de Silva (fls. 250 a 255) y Lida del Socorro Valderrama (fls. 256 a 258); y dejar de apreciar los documentos obrantes de folios 13, 36, 80 a 86, 105, 133 y 180 - cuaderno principal de Dora Barrera- y 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 102, 108, 109, 112 y 160 - cuaderno 1 B de Ruth Angarita, la copia autenticada de la escritura pública 2936 del 14 de noviembre de 2.001 de la Notaria 46del Círculo de Bogotá (fls. 83 a 99) y la confesión provocada contenida en el interrogatorio de parte absuelto por Dora Amelia Barrera de Chaparro (fls. 119 a 122 , cdno. Ppl.).

Aclaró que las declaraciones de terceros, no obstante, no ser pruebas calificadas en casación, se invocan por la íntima relación que éstas tienen con la prueba documental que se denuncia como dejada de apreciar e indebidamente estimada por el ad quem y «por cuanto la mayoría de los hechos expuestos por los contendientes solo son susceptibles de ser probados por este medio».

Explica que el documento denominado solicitud de vinculación - fondo de pensiones obligatorias (fls. 10, cdno. 1 B, repetido al folio 105 del cdno. 1 A), expedido por Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., se registra como beneficiaria del causante a Ruth Angarita Mora, con el código de parentesco 02, que corresponde «compañero permanente»; que el citado documento se encuentra debidamente firmado por el afiliado y fue diligenciado por éste el 15 de octubre de 1999; es decir, un año, seis meses y quince días antes de su fallecimiento; y que con esta documental se abre paso la presunción legal en favor de la señora Ruth Angarita Mora, en el sentido de haber sido la compañera.

Señala que el documento de folio 15 del cuaderno 1 B, que contiene el contrato de arrendamiento AA-85156, acredita que el 1ºde agosto de 1998, la demandante recurrente y el causante tomaron en arriendo un apartamento ubicado en la calle 30 Nº 85-38, de esta ciudad; esto es, 2 años y 9 meses antes de la muerte del afiliado.

Dice que así mismo, el documento de folio 16 del cuaderno 1 B, de fecha 12 de noviembre de 1996, suscrita por el causante y dirigida a Colservicios Inmobiliario Ltda., de la ciudad de Bucaramanga, recoge la formalización de la compra-venta, del apartamento ubicado en la calle 45 Nº 28-29 de la misma ciudad; allí se indica que los pagos del citado inmueble se harán con dineros de Ruth Angarita Mora y con un crédito que tomará la pareja en una entidad financiera; que ese crédito hipotecario se encuentra certificado en el documento de folio 25 del cuaderno 1 B, documento que fue elaborado 4 años, 5 meses y 18 días antes del deceso Chaparro Correa.

Especifica que las documentales de folios 22, 23, 24 y 26 establecen que la recurrente firmó como deudora solidaria y avalista en los créditos otorgados por el Banco Megabanco S.A. y Bancolombia al causante, desde el 16 de julio de 1997; que además estaba autorizada para firmar en la cuenta corriente del causante 246-054935-8 de la última entidad bancaria citada. Destaca que la más antigua de las operaciones crediticias aludidas tuvo ocurrencia 3 años, 9 meses y 14 días previos al fallecimiento del afiliado.

Sostiene que la escritura pública 1835 del 16 de abril de 1996, de la Notaría Treinta y Uno del Círculo Notarial de Bogotá (fls. 80 a 86, cuad. 1 A), da cuenta de la disolución de la sociedad conyugal del causante y su esposa Dora Amelia Barrera de Chaparro; que éste acto notarial se llevó a cabo meses antes de que la pareja Chaparro Angarita contrajeran la primera de las obligaciones bancarias antes descritas.

Afirma que el documento de folio 20 del cuaderno 1 B, que contiene el acta de conciliación 010, celebrada ante la Inspección Tercera de Trabajo de esta ciudad, de fecha 15 de agosto de 2000, protocoliza el pacto celebrado entre la recurrente, en su calidad de compañera permanente supérstite del causante, Javier Orlando y Ángela Yolima Chaparro Barrera, hijos del afiliado, sobre las prestaciones sociales adeudadas al causante por Coltanques Ltda., al momento de su fallecimiento.

Asevera que los documentos de folios 12 y 13 del cuaderno 1 B y 160 del cuaderno 1 A, provenientes del Hospital Universitario San Ignacio, evidencian que el nombre del acompañante del paciente ingresado a la Unidad de Urgencias, fue Ruth Angarita; que el “Registro de Admisión 115543- Hospitalización”, tiene como fecha y hora de ingreso “28-04-2001-22:26”; que así mismo, en el interrogatorio absuelto por Dora Amelia Barrera de Chaparro, ésta admitió ser cierto que el sitio habitual de su residencia era la ciudad de Sogamoso y la de su esposo Bogotá, preguntas 7 y 13.

Expuso que de todo el conjunto de elementos de convicción reseñados, se obtienen las siguientes certezas procesales: (i) que luego de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal que existió entre los esposos Chaparro Barrera llevada a cabo el 16 de abril de 1996, el causante dejó constancia escrita de que la demandante recurrente era su compañera permanente; (ii) que como compañeros permanentes adquirieron por compra venta un bien inmueble en la ciudad de Bucaramanga y en la misma condición contrajeron obligaciones crediticias con bancos y corporaciones financieras; (iii) que como coarrendatarios convivieron en el apartamento de la calle 30 Nº 85-38, desde agosto de 1.998 hasta el momento en que el afiliado fue internado en el centro hospitalario donde falleció; (iv) que los hijos del causante, Javier Orlando y Ángela Yolima Chaparro Barrera, admitieron que la demandante recurrente ostentó la calidad de compañera permanente de su padre; (v) que la cónyuge sobreviviente del causante admitió que su hijo en los años 1999 y 2000, «vivió con su padre en el barrio ayuelos (sic.), en un apartamento (...) y que el sitio habitual de su residencia era la ciudad de Sogamoso».

Señala que contrario a lo afirmado por el tribunal, sobre la existencia de una convivencia simultánea del afiliado, tanto con su cónyuge como con la compañera, el material probatorio que pasó por alto el juzgador, permite colegir que el causante «sólo tuvo una única y efectiva vida de pareja con su compañera permanente», por varios años anteriores a su muerte; y que la cónyuge supérstite no aportó ninguna prueba que demostrara que por lo menos durante los dos últimos años contínuos de vida de su fallecido esposo, tuvieron una convivencia efectiva hasta el momento de su fallecimiento.

Respecto de las pruebas testimoniales en las que el a quem apoyó su decisión dijo, básicamente, que el testigo Guillermo Cubides Olarte (fls. 123 a 125) tiene conocimiento directo de las relaciones afectivas que existieron entre la pareja Chaparro-Angarita, por lo menos desde la época en que Ruth Angarita laboraba en la Oficina de la Caja Agraria en Santana; que si el Tribunal hubiese compaginado esta declaración con lo confesado por la cónyuge sobreviviente del causante en las respuestas dadas a las preguntas 7ºy 13ºdel interrogatorio absuelto, y con las declaraciones de los hijos del causante, su conclusión hubiera sido diferente.

Argumenta que la declaración de Omar Chaparro (fls. 125 a 128 y 189 a 190, cdno. IA.) fue indebidamente apreciada por el ad-quem, si se tiene en cuenta que el deponente expresamente se retractó de lo dicho en la audiencia del 10 de marzo de 2005 y por ello, al considerar el a-quo que el declarante podría estar eventualmente incurso en una falsedad, dispuso compulsar copias para que la Fiscalía General de la Nación investigue.

Continúa la censura, que la versión del testigo Jorge Arturo Rodríguez Chaparro (fls. 199 a 201 y 203 a 204, cuad. ppal. 1 A), también fue indebidamente descalificada por el Juzgador de segundo grado, con el argumento de que aquél en su declaración «virtió deducciones y presunciones que están proscritas del régimen probatorio de la prueba testimonial, la cuales, analizada su deposición, no aparecen manifiestas en ésta».

El censor copia apartes de la declaración de Javier Orlando Chaparro, hijo del causante y dice que de su contenido, «se echa por tierra» la errónea afirmación del Tribunal de que en el informativo quedó acreditada «la convivencia simultánea del afiliado tanto con su cónyuge como con la compañera, por lo menos durante dos años continuos con anterioridad a su muerte», tal como lo exigen los literales a) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 9ºy 10del Decreto 1889 de 1994.

Así mismo, estima que Ángela Yolima Chaparro Barrera, por ser hija del matrimonio Chaparro Barrera, estaba destinada a desconocer la relación sentimental y afectiva que su progenitor sostuvo durante varios años con su compañera permanente, por el contrario, acepta haber tenido conocimiento de la relación entre su padre y la demandante recurrente, aunque afirma que nunca tuvo conocimiento del tiempo de duración.

Explica que el único testigo que hace alusión a la fecha del matrimonio de los señores Chaparro Barrera fue la testigo Gloria Isabel Fuentes de Silva, quien manifiesta que “este hecho hace aproximadamente 38 años”.

