Sentencia SL14969-2017/52813 de septiembre 20 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL14969-2017

Rad.: 52813

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

Acta 11

Bogotá, D. C., veinte de septiembre de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por Patricia Romero Peña, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de junio de 2011, en el proceso ordinario laboral que adelantó la recurrente contra el Instituto de Seguros Sociales.

En cuanto a la solicitud de que se tenga a Colpensiones como sucesor procesal, según el escrito de folios 32 y 32 del cuaderno de la Corte, no se accede a ello, por cuanto el Instituto de Seguros Sociales en este proceso tiene la condición de empleador y no de administradora de pensiones.

I. Antecedentes

La citada accionante demandó en proceso ordinario laboral al Instituto de Seguros Sociales, a fin de que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo realidad desde el 8 de mayo de 1997 hasta el 30 de junio de 2003, el cual finalizó de forma unilateral y sin justa causa. Como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada al pago del auxilio de cesantía durante todo el tiempo laborado junto con sus intereses; primas de navidad, de vacaciones, de servicios, “legales y extralegales”; vacaciones; bonificación por servicios; horas extras, dominicales y festivos; aportes al sistema de seguridad social; dotaciones; indemnizaciones moratoria y por despido unilateral; la indexación; el pago de cualquier otra acreencia legal o convencional a que tuviere derecho que resulte en forma ultra o extrapetita; y las costas.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que fue vinculada laboralmente como trabajadora oficial al Instituto de Seguros Sociales, mediante contratos de prestación de servicios, desde el 8 de mayo de 1997 hasta el 30 de junio de 2003, “pero lo que realmente existió fue un contrato laboral”, toda vez que siempre estuvo subordinada; que no medió interrupción entre uno y otro contrato, ya que cumplió sus funciones de forma continua, al punto que una vez finalizado uno de ellos seguía prestando sus servicios mientras se adelantaban los trámites administrativos para la elaboración de uno nuevo, el que se firmaba con fecha posterior, dando así la apariencia de interrupción en el vínculo de dos o tres días, que no existió.

Afirmó que se desempeñó como médico general en el CAA de Bosa; que atendía pacientes; que las funciones que ejerció eran supervisadas por el ISS, se le impartían órdenes y cumplía un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., que era la misma jornada de los trabajadores de planta; que estuvo sometida periódicamente a evaluaciones de desempeño para la renovación de los contratos; que no le fueron reconocidos sus derechos laborales; que el vínculo finalizó por la no renovación del último contrato, proceder que constituye una terminación sin justa causa; y que el salario percibido era de $1.573.305 mensuales, del cual debía efectuar los aportes en materia de seguridad social.

Expuso que se configuraron los tres elementos propios de un contrato de tipo laboral conforme al artículo 23 del CST; que las actividades no las podía realizar por medio de otras personas; que siempre estuvo subordinada; que “en cumplimiento del contrato que fue terminado unilateralmente el 30 de junio del 2003, con fecha 1º de julio de ese mismo año se celebró otro contrato de servicios hasta el día 30 de noviembre del 2003, pero de igual forma unilateral el Seguro Social lo cedió a la empresa Luis Carlos Galán Sarmiento”; que en su caso opera la presunción prevista en el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945; y que el 23 de junio de 2006 elevó la correspondiente reclamación administrativa, sin recibir contestación.

Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a todas las pretensiones, y en cuanto a los hechos dijo que era cierto que la demandante estuvo vinculada mediante contratos de prestaciones de servicios y que elevó reclamación administrativa, la cual no fue contestada. De los restantes supuestos fácticos manifestó que no eran ciertos. En su defensa adujo que la accionante nunca tuvo vinculación laboral con el ISS, ya que en la realidad su relación fue como contratista independiente, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad y siguiendo las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993.

