Sentencia SL15097-2014 de septiembre 24 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL15097-2014

Rad.: 46150

Acta 34

Magistrada ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., veinticuatro de septiembre de dos mil catorce.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la sociedad demandada contra la sentencia proferida por la Sala laboral de descongestión del tribunal superior del distrito judicial de Bogotá, el 30 de octubre de 2009, dentro del proceso que Luis Alfonso Amaya Vallarino instauró contra Cedep Ltda.

I. Antecedentes

Luis Alfonso Amaya Villarino(sic) demandó en juicio ordinario laboral a la sociedad Ceped Limitada, a fin de que se declarara la existencia de cuatro contratos de trabajo pactados a término fijo, por los períodos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2003, del 13 de enero al 30 de junio de 2004, del 1º de julio al 22 de diciembre de 2004, del 11 de enero de 2005 al “11 de enero de 2006” y, que su salario para este último interregno ascendió a la suma de $ 3.000.000. Consecuentemente, solicitó que se condenara a la demandada al pago de las horas extras, indemnización por despido injusto, cesantías e intereses, sanciones por no consignación de las cesantías y por no pago oportuno de los intereses, primas, vacaciones e indemnización moratoria. Así mismo, pretendió el pago de los aportes a la seguridad social, la indexación de las condenas, la devolución de los valores descontados por retención en la fuente, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que prestó sus servicios subordinados y dependientes como “docente de planta” para Cedep Ltda., durante los períodos comprendidos entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2003; el 13 de enero al 30 de junio de 2004; el 1º de julio al 22 de diciembre de 2004 y el 11 de enero al 25 de julio de 2005, aunque el plazo pactado para este último contrato fue el 31 de diciembre de 2005; que el 25 de julio de 2005, le fue comunicada la terminación del contrato suscrito, a partir del 9 de agosto del mismo año, pero desde aquella calenda se le impidió el ingreso a la institución; que el demandante desempeñó funciones subordinadas; que cumplía un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 9:30 p.m.; que no le fueron retribuidas las horas extras laboradas ni canceladas las prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones; que la demandada no efectuó los correspondientes aportes a la seguridad social y, que no se le expidió el certificado de ingresos y retenciones (fls. 2 a 15).

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió haber comunicado la terminación de la relación contractual el 25 de julio de 2005, con efectos a partir del 9 de agosto del mismo año. Propuso las excepciones de “cobro de lo no debido” e “Inexistencia de la relación laboral”.

En su defensa, argumentó que nunca existió un vínculo laboral entre las partes, en tanto el carácter de los contratos suscritos fueron de naturaleza civil —prestación de servicios— y, en consecuencia, no resulta aplicable lo normado por el Código Sustantivo del Trabajo (fls. 122 a 127).

II. Sentencia de primera instancia

El juzgado de conocimiento que lo fue el trece laboral del circuito de descongestión de Bogotá, mediante fallo de 28 de diciembre de 2007 (fl. 244 a 284), resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que entre las partes existió un contrato de trabajo a termino(sic) fijo desde: 1º de enero/2003 hasta el 31 de diciembre/2003; 13 de enero/2004 hasta el 30 de junio/2004; 1º de julio/2004 hasta el 22 de diciembre/2004; 11 de enero/2005 hasta el 31 de diciembre/2005.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada Cedep Ltda[.], a pagar al demandante Luis Alfonso Amaya Vallarino las siguientes prestaciones:

Primer contrato: 1º de enero/2003_______31 de diciembre/2003

a) Cesantías $ 2.700.00

b) Intereses de las cesantías: $ 324.000

c) Vacaciones: $ 1.350.000

d) Prima: $ 2.700.000

Segundo contrato: 13 de enero/2004_______30 de junio/2004

a) Cesantías $ 1.252.500

b) Intereses de las cesantías: $ 69.723

c) Vacaciones: $ 626.250

d) Prima: $ 1.252.500

Tercer contrato: 1º de julio/2004_______22 de diciembre/2004

a) Cesantías $ 1.282.500

b) Intereses de las cesantías: $ 73.103

c) Vacaciones: $ 641.250

d) Prima: $ 1.282.500

Cuarto contrato: 11 de enero/2005_______31 de diciembre/2005

a) Cesantías $ 1.091.967

b) Intereses de las cesantías: $ 127.396

c) Vacaciones: $ 545.983

d) Prima: $ 1.091.967

TERCERO: Declarar no probada la prorroga(sic) el contrato de trabajo a término fijo.

