Sentencia SL15170-2015 de noviembre 4 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

SL15170-2015

Rad.: 40019

Acta 39

Bogotá, D.C., cuatro de noviembre de dos mil quince.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado del señor Alonso Giraldo García, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 31 de octubre de 2008, dentro del proceso ordinario laboral que promovió en contra de la sociedad ABB INC. - Sucursal Colombia .

I. Antecedentes

El señor Alonso Giraldo García presentó demanda ordinaria laboral contra la sociedad ABB INC. – Sucursal Colombia -, con el fin de obtener el pago de la indemnización por despido sin justa causa consagrada en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley 50 de 1990; la reliquidación de las vacaciones y su prima; la cancelación de 30 días de salario, por compensación de dominicales y festivos laborados; el reconocimiento de todos los derechos convencionales que corresponden a los trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol ; la devolución de los valores retenidos ilegalmente por concepto de aportes a la seguridad social, en salud y pensiones; el pago de la indemnización moratoria y la indexación.

Para fundamentar sus súplicas, señaló que el 23 de septiembre de 1998 suscribió con la demandada un contrato de trabajo, «…en la modalidad de obra o labor contratada…»; que la obra para la cual fue vinculado fue la «…gerencia de construcción durante el 75% de la construcción civil, montaje electromecánico del proyecto de actualización de elementos externos del CIB (Blending) en Barrancabermeja y en virtud del contrato VRM-026-97 de fecha 10 de diciembre de 1997, suscrito entre la Empresa Colombiana de Petróleos “Ecopetrol” y el Consorcio ABB-KLEIN…»; que había acordado una modalidad de salario integral, equivalente a la suma de $10.500.000, elevado posteriormente a la suma de $12.255.000.oo; que el contrato de trabajo fue terminado de manera unilateral por la empresa, el 17 de abril de 2000, debido a la supuesta finalización del plazo de ejecución del contrato VRM-026-97 y sus adicionales; que la labor para la que había sido contratado no había terminado y, a pesar de ello, no le fue reconocida suma alguna por concepto de indemnización por despido sin justa causa; que tenía derecho a recibir los mismos salarios y prestaciones sociales que le correspondían a los trabajadores de Ecopetrol, de acuerdo con lo establecido en «…las leyes, pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales…» y la cláusula 4.3 del contrato VRM-026-97; que nunca le reconocieron esas acreencias y, además, le descontaron indebidamente aportes a la seguridad social, que debían ser asumidos en su integridad por la empresa; y que laboró 30 días dominicales y festivos, que no le fueron compensados oportunamente.

La sociedad convocada al proceso se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Admitió como ciertos los hechos relacionados con la vinculación laboral del actor, en la modalidad de obra o labor contratada, y con el pacto de salario integral. En torno a lo demás, expresó que no era cierto. Arguyó que al demandante le habían sido canceladas todas las acreencias a las que tenía derecho, de conformidad con los términos del acuerdo de salario integral, además de que el contrato de trabajo había sido terminado debido a la culminación de la labor contratada, así como por la suspensión de la obra, por causas ajenas al control de la empresa. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y de los derechos reclamados, prescripción, cobro de lo no debido y pago.

II. Sentencia de primera instancia

Tramitada la primera instancia, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá profirió fallo el 20 de junio de 2007, por medio del cual absolvió a la demandada de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra.

III. Sentencia de segunda instancia

Al conocer del proceso, por virtud del grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral de Descongestión del tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de la sentencia del 31 de octubre de 2008, confirmó en su totalidad la sentencia consultada.

Para justificar su decisión, el tribunal expuso:

Al confrontar la Sala la decisión adoptada por el juez de primer grado con lo que reflejan los medios probatorios que se evacuaron a lo largo del proceso, se observa que la misma, resulta acertada en cuanto absolvió a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra, pues la parte actora no demostró la fuente de donde emergen los créditos laborales que se reclaman, cuya carga a él incumbía.

En efecto, luego de un examen sereno y desprevenido a toda la actuación que aparece compilada en la foliatura, encuentra la Sala, en primer lugar, que el gestor del proceso no fue despedido por el empleador en forma unilateral e injusta, como lo manifestó en el escrito de demanda, pues lo que quedó establecido con la documental allegada al informativo, fue que el fenecimiento del vínculo laboral existente entre las partes intervinientes en esta litis, se debió a la terminación de la obra o labor para la cual fue contratada (sic) el demandante, tal como se infiere de la carta de terminación del mismo, en la que la sociedad demandada le da a conocer a la demandante (sic) que su contrato ha terminado por cuanto la obra para la cual fue contratada (sic) concluyó, decisión que estuvo precedida de la comunicación visible a folio 235 del expediente, en la que el representante legal de la sociedad ABB Automation Inc. Sucursal Colombia le informó que entregue los equipos y materiales asignados a su cargo y que se presente ante la oficina de Recursos Humanos para hacerle entrega de los documentos relacionados con la terminación del contrato y para coordinar el pago los salarios y liquidación de prestaciones sociales.

De lo anterior, claramente puede colegirse que la relación laboral entre las partes se finiquitó como consecuencia de la finalización de la obra para la cual fue contratado el demandante, situación que constituye un modo legal de terminación del contrato de trabajo, tal como lo consagra el artículo 61 del CST, sin que pueda afirmarse como lo pretende la demandante que su desvinculación obedeció a la voluntad unilateral e injusta del empleador, en consecuencia, obvio es colegir en la confirmación de la decisión de primera instancia, en cuanto absolvió a la demandada por concepto de indemnización por despido injusto.

Frente al reconocimiento y pago de trabajo suplementario, al ser examinados los medios probatorios que se incorporaron al proceso, observa la Sala que en efecto como lo indica el a quo, desde el principio se pactó un salario integral, el que lleva incurso que la compensación por trabajo suplementario así como las prestaciones sociales quedan comprendidas dentro de dicho concepto, como los (sic) dispone el art. 132 del CST.

Al respectp (sic) resulta pertinente traer a colación lo precisado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 23 de marzo de 2006, M.P. Carlos Isaac Nader, No. radicación 26925, donde en relación con los efectos de los acuerdos celebrados entre las partes, se dijo:

“De manera que en el aspecto estudiado el recurrente tiene razón, pues las estipulaciones contractuales son fuente de derechos y obligaciones como en términos generales lo prevé el artículo 1.494 del Código Civil, y las mismas resultan vinculantes para las partes de conformidad con lo estatuido en el principio del pacta sunt servanda y que en el ámbito laboral está materializado en el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo.”

De esta manera, y al estar acreditado dentro del informativo que el demandante por voluntad aceptó las condiciones consignadas en el acuerdo del cual ya se hizo referencia, necesario resulta absolver a la demanda de la reliquidación deprecada.

Resta por advertir, que al no deducirse suma dineraria alguna a favor de la parte actora, tampoco hay lugar a derivar la indemnización moratoria solicitada, cuyo basamento estaba representado en el no pago de las acreencias laborales demandadas.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida y que, en sede de instancia, revoque la decisión emitida por el juzgador de primer grado y condene a la demandada respecto de todas las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación laboral, oportunamente replicado y que pasa a ser examinado por la Corte.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia recurrida de ser «…violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, al ignorar algunos hechos y pruebas, y apreciar erróneamente otras, lo que condujo a la aplicación indebida del art. 61 del CST., art. 64 del CST, del art. 132 del CST, y 128 del CST y a la falta de aplicación siendo de caso hacerlo del art. 1546 del CC, 1613 CC, 1614 del CC, arts. 25 y 53 de la C.N., arts. 1º, 14, 21, 28, 43, 45, 55, 65, 127, 128, 129, 120, 467 del CST y la aplicación indebida de los artículos 249 y s.s. del Código Sustantivo del Trabajo en lo correspondiente a la liquidación de las cesantías e intereses sobre cesantías y los artículos 306 y s.s. del mismo ordenamiento en lo correspondiente a la prima de servicios».

Aduce que el tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado sin estarlo, “que el gestor del proceso no fue despedido por el empleador en forma unilateral e injusta”.

2. Dar por demostrado sin estarlo que “el fenecimiento del vínculo laboral existente entre las partes intervinientes en esta litis, se debió a la terminación de la obra o labor para la cual fue contratada (sic) el demandante, tal como se infiere de la carta de terminación del mismo”.

3. Dar por demostrado sin estarlo que “la parte actora no demostró la fuente de donde emergen los créditos laborales que se reclaman”.

4. Dar por demostrado sin estarlo, que a la fecha de terminación del contrato de trabajo, la obra o labor para la cual había sido contratado el actor, se encontraba terminada.

5. No dar por demostrado, estándolo, que a la fecha de terminación del contrato de trabajo del actor, el avance de la construcción para la cual había sido contratado se encontraba en el 57.02%, como lo afirma Ecopetrol, o en el 58.37%, como lo afirma la demandada, muy inferior al pactado dentro del contrato de trabajo.

6. No dar por demostrado que a la fecha de terminación del contrato de trabajo con mi representada, la demandada solicitaba de Ecopetrol la extensión del plazo de ejecución del contrato por 388 días, es decir desde el 8 de abril del 2000 hasta el 30 de abril de 2001de construcción (sic).

7. No dar por demostrado, estándolo, que con posterioridad al 17 de abril de 2000, fecha de terminación del contrato de trabajo, por efecto del contrato de transacción celebrado entre Ecopetrol y la demandada, esta última continuó con la ejecución de la obra para la cual había sido contratado el actor.

8. No dar por demostrado, estándolo, que “los contratos que dieron origen a la transacción con los consorcios corresponden a los contratos principales suscritos por Ecopetrol en diciembre de 1997 para la ejecución de los proyectos … y modernización de los elementos externos del Complejo Industrial de Barrancabermeja (VRM-026-97)”, para el cual había sido contratado el actor.

9. No dar por demostrado, estándolo, que por el efecto del contrato de transacción, la demandada “se compromete a cumplir con las obligaciones contenidas en los documentos denominados Alcance Anticipado para el Proyecto Ampliación y Actualización Tecnológica de los elementos externos del CIB y Alcance Limitado Proyecto Ampliación y Actualización Tecnológica de los elementos externos del CIB” (CIB-Complejo Industrial de Barrancabermeja), que corresponde justamente al alcance de la obra o labor contratada con el actor.

10. No dar por demostrado a pesar de estarlo que al actor se le descontaron por concepto de seguridad social, sumas superiores a las consagradas convencionalmente para trabajadores de Ecopetrol.

11. No dar por demostrado a pesar de estarlo que los beneficios convencionales relacionados con primas extralegales, viáticos y aportes a la seguridad social, eran aplicables al actor.

12. No tener por demostrado, a pesar de estarlo, que de acuerdo con lo pactado entre la accionada y Ecopetrol, la demandada estaba obligada a reconocer al demandante, como mínimo, lo señalado en la convención colectiva de trabajo entre Ecopetrol y su sindicato de base.

13. No tener por demostrado a pesar de estarlo que para la fecha de contratación del actor, la convención colectiva de trabajo era la vigente para los años 1997 a 1999 allegada al proceso.

Agrega que los mencionados yerros se produjeron por la apreciación errónea del contrato de trabajo del actor y la carta de terminación del mismo, así como por la falta de valoración de la carta del 7 de abril de 2000, el contrato de transacción celebrado entre Ecopetrol y la demandada, los otrosí 1 y 2 al contrato de transacción, el acta de liquidación final del contrato de transacción, el contrato VRM 0026-97 y sus adicionales, las convenciones colectivas de Ecopetrol, la guía para la aplicación de la convención colectiva de trabajo y los comprobantes de pago de salarios y autoliquidación de aportes a la seguridad social.

En desarrollo de la acusación, el censor advierte, en primer término, que en ejercicio de la modalidad de contrato de trabajo suscrito entre las partes, resulta necesario determinar con suficiente claridad cuál es la obra o actividad que se pretende cumplir, a través del trabajador, en aras de establecer con certeza el momento de terminación de la relación laboral. Igualmente, que esa finalización del contrato de trabajo no debe estar atada a la decisión unilateral de la empresa, sino a la duración objetiva de la obra, so pena de que se quebrante gravemente el principio de estabilidad laboral.

Sostiene que, en este caso, el tribunal partió de la base de que la referida obra, que deslindaba la vigencia del contrato de trabajo, se identificaba con la «…gerencia de construcción…» del 75% de las obras correspondientes al contrato VRM-026-97, suscrito entre Ecopetrol y el Consorcio ABB KLEIN, pero no tuvo en cuenta que los contratantes, a través de una transacción, habían acordado otras labores que incluían construcción en «…un alcance anticipado para el proyecto ampliación y actualización tecnológica de los elementos externos del CIB y alcance limitado proyecto ampliación y actualización tecnológica de los elementos externos del CIB… que corresponden justamente al alcance de la obra o labor contratada con el actor…» .

Alega, en ese sentido, que el tribunal aplicó indebidamente el artículo 55 del Código Sustantivo de Trabajo, al no tener en cuenta que la demandada no había obrado de buena fe en ejercicio de la vinculación laboral, ya que, por una parte, «…solicita de su cliente el reconocimiento de un plazo adicional del contrato celebrado con Ecopetrol, admitiendo que el objeto del contrato no se había cumplido, pero de otra, simplemente decide terminar el contrato de trabajo, aduciendo que su objeto ya terminó.» Asimismo, que si la demandada había concebido que restaban 388 días para concluir la obra con Ecopetrol, en esos mismos días debió tasarse la indemnización por despido a favor del demandante, ya que el hecho cierto es que las labores contratadas solo finalizaron definitivamente el 15 de junio de 2003.

Con base en lo anterior, arguye que el actor tenía derecho a permanecer en su cargo, mientras subsistiera la materia del contrato de trabajo, además de que, para la fecha de su despido, no había concluido la obra para la cual había sido contratado, por lo que el tribunal quebrantó los artículos 1º y 28 del Código Sustantivo del Trabajo, al no viabilizar la justicia en las relaciones de trabajo y al cargarle al trabajador los riesgos a los que estaba sometida la empresa.

Precisa, en esa dirección, que la fecha de suscripción del acta de liquidación del contrato de transacción debía asumirse como el momento real de culminación de la obra contratada y como parámetro para el cálculo de la indemnización por despido, de manera que se adeudan al actor los salarios causados desde el 15 de abril de 2000 hasta el 15 de junio de 2003.

Por otra parte, afirma que el tribunal interpretó erróneamente el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo e incurrió en una falta de aplicación del artículo 467 de la misma obra, ya que, a pesar de que reconoció que la demandada debía pagar las mismas prestaciones convencionales correspondientes a los servidores de Ecopetrol, negó su otorgamiento al actor, bajo la idea equivocada de que estaban incluidas dentro del pacto de salario integral, cuando en dicho acuerdo no se había definido tal situación de manera expresa.

Dice, asimismo, que los comprobantes de pago de salarios y autoliquidación de aportes a la seguridad social daban cuenta de que al actor le descontaron aportes para salud y pensión superiores a los autorizados en la convención colectiva de Ecopetrol y repite que, aunque el tribunal asumió que la demandada se había obligado a reconocer esos beneficios convencionales, erró al determinar que estaban inmersos dentro del pacto de salario integral.

Subraya, finalmente, que las prestaciones sociales convencionales ascendían a un 41.07% del salario y que, por lo mismo, no podían entenderse remuneradas dentro del 30% del factor prestacional del salario integral, so pena de quebrantar el principio de irrenunciabilidad de derechos adquiridos, de manera que el tribunal quebrantó los artículos 43, 65, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, que regulan las cláusulas ineficaces, la indemnización moratoria y la forma de liquidación de la cesantía, intereses y prima de servicio.

VII. Réplica

Indica, en primer lugar, que el censor no denuncia la violación de las normas a las que se refiere la demanda introductoria del proceso y se refiere vagamente a las disposiciones convencionales de Ecopetrol, sin mencionar el artículo 1º del Decreto 284 de 1957. Respecto de la terminación del contrato de trabajo, aduce que la obra o labor culminó el 7 de abril de 2000, después de varias prórrogas, por causas ajenas a la voluntad de la demandada, como lo fue la decisión unilateral de Ecopetrol, y que el hecho de que, con posterioridad, se hubiera suscrito un contrato de transacción, constituye un supuesto nuevo que no afecta la validez de la finalización del vínculo laboral.

VIII. Consideraciones

De la estructura del cargo es posible identificar tres reproches diferentes en contra de la decisión del tribunal, que se pueden describir de la siguiente manera: i) no se tuvo en cuenta que las labores para las cuales había sido empleado el actor no culminaron en la fecha en la que fue desvinculado, sino que, cuando menos, perduraron hasta el 15 de junio de 2003, de manera que el contrato de trabajo no terminó por la finalización de la obra o labor contratada y, en esa medida, tenía derecho a la indemnización por despido sin justa causa; ii) a pesar de que se reconoció que el demandante tenía derecho a recibir las prestaciones sociales devengadas por los trabajadores de Ecopetrol, se concluyó erróneamente que dichos beneficios estaban inmersos dentro del pacto de salario integral; iii) y no se advirtió que la demandada realizó descuentos sobre el salario, con destino al sistema de seguridad social en salud y pensiones, superiores a los establecidos convencionalmente por Ecopetrol.

La Sala se referirá a los mencionados tópicos en los siguientes términos.

Terminación de la obra o labor contratada e indemnización por despido sin justa causa

Frente a este tema, el tribunal estimó que el actor no había sido «…despedido por el empleador en forma unilateral e injusta…», pues, por el contrario, su vínculo laboral había finalizado por la culminación de la obra o labor para la cual había sido contratado.

Los documentos a los que se refiere la censura, analizados objetiva y razonablemente, no dan cuenta de los errores de hecho denunciados en el cargo, como pasa a verse.

1. El contrato de trabajo suscrito entre las partes (fls. 115 a 118) permite inferir que, efectivamente, la modalidad de vinculación del actor fue «…por obra o labor contratada y salario integral…» Allí también se puede notar que la «obra o labor contratada» estaba circunscrita a la «Gerencia de construcción durante el 75% de la construcción civil, montaje electromecánico del proyecto de actualización de elementos externos del cib (blending) en barrancabermeja y en virtud del contrato vrm-026-97 de fecha 10 de diciembre de 1997 suscrito entre La Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol – y El Consorcio ABB-KLEIN...» (resalta la Sala).

Dentro del mencionado contrato de trabajo también es visible la cláusula por virtud de la cual la vinculación del actor podría darse por terminada, debido, entre otras cosas, al avance en un 75% de la construcción y «…cuando la obra sea suspendida por causas fuera de control del empleador y este decida suspenderla temporal o definitivamente…».

De la anterior información se puede deducir fácilmente que la «obra o labor» para la que había sido empleado el actor y que definía la vigencia de su contrato de trabajo, estaba atada de manera indisoluble a la ejecución del contrato VRM-026-97, suscrito entre la Empresa Colombiana de Petróleos–Ecopetrol– y el consorcio ABB-KLEIN, pues era en el marco de dicha contratación que se debía ejercer la función de «…gerencia de construcción…» y resultaba factible determinar el avance de las obras en un 75% o su culminación total, todo en aras de determinar razonablemente la duración de la relación laboral.

El tribunal no concluyó nada diferente a lo expuesto y, por lo mismo, no tergiversó el contenido del mencionado documento.

2. En el texto del contrato VRM-026-97 (fls. 144 a 208), suscrito entre la Empresa Colombiana de Petróleos–Ecopetrol– y el consorcio ABB-KLEIN, aparece descrita la obra que definía la duración de la relación laboral del actor, en similares términos a los ya expuestos. Dicho contrato fue proyectado hasta el 2 de marzo de 2000, inicialmente, y luego fue extendido en su plazo de terminación hasta el 7 de abril de 2000, de acuerdo con los contratos adicionales VRM-028-00 (fls. 141 a 143) y VRM-029-00 (fls. 530 a 532), cuya valoración no fue controvertida por la censura.

En el expediente no obra algún otro elemento de juicio que permita entender que el plazo de terminación señalado —7 de abril de 2000— se haya extendido aún más y, por el contrario, de acuerdo con el documento obrante a folios 557 a 561, el Consorcio ABB-KLEIN dejó constancia de que no había podido concluir las obras pactadas, por presuntos incumplimientos de Ecopetrol, además de que, «…vencido el término de vigencia del Contrato sin que se hayan adoptado las medidas para que el consorcio pueda continuar con su ejecución como sería la prórroga del plazo, el aumento del valor del mismo y el cumplimiento o el allanamiento a cumplir por parte de Ecopetrol de las obligaciones a su cargo, se debe proceder entonces a la liquidación del contrato hasta suscribir el Acta de Liquidación del mismo…».

En correspondencia con lo anterior, a través de la Resolución 005 de 2001 (fl. 8 a 17), que tampoco es controvertida en su valoración por la censura, Ecopetrol liquidó de manera unilateral el contrato VRM-026-97, por el presunto incumplimiento del contratista. Igual información consta en el documento obrante a folios 59 a 108, que contiene el acta de liquidación final del contrato, en la que se dejó sentado que «…el 7 de abril de 2000, fecha de terminación del plazo contractual los trabajos incluidos en el alcance de los contratos celebrados no fueron terminados…», además de se acordó iniciar las labores de liquidación.

De conformidad con lo expuesto, resultaba plenamente razonable concluir que, para el 17 de abril de 2000, fecha de terminación del contrato de trabajo, se había verificado efectivamente la paralización de la obra y el inicio de las operaciones encaminadas a liquidar el contrato VRM-026-97, suscrito entre Ecopetrol y ABB-KLEIN, que, como ya se advirtió, estaba ligado de manera indisoluble a la vigencia de la obra o labor contratada laboralmente, de manera que la demandada no podía continuar con las obras en condiciones normales y, en dicha medida, garantizar la estabilidad laboral del actor hasta tanto se cumpliera, cuando menos, el 75% de las labores de construcción, como se reclamaba en la demanda.

3. La carta de terminación del contrato de trabajo (fls. 135 y 235) es fiel a la anterior información, pues en ella se le comunica al actor la decisión de la empresa de dar por terminado su contrato de trabajo, a partir del 17 de abril de 2000, «…en razón al cumplimiento de la labor contratada y a la terminación del plazo de ejecución de contrato VRM-026-97 y sus adicionales VRM-035-98, VRM-028-00 y VRM-029-00 suscritos entre Ecopetrol y el Consorcio ABB-KLEIN…».

Por virtud de lo anterior, como lo dedujo el tribunal, el rompimiento del vínculo laboral no se dio como consecuencia de un despido unilateral de la demandada, sino por la verificación objetiva de la finalización de la «…obra o labor contratada».

Ahora bien, es verdad, como lo aduce la censura, que el 17 de abril de 2000 no estaban cumplidas en un 75% las labores de construcción correspondientes al contrato VRM-026-97, pues de ello dan cuenta documentos como la Resolución 005 de 2001 (fl. 13), que refieren a un avance del 57.02% en el área de construcción. No obstante, dicha situación no permite deducir, jurídicamente, que la labor del contrato de trabajo no se había terminado, máxime cuando, como ya se explicó, la continuación de las obras resultó imposible para la demandada, por la liquidación estatal unilateral del contrato VRM-026-97.

En este punto es pertinente destacar que la duración de la obra o labor del contrato de trabajo no podía identificarse simple y llanamente con la finalización física de las obras contratadas por Ecopetrol, sin tener en cuenta la suerte del contrato VRM-026-97, como lo sugiere la censura, pues ello daría pie a que, ante la suspensión de las obras y su estado de indefinición, por la liquidación estatal unilateral del contrato, se proyectara la duración del vínculo laboral de manera indefinida e indeterminada, lo que reñiría abiertamente con la voluntad de las partes al escoger un modelo de vinculación determinado «por la duración de la obra o labor contratada».

Al respecto resulta necesario resaltar también que, dentro del texto del contrato de trabajo, las partes habían previsto que la terminación del vínculo podría darse, entre otras cosas, «…cuando la obra sea suspendida por causas fuera del control del empleador y este decida suspenderla temporal o definitivamente…», que fue precisamente lo que sucedió cuando Ecopetrol decidió unilateralmente la liquidación forzosa del contrato de obra.

De acuerdo con todo lo anterior, en el proceso estaba claro que la «obra o labor» para la cual había sido empleado el actor estaba ligada a la vigencia del contrato de obra VRM-026-97, suscrito entre Ecopetrol y el Consorcio ABB-KLEIN, de manera que terminado este último, por su liquidación unilateral, era razonable asumir que la referida obra o labor había culminado y se justificaba, por esa misma vía, la expiración del contrato de trabajo. Tal inferencia concuerda con el hecho de que a la demandada le fue imposible continuar las labores de «gerencia de construcción», así como con la cláusula del contrato de trabajo que autorizaba su terminación «…cuando la obra sea suspendida por causas fuera del control del empleador y este decida suspenderla temporal o definitivamente…».

4. Por otra parte, es cierto que, como lo señala la censura, en el contrato de transacción suscrito entre Ecopetrol y los Consorcios ABB Automation Inc. – Asesorías y Construcciones S.A., en relación con el contrato VRM-023-97 y sus modificaciones, y ABB Automation Inc. – Talleres de Mecánica I. Klein y Cia Ltda. – Asea Brown Boveri Ltda., en relación con el contrato VRM-026-97 y sus modificaciones (fls. 40 a 58), así como en el Otrosí 1 a dicho acuerdo (fls. 33 a 39) y el Otrosí 2 (fls. 419 a 423), el Consorcio ABB-KLEIN se comprometió a cumplir con las obligaciones establecidas en los documentos «…Alcance Anticipado para el Proyecto de Ampliación y Actualización Tecnológica de los Elementos Externos del CIB…» y «…Alcance Limitado Proyecto de Ampliación y Actualización Tecnológica de los Elementos Externos del CIB…» Igualmente que, de conformidad con el acta de liquidación del contrato de transacción (fls. 1096 a 1134), se dio cumplimiento a las referidas obligaciones y se dio como fecha de finalización de las mismas el 15 de junio de 2003.

Sin embargo, de dichos documentos no era posible inferir, como lo defiende la censura, que la obra o labor para la cual había sido vinculado el actor no se había terminado de ejecutar sino hasta el 15 de junio de 2003. Y ello es así porque, en primer lugar, como ya quedó visto, el contrato VRM-026-97, que se situaba como parámetro para la definición de la duración del contrato de trabajo, había sido liquidado en su totalidad y el contratista había quedado en imposibilidad de continuar con las obras de «…gerencia de construcción…» y, por la misma vía, garantizar la estabilidad laboral del actor.

En segundo lugar, porque los contratos de transacción se referían a un «alcance anticipado» y a un «alcance limitado» de las obras (fl. 1103), más no a la totalidad del contrato VRM-026-97, ni a las precisas labores de «gerencia de construcción» encomendadas al demandante. De allí que no era dable deducir simple y llanamente que la precisa obra o labor que administraba el demandante se llegó a cumplir el 15 de junio de 2003, como lo sugiere la censura.

Y, finalmente, para la Sala el hecho de que, varios meses después de la paralización de las obras y la liquidación unilateral del contrato VRM-026-97, las partes hubieran zanjado sus diferencias a través de una transacción y que, dentro de dicho contexto, hubieran reemprendido parte de los trabajos pactados, hasta lograr su finalización, constituye una situación sobreviniente, que se identifica con una nueva contratación, y que no desdibuja el hecho de que, para la fecha de terminación del contrato de trabajo, 17 de abril de 2000, la obra para la cual había sido contratado el actor debía entenderse terminada, por su suspensión y por la posterior liquidación unilateral del contrato que le daba vida —VRM-026-97—.

En los referidos términos, el tribunal no incurrió en algún error de hecho manifiesto al concluir que las labores para las cuales había sido contratado el actor habían finalizado y que, como consecuencia, su contrato de trabajo había expirado, no por un despido unilateral e injustificado, sino por la culminación de la obra o labor contratada.

Por lo mismo, en torno a estos tópicos, el cargo es infundado.

Prestaciones sociales convencionales de Ecopetrol

En estricto sentido, el tribunal nunca se refirió a esta temática y, como consecuencia, jamás admitió, como lo asume la censura, que la demandada se había comprometido a pagarle al actor los mismos beneficios convencionales establecidos para los trabajadores de Ecopetrol. En efecto, aparte de las reflexiones correspondientes a la forma de finalización del contrato de trabajo, dicha corporación expresó simplemente que «…frente al reconocimiento y pago de trabajo suplementario, al ser examinados los medios probatorios que se incorporaron al proceso, observa la Sala que en efecto como lo indica el a quo, desde el principio se pactó un salario integral, el que lleva incurso que la compensación por trabajo suplementario así como las prestaciones sociales quedan comprendidas dentro de dicho concepto, como los (sic) dispone el art. 132 del CST» (Resalta la Sala).

En ese sentido, el censor parte de un supuesto erróneo, que da al traste con toda la estructura de su argumentación, pues, se repite, el tribunal nada dijo en torno a la aplicación de los beneficios convencionales de Ecopetrol, de manera que no pudo haber incurrido lógicamente en los errores de hecho que se le imputan en relación con ese tema. De otro lado, si nada se resolvió respecto del referido tópico, era deber del interesado acudir a los remedios establecidos procesalmente para tales efectos, durante el trámite de la segunda instancia, y no plantear inapropiadamente un cargo, a través del recurso de casación, por ejercicios fácticos que nunca se realizaron.

Además de lo anterior, lo cierto es que en el cargo lo que se propone es un debate interpretativo relacionado con los alcances del artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, totalmente ajeno a la vía indirecta, por la que se encamina la acusación. Igualmente, aún si el tribunal hubiera admitido la aplicación de los beneficios convencionales vigentes en Ecopetrol, es verdad que en el contrato de trabajo se incluyó una cláusula de remuneración, de acuerdo con la cual «…El empleador pagará a este [el trabajador] un salario integral de diez millones quinientos mil (10.500.000) pesos mensuales. El salario integral pactado en este contrato retribuye al empleado el trabajo ordinario, el trabajo nocturno, extraordinario, dominical y festivo, las primas legales y extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie, excepto las vacaciones…» (resalta la Sala), de manera que no habría podido incurrir en los errores de hecho denunciados por la censura, pues en verdad existía un pacto de salario integral que incluía las prestaciones extralegales.

La anterior información es compatible con la declaración suscrita por el actor (fl. 356), reconocida en el interrogatorio de parte (fl. 466), por virtud de la cual «…por los trabajos que realizo en la ejecución del proyecto ampliación y actualización tecnológica de los elementos externos del Complejo Industrial de Barrancabermeja, los salarios que devengo son superiores a los establecidos en la escala máxima de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, suscrita entre Ecopetrol y su sindicato USO…».

Así las cosas, frente a este tópico, el cargo también es infundado.

Devolución de aportes a la seguridad social

El tribunal tampoco mencionó, siquiera someramente, la pretensión de reembolso de los valores retenidos por concepto de aportes a la seguridad social en salud y pensiones, y, por lo mismo, nunca pudo haber incurrido en los errores de hecho que le endilga la censura en este punto. En tales condiciones, el interesado debió acudir a los remedios procesales establecidos legalmente para estos efectos y no proponer el tema, inadecuadamente, en el marco del recurso extraordinario de casación.

Adicionalmente, como se dejó sentado en líneas anteriores, el tribunal jamás admitió que los beneficios convencionales de Ecopetrol le fueran aplicables al demandante, de manera que aún demostrados los descuentos por concepto de seguridad social (fls. 362 a 401), que es en lo que recaba la censura en el cargo, sigue en pie la inferencia del tribunal con arreglo a la cual «…la parte actora no demostró la fuente de donde emergen los créditos laborales que se reclaman...»

Con fundamento en todo lo expuesto, el cargo es infundado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan las agencias en derecho en la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($3.250.000).

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de octubre de 2008, por la Sala Laboral de Descongestión del tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Alonso Giraldo García contra ABB INC. Sucursal Colombia.

Costas en el recurso de casación a cargo de la parte recurrente. Se fijan las agencias en derecho en la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($3.250.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.