Propuso las excepciones de fondo de inexistencia de la obligación, prescripción, falta de causa y título para pedir, presunción de legalidad de los actos administrativos y contratos celebrados entre las partes, firmeza de los actos administrativos, cosa juzgada, la genérica, carencia del derecho reclamado, principio de la unilateralidad, carencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, imposibilidad del ente de seguridad social de disponer del patrimonio de los coadministrados, principio de dirección, regulación y control estatal de los servicios públicos, principio de la unilateralidad del estado en cumplimiento del objeto contractual, contrato de prestación de servicios, ausencia absoluta de relación laboral y prestaciones sociales en contratos estatales, ausencia de subordinación y dependencia, pago, compensación, mala fe del demandante, ausencia de vicios en el consentimiento, existencia de pruebas ciertas que desvirtúan la presunción del artículo 24 del CST y buena fe de la entidad demandada.

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Once Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá, mediante sentencia del 30 de abril de 2009, absolvió al demandado de todas las pretensiones incoadas en su contra, y condenó en costas a la demandante (fls. 151 a 164).

Para arribar a esta determinación, el a quo estimó que ninguno de los medios probatorios del proceso logran demostrar que la actividad para la cual fue contratada la demandante se produjo bajo la continuada subordinación y dependencia laboral, quedando desvirtuada la presunción legal de este elemento esencial, por orfandad probatoria, pues no se allegó ningún testimonio, y por el contrario los contratos de prestación de servicios acreditan una relación ajena a la de trabajo que fue discontinua.

III. Sentencia de segunda instancia

Apeló la parte actora y la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por sentencia del 30 de junio de 2011, confirmó el fallo de primer grado, sin imponer costas en la alzada.

El juez colegiado adujo que “la primera deficiencia que da al traste el éxito de las pretensiones lo constituye la puntual solicitud que se declare la existencia de un contrato de trabajo entre el 8 de mayo de 1997 y el 30 de junio de 2003”, en tanto, de la revisión de los contratos aportados al plenario (fls. 20 a 55) se desprende que la prestación del servicio no fue “dentro de todo el periodo reclamado”, ya que se presentó a través de diferentes vínculos mediante la ejecución de contratos de prestación de servicios, por periodos de dos, tres, cuatro, cinco y seis meses.

Destacó incluso que acorde a la prueba documental obrante a folio 147, en la que el ISS relacionó todos los convenios o contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, se vislumbra que estos no fueron “sucesivos ni continuos, porque al existir solución de continuidad o intervalos entre el contrato 0394 y el 3058 de más de un mes; y entre el 3567 y el 0129 de más de cien días, desde ya condena al fracaso la solicitud de declaración de un solo contrato de trabajo continuo”.

En dicho sentido destacó que en razón a que la demandante solicitó que se declarara la existencia de un supuesto “solo contrato de trabajo” y a partir de ello derivar una serie de condenas, debía demostrar, acorde a lo dispuesto en el artículo 177 del CPC, que la relación fue única e ininterrumpida, lo cual no hizo, antes, por el contrario, lo que se desprendía era que la relación contractual no fue constante, al punto que medió solución de continuidad por más de tres meses.

Adujo que tampoco resultaba viable pronunciarse de forma fraccionada sobre cada uno de los contratos de prestación de servicios existentes, en tanto ello sería cambiar las pretensiones de la demanda, más aún cuando el juez de segundo grado carece de las facultades que consagra el artículo 50 del CPTSS, ello sin dejar de lado el desconocimiento del debido proceso y el principio de congruencia contenido en el artículo 305 del CPC, aplicable de manera analógica a lo laboral, por la variación de la causa petendi.

Finalmente transcribió un aparte de una jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la se pronunció respecto del artículo 50 del CPTSS, la cual no identificó, para concluir que:

Al no demostrarse entonces la existencia del único contrato de trabajo afirmado dentro de los extremos citados, porque se repite la relación entre las partes fue mediante varios contratos de prestación de servicios que no fueron sucesivos o continuos, deficiencia que impide a todas luces so pretexto de la aplicación del principio constitucional de la primacía de la realidad, declarar la existencia de un solo contrato de trabajo de la que dependía las condenas deprecadas, no le queda a la Sala un camino diferente que el de confirmar la sentencia absolutoria proferida por el juzgador de primera instancia pero por las razones aquí expuestas.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia del tribunal, para que en instancia revoque en todas sus partes la proferida por el a quo, y en su lugar, acoja la totalidad de las súplicas de la demanda primigenia.