CUARTO: Declarar que la remuneración pactada del contrato del 11 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005 es de $ 1.123.166.

QUINTO: CONDENAR a la entidad demandada al pago de la indemnización por despido sin justa causa por valor de $ 5.316.317,6.

SEXTO: CONDENAR a la entidad demandada al pago de la indemnización moratoria al ex trabajador la suma diaria de $ 37.438,8 desde el 9 de agosto de 2005 y hasta la fecha en que el demandado Ceped(sic) Ltda[.], pague al actor la totalidad de las prestaciones sociales adeudadas.

SEPTIMO(sic): CONDENAR a la entidad demandada a la devolución de los dineros deducidos por el demandado por el concepto de retención en la fuente solamente de los recibos de egresos allegados al proceso a folios 23, 46, 49, 50, 53 a 57, 59, 61 a 68, 71 a 80, 84, 85, 87, 89, 90, 91.

OCTAVO: CONDENAR a la entidad demandada al pago de la indexación sobre las sumas condenadas.

Noveno(sic): ABSOLVER a la entidad demandada al pago de aportes a las entidades se seguridad social: salud, pensiones y riesgos profesionales.

DECIMO(sic): CONDENAR a la entidad demandada al pago de la sanción legal por no consignación de las cesantías a un fondo correspondiente a:

a) Por la falta de consignación oportuna de las cesantías causada a 31 de diciembre de 2003, generada entre el 1º de enero de 2003 y el 14 de febrero de 2004, a razón de un día de salario (demostrado en el instructivo $ 90.000. diarios), hasta que se haga el pago oportuno por parte de la entidad demandada.

b) Por falta de consignación oportuna de la cesantía causadas entre el 13 de enero de 2004 hasta el día 22 de diciembre de 2004, fecha de terminación del contrato de trabajo, a razón de un día de salario (demostrado en el instructivo a $ 90.000. diarios), hasta que el demandado realice el pago oportuno.

c) Por falta de contignación(sic) oportuna de la cesantía causada el 31 de diciembre de 2005, generada entre el 11 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2005, a razón de un dia[sic] de salario (demostrado en el instructivo a $ 90.000. diarios), hasta que el demandado realice el pago oportuno.

DECIMO(sic) PRIMERO: CONDENAR a la entidad demandada a la sanción por no pago oportuno de los intereses a las cesantías:

Primer contrato: 1º de enero/2003_______31 de diciembre/2003

Sanción por no pago oportuno de los intereses de las cesantías: $ 324.000.

Segundo contrato: 13º de enero/2004_______30 de junio/2004

Sanción por no pago oportuno de los intereses de las cesantías: $ 69.723.

Tercer contrato: 1º de julio/2004_______22 de diciembre/2004

Sanción por no pago oportuno de los intereses de las cesantías: $ 73.103.

Cuarto contrato: 11º de enero/2005_______31 de diciembre/2005

Sanción por no pago oportuno de los intereses de las cesantías: $ 127.396.

DECIMO(sic) TERCERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la demandada de conformidad con lo arriba expuesto.

DECIMO(sic) CUARTO: ABSOLVER a la entidad demandada del pago de las horas extras.

DECIMO(sic) QUINTO: CONDENAR en costas a la parte demandada vencida en el proceso, de acuerdo a las consideraciones que anteceden.

III. Sentencia de segunda instancia

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la convocada a juicio, la Sala laboral de descongestión del tribunal superior del distrito judicial de Bogotá, mediante fallo del 30 de octubre de 2009, revocó la condena que impuso el a quo por concepto de indemnización moratoria, confirmó en lo demás e impuso costas a cargo de la recurrente.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal señaló que el Código Sustantivo del Trabajo, artículos 101 y 102, consagra lo concerniente a la contratación de profesores de establecimientos de enseñanza particular, sin hacer distinciones entre universidades, colegios o institutos técnicos como lo refiere la accionada; que conforme al certificado de existencia y representación legal de la demandada, se trata de una persona jurídica de derecho privado y, por tanto, conforme el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 23 y en aplicación del principio de la primacía de la realidad previsto en la Constitución Nacional, artículo 53, desvirtuó la existencia de contratos de prestación de servicios, y por el contrario, halló probada “la existencia y ejecución de sendas relaciones de trabajo entre las partes”.