La censura coligió que con las anteriores declaraciones se demuestra la indebida apreciación que el ad quem hizo de los testimonios, porque estudiados en su conjunto y debidamente, se puede deducir que todos ellos se refieren a la vida en común del matrimonio Chaparro-Barrera en sus inicios, cuando sus hijos eran pequeños y vivían en la ciudad de Sogamoso y luego con ocasión de los estudios universitarios de éstos, se radicaron en esta ciudad de Bogotá, todo ello con anterioridad al año de 1996 cuando se produjo la liquidación de la sociedad conyugal y la separación de bienes; que tales circunstancias son las que llevaron al Tribunal a afirmar que los citados esposos «alternaron las residencias en dos ciudades» (Sogamoso y Bogotá); sin embargo, reprocha el censor que en la sentencia confutada se haya concluido que existió convivencia simultánea durante los dos últimos años de existencia del causante, luego de deducir del análisis de las declaraciones que “se comentan (sic) que “con posterioridad en el año 1998 a 1999, por razón del año rural de la hija común del matrimonio, la señora Dora Barrera, se radicó en Boyacá por disposición del causante, continuando el antes citado (cónyuge Orlando Chaparro)” en Bogotá con su hijo”.

Agrega que de lo dicho se evidencia el ostensible error cometido por el ad quem, al concluir contra toda la evidencia probatoria, dejada de estimar y mal apreciada por el tribunal, que hubo convivencia simultánea entre los esposos Chaparro-Barrera y la señora Angarita Mora durante los dos últimos años anteriores al deceso del afiliado, por lo que la cónyuge no tiene derecho preferente sobre la compañera.

VII. La réplica

BBVA Horizonte pensiones y cesantías adujo en forma general que la pertinencia de la discusión jurídica le corresponde exclusivamente a las demandantes, por lo que se estará a lo que decida definitivamente la Sala de Casación Laboral. Solicita no ser condenado en costas, toda vez que la negativa a adjudicar el derecho pensional obedeció a un conflicto entre reclamantes, más no por ninguna otra causa.

Por su parte, la demandada Dora Amelia Barrera de Chaparro, afirma que en el proceso quedó demostrado con suficiencia que ella como cónyuge supérstite convivió de manera permanente con el causante, durante más de 30 años de la relación conyugal y que no se trató de una convivencia esporádica de corta duración. Dijo que la razón por la cual se le negó el reconocimiento pensional a Ruth Angarita Mora, en calidad de compañera, fue porque no logró demostrar la convivencia con el causante en los dos últimos años anteriores a su muerte.

VIII. Consideraciones

No se discute en sede de casación, el derecho que le asiste a los beneficiarios del afiliado fallecido Orlando Chaparro Correa, al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, a cargo de la demandada BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., lo que se cuestiona es que se tenga como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes a la cónyuge supérstite Dora Amelia Barrera de Chaparro, tal como lo determinó el Tribunal, por cuanto según la recurrente, la convivencia efectiva hasta la fecha de la muerte fue exclusiva con la compañera permanente, esto es, la demandante Ruth Angarita Mora.

Debe comenzar la Sala por recordar, que el error de hecho en materia laboral, «se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida» (sentencia CSJ, 11 feb. 1994, rad. 6043), además para que se configure, es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta.

Igualmente, ha de señalarse que son los sentenciadores de instancia quienes establecen el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y de allí que el artículo 61 del CPTSS les haya otorgado la facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que implica que resulte inmodificable la valoración probatoria del tribunal, mientras ella no lo lleve a decidir contra la evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en el proceso.

Desde el punto de vista meramente fáctico, desde ya debe decirse que el juzgador de alzada no cometió ningún error de hecho con el carácter de protuberante. En efecto, del examen objetivo de las pruebas calificadas en casación que fueron acusadas, se obtiene lo que a continuación se entra a detallar:

Pruebas indebidamente apreciadas.

Los documentos obrantes a folios 101, 103, 104, 107 y 110, el primero de los citados fue expedido por el «Director Indemnizaciones de Vida» y en éste se certifica que el causante Orlando Chaparro Correa designó como beneficiaria de su póliza de seguros de vida 01101145-001191 tomada en el mes de junio de 1999, a Ruth Angarita Mora, con un porcentaje de 34%.

Los demás documentos se encuentran suscritos por el coordinador de afiliaciones y traslados del BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías; en el de folio 103, se indica que en la afiliación del causante al fondo de pensiones obligatorias, se evidencia la vinculación como beneficiaria de Ruth Angarita Mora- recurrente-. En el folio104, aparece un oficio con el que se le hace entrega a la Secretaria del Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá, de copia de la citada afiliación; este último documento se repite en el folio 107 y 110.

De lo anterior, la Sala no advierte que el juez de apelaciones incurriera en el error de valoración que le enrostra la censura, pues fue con fundamento en esta misma documental y en las declaraciones de los testigos Eduardo Giraldo Mejía y Reyes Armando Rodríguez, que encontró demostrado que la recurrente también tenía una relación de convivencia con el causante.

Ahora, la citada documental si bien puede, junto con otros elementos probatorios, llevar a la convicción de que se presentó convivencia simultánea del causante tanto con la compañera como con la cónyuge, nada dice frente a que tal convivencia haya sido exclusiva entre el causante y la impugnante en casación, pues la sola inclusión de la compañera como destinataria de determinados beneficios económicos, no implica per se la exclusión o inexistencia de la relación de pareja con su cónyuge.

