Sentencia SL15026-2016/48059 de octubre 19 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 48059

Magistrado Ponente

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 39

Bogotá, D. C., diecinueve de octubre de dos mil dieciséis

Fallo de instancia:

Procede la Sala a proferir la decisión de instancia, en el proceso que inició Jorge Rangel Peñalosa contra la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. Electricaribe S.A. en el que se casó parcialmente la sentencia de la sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla en cuanto confirmó la decisión del Juez de instancia de absolver a la accionada de la pretensión de pago de la indemnización por despido injusto.

Previo a decidir se ofició a la empresa demandada para que certificara el salario base de liquidación a la fecha de terminación del contrato de trabajo, es decir, al 30 de septiembre de 2007, la que respondió según consta a folios 51 y 52 del cuaderno de la Corte indicando que la base salarial final fue de $ Un Millón Ciento Cincuenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Siete Pesos ($ 1.159.157) mensuales.

El a quo decidió absolver a la sociedad demandada en relación con el pago de la indemnización por despido injusto aduciendo que:

“El artículo 62 del C.S.T., con la reforma del art. 7º del Decreto 2351 de 1961, establece, dentro de las causales de terminación del contrato de trabajo, en su numeral 14 “el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa (…)”, advirtiendo, que en este caso la comunicación al trabajador debe realizarse con una antelación no inferior a 15 días.

Pues bien, la jurisprudencia ha sostenido que la pensión que justifica el despido es aquella que se otorga cuando el trabajador está aún al servicio de la empresa, hecho que brinda la certeza de que el trabajador “(…) podrá percibirla desde el día siguiente de su desvinculación (…)” Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de 15 de abril de 1980”.

Inconforme con la decisión el actor ejerció contra ella el recurso de apelación argumentando que el reconocimiento de la pensión de jubilación voluntaria o convencional no constituye justa causa de despido, que lo que la norma exige al empleador para invocar la causal no es que el trabajador se encuentre al servicio del empleador sino que se trate de una pensión de carácter legal. Apoyó su argumento con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral sección Primera de 18 de mayo de 1988 sin citar la radicación.

Antes de pronunciarse sobre la indemnización por despido injusto objeto de la litis, no está por demás ahondar en su fundamentación legal y fáctica.

Fundamentación legal y fáctica

La Electrificadora del Caribe S.A. que fue el empleador final del señor Jorge Rangel Peñaloza, a la luz del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, es una empresa de carácter privado y por tanto las relaciones laborales con sus trabajadores se rigen, en lo legal, por el Código Sustantivo del Trabajo.

El demandante fue contratado, en principio por la electrificadora del Atlántico, a partir del 18 de junio de 1984, por medio de un contrato de trabajo a término indefinido que luego fue sustituido en la Electrificadora del Caribe S.A. desde el 16 de agosto de 1998 continuando hasta el 30 de septiembre de 2007.

El 12 de septiembre de 2007 Electricaribe S.A. dirigió al actor una carta en la que le indicó que había decidido: “(…) terminar su contrato de trabajo a partir del 30 de septiembre de 2007 y reconocerle pensión convencional a partir de 1º de octubre de 2007(…)” (fl 8).

En materia de terminación del contrato de trabajo le corresponde al trabajador probar la existencia del despido colocando al empleador en la obligación de probar la existencia de la justa causa so pena de que tenga que declararse que no existió.

El artículo 62 del CST., parte A modificado por el 7º del Decreto 2351 de 1965 enumera las causas justas de terminación del contrato de trabajo por parte del empleador, en su numeral 14 contempla como una de ellas: “El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa”.

Por su parte el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 que reformó el 33 de la Ley 100 de 1993 contempló en el parágrafo tercero:

“Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones.

Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión, si este no la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel.

Lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores públicos afiliados al sistema general de pensiones”.