De lo anterior, dedujo la procedencia de la sanción por despido injusto.

A continuación, se ocupó de la condena que por concepto de indemnización moratoria impuso el juez de primera instancia, la cual halló desacertada, pues consideró que la convocada a juicio procedió de buena fe, y concluyó con la trascripción de partes de la sentencia CSJ SL, 24 abr. 1970, de la que no ofreció número de radicación (fls. 319 a 328).

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia se condene “a la Demandada(sic) Cedep al pago de la sanción por no consignación en un fondo de cesantías causada, desde el 15 de febrero de 2004, hasta 31 de diciembre de 2005 (seiscientos cuarenta y seis (646) días), en un monto de treinta y siete mil cuatrocientos treinta y ocho pesos con 80/100 pesos(sic) ($ 37.438.80) diarios. /…/ Absolver a la demandada(sic) Cedep de la devolución de los dineros retenidos al demandante y consignados a la DIAN por concepto de retención(sic) en la fuente(sic)”.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación laboral consagrada en el D. 528/1964, art. 60, que fueron replicados dentro del término legal y que la Corte procede a estudiar en su orden.

VI. Cargo primero

Refiere textualmente el censor:

PRIMER CARGO: Interpretación errónea; que el juez hace del aparte en negrilla del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, numeral 3º, que dice “El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: 1ª… El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo…”. El adquem(sic) confirma la decisión del juzgado inicial que en el numeral DECIMO(sic) de su decisión señaló “condenar a la entidad demandada al pago de la sanción legal por no consignación de las cesantías a un fondo correspondiente a:

a) Por la falta de consignación oportuna de las cesantías causadas a 31 de diciembre de 2004, generada entre el 1º de enero de 2003 y el 14 de febrero de 2004, a razón de un día de salario (demostrado en el instructivo $ 90.000 diarios), hasta que se haga el pago oportuno por parte de la entidad demandada.

b) Por la falta de consignación oportuna de la cesantía causada entre el 13 de enero de 2004 hasta el día 22 de diciembre de 2004, fecha de terminación del contrato de trabajo, a razón de un día de salario (demostrado en el instructivo a $ 90.000 diarios), hasta que el demandado realice el pago oportuno.

c) Por la falta de consignación oportuna de la cesantía causada el 31 de diciembre de 2005, generada entre el 11 de enero de 2005, a razón de un día de salario (demostrado en el instructivo a $ 90.000 diarios), hasta que el demandado realice el pago oportuno”.

Para demostrar el cargo aduce el censor que se interpretó erróneamente la disposición denunciada en el alcance de la impugnación, como quiera que, si bien ordena el pago de la sanción moratoria por la ausencia de consignación del auxilio de cesantías a un fondo, esta “será pagadero[a] solo hasta el momento en que se termina la relación laboral”, pues a partir de ese momento la obligación que se origina no es la de consignarlas sino la de entregarlas al trabajador junto con las demás prestaciones a que haya lugar y comienza a operar la regulación del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 65, pretensión por la que el ad quem, absolvió a la demandada.

Afirma que la norma lleva a que se cause la sanción a partir del 15 de febrero de 2004 y se extienda únicamente hasta el 31 de diciembre de 2005, no hasta que se efectúe el pago como lo impuso el juez de primera instancia y lo confirmó el tribunal, postura que apoya en lo decidido por esta Sala en sentencia CSJ SL, 27 mar. 2001, rad. 14379, la cual reproduce en lo pertinente.

VII. Réplica

Al oponerse a la prosperidad del cargo, afirma el replicante que el casacionista no discute la existencia de vinculación laboral reconocida en los términos resueltos por los funcionarios judiciales de instancia y que admitió la procedencia del pago de la indemnización por mora en la consignación del auxilio de cesantías en un fondo. Niega la ocurrencia de la invocada interpretación errónea de la Ley 50 de 1990, artículo 90, por parte de los jueces, porque de “acogerse tal tesis, guarda silencio con lo preceptuado en el numeral 4º de la misma norma y las consecuencias de la aplicación de la citada disposición”.