Con tal propósito formula un cargo, que fue objeto de réplica, el cual se pasa a estudiar.

VI. Único cargo

Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta, por “falso juicio de identidad”, en tanto:

[…]

es violatoria de normas Constitucionales y sustanciales que consagran y regulan el derecho al trabajo reconocido en los artículos 1º, 2º y 25 de la Constitución Nacional y por ende de los principios mínimos laborales consagrados en el artículo 53 de nuestra carta magna, en especial en lo que a primacia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y estabilidad en el empleo se refiere “(Corte Constitucional, Sentencia C-154/97, M. P. Hernando Herrera Vergara), igualmente de las normas que contemplan la condición y los derechos de los trabajadores del Instituto de Seguros sociales, las normas que establecen los elementos constitutivos de un contrato de trabajo, entre ellas la Ley 90 de 1946 mediante la cual se crea el Instituto de Seguros Sociales es una empresa industrial y comercial del Estado y que sus servidores son trabajadores oficiales, con un régimen diferente a los empleados públicos, los decretos 2663 y 3743 de 1950 adoptados por la Ley 141 de 1961 como legislación permanente (Código Sustantivo del Trabajo ), y sus reformas, la Ley 50 de 1990, artículos 23 y 24; el primero que establece los tres elementos esenciales para que haya contrato de trabajo, y el segundo que consagra la presunción de contrato de trabajo en toda relación de trabajo profesional.

Todas estas nomas desconocidas y violadas con la sentencia atacada, que no obstante reconocer y admitir que entre mi poderdante y demanda existió varios contratos con una relación subordinada, que no es otra cosa que un contrato de trabajo, confirmo (sic) la sentencia de primera instancia y absolvió a la demandada, con el argumento de que no existió una relación laboral única sin interrupción que se solicita, sino que, por existir interrupción en los contratos certificados por demandada, es decir, repito, la realidad de la subordinación, no hay lugar a la concesión de la[s] pretensiones porque no existió una relación laboral única y las existentes fueron continuas e interrumpidas.

En la demostración del cargo comienza por afirmar que el juez colegiado “resuelve la controversia planteada dando aplicación, INDEBIDAMENTE, del Decreto 1750 del 2003. Artículos 16 y 17, porque parte de la premisa equivocada de que mi poderdante estuvo vinculada por contratos de prestación de servicios varios con interrupción entre ellos con el Instituto de Seguros Sociales cuando realmente la actividad desplegada por mi poderdante no permitía la interrupción”, por tratarse una actividad que por su naturaleza es continua.

A continuación asevera que el ad quem desconoció que la interrupción fue formal, por cuanto la demandante trabajaba de forma subordinada, aspecto “que no tiene duda pues los contratos de prestación de servicios obran en el expediente y sobre ello no hay discusión, entonces cómo se explica que su labor pudiera interrumpirse si su labor, por su naturaleza era ininterrumpida”.

Transcribe un aparte del artículo 17 del Decreto 1750 de 2003 y afirma que dicha disposición regulaba a los servidores públicos, condición que no ostentaba la demandante, en la medida que estaba vinculada mediante un contrato de prestación de servicios. A renglón seguido afirma que “con el desarrollo de este proceso es que se ha demostrado que ese velo del contrato de prestación de servicios cubría el contrato realidad y entonces por ello una vez declarada esta realidad se le deben reconocer las prestaciones a la demandante”.

Agrega que los extremos de la relación se encuentran probados; y que si tratándose de derechos laborales es posible proferir un fallo ultra y extra petita, no existe razón alguna para que, como ocurre en el asunto, se conceda menos de lo pedido, esto es, los derechos laborales surgidos en el periodo comprendido desde el 8 de mayo de 1997 y hasta el 30 de junio de 2003, cuando se produjo la escisión del ISS con la expedición del Decreto 1750 de 2003, normatividad que de “no haberse aplicado” hubiera dado lugar al reconocimiento de todos los derechos de la actora.

