Sentencia SL15277-2016 de octubre 5 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL15277-2016

Radicación 47036

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Castillo Cadena

Acta 37

Bogotá, D.C., cinco de octubre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolverlo.

(…)

IX. Consideraciones de la Corte

La Sala procede a estudiar el ataque de la siguiente manera:

1) Extemporaneidad de los argumentos que giran en torno a la calidad de herederos y la de cónyuge supérstite, así como a la sustitución de empleadores

Verificado el escrito impugnativo presentado por los convocados al proceso salta a la vista que restringieron la censura frente a estos puntuales aspectos: (i) «la relación laboral entre PEDRO NEL GARCÉS y ALIRIO BLANDON (sic) GARCÉS»; (ii) «LA CONDENA AL PAGO DE LA PENSIÓN», y (iii) «relación laboral entre ALBA DOLLY GARCÉS MATÍNEZ y ALIRIO BLANDON (sic) RESTREPO»; y (iv) «CONDENAS IMPUESTA (sic) A ALBA DOLLY GARCÉS MARTÍNEZ como empleadora de ALIRIO BLANDON (sic) RESTREPO».

1.1. Aseveran los recurrentes que no existe ninguna probanza «que acredite la calidad de herederos y cónyuge sobreviviente del señor PEDRO NEL GARCES (sic) GONZALEZ (sic). Ya que lo arrimado al mismo solo se cuenta con las declaraciones y las indicaciones de la parte demandante que los llamados a juicio son familiares del difunto en calidad de esposa e hijos, situación esta totalmente irregular y violatoria de los artículos 262, 264 y 265 del Código de Procedimiento Civil».

A pesar de que el juez de primer grado sostuvo categóricamente que «se presentó prueba idónea sobre la calidad de herederos de los demandados, así como de su cónyuge supérstite», la parte accionada al sustentar el recurso vertical nada reprochó al respecto y, siendo lo anterior así, cómo enrostrarle al tribunal un desatino sobre un tema del que jamás reflexionó, no por soslayo, sino porque no fue materia de descontento.

1.2. Lo mismo sucedió con la decisión de «declarar que entre los señores ALIRIO DE JESUS (sic) BLANDON (sic) RESTREPO, y el señor PEDRO NEL GARCES (sic), y/o sus HEREDEROS Y CÓNYUGE SUPÉRSTITE, existió un contrato de trabajo, durante el periodo comprendido entre el 23 de mayo de 1967 al 17 de febrero de 1992, para laborar en la finca de su propiedad, como mayordomo» (destacado fuera de texto), pues si bien la parte demandada atacó lo pertinente a la existencia de la relación laboral entre los señores Alirio de Jesús Blandón y Pedro Nel Garcés, nada manifestó frente a extender la declaración del contrato de trabajo entre aquel «y/o [los] HEREDEROS Y CÓNYUGE SUPÉRSTITE» de Pedro Nel Garcés.

1.3. La condena de manera solidaria a Emma de Jesús Martínez de Garcés, Guillermo León Garcés Martínez, Luz Marina Garcés Martínez, Doris María Garcés Martínez, Alba Dolly Garcés Martínez, Ligia María Garcés Martínez y Rocío de Fátima Garcés Martínez, «y/o HEREDERA DE ESTA ULTIMA CLAUDIA MILENA GONZALEZ (sic), la primera como cónyuge sobreviviente y los demás como herederos del señor PEDRO NEL BLANDON (sic) RESTREPO, a pagar la pensión de jubilación al señor ALIRIO DE JESUS (sic) BLANDON (sic) RESTREPO», la controvirtió la accionada sobre la base de que «¿cómo se obliga a una persona a cumplir una Ley que no existe?, ¿desde cuando (sic) en Colombia, se aplica retroactivamente la ley? Esto va encaminado a decir, que los demandados no tienen porque (sic) asumir esta carga laboral unos en su calidad de herederos y doña EMMA MARTÍNEZ DE GARCÉS como cónyuge sobrevivientes. En cuanto a CLAUDIA MILENA GONZÁLEZ GARCÉS, ella, heredo (sic) los genes de su Madre y Abuelo, pero dinero No, la señora ROCÍO DE FÁTIMA GARCÉS DE GONZÁLEZ al momento de su fallecimiento laboraba como empleada doméstica en el estado de Connecticut, condado Fairfield (…) no desempeñaba este oficio precisamente por ser adinerada, de manera que CLAUDIA MILENA a la fecha de este desafortunado insuceso, era menor de edad y hasta el día de hoy, no a (sic) aceptado herencias proveniente de su Madre porque ella no tenía bienes de fortuna. Por lo tanto, pido sea revocada la sentencia en este acápite». Así brilla al ojo que sus argumentos no estribaron en que «la responsabilidad solidaria esgrimida no cabe para los herederos y cónyuge, por no haber sido expresamente establecido por el legislador, contrario sensu, como si (sic) establecido para la legislación civil», como lo aduce en el recurso extraordinario.

Lo discurrido es suficiente para concluir que el juez colegiado se pronunció observando la directriz señalada por los demandados, por lo que no es dable achacarle la comisión de unos dislates frente a unos agravios no confutados.

Ha enseñado la Corte, con persistencia, y hoy nuevamente se reitera, que en los términos del artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, quien formule el recurso de apelación debe sustentarlo en debida forma ante el juez que haya proferido la decisión correspondiente, y por fuerza del principio de las limitaciones del recurso por razón de las posibilidades del tribunal de apelación, al fallador de segundo grado, por regla general, no puede exigírsele que actúe más allá del lindero fijado por las partes en el recurso de alzada (sent. CSJ SL, feb. 28/2008, rad. 29.224).

Entonces, se exhibe palmar que la protesta que se plantea en la esfera casacional es diametralmente diferente a la esgrimida en el memorial de apelación, lo que, sin hesitación alguna, la torna extemporánea y, en ese horizonte, se insiste, el tribunal no revisó la cuestión ahora propuesta, repítase, por la falta de denuncia de la accionada y, ante tal silencio, no le es dable a la Corte abordar su estudio en aras de preservar el debido proceso y derechos, tales como, defensa y contradicción del promotor del litigio.

2) La discusión de la pertinencia de la prueba es jurídica y no fáctica.

Esta sala en Sentencia CSJ SL del 22 de septiembre de 2009, radicación 34268, explicó:

la vía indirecta no [es] la adecuada para cuestionar lo decidido por el tribunal, pues, cuando el sentenciador se aparta de lo que imponen las reglas de derecho adjetivas sobre aducción, validez, autenticidad, incluso la pertinencia de un medio de prueba en particular, su quebrantamiento debe procurarse, en principio, por la senda de lo jurídico, pues en realidad el eventual desatino no proviene de la valoración de la prueba, sino de dilucidar si el medio probatorio es idóneo para acreditar un determinado supuesto fáctico, lo cual, “comporta una cuestión rigurosamente jurídica, vale decir, que no es un tema fáctico, así que tendría que ser planteado en una acusación por la vía directa. Al respecto cabe recordar que cuando el juzgador desestima un medio probatorio no por su contenido, sino que se fundamenta en los supuestos que la Ley exige para su producción, aducción o validez, no se está en presencia de yerros fácticos, como reiteradamente lo tiene adoctrinado esta Sala, sino de violaciones medio de las reglas procesales que gobiernan tales aspectos, por lo que en tales eventos el ataque debe formularse por la vía directa” (mayo 29/07, rad. 29166); lo anterior es así, sin desmedro de la libertad de que están investidos los jueces de instancia, para fundar su decisión en uno u otro elemento de juicio, con prescindencia de los demás, facultad utilizada por el ad quem, al considerar que los acuerdos del Consejo de la Judicatura, regulan lo atinente a las agencias en derecho que deben tasar los funcionarios judiciales al interior de un proceso, razonamiento que no fue cuestionado por el recurrente, y además, no luce descabellado, de manera tal que, haciendo abstracción de lo acertado del avalúo del auxiliar de la justicia, se impone respetar.

3) Sobre la prueba testimonial.

Como se recuerda, la Sala sentenciadora para efectos de tener por probada la existencia de una relación de trabajo, tuvo como báculo las declaraciones rendidas por Carlos Alberto Ortiz Gallego, Luis Abelardo Vásquez Mejía, Ramón Enrique Zea Muñoz y Rafael Ángel Martínez.

Aquí memórese que la ley adjetiva del trabajo restringe los medios de prueba sobre los cuales puede recaer un error de hecho en casación laboral. Así lo preceptúa el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el artículo 23 de la Ley 16 de 1968, al disponer que: «El error de hecho será motivo de casación laboral solamente cuando provenga de falta de apreciación o de apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular», norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-140 de 29 de marzo de 1995, por lo que no es posible abordar el estudio de tal elemento de juicio, dado que no quedó acreditado ningún error de hecho con alguna de las tres pruebas calificadas en casación.

De suerte que si tales inferencias las formó la sala sentenciadora exclusivamente de las versiones de los testigos, el ataque, en este sentido, no es dable estimarlo.

Cabe añadir, que el darle mayor credibilidad a unos medios probatorios que a otros, no constituye un desacierto evidente de hecho, por motivo de que los sentenciadores de instancia gozan de la potestad legal de apreciar libremente la prueba, para formar su convencimiento con base en el principio de la sana crítica, acerca de los hechos controvertidos con base en aquellos elementos probatorios que más los induzcan a hallar la verdad real y no la simplemente formal que aparezca en el proceso, consagrada en el citado artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, cuando las inferencias del juzgador sean lógicas y aceptables, las cuales quedan abrigadas por la presunción de legalidad.

De manera que los jueces de instancia, conforme a esa potestad legal, pueden válidamente fundar su decisión en aquellos probanzas que le merezcan mayor persuasión y credibilidad, ya sea en forma prevalente o excluyente de lo que surja entre una u otra prueba, sin que esa escogencia razonada configure la comisión de un yerro fáctico por la errada apreciación o falta de valoración de tales probanzas.

4) La solidaridad declarada «por el status de cónyuge sobrevivientes y herederos».

Exponen los recurrentes que la solidaridad que emerge por el status de cónyuge supérstite y herederos no existe en el derecho laboral individual colombiano «por lo tanto no se podrá endilgar una carga prestacional no establecida por el legislador, ya que el articulo (sic) 36 del Código Sustantivo del Trabajo es muy claro al manifestar cuando (sic) existe responsabilidad solidaria, la cual solamente cabe para las sociedades de personas y sus miembros y estos entre si (sic), en relación con el objeto social y solo hasta el limite (sic) de la responsabilidad de cada socio y los condueños o comuneros de una misma empresa entre si (sic), mientras permanezcan en indivisión, situación esta que no se da para el caso, por que (sic) de las pruebas recaudadas se demuestra, que el empleador PEDRO NEL GARCES (sic) era una persona natural y su esposa e hijos no eran socios de este, ni la finca para la que laboraba el demandante era una empresa de las llamadas agrícolas, ni esta (sic) demostrado que los mismos fueran dueños de dicha finca para la fecha en que el señor BLANDON (sic) RESTREPO laboro (sic), por lo tanto la responsabilidad solidaria esgrimida no cabe para los herederos y cónyuge, por no haber sido expresamente establecido por el legislador, contrario sensu, como si (sic) fue establecido para la legislación civil, en donde los herederos responden hasta la concurrencia de lo recibido o dejado por el causante como de las deudas dejadas por este, que sean expresa y actualmente exigibles, situación esta también totalmente disímil, ya que el hoy demandante podría haber concurrido con su crédito para que este le hubiera sido cubierto con la masa herencial de ser el caso».

Respecto a esta acusación, solo baste decir que elucidar o discernir si la solidaridad que emerge por el status de cónyuge supérstite y herederos existe o no en el derecho laboral individual colombiano, requiere de un análisis rigurosamente jurídico y por lo mismo la labor de la Sala para hallar la presunta equivocación gravitaría en un juicio de razonamiento susceptible de ser denunciado por la vía de puro derecho, en la medida en que un dislate así planteado, no surgiría del estudio del caudal probatorio, o bien porque el tribunal desoyó las voces objetivas de la prueba calificada, ora porque la pasó por alto.

No hay más que decir para desestimar la acusación.

Sin costas en el recurso extraordinario, por cuanto no hubo oposición.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 11 de mayo de 2010, en el proceso que instauró ALIRIO DE JESÚS BLANDÓN RESTREPO contra EMMA DE JESÚS MARTÍNEZ DE GARCÉS, GUILLERMO LEÓN, LUZ MARINA, DORIS MARÍA, ALBA DOLLY, LIGIA MARÍA Y ROCÍO DE FÁTIMA GARCÉS MARTÍNEZ y/o «LOS RESPECTIVOS HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE ESTA ÚLTIMA».

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»