Pruebas dejadas de valorar.

a. De los documentos de folios 13, 36, 80 a 86, 105, 133 y 180 cuaderno 1A: A folio 13 se encuentra el formulario único de afiliación e inscripción a la EPS del régimen contributivo para trabajadores dependientes y servidores públicos, en el que aparece como cotizante el causante Orlando Chaparro Correa y como sus beneficiarios sus dos hijos y su esposa Dora Amelia Barrera de Chaparro de Correa, esta documental no prueba nada con respecto a la relación exclusiva que alega la recurrente existió entre ella y el causante como compañeros permanentes, por el contrario, demuestra la permanencia del vínculo matrimonial, ya que era su cónyuge la beneficiaria en salud.

En el folio 36 aparece el formulario de vinculación al fondo de pensiones obligatoria, en el que como ya quedó analizado, y a ello se remite la Sala, los beneficiarios que aún figuran son los hijos del causante y la compañera, el cual se repite en los folios 105 y 133.

A los folios 80 a 86 aparece copia de la escritura pública de disolución de la sociedad conyugal de Orlando Chaparro Correa y Dora Amelia Barrera de Chaparro, de fecha 16 de abril de 1996, con este documento se demuestra que los esposos Chaparro – Barrera a partir de la fecha que allí se indica dejaron de tener comunidad patrimonial, pero de manera alguna podría colegirse del mismo que su vínculo matrimonial, es decir, su relación afectiva de pareja dejó de existir, ya que el mismo se mantiene vigente.

En el folio 106 aparece una certificación de Coltanques, en la que se indica que quienes se presentaron a reclamar las prestaciones del causante fueron sus dos hijos y la recurrente, tal documento en nada contradice lo decidido por el juez de segundo grado, respecto a que el causante en los últimos años de su vida tuvo una relación simultánea con su cónyuge y con su compañera.

En el folio 180 se encuentra una certificación expedida por la Caja Agraria en Liquidación, en la que consta que la impugnante laboró en esa entidad, los extremos temporales de la relación, el cargo que desempeñaba el trabajador y las ciudades donde lo desempeñó con los respectivos periodos de tiempo; no obstante este documento por sí solo no prueba nada frente a la alegada relación exclusiva de pareja que se afirma existió entre ella y el causante.

b. Respecto de los folios 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 102, 108, 109 y 112, del cuaderno 1B: El folio 9 corresponde a la misma certificación que expidió Coltanques y que aparece a folio 106 del cuaderno 1A; en el 10 se repite el formulario de vinculación al fondo de pensiones obligatorias de causante, en el folio 11 se encuentra copia de la póliza de seguro de vida, de la que, como ya se dijo, la recurrente es beneficiaria en un 34%. A folio 12 aparece un registro de admisión de hospitalización a nombre del causante, de fecha 28 de abril de 2001, este documento también es prueba de la convivencia que tenía la accionante compañera con el causante, pero no da certeza de que la misma fuera en forma exclusiva como se alega.

El contrato de arriendo de folio 15 que suscribieron el causante y la recurrente como arrendatarios del inmueble ubicado en la calle 30 Nº 85-38, tampoco es demostrativo de la relación exclusiva entre esa pareja. A folio 16 aparece un escrito firmado por Orlando Chaparro con destino Colservicios Inmobiliaria Ltda., allí se indica que se formaliza la compraventa del apartamento ubicado en la calle 45 Nº 28-29 de Bucaramanga y que su pago se hará con dineros de cesantías y de un préstamo a nombre de Ruth Angarita Mora, así como con un préstamo que la pareja tramitó ante el Banco Granahorrar, tal como consta a folio 25; este documento podría ser prueba de que entre el causante y la recurrente además de existir una relación sentimental, como lo dedujo el tribunal también lo fue de carácter patrimonial, pero tampoco ofrece ningún elemento de convicción frente a lo aquí alegado, que no es otra cosa que no se presentó relación simultánea del causante con su cónyuge y su compañera.

A folio 17 se encuentra un acta de acuerdo suscrita por Ruth Angarita Mora y los hijos del afiliado fallecido, sobre la forma como se van a repartir las prestaciones sociales del causante, y en los folios 20 y 21 aparece la protocolización de ese acuerdo ante la inspección Tercera de Trabajo; en los folios 18 y 19 se encuentra también un convenio firmado entre las mismas partes, sobre la distribución de los bienes del causante; tales documentales no son demostrativas de la relación de convivencia exclusiva entre la pareja Chaparro Angarita, dado que resulta apenas natural que en los citados arreglos patrimoniales no intervenga la cónyuge del causante, pues recordemos que habían liquidado la sociedad conyugal desde antes, y que fue también con dineros de Ruth Angarita Mora que se pagó el apartamento en Bucaramanga, el cual hace parte de la relación de bienes a repartir.