Finalmente dice que la apreciación errónea de los contratos de prestación de servicios condujo a la equivocación del tribunal, consistente en que hubo solución de continuidad, cuando claramente existió un solo contrato.

VII. La réplica

Aduce que la acusación como está planteada se acerca más a un alegato de instancia, en la medida que no se presentó desconocimiento alguno por parte del juez de apelaciones de las normas constitucionales relacionadas en la proposición jurídica y, menos aún, la aplicación indebida de los artículos 16 y 17 del Decreto 1750 de 2003, los cuales no llamó a operar.

Afirma que el soporte de la decisión es eminentemente probatorio y de índole procesal, por lo que el ataque debió dirigirse a socavar las verdaderas bases de la decisión, lo cual no hizo, en tanto no denunció norma alguna de carácter instrumental.

VIII. Consideraciones

Debe resaltarse que la demanda de casación, a efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, debe satisfacer una serie de requisitos de técnica que estipulan las normas procesales, tanto en su planteamiento como en la demostración, reglas adjetivas que de no cumplirse puede llevar a que el recurso extraordinario resulte infructuoso.

Además de ello, como insistentemente lo ha expresado esta corporación, el recurso extraordinario no le confiere competencia para juzgar el litigio, esto es, establecer a cuál de las partes en contienda le asiste la razón, puesto que la labor de la Corte se circunscribe en enjuiciar la sentencia y determinar si el juez colegiado, al resolver la segunda instancia, dirimió rectamente el conflicto a la luz de las normas jurídicas que debía emplear.

Realizadas las anteriores precisiones, tal como lo sostiene la réplica, encuentra la Sala que el escrito con el cual se pretende sustentar la acusación, adolece de graves e insuperables deficiencias técnicas que comprometen la prosperidad del cargo propuesto, las cuales a continuación se pasan a detallar:

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 numeral 5º literal a) del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, un requisito indispensable e insoslayable que debe tener toda demanda de casación, es la indicación del precepto legal sustantivo del orden nacional que se estime violado; entendiéndose por éste, aquél que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas individuales, y que para los efectos del recurso extraordinario se concretan a las que consagran o modifican los derechos reclamados en la controversia judicial.

En este orden de ideas, se observa que el cargo presenta una proposición jurídica deficiente, por cuanto no se denuncia ningún precepto legal sustantivo del orden nacional que constituyendo la base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violado.

En efecto, si bien se alude a los artículos 1º, 2º, 25 y 53 de la Constitución, las normas de rango constitucional, por regla general, no son susceptibles de ser denunciadas en casación, en atención a que no atribuyen por sí solos derechos concretos en materia salarial, prestacional o indemnizatoria. Sobre dicho aspecto en Sentencia SL2479-2015, se dijo:

Al respecto se tiene que no obstante la jerarquía de dichas normas, solo están habilitadas para fundar cargo en casación laboral, cuando no requieren de desarrollo legislativo (CSJ SL, 15 ago. 2001, Rad. 15839; y del 4 mar. 2006, Rad. 27187). Por eso el ataque requería el señalamiento de por lo menos una de las normas legales que contenía cada uno de los derechos que consideró violados por la sentencia, labor que no adelantó la censura dejando el cargo sin proposición jurídica.

Por otra parte, se denuncia de forma genérica la Ley 90 de 1946, los decretos 2663 y 3743 de 1950 y la Ley 141 de 1961, es decir, sin enunciar los artículos que se deben tener como infringidos, lo cual resulta inapropiado porque no le corresponde a la Corte investigar cuál sería el canon legal de los que integran los estatutos citados que el fallador pudo quebrantar.

Ahora bien, aun cuando el censor denuncia los artículos 23 y 24 del CST, dichas disposiciones, dada la naturaleza de trabajadora oficial de la demandante alegada, no resultan aplicables al caso debatido.

Situación de insuficiencia de la proposición jurídica que no varía, así se remita la Sala al desarrollo del cargo, porque si bien se advierte que el recurrente en la demostración del mismo hace alusión a los artículos 16 y 17 del Decreto 1750 de 2003, tales disposiciones sustanciales no consagran los elementos esenciales del contrato de trabajo que es lo que alega la censura en el ataque, además que como lo pone de presente la réplica estas disposiciones legales no fueron fundamento o soporte del fallo impugnado.

