Sentencia 57677 de febrero 5 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL 1511-2014

Rad.: 57677

Acta 3

Magistrado ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., cinco de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. El recurso de casación

Lo interpuso el demandante y según se lee en el alcance de la impugnación, pretende que se CASE parcialmente la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, la Corte confirme el ordinal primero de la parte resolutiva de la decisión impartida por el Juez de conocimiento.

Con tal propósito formuló dos cargos que merecieron réplica, los cuales se estudiarán en el orden propuesto.

VI. Primer cargo

Atacó la sentencia del tribunal, por la vía indirecta y en el concepto de aplicación indebida, del artículo 8º de la Ley 71 de 1988, en relación con el Acuerdo 49 de 1990 artículos 13 y 35 aprobado por el Decreto 758 de igual año.

Manifestó que la anterior transgresión de la ley, tuvo su origen en la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado estándolo que de las planillas de cotización adjuntadas como prueba y obrantes en el expediente, aparece reportado la novedad de retiro del accionante del sistema general de seguridad social en pensiones.

2. No dar por demostrado estándolo que el día 4 de septiembre de 2006, el asegurado Benjamín Salcedo Suárez Suarez(sic), solicitó al instituto demandado el reconocimiento y pago de la pensión de vejez.

3. No dar por acreditado estándolo que para cuando el Instituto de los Seguros Sociales expidió la Resolución 15321 del 13 de abril de 2007, el demandante Benjamín Salcedo Suárez, ya reunía los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por la que fue condenado el Instituto demandado en la sentencia objeto de este recurso.

Expresó que los citados yerros fácticos tuvieron ocurrencia por la errónea apreciación de las siguientes pruebas:

“1. Documentales de folios 50 y 51 del cuaderno principal.

2. Documento de folio 28 del cuaderno de segunda instancia, que hace parte del expediente administrativo del demandante.

3. Documentales de folio 48 y 49 del cuaderno principal, que hacen parte del expediente administrativo del demandante.

4. Resolución 15321 del 13 de abril de 2007 (fls. 53 a 55).

5. Resolución 543374 del 15 de noviembre de 2007 (fls. 75 a 77)”.

Para la sustentación, el censor expresó que el tribunal, al argumentar que “…en los folios no se constata el retiro”, debe entenderse que analizó la totalidad de las pruebas, así frente a alguna de ellas no hubiera efectuado ninguna manifestación particular. Igualmente puso de presente que en sede de casación no está en discusión el derecho a la pensión con fundamento en la Ley 71 de 1988, ya que la controversia gravita en “la fecha desde la cual debe comenzarse a pagar la pensión”, si lo es a partir del 1º de octubre de 2006, fecha en que aparece el retiro del sistema de pensiones, como lo concluyó el fallador primera instancia; o desde la inclusión en nómina, por no haberse reportado la novedad de retiro del sistema del accionante, según lo dijo el juez colegiado.

Expuso que el tribunal se equivocó porque la prueba obrante a folios 50 y 51 del cuaderno principal, emanada de la entidad demandada, muestra con claridad la “fecha de causación del derecho: octubre 1º de 2006”, documento que hace parte del expediente administrativo correspondiente al demandante que se aportó al plenario; al igual se acredita con la documental de folio 28 del cuaderno del tribunal que contiene en la casilla 11, columna “pensión”, la novedad de retiro apareciendo una “R”, que conforme a los documentos de folios 48 y 49 significa “retiro del sistema de pensiones”.

Aseguró que con lo anterior quedaba demostrado el primer error de hecho y acreditado que la fecha de retiro del sistema general de pensiones del actor lo fue el 30 de septiembre de 2006 y, por consiguiente el reconocimiento y disfrute de la pensión será a partir del día siguiente 1º de octubre de 2006 y no cuando sea incluido en nómina como equivocadamente lo determinó la alzada.