En esas razones, es decir, pretendiendo la existencia de una justa causa legal, se afincó la sociedad demandada para dar por terminado el contrato de trabajo del señor Rangel. Sin embargo, al respecto, la Sala, en un caso de similares condiciones, en que era demandada la misma empresa Electricaribe S.A., consideró que el reconocimiento de la pensión de jubilación de carácter convencional no está incluida como justa causa dentro de las dos normas trascritas. Al respecto la sentencia SL8758 de 2014 dijo:

“Como se anotó en los antecedentes, las razones esenciales para el tribunal revocar la decisión del juzgado mediante la cual éste absolvió a la demandada del pago de la indemnización por despido sin justa causa por razón del reconocimiento de la pensión convencional de jubilación, para en su lugar imponer la dicha condena, fueron en suma las siguientes: 1. que a pesar de que algunas normas legales habían previsto como causal de terminación del vínculo laboral el reconocimiento de la pensión, la jurisprudencia había condicionado su aplicación a que previamente el empleador consultara a su trabajador si era de su interés gozar de la pensión o continuar laborando, por manera que desde el punto de vista legal, ninguna razón asistía para aceptar, como lo hizo el juzgado, y por el mero reconocimiento pensional, esa clase de despido; 2. que de todas maneras el asunto no se circunscribía al ámbito legal, pues la causal se adujo con fundamento en el reconocimiento de una pensión convencional, y en tal caso, tampoco resultaba válido el despido, dado que el texto normativo imponía que mediara la solicitud de la pensión por cuenta del trabajador, lo cual se acompasaba con la jurisprudencia que decía que el reconocimiento de pensiones extralegales no constituía justa causa de despido, ni el hecho de que el trabajador la recibiera significaba que renunciaba a la indemnización por despido sin justa causa; (…)

Luego, por no haberse controvertido todos los razonamientos esenciales del fallo, como por no constituir las apreciaciones probatorias del tribunal los errores de hecho que se le atribuyen por la recurrente, no prospera el cargo, sin que sobre decirse que los criterios jurisprudenciales sobre los cuales el juez de la alzada construyó en parte su decisión permanecen plenamente vigentes, pues el mero hecho del reconocimiento de una pensión extralegal, sin que medie la voluntad del trabajador, no habilita la justeza del despido, como tampoco que por el hecho de percibir tal clase de prestación el trabajador pierde la oportunidad de discutir la justeza de su despido, y por ende la indemnización legal o convencional pertinente”.

Así las cosas como no existió la justa causa de despido la consecuencia lógica es revocar la sentencia del Juez a quo que absolvió a la sociedad demandada del pago de la indemnización por despido y concederla.

El artículo 64 del CST, modificado por el 8º del Decreto 2351 de 1965 y luego por el Artículo 28 de la Ley 789 de 2002, contempla la indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa. La disposición hace una salvedad en el parágrafo transitorio para cuando el trabajador, a la entrada en vigencia de la modificación, tuviere 10 o más años de servicios. A la letra dice:

“En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente.

En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los términos que a continuación se señalan:

PAR. TRANS.—Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley, tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo del empleador, se les aplicará la tabla de indemnización establecida en los literales b), c) y d) del artículo 6º de la Ley 50 de 1990 (...)”

Así entonces el artículo 6º de la Ley 50, sobre el valor de esa indemnización dice en su literal d: “d) Si el trabajador tuviere diez (10) o más años de servicio continuo se le pagarán cuarenta (40) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción”.

Precisado lo anterior, lo que sigue es la liquidación de la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo por parte de la empresa sin que existiera para ello una justa causa.

El señor Rangel laboró durante 23 años, 3 meses y 13 días teniendo un salario base mensual de $ 1.159.157, realizada la operación aritmética, la indemnización tiene un valor total de treinta y seis millones ciento ochenta y dos mil seiscientos noventa y tres pesos ($ 36.182.693).

En consecuencia se condenará a la sociedad demandada a pagar al señor Jorge Rangel Peñalosa la suma que se acaba de indicar ordenándose que sea indexada desde el 1º de octubre de 2007 y hasta el momento del pago efectivo, aplicándole el índice de precios al consumidor certificado por el Dane.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, al haber casado la sentencia del 30 de abril de 2010, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en sede de instancia, revoca parcialmente la sentencia de fecha 03 de abril de 2009 proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, en cuanto absolvió a la accionada de la pretensión de pago de indemnización por despido injusto, en el proceso ordinario laboral promovido por Jorge Rangel Peñalosa contra la Electrificadora del Caribe S.A. ESP “Electricaribe S.A.”.

En consecuencia, se condena a la demandada a pagar al demandante por concepto de indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo, sin justa causa la suma de treinta y seis millones ciento ochenta y dos mil seiscientos noventa y tres pesos ($ 36.182.693).que deberá ser indexada como se indicó en la parte motiva.

Las costas de las instancias serán a cargo de la parte vencida que lo fue la entidad llamada a juicio.

Las costas de ambas instancias correrán a cargo de la sociedad demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.