Por otra parte, de llegarse a aceptar para satisfacer ese requisito, por lo menos el artículo 53 de la CN, por contener el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, aspecto que aquí se debate, dando por superado esta deficiencia, lo cierto es que como se pasa a explicar el cargo presenta otros defectos de técnica.

2. Cuando el cargo se encamina por la vía indirecta o de los hechos, como aquí acontece, el censor tiene la carga de acreditar de manera razonada la concreta equivocación en que incurrió la colegiatura en el análisis y valoración de los medios de convicción y su incidencia en la decisión impugnada, que la llevó a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia lo que sí lo está, yerros que surgen a raíz de la equivocada valoración o falta de apreciación de la prueba calificada, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial.

En el presente asunto, a más que no se indica el concepto de vulneración de la ley, que para el caso correspondería a la aplicación indebida, dado que el censor refiere en la formulación del cargo a lo que denomina “falso juicio de identidad”, el cual no es una de las modalidades de la violación de la ley sustancial, se observa que su desarrollo también es inadecuado a la luz de lo dispuesto en el literal b) del numeral 5º del artículo 90 del CPTSS, según el cual debe expresarse “qué clase de error se cometió”; ya que el recurrente no precisa con claridad los yerros fácticos que se presentaron, es así que no propone en específico algún desatino con el carácter de ostensible.

Además, la circunstancia que el recurrente en la sustentación aluda a la aplicación de los artículos 16 y 17 del Decreto 1750 de 2003, no se puede tener como el submotivo de violación, en la medida que como se dijo esta norma no la llamó a operar el tribunal y por ende no la aplicó.

3. En la demostración del cargo la censura parte de una conclusión errada, en la medida que asegura que el tribunal desestimó sus pedimentos en razón a lo dispuesto en los citados artículos 16 y 17 del Decreto 1750 de 2003, los cuales, asevera, fueron empleados en la resolución del asunto.

Con ello el recurrente incursiona en una temática que es totalmente extraña a la motivación central del fallo del tribunal, por cuanto esas normas no sirvieron de soporte a la decisión adoptada. En este punto, debe resaltarse, que el bastión de la decisión consistió en que las súplicas de la demanda estaban soportadas en la existencia de una única relación de trabajo, supuesto fáctico que no encontró acreditado el juez de apelaciones a partir del estudio de las pruebas allegadas.

4. Por otra parte, si bien la censura en un aparte del desarrollo del cargo se refiere a los contratos de prestación de servicios como erróneamente apreciados, no los liga a algún yerro fáctico y por consiguiente confunde el error de hecho con la fuente o causa que lo pueda originar. Ello sin dejar de lado que no realizó el análisis razonado y crítico de los contratos, que haga derivar una equivocada valoración probatoria del tribunal, ni indicó la conclusión a la que se debió arribar de haberlos apreciados correctamente, como tampoco su incidencia con lo decidido.

Aunado a ello, el impugnante en casación no denuncia la equivocada apreciación del documento obrante a folio 147, el cual, conforme quedó visto al historiar el proceso, se constituyó en el elemento probatorio que sirvió de eje central al tribunal para colegir que, contrario a lo afirmado y solicitado en la demanda, el vínculo que existió entre las partes no fue permanente sino que medió solución de continuidad, por lo que este medio de convicción debió ser derruido por la censura como quiera que fue soporte esencial de la decisión del tribunal.

Del mismo modo, si bien el censor ataca la conclusión del fallador de alzada sobre la imposibilidad legal de hacer uso en este asunto de las facultades ultra y extra petita, ello se debió cuestionar por la senda adecuada que lo es la directa, por tratarse de un argumento de naturaleza jurídica.

En estas condiciones, al no haber controvertido el recurrente debidamente los pilares fundamentales de la decisión impugnada, es dable concluir que ésta permanece incólume y rodeada de la doble presunción de legalidad y acierto. Así lo ha sostenido esta corporación, entre otras, en la Sentencia CSJ SL12298-2017, cuando adujo:

Debe recordarse que las acusaciones exiguas o parciales son insuficientes para quebrar una sentencia en el ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad social, por cuanto dejan subsistiendo sus fundamentos sustanciales y, por tanto, nada consigue el censor si se ocupa de combatir razones distintas a las aducidas por el juzgador o cuando no ataca todos los pilares, porque, en tal caso, así tenga razón en la crítica que formula, la decisión sigue soportada en las inferencias que dejó libres de ataque. Lo anterior conlleva a que con independencia del acierto del recurrente y de que la Sala comparta o no sus deducciones, se mantenga la decisión de segundo grado.

[...]

En este orden de ideas, esa falta de ataque a los pilares que soportan la decisión impugnada, traen como consecuencia que se mantenga incólume, amparada por la doble presunción de legalidad y acierto.

Lo expuesto en precedencia trae consigo que no se efectuó la crítica tendiente a rebatir todas las pruebas en que se fundó el tribunal y las verdaderas razones de la segunda instancia, lo que conlleva que se mantenga inmodificable lo decidido en la sentencia impugnada.

5. Por último, se observa que lo planteado por el recurrente son meras afirmaciones genéricas e imprecisas, que lejos están de conformar una acusación clara y contundente contra la decisión del tribunal en la que se confronten los argumentos y premisas fácticas de los cuales se compone, por el contrario, se asemeja más a un alegato de instancia que no corresponde en lo absoluto al que debería allegarse en la sustentación del recurso extraordinario aquí presentado.

Al respecto, la Sala ha manifestado que:

“[…] la confrontación de una sentencia, en la intención de lograr su derrumbamiento en el estadio procesal de la casación, comporta para el recurrente una labor persuasiva y dialéctica, que ha de comenzar por la identificación de los verdaderos pilares argumentativos de que se valió el juzgador para edificar su fallo; pasar por la determinación de si los argumentos utilizados constituyen razonamientos jurídicos o facticos; y culminar, con estribo en tal precisión, en la selección de la senda adecuada de ataque: la directa, si la cuestión permanece en un plano eminentemente jurídico; la indirecta, si se está en una dimensión fáctica o probatoria» (Sentencia CSJ,SL 23 mar. 2011, Rad. 41314).

Al margen de lo anterior, si la Sala pasara por alto los defectos de técnica reseñados, y pudiera adentrarse en el estudio de la acusación, encontraría que el documento obrante a folios 147, sobre la cual se fundó la decisión de segundo grado, tampoco fue mal apreciado, en la medida que el tribunal no distorsionó su contenido, pues allí se refleja exactamente lo que éste coligió, en tanto da cuenta que el contrato identificado con el número 0394 finalizó el 7 de octubre de 1997 y el siguiente, que lo fue el 3058, inició el 19 de noviembre de ese mismo año, esto es más de un mes después, tal como se advirtió en la sentencia objeto de ataque; de igual forma, en la citada foliatura también se hace constar que el contrato 3567 finalizó el 30 de noviembre de 1998 y el siguiente vínculo comenzó el 17 de mayo de 1999, lo que muestra que efectivamente entre uno y el otro transcurrieron más de cien días, que fue precisamente lo que infirió el juez colegiado, término suficientemente extenso para interrumpir el nexo contractual.

En este orden de ideas, el ad quem no cometió un error ostensible al colegir que la prestación de servicios del demandante fue discontinua y que por tanto, no se podía considerar que existió un solo contrato, pues dicha prueba calificada deja al descubierto que el vínculo tuvo interrupciones, algunas de ellas, como quedó acreditado, considerables.