VIII. Consideraciones

Le corresponde a la Corte establecer si el tribunal incurrió en los errores jurídicos endilgados, en relación con el alcance dado a los efectos de la indemnización moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, artículo 99.

Para tal fin, sea lo primero señalar que los siguientes supuestos fácticos establecidos por el Tribunal no se discuten en sede de casación: i) que entre las partes, existieron cuatro contratos de trabajo a término fijo, pactados en los períodos comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2003, el 13 de enero y el 30 de junio de 2004, el 1º de julio y el 22 de diciembre de 2004 y, el 11 de enero y el 31 de diciembre de 2005; ii) que el salario pactado en vigencia de la última relación contractual fue de $ 1.123.166; iii) que el cargo desempeñado por el demandante fue el de “docente”; iv) que el despido fue injusto y, v) que el actuar de la demandada estuvo precedido de buena fe.

Ahora bien, el juez de apelaciones al prohijar la decisión adoptada por el a quo en torno a la procedencia de la indemnización por falta de consignación de las cesantías en un fondo contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, hizo suyos los planteamientos del juez de primer grado, consistentes en que la procedencia de aquélla “esta (sic) originada en la falta de consignación oportuna de la cesantía causada a 31 de diciembre”, de donde derivó las condenas en los términos reseñados en el itinerario procesal, “a razón de un día de salario (…) hasta que el demandado realice el pago oportuno”.

Por su parte, la censura predica que “si no se han consignado los valores correspondientes a las cesantías y no ha habido consignación oportuna, la indemnización moratoria ocasionada por ello, prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, será pagadera solo hasta el momento en que se termina la relación laboral”.

En tal contexto, desde ya se advierte que la razón está del lado del recurrente, pues tal como lo sostuvo esta Sala en sentencia CSJ SL, 27 mar. 2000, 14379, reiterada posteriormente en la CSJ SL, 6 mayo 2010, rad. 37766, la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, se causa hasta la fecha en que termina el contrato de trabajo en tanto a partir de esa data cesa la obligación de consignar la cesantía en un fondo, por cuanto lo procedente entonces es que el empleador efectúe el pago directamente al trabajador, junto con los demás salarios y prestaciones sociales a que haya lugar.

Luego, el tribunal al prohijar la decisión del juez de primer grado, de imponer dicha sanción hasta que “el demandado realice el pago oportuno”, le hizo producir a la disposición efectos no queridos por el legislador, pues lo que ella persigue es sancionar al empleador que no ha consignado antes del 15 de febrero del año siguiente, el valor de la cesantía correspondiente al año o fracción del anterior, liquidada a 31 de diciembre, con el equivalente a un salario diario, desde el 15 de febrero, pero de ninguna manera más allá del fenecimiento del vínculo laboral.

Más como en este caso, quedó fuera de debate el hecho de la multiplicidad de contrataciones laborales pactadas a término fijo, así como que todas ellas concluyeron de manera previa a la data en que surge la obligación de consignar el auxilio de cesantías a un fondo, esto es, antes del 15 de febrero del año siguiente, resulta evidente que la imposición de la sanción por mora tantas veces referida, no resultaría procedente, por cuanto no existe discusión en cuanto a que las partes estuvieron ligadas por cuatro contratos de trabajo así:

ContratoFecha de inicioFecha de terminación
Primero1º de enero de 200331 de diciembre de 2003
Segundo13 de enero de 200430 de junio de 2004
Tercero1º de julio de 200422 de diciembre de 2004
Cuarto11 de enero de 200531 de diciembre de 2005

Lo que significa que cada vinculación del actor con la accionada se desarrolló dentro del año calendario correspondiente, sin superar el 31 de diciembre de cada anualidad, de manera que ello impidió la llegada del supuesto temporal previsto en la norma, para efectos de causación de la sanción.

Sin embargo, como la demandada recurrente en el sub lite limitó su petición en instancia a que se condene “a la Demandada(sic) Cedep al pago de la sanción por no consignación en un fondo de cesantías causada, desde el 15 de febrero de 2004, hasta 31 de diciembre de 2005 (seiscientos cuarenta y seis (646) días), en un monto de (…)”, en ese sentido habrá de modificarse el fallo de primera instancia, en tanto no le está permitido al juez de casación rebasar el ámbito de su competencia, dado el carácter estrictamente rogado del recurso, pues como bien se ha sostenido en innumerables decisiones de esta Sala, el alcance de la impugnación constituye el petitum de la demanda de casación.

Por lo expuesto, el cargo es fundado.

IX. Cargo segundo

Cuestiona la decisión de segundo grado por “error de hecho y a traves(sic) de este(sic), violacion(sic) de la ley por via(sic) indirecta, que el juez hace de la misma norma ya referida, artículo 99 de la Ley 50 de 1990, numeral 3º, al hacer la anterior condena correspondiente al último contrato suscrito, (11 de enero a 31 de diciembre de 2005) sobre una suma de noventa mil pesos diarios ($ 90.000) por cada período anual hasta que se efectúe el pago”.

Refiere en la sustentación del cargo que el juez de primer grado dio por probado sin estarlo que el salario diario del demandante ascendía a $ 90.000, cuando en su mismo proveído verificó que la última asignación mensual fue de $ 1.123.166, esto es, $ 37.438.80 diarios y, que el tribunal en su decisión debió corregir el yerro resaltado pero “No se pronuncia sobre este punto y solo se limita a confirmar la de primer grado en este aspecto”.

Por haber sido la réplica conjunta a los tres cargos, la Sala se remite a los antecedentes de la oposición del primer ataque.

X. Consideraciones

La argumentación de este cargo está dirigida a controvertir la base salarial empleada para calcular la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, artículo 99, que le fuera impuesta a la recurrente, en tanto refiere que el tribunal avaló la condena que el juez de primer grado impuso por tal concepto con base en un salario diario de sentado que la última asignación mensual del actor ascendió a la suma de $ 1.123.166, lo que diariamente representa un valor de $ 37.438,80.

Pues bien, la Corte infiere de la sustentación del cargo, que el error de hecho endilgado al tribunal, se fundamenta en la indebida valoración de una pieza procesal, esto es el fallo del a quo, por lo que considera pertinente la Sala, adentrarse a su estudio.

Así las cosas, se advierte desde ya, que le asiste razón a la censura en su discernimiento, en tanto el juzgador de primera instancia, luego de efectuar un análisis del material probatorio acopiado a fin de determinar el último salario mensual devengado por el actor, advirtió del “contrato suscrito entre las partes, (…) cláusula segunda”, que el mismo se pactó en la suma de $ 1.123.166, valor que señaló, sería el tenido en cuenta “como contraprestación” del demandante (fls. 272 y 273).

Ahora, la aludida conclusión fáctica a la que arribó el del juez de conocimiento, no fue objeto de cuestionamiento alguno por las partes, al punto que la misma, se entiende, fue prohijada por el tribunal quien pese a ello, confirmó la condena impuesta por ese concepto, en los mismo términos del a quo.

No obstante, al fulminar la condena por concepto de la sanción moratoria prevista en Ley 50 de 1990, artículo 99, señaló que el salario diario a tener en cuenta para tales efectos, sería el de $ 90.000 diarios.

Por tanto, a todas luces resulta evidente el yerro del ad quem, cuando pese a ser un asunto fuera de debate que el último salario mensual del demandante fue de $ 1.123.166, es decir, un salario diario de $ 37.438,80, avaló la decisión del juez de primera instancia, de imponer la aludida sanción, teniendo en cuenta para ello una suma superior, $ 90.000 diarios y, en tal sentido, habrá de casarse la sentencia en lo pertinente.

XI. Cargo tercero

Señala el censor que la sentencia fustigada, incurre en la “violación de la ley sustancial por vía directa a través de infraccion(sic) directa: pues el juez condena a devolver dinero de impuestos, la norma violada es el Decreto 624 de 1989 (estatuto tributario)”.