A folios 23 y 24 aparece una relación de transacciones de Megabanco S.A. de la cuenta del causante, este documento nada demuestra frente al hecho discutido en sede de casación. A folio 26 se encuentra una certificación del Bancolombia sobre créditos realizados al fallecido Orlando Chaparro, y uno de ellos fue avalado por la recurrente, estos muestran las relaciones comerciales del causante, pero nada más.

A folios 101 a 102 se encuentra copia de una comunicación enviada por BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías a la cónyuge del causante, mediante el cual le informan que, igual que ella, también se presentó a reclamar la pensión de sobrevivientes del causante, Ruth Angarita Mora en calidad de compañera; a folios 107 y 108 aparecen las publicaciones que sobre el tema hizo la entidad de pensiones; estos documentos no aportan nada nuevo sobre el asunto objeto de controversia.

A folio 112 aparece la contestación de la demanda de Dora Amelia Barrera de Chaparro, pero frente a esta pieza procesal la censura no elaboró discurso alguno tendiente a desvirtuar la convivencia simultánea.

c. La confesión de la cónyuge Dora Amelia Barrera de Chaparro contenida en las respuestas 7 y 13 del interrogatorio de parte que absolvió. El primer interrogante señala, «sírvase decir si su hijo Javier Orlando Chaparro Correa en los años 1999 y 2000, cursó estudios de ingeniería mecánica en Bogotá, en caso afirmativo, indique con quien convivió en ese tiempo […] Contesto: Es cierto él vivía con su padre en el barrio ayuelos en un apartamento yo estuve varias veces allá en un segundo piso»: En la pregunta 13, se interrogó:

«Díganos como es cierto sí o no, que el sitio habitual de su residencia era la ciudad de Sogamoso y la de su esposo Orlando Chaparro era la ciudad de Bogotá donde trabajaba y tenía el asiento principal de sus negocios […] Contesto: es cierto. No entiendo porque incluye el lugar de residencia si el (sic) siempre estaba con nosotros, la mayor parte de la vida trabajaba fuera de Sogamoso que fue siempre nuestro lugar de residencia y la casa la frecuentaba cada mes cuando estaba viajando por ejemplo de Medellín a Barranquilla y no estábamos separados, además el fuerte de sus negocios no era aquí era en Sogamoso porque el (sic) era un socio de la Cooperativa flota norte que tiene su sede en Sogamoso, además su señora y sus hijos, yo me fui para Sogamoso porque el (sic) no quería que ninguno de mis hijos estuviera solo, en ese momento Javier Orlando Chaparro se quedó viviendo en Bogotá con él y a mi hija que estudió odontología le salió el rural en NOBSA Boyacá y el me exigió que me fuera a vivir con ella para no dejarla sola, por ese motivo en el momento del fallecimiento yo residía en Sogamoso».

Lo admitido en las citadas respuestas coincide con lo relatado en el escrito de demanda, es decir, que tanto por el trabajo de la hija de la pareja -Ángela Yolima- como por el estudio del hijo -Javier Orlando-, la esposa se fue a vivir en Sogamoso con aquella, en tanto que el causante se quedó en Bogotá con su hijo, pero aclarando que éste estaba pendiente tanto de ella como de los hijos, que las visitaba periódicamente y que cumplía con sus obligaciones de esposo y padre.

Sobre este punto cumple advertir, que el hecho de que la demandante cónyuge del causante no residiera con él en el mismo lugar de domicilio, no es razón suficiente para concluir que entre ambos no existió convivencia, siempre que entre la pareja subsistiera el apoyo moral, material y afectivo y en general el acompañamiento espiritual permanente que den la plena convicción de que no ha sido la intención de los esposos la de finalizar por completo su unión matrimonial, como ocurre en este caso, que por situaciones familiares como el bienestar de los hijos, cada uno de los padres asumió el cuidado de uno de ellos, pero sin que terminara su relación de pareja.

En efecto, en Sentencia CSJ SL, 10 mayo 2007, rad. 30141, esta Sala de la Corte trajo a colación varios apartes jurisprudenciales de la noción de convivencia, recalcando que no es el simple hecho de la residencia en una misma casa lo que la configura, sino otras circunstancias que tienen que ver con la continuidad consciente del vínculo, el apoyo moral, material y efectivo, en general el acompañamiento espiritual permanente que den la plena sensación de que no ha sido la intención de los esposos finalizar por completo su unión matrimonial, sino que por situaciones ajenas a su voluntad que en muchos casos por solidaridad, familiaridad, hermandad y diferentes circunstancias de la vida, muy lejos de pretender una separación o ruptura de la pacífica cohabitación, hacen que, la unión física no pueda mantenerse dentro de un mismo lugar.

Igualmente, la Corte, en sentencia CSJ SL, 5 abr. 2005, rad. 22560, señaló que debía entenderse por cónyuges, «a quienes mantengan vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en común, entendida ésta, aún en estados de separación impuesta por la fuerza de las circunstancias, como podrían ser las exigencias laborales o imperativos legales o económicos, lo que implica necesariamente una vocación de convivencia».

