Sentencia SL1535-2018/54478 abril 24 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL1535-2018

Rad. 54487

Magistrado Ponente:

Dr. Santander Rafael Brito Cuadrado

Acta 11

Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por HELIODORO RAMÍREZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011), en el proceso que instauró contra la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL ESP.

Se reconoce personería para actuar en este proceso al abogado Wilson Leal Echeverri, como apoderado de la parte demandada, en los términos del poder que se le confirió (f.º 334 a 339 del cuaderno de la Corte).

I. Antecedentes

HELIODORO RAMÍREZ, llamó a juicio a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL ESP, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensión de jubilación, con base en las Convenciones Colectivas de Trabajo de los años 1986 y 1992. En consecuencia, que se le liquidara la pensión de jubilación o vejez teniendo en cuenta los factores salariales legales y convencionales y se condenara a la accionada al pago de los intereses por mora sobre el mayor valor no reconocido (f.º 40 del cuaderno principal).

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que prestó sus servicios personales a la demandada por más de veinte años, razón por la cual, cuando llegó a