Arguye que la orden de devolución de los dineros que por concepto de retención en la fuente descontó al demandante, se torna en un imposible jurídico “pues no puede devolver algo quien no lo tiene”. Agrega que el estatuto tributario establece el procedimiento para la devolución de impuestos a quien tenga el derecho y que, al respecto, esta Sala ha establecido en diferentes pronunciamientos que no le corresponde a la jurisdicción del trabajo ordenar tales reembolsos.

Comoquiera que la oposición a los tres cargos fue simultánea, no es necesario repetir lo ya reseñado en el acápite correspondiente del primer cargo.

XII. Consideraciones

Para darle prosperidad al cargo, basta señalar que esta Sala de la Corte, de vieja data se ha ocupado del tema en cuestión y ha fijado como línea mayoritaria la improcedencia de tales devoluciones a cargo de los empleadores, pues por tratarse de una cuestión de índole tributaria representa un supuesto ajeno a la actividad de conocimiento del juez del trabajo en los términos dictados por el Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, artículo 2º. Sobre el punto valga rememorar lo adoctrinado en la sentencia CSJ SL, 23 oct. 2012, rad. 41579:

Tiene precisado la Corte sobre esta reclamación, que por tratarse de una cuestión de índole tributaria, ajena a lo que propiamente constituye el presente litigio, no resulta procedente en este caso acceder a tal petición, en cuanto no es un asunto de índole laboral, para lo cual puede consultarse la sentencia del 29 de junio de 2001, radicación 15499, reiterada en la del 14 de octubre de 2009, radicación 34559.

En consecuencia, el cargo prospera.

XIII. Sentencia de instancia

Son suficientes los argumentos expuestos en la esfera casacional para que, dada la prosperidad de los cargos primero y segundo, en sede de instancia la Sala modifique el numeral décimo del fallo del a quo, en cuanto impuso a la demandada la condena por concepto de sanción legal por no consignación de las cesantías a un fondo correspondiente, en los términos descritos en el itinerario procesal, para en su lugar, condenar a la empresa convocada a juicio conforme al alcance de la impugnación, al pago de dicho concepto “desde el 15 de febrero de 2004, hasta 31 de diciembre de 2005 (seiscientos cuarenta y seis (646) días), en un monto de treinta y siete mil cuatrocientos treinta y ocho pesos con 80/100 pesos(sic) ($ 37.438.80) diarios”, esto es, la suma de $ 24.185.464,8.

En punto a la condena por los valores descontados por retención en la fuente al demandante, igualmente las consideraciones expresadas en el recurso extraordinario son válidas para concluir que se impone su revocatoria y, en lugar de ello, absolver a la convocada a juicio de la misma.

Sin costas en el recurso extraordinario por haber prosperado los cargos. Las de la primera instancia se imponen a la demandada y sin lugar a ellas en segundo grado.

XIV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de octubre de dos mil nueve 2009, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Luis Alfonso Amaya Vallarino contra Cedep Ltda., en cuanto confirmó las condenas impuestas en primera instancia por los conceptos de devolución de los descuentos efectuados al actor por retención en la fuente y sanción moratoria por no consignación de la cesantía en el fondo de ley. NO LA CASA en lo demás.

En sede de instancia,

RESUELVE:

1. REVOCAR el numeral séptimo de la sentencia dictada por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá, el 28 de diciembre de 2007, para en su lugar, absolver a la demandada Cedep Ltda., de la condena impuesta por devolución de los dineros deducidos al demandante por concepto de retención en la fuente.

2. MODIFICAR el numeral décimo de la sentencia en comento, en cuanto impuso a la accionada el pago de la sanción moratoria por no consignación de la cesantía en el fondo de ley, por los periodos allí establecidos y a razón de un día de salario equivalente a $ 90.000, en lugar de ello, se condena a la demandada al pago de dicho emolumento, desde el 15 de febrero de 2004, hasta 31 de diciembre de 2005, teniendo en cuenta un salario diario de treinta y siete mil cuatrocientos treinta y ocho pesos con 80 centavos m/cte. ($ 37.438.80) diarios, esto es, la suma de veinticuatro millones, ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con 8 centavos m/cte. ($24.185.464,8).

3. SE CONFIRMA en lo demás.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno, presidente de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.