Y en sentencia CSJ SL, 15 jun. 2006, rad. 27665, reiteró la anterior orientación, y adujo que era razonable «que en circunstancias especiales, como podrían ser motivos de salud, de trabajo, de fuerza mayor, etc., los cónyuges o compañeros no puedan estar permanentemente juntos, bajo el mismo techo; sin que por ello pueda afirmarse que desaparece la comunidad de vida o vocación de convivencia entre ambos».

En conclusión, si bien es cierto, las pruebas denunciadas y que se acaban de estudiar corroboran la convivencia del causante con la compañera permanente, no contradicen que hubiera existido igualmente convivencia con la cónyuge, máxime que el tribunal con fundamento en la prueba testimonial encontrara demostrado que éstos últimos hicieron vida marital también hasta el fallecimiento del afiliado, que fue lo que sirvió de sustento para concluir la existencia de una convivencia simultánea.

d. La Corte recuerda que el ad quem de la prueba documental y testimonial coligió la convivencia del causante con su compañera Ruth Angarita Mora, pero la relación conyugal hasta la muerte del causante con su cónyuge Dora Amelia Barrera de Chaparro, la derivó única y exclusivamente de la valoración de los testimonios solicitados por las partes en contienda, que no de las documentales recién mencionadas. Lo que en realidad nada tiene de equivocado, toda vez que de los elementos de juicio ahora relacionados no era posible inferir algo diferente a lo que el juzgador colegiado extrajo, en tanto si bien no dejan duda de la convivencia del causante con la recurrente, ninguna certeza ofrecen sobre el punto álgido de la controversia en sede de casación, esto es, que según la impugnante la convivencia fue de manera exclusiva con ella, pues, se itera, no hay ningún elemento probatorio que demuestre que la relación de pareja entre el causante y su cónyuge hubiera terminado o extinguido.

Al hallarse construido el pronunciamiento que puso fin a la segunda instancia, respecto de la convivencia de los esposos Chaparro –Barrera, exclusivamente en las versiones ofrecidas por los testigos, se torna imposible su revisión, toda vez que tal medio de prueba no es calificado para fundar un error de hecho manifiesto en casación, en los términos del artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

En este orden, como de la valoración de la prueba documental y del interrogatorio de parte absuelto por la cónyuge demandante, no es posible atribuir desacierto alguno al fallador de segundo grado, y por lo tanto, no se abre la posibilidad de entrar a examinar el ejercicio valorativo desplegado por dicho juzgador sobre el contenido de los testimonios vertidos a la actuación, la sentencia gravada conserva intacta la presunción de legalidad y acierto con que viene amparada.

Al margen de lo anterior, conviene recordar que la Sala Laboral de la Corte tiene adoctrinado que dentro de la amplia libertad de valoración probatoria que otorga el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo a los juzgadores de instancia, está comprendida la posibilidad de conceder un mayor grado de convicción a unas pruebas y a restárselo a otras, sin que ello pueda traducir la comisión de un desacierto fáctico ostensible suficiente para desquiciar la conclusión obtenida. Por ejemplo, en sentencia CSJ SL, 13 nov. 2003, rad. 21478:

(...).

Al efecto y de vieja data la Corte ha considerado que dada la libertad de apreciación de las pruebas que tienen los juzgadores de instancia en virtud de lo establecido por el art. 61 del C.P. del T., el entendimiento que estos le den a aquellas, nace de la autonomía e independencia de que gozan y de la facultad de formar libremente su convencimiento con base en el principio de la sana crítica, que no es más que la lógica y la experiencia.

Por lo dicho, las conclusiones que hace el Tribunal acerca del material probatorio recepcionado, mientras sean lógicamente aceptables, se encuentran cobijadas por la presunción de legalidad, por lo que priman sobre las conclusiones que hacen las partes en relación con el análisis de una o varias pruebas aun cuando dichas inferencias sean también lógicas y de recibo, dado lo cual, debe mantenerse la sentencia con base en esta conclusión del tribunal.

Por lo dicho, el tribunal no cometió ningún yerro fáctico, por ende, el cargo no prospera.

IX. Segundo cargo

Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 7º, 9º,10y 11 del Decreto 1889 de 1.994, en relación con los literales a) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993.

En la demostración señala que según el Tribunal, al existir convivencia simultánea del fallecido con su cónyuge y su compañera permanente, la solución de la controversia que dio lugar a este proceso, está prevista en el artículo 7ºdel Decreto 1889 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1 993, en el sentido de que la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes es la cónyuge.

Seguidamente transcribió el artículo en cita, así como los artículos 9º, 10 y 11 del aludido decreto, para decir, que si bien es cierto, el artículo 7º privilegia al cónyuge del causante para acceder a la pensión de sobrevivientes, no es menos cierto que para obtener este derecho debe cumplir con los requisitos exigidos por los literales a) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, tal como lo dispone el artículo 9ºtranscrito; que si el presunto beneficiario «no demuestra haber reunido las exigencias de los literales a) de los singularizados artículos» de la ley en cita, es elemental concluir que el compañero o compañera permanente del causante afiliado o pensionado desplaza al cónyuge que no logró acreditar aquellas exigencias, si aquél demuestra haber hecho vida marital con el causante durante un lapso no inferior a dos años.

Advierte que, en parte alguna de las disposiciones transcritas se prevé el hecho de la existencia de una convivencia simultánea entre el cónyuge supérstite y el compañero o compañera permanente del afiliado o pensionado fallecido para que la prestación jubilatoria se radique en cabeza del cónyuge sobreviviente, como de manera impropia lo considera el tribunal; que de ello surge con claridad la aplicación indebida que de los textos reseñados hizo el fallador de segundo grado. Por lo que pidió casar la sentencia.

X. Cargo tercero

Se acusa la sentencia impugnada de ser violatoria por la vía directa del mismo elenco normativo citado en el cargo anterior, pero esta vez en la modalidad de interpretación errónea.

En la demostración se esgrimen los mismos argumentos del cargo anterior, pero de cara a la interpretación errónea, además en este cargo se citaron apartes de las sentencias T-566 de 1998 de la Corte Constitucional, de la sentencia CSJ SL 20 sep. 2000, rad.6117 y del fallo CSJ SL 7 jul. 2010, rad.36999.

XI. La réplica

Aduce la demandada Dora Amelia Barrera de Chaparro que en la providencia que se acusa, el operador judicial de segundo grado se ciñó a lo dispuesto en la ley, “pero para hacerlo se remite a las evidencias procesales”, las cuales informan que la cónyuge sobreviviente convivió con el causante dura toda “la existencia matrimonial de más de 30 años”, independientemente de los eventos que se hayan presentado por las necesidades de la misma familia Chaparro Barrera.

En cuanto al BBVA Horizonte pensiones y cesantías para estos dos cargos, como ya se dijo, la oposición es común, por lo cual la Sala se remite a lo ya sintetizado en el primer ataque.

XII. Consideraciones

Teniendo en cuenta que los dos cargos se dirigen por la vía directa, que supone una total y completa conformidad con las conclusiones fácticas y probatorias que le sirvieron de fundamento al tribunal, se tiene que son hechos indiscutidos: el fallecimiento del asegurado Orlando Chaparro Correa, ocurrido el 30 de abril de 2001; que al momento del fallecimiento se encontraba afiliado al régimen de ahorro individual y que no fue objeto de discusión en el proceso la densidad de semanas exigidas por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993; y la condición de cónyuge supérstite del causante de Dora Amelia Barrera de Chamorro y de compañera permanente de Ruth Angarita Mora.

Del mismo modo, debe decirse que al no haberse logrado derruir en el primer cargo orientado por la senda indirecta, la conclusión del tribunal sobre la convivencia simultánea que tuvieron ambas demandantes con el asegurado, se mantiene inmodificable

El impugnante considera que el artículo 7º del Decreto 1889 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, por parte alguna prevé el hecho de la convivencia simultánea entre el cónyuge supérstite y el compañero o compañera permanente del afiliado fallecido, para que la prestación jubilatoria se radique en cabeza de la cónyuge sobreviviente, como de manera impropia lo consideró el tribunal.

Conforme a la fecha en que se produjo el fallecimiento del afiliado, esto es el 30 de abril de 2001, no hay duda alguna que las normas que gobiernan la pensión de sobrevivientes objeto del presente proceso, son las contenidas en la Ley 100 de 1993 en su versión original, que en cuanto atañe a la eventualidad de coexistir una convivencia simultánea del causante con la cónyuge supérstite y la compañera permanente, debe preferirse a la esposa en tanto es quien tiene el derecho preferente por mandato legal y por ende, la vocación de acceder a la prestación económica, pues el artículo 47 de la citada ley en concordancia con el 7º del Decreto 1889 de 1994, la privilegia en caso de darse la situación que aquí se presenta; y solo a falta de ésta entraría a reemplazarla la compañera permanente, lo cual no ocurrió en el sublite.

Ya la Corte en diferentes oportunidades ha dejado sentado ese criterio de darle prelación a la cónyuge por encima de la compañera permanente, cuando el fallecimiento del asegurado ocurre en vigencia de Ley 100 de 1993, como ocurrió en este caso, por ejemplo, se puede consultar las sentencias CSJ SL, 15 may. 2012, rad. 42497 y SL 13235-2014, rad. 44806. En la última de las citadas se indicó:

En efecto, ya la Corte en reiteradas oportunidades ha precisado ese mismo criterio que sirvió de sustento al tribunal para reconocerle a la cónyuge supérstite el derecho en vigencia de la Ley 100 de 1993, la cual se ha reiterado en la sentencia del 2 de agosto de 2008, radiación 33771, en cuanto se dijo:

La disposición que rige el asunto y que le da derecho a la demandante a reclamar la pensión de sobrevivientes, es precisamente el artículo 47 inicial de la Ley 100 de 1993. Ello es así, porque Libia de Jesús Ortiz Rincón, como cónyuge del pensionado fallecido, acreditó los requisitos que consagra la preceptiva en comento, amén de que conforme a la jurisprudencia, cuando se presenta una convivencia simultánea del causante con la cónyuge y la compañera permanente, la vocación para hacerse beneficiaria de la pensión la tiene en primer lugar la cónyuge y, solo a falta de esta, la compañera permanente, criterio que se renueva en el sub judice.

"Lo anterior no obsta para precisar que si se da una convivencia simultánea del pensionado tanto con su cónyuge como con la compañera, la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, en primer término, es la esposa, por cuanto así se desprende del artículo 7º del Decreto 1889 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993. Pero en todo caso, para que el cónyuge tenga el derecho a la susodicha sustitución pensional, deberá cumplir "con los requisitos exigidos por los literales a) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993", como lo exige perentoriamente el artículo 9º del decreto citado. Y tales requisitos exigidos al cónyuge o al compañero permanente supérstite son, en este nuevo esquema normativo, en primer lugar, la convivencia efectiva con el pensionado al momento de su fallecimiento; en segundo término, la circunstancia de haber hecho vida marital responsable con el fallecido, al menos desde el momento en que éste adquirió el derecho a la pensión respectiva; y, en tercer lugar, el haber convivido con el pensionado no menos de dos años continuos con anterioridad a su muerte, requisito éste último que puede suplirse con el de haber procreado uno o más hijos con él, sin que tengan al efecto - ahora - incidencia alguna, las circunstancias en que se produjo la ruptura de la convivencia con su cónyuge, vale decir, si ésta se dio por causas imputables al causante o no, puesto que el presupuesto de ausencia de culpabilidad del fallecido no fue reproducido en la nueva preceptiva que reguló integralmente la materia con un fundamento y contenido diferentes.

“En cuanto a lo que plantea la acusación, de que frente al artículo 7º del Decreto 1889 de 1994, está el 4º de la C.P. , habría que decir que no se presenta incompatibilidad alguna con el 42 ibídem, pues precisamente el 7º del decreto referido precisa que tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes, "en primer término", el cónyuge, y sólo a falta de éste, entra como beneficiario el compañero o compañera permanente, que evidencia la prelación a la familia primaria como núcleo fundamental de la sociedad, cuando por decisión libre un hombre y una mujer deciden contraer matrimonio, o cuando por voluntad resuelven unirse dejando de lado las nupcias, para como compañeros conformar responsablemente una familia. En ese orden, en el presente asunto se protege la cónyuge que demostró reunir los requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión suplicada, y al hijo habido entre el pensionado y su compañera. Así, no se conjuga la exégesis que la recurrente ensaya de los artículos 47 de la Ley 100 de 1993 y 7º del Decreto 1889 de 1994 frente al 4º y 42 de la Carta Política, pues se precisa que el análisis que le imprimió el fallador de alzada al artículo 47 de la Ley 100 de 1993 es el legítimo, coherente con el criterio jurisprudencial al punto.

“En torno al alcance subsidiario para que se satisfaga la pensión por partes iguales, entre la cónyuge y la compañera, al momento de la muerte del pensionado <21 de julio de 2000> no existía normativa que permitiera tal criterio, ya que la preceptiva que gobernaba el asunto <artículo 47 inicial de la Ley 100 de 1993 y 7º del Decreto 1889 de 1994> no disponían nada al respecto.

Por lo visto, no incurrió el Tribunal en la trasgresión de las normas denunciadas, en cuanto dispuso que el 100% de la pensión de sobrevivientes debía reconocerse a favor de Dora Amelia Barrera de Chaparro, en su condición de cónyuge supérstite del causante, a pesar de encontrarse demostrado que además de la convivencia que sostuvo con ésta, también convivió simultáneamente con la compañera permanente.

Por lo anterior, el ad quem no cometió los yerros jurídicos endilgados y por ello, los cargos no prosperan.

Costas en el recurso de casación a cargo de la recurrente demandante, por cuanto la acusación no salió avante y hubo réplica. En su liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000), en 50% para cada opositor, que deberá realizar el juez de primer grado conforme lo establece el artículo 366 del Código General del Proceso.

XIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 28 de enero de 2011, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Dora Amelia Barrera de Chaparro contra BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A, al cual fue acumulada la demanda presentada por Ruth Angarita Mora.

Costas como quedó dicho.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Martín Emilio Beltrán QuinteroDolly Amparo Caguasango Villota

Ernesto Forero Vargas.