Por otra parte, si bien no se desconoce que en asuntos como el presente, en que las pretensiones están cimentadas en una única relación, se debe tomar el último vínculo de carácter continuo que ató a las partes, tal como se expuso en sentencia de la CSJ, 19 oct. 2006, Rad. 27371, en donde se puntualizó:

En cuanto a la existencia de solución de continuidad entre los diversos contratos, se observa que, de acuerdo con la certificación aportada a folios 131 y 225, de los contratos suscritos entre el 1º de marzo de 1994 y el 30 de noviembre de 2002, apenas si se presentaron algunas interrupciones entre uno y otro contrato, siendo la mayor apenas de una semana, entre el 28 de febrero y el 8 de marzo de 1999, por lo que no aparece que se hubiere dado una solución de continuidad de la relación laboral, toda vez que, a pesar de ser numerosos los contratos celebrados por unos términos establecidos, la verdad que aflora es que la demandante siempre cumplió las mismas funciones para el demandado, por lo que la suscripción de un nuevo contrato, cada vez que se vencía el anterior, apenas era una mera formalidad y no obedecía a la intención de desvincular a la trabajadora.

Cosa diferente ocurre con el contrato celebrado a partir del 1º de agosto de 1993, que venció el 30 de enero de 1994, pues el siguiente se celebró un mes después, el 1º de marzo de 1994, de donde, por lo prolongado de la interrupción del servicio, no es posible inferir que la intención de las partes era continuar con una misma relación de trabajo y que apenas se trataba de una mera formalidad.

Como quiera que las pretensiones de la demanda inicial están cimentadas sobre la base de una sola relación de trabajo, se tendrán en cuenta para reexaminar las condenas de primera instancia, los extremos comprendidos entre el 1º de marzo de 1994 y el 30 de noviembre de 2002, que corresponden a la última relación laboral continua sostenida por las partes (Resalta la Sala).

Lo cierto es que en el sub examine ello no resulta posible, en tanto la parte demandante, pese a que afirmó que contrario a lo dispuesto en los contratos de prestación de servicios suscritos con la demandada su labor era subordinada, no allegó al proceso ningún medio de convicción que dé cuenta de la existencia de un vínculo de naturaleza laboral, como afirma que en la práctica existió.

En efecto, las únicas pruebas arrimadas al proceso son las copias de algunos de los contratos de prestación servicios independientes que fueron suscritos por las partes, los cuales por sí solos no son suficientes para determinar la naturaleza del vínculo que unió a los contratantes, pues ellos no revelan las condiciones específicas y concretas en que la demandante en la realidad ejecutó sus actividades, aunado a la orfandad de otras pruebas que muestren, en el terreno de los hechos, las circunstancias que rodearon la relación jurídica, que ató a las partes.

Del mismo modo, por su condición de médica, para la cual fue contratada la actora, no es por si misma indicativa de la existencia de una relación laboral, si se tiene en cuenta que, se insiste, son las condiciones particulares que rodean el cumplimiento de la actividad contratada las que determinan si hay lugar a establecer una dependencia o subordinación que sitúen la prestación personal del servicio en el campo de un vínculo laboral dependiente.

Dicho en otras palabras, si el sustento de las pretensiones de la actora estaban cimentadas en que en el práctica se presentó un contrato de naturaleza laboral y no de prestación de servicios como fue acordado formalmente, debía cumplir con una carga mínima probatoria tendiente a demostrar que, en efecto, en la realidad esto último no ocurrió, pero dicha actividad probatoria brilla por su ausencia y la misma, lógicamente, no se suple con los contratos de prestación de servicios, pues ellos, se itera, de modo alguno muestran la forma en que se ejecutó la actividad estipulada.

Conforme a las características particulares del asunto que se somete a escrutinio de la Sala, y la inactividad probatoria de la parte demandante, cabe recordar lo expuesto en Sentencia CSJ SL, 22 abr. 2004, Rad. 21779, donde se dijo:

De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado.

En conclusión, al no estar en el plenario demostrado la manera en que se desarrolló la labor por parte de la demandante, no puede entrar a operar la primacía de la realidad sobre las formas.

Así las cosas, dadas las limitaciones que exhibe el cargo, deberá mantenerse en firme la sentencia recurrida y en definitiva no hay otro camino que desestimar el ataque presentado.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de la parte recurrente demandante, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $3.500.000, que se incluirán en la liquidación que realice el juez de primera instancia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de junio de 2011, en el proceso que instauró Patricia Romero Peña contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Martín Emilio Beltrán Quintero—Dolly Amparo Caguasango Villota—Ernesto Forero Vargas.