Arguyó que de no llegarse a tener por probada la fecha de retiro del sistema con las pruebas reseñadas, la pensión debió otorgarse desde el 4 de septiembre de 2006, cuando el actor elevó o radicó la solicitud de pensión, tal como lo demuestran las resoluciones del ISS 15321 del 13 de abril de 2007 (fls. 53 a 55) y 543374 del 15 de noviembre de 2007 (fls. 75 a 77). En ellas se expresó que el asegurado nació el 4 de enero de 1944, que cotizó a entidades de previsión del sector público y al ISS durante 20 años, 7 meses y 21 días, y que este “el 4 de septiembre de 2006, solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez”, lo anterior por virtud de que “el instituto demandado obró con negligencia al no otorgarle el derecho pensional al actor” desde cuando cumplió requisitos.

VII. Réplica

A su turno, la parte opositora solicitó de la Corte rechazar el cargo, por cuanto el alcance de la impugnación de la demanda de casación está mal formulado, al no indicar el recurrente qué parte de la sentencia del Tribunal debe quebrarse. Además, de las pruebas denunciadas se tiene que únicamente fueron apreciadas las de folios 3, 4, 23 a 29, 37 y 38 del cuaderno principal, pero no la documental en que se centra el ataque de folio 28 del cuaderno dos, por cuanto no era posible que el ad quem valorara esta última probanza, porque la misma se aportó al proceso sólo cuando la parte actora pidió la complementación del fallo de segunda instancia, y en consecuencia no hay deficiencia probatoria alguna.

VIII. Se considera

Primeramente debe decirse, que no le asiste razón a la réplica sobre la deficiencia técnica que le enrostra al cargo, en lo concerniente al alcance de la impugnación, que es el petitum de la demanda de casación, toda vez que, si bien el recurrente está solicitando “se case parcialmente la sentencia impugnada” sin especificar puntualmente en qué aspecto, al pedir a reglón seguido que en sede de instancia se confirme el “ordinal primero de la parte resolutiva de la decisión impartida por el juzgado del conocimiento” y en la sustentación señalar que en la esfera casacional “La controversia radica en la fecha desde la cual debe comenzarse a pagar la pensión”, es posible entender que el aparte de la decisión del Tribunal que el censor persigue casar o quebrar con el recurso extraordinario, no es otro que el punto modificado del “numeral primero de la sentencia apelada”. O sea, que se reconozca y cancele la pensión de vejez por aportes a favor del demandante pero “a partir de la inclusión en nómina, y no a partir del 1º de octubre de 2006, como lo señalará el a quo” (resalta la Sala). En estas condiciones está bien formulada la demanda.

Superado lo anterior, cabe recordar que según lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, para que se configure el error de hecho es necesario que se esgriman las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta. Además, que provenga de la falta de apreciación o errada valoración de las pruebas calificadas, como lo son el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial.

En casación no es objeto de cuestionamiento que el demandante a través de esta acción judicial, demandó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988; como tampoco que era beneficiario del régimen de transición y que cumplió sesenta (60) años de edad el 4 de enero de 2004, por haber nacido el 4 de enero de 1944, tal como aparece en el registro civil de nacimiento obrante a folio 59 del cuaderno de la Corte. Igualmente no es materia de discusión, que dicho asegurado tenía los aportes necesarios en cajas de previsión y en el ISS para acceder a la pensión deprecada, ya que acumuló con Fonprecom 53.57 semanas, con Cajanal 841.28 semanas y con el ISS 235.71 semanas cotizadas hasta el mes de septiembre de 2006, para un total de 1.130,57 semanas de aportes que equivalen a 21.63 años o 7.914 días, conforme lo determinó el tribunal. Del mismo modo, no se controvierte el monto de la pensión.

Así las cosas, tomando como punto de partida que el actor tiene el derecho a la pensión por aportes, al contar con la densidad de semanas y la edad requerida, la discusión en sede de casación queda contraída a la data a partir de la cual se debe disfrutar y pagar dicho derecho pensional, esto es, desde la “inclusión en nómina”, por no haberse acreditado en el proceso el retiro del sistema del demandante en los términos de la Ley 71 de 1988 artículo 8º —como lo determinó el tribunal—, o, a partir del momento en que el a quo estableció que se había producido el retiro del sistema el 1º de octubre de 2006, o en su defecto desde que el asegurado elevó la reclamación de la pensión el 4 de septiembre de 2006, como lo asegura la censura.

En el desarrollo del ataque, el recurrente aseveró que, contrario de lo sostenido por el tribunal, en la actuación si había quedado demostrada la fecha de retiro del sistema del accionante, pues las pruebas acusadas en especial aquellas documentales que hacen parte del “expediente administrativo del demandante”, entre ellas la de “folio 28 del cuaderno de segunda instancia”, muestran que el “retiro del sistema general de pensiones lo fue el 30 de septiembre de 2006”; al igual que prueban que la solicitud de pensión se efectuó desde el 4 de septiembre de 2006, cuando ya tenía el actor satisfechos los requisitos de ley para acceder a la prestación, por lo que la pensión por aportes se debe sufragar desde el 1º de octubre de 2006.

Pues bien, como lo pone de presente la parte opositora, no era posible con el documento de folio 28 del cuaderno de segunda instancia —que corresponde a la autoliquidación mensual de pago de aportes al ISS del demandante como trabajador independiente, para el ciclo de septiembre de 2006—, dar por acreditada la novedad o reporte de retiro del sistema, ya que esa documental nunca fue solicitada como prueba, ni decretada como tal y, además fue allegada extemporáneamente cuando el debate probatorio había precluido. Y tenerla en cuenta ahora, como pretende el censor, violaría el derecho de defensa de la parte demandada.

En lo que tiene que ver con los documentos que integran el expediente administrativo del demandante, que fueron decretados como prueba (fl. 89 cdno. ppal.) y que aparecen incorporados en dos momentos procesales diferentes —uno con la demanda inicial, visibles a folios 23 a 59 ibídem y otro en la audiencia pública celebrada el 21 de septiembre de 2010, por estar solicitados también por oficio (fls. 21, 88 a 91 ídem) y que se adjuntaron en el cuaderno de anexos que contiene 113 folios—, la censura se remite a ellos para edificar el ataque y sostiene que los de folios 48, 49, 50 y 51 del cuaderno principal señalan con claridad la fecha de retiro del sistema general de pensiones y por ende la data de causación del derecho.

Observa la Sala que los citados folios (que como se dijo hacen parte del expediente administrativo del actor), muestran un reporte de pagos de cotización hasta el mes de agosto de 2006 (fls. 48 y 49) y una hoja de prueba del ISS de la liquidación de la pensión de jubilación por aportes, en la que se reporta como “Fecha última cotización ... sep-30-2006” (fls. 50 y 51), en rigor no demuestran la fecha en que se hizo efectivo el retiro del actor del sistema.

Sin embargo, le asiste entera razón a la censura y no al tribunal, en el sentido de que en el expediente administrativo del afiliado demandante, que en copia se incorporó al proceso por haber sido solicitado como prueba (fls. 23 a 59 cdno. ppal. y fls. 1 a 113 cdno. anexos), que en el mismo si se encuentra reportado, que “la fecha de retiro del sistema general de pensiones lo fue el 30 de septiembre de 2006”, y aun cuando no figura exactamente en los folios citados por la censura, revisado en detalle dicho expediente, se observa que aparece en el folio 12 del cuaderno de anexos.

En efecto, el mencionado folio 12 que es parte integrante del expediente administrativo del accionante, contiene la “relación de novedades sistema de autoliquidación de aportes mensual – pensión - valido (sic) para prestaciones económicas” del afiliado “Benjamín Salcedo Suarez (sic)” con cédula de ciudadanía como identificación “17139242”, figurando allí la novedad de retiro del sistema con la letra “R” de fecha “2006/09/01”, generada en el ciclo de septiembre de 2006 con planilla de referencia “02007001013877”, documento que tiene firma ilegible de “responsable de revisión” del departamento de “Historia laboral” del ISS (fls. 11 a 13 cdno. anexos).

Así las cosas, el tribunal cometió el garrafal error de concluir que en los documentos decretados como prueba y obrantes en el expediente o en los “folios” del proceso “no se constataba el retiro del sistema”, cuando la realidad procesal muestra todo lo contario. Es decir, que sí fue reportada ante el ISS la novedad de retiro del demandante en el ciclo de septiembre de 2006 y por consiguiente el a quo acertó en ordenar el pago de la pensión a partir del “1º de octubre de 2006”.

Con lo anterior queda demostrado el primer yerro fáctico endilgado de manera ostensible y manifiesta, derivado de la equivocada apreciación por parte del Tribunal de la prueba documental que atañe al expediente administrativo del actor, suficiente para quebrar parcialmente la sentencia de segunda instancia de acuerdo con el alcance de la impugnación.

Respecto a las resoluciones 15321 del 13 de abril de 2007 (fls. 53 a 55 cdno. ppal.) y 543374 del 15 de noviembre de 2007 (fls. 75 a 77 ibídem), también denunciadas como prueba erróneamente apreciada, con las cuales la censura pretendía acreditar la fecha en que el asegurado demandante elevó la solicitud de pensión, para efectos de que en forma subsidiaria se tomara esa data como de disfrute o momento en el cual se debía cancelar la prestación económica, cabe anotar que su análisis se torna innecesario al haber quedado demostrado en el plenario el retiro del sistema del accionante.

En consecuencia, el cargo prospera y habrá de casarse parcialmente la sentencia recurrida, solo en cuanto a la fecha desde la cual debe comenzarse a pagar la pensión por aportes a favor del demandante, quedando relevada la Sala de estudiar el segundo cargo encauzado por la vía directa por cuanto persigue el mismo cometido.

En sede de instancia, sirven las mismas consideraciones efectuadas en la esfera casacional. Sin embargo, ha de agregarse que la Ley 71 de 1988 artículo 8º señala entre otros aspectos, que las pensiones “deben pagarse mensualmente al pensionado desde la fecha en que se haya retirado definitivamente del servicio, en caso de que ese requisito sea necesario para gozar de la pensión” y acreditado dicho retiro se incluirá en la nómina de pensionados. Pero ello aplica para quienes ostentan la calidad de servidores públicos para el momento del reconocimiento de la prestación económica, que no es el caso del demandante, quien estaba para esa época cotizando para pensión al ISS en el sector privado.

En el puntual aspecto objeto de estudio, la norma que gobierna la situación es el Decreto Reglamentario 2709 de 1994 artículo 2º que reza: “Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en la ley” (Subraya la Sala).

Ciertamente, en el sub exámine el demandante se encontraba en la situación de los trabajadores distintos a los empleados públicos, y tal como quedó visto, cumplió con desafiliarse del sistema en septiembre de 2006, por lo que la efectividad y pago de su pensión será desde el 1º de octubre de ese año, conforme bien lo dispuso el fallo de primer grado.

Finalmente, debe decirse que en este proceso no nos encontramos en un caso excepcional o especialísimo, de aquellos en los que la jurisprudencia adoctrinada de la Sala ha aceptado que la persona puede recibir la pensión con antelación a la fecha de desafiliación del sistema, por lo que se mantendrá en este punto lo decidido por el a quo.

En tales circunstancias, se confirmará el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en cuanto a que el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de vejez por aportes del demandante será a partir del 1º de octubre de 2006.

No hay lugar a costas en el recurso extraordinario, por cuanto la acusación salió triunfante. Las de las instancias, no se causan en la alzada y las de primer grado serán a cargo de la parte vencida, que lo fue el Instituto demandado.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa parcialmente la sentencia proferida el 29 de julio de 2011, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario adelantado por Benjamín Salcedo Suárez contra el Instituto de Seguros Sociales, solo en cuanto dispuso que la pensión por aportes a favor del demandante se deberá reconocer, liquidar y pagar “a partir de la inclusión en nómina”. No la casa en lo demás.

En sede de instancia, se confirma el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado, en cuanto a que el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de vejez por aportes del actor será “a partir del 1º de octubre de 2006”.

Las costas del recurso de casación y las instancias, como quedó indicado en la parte motiva de esta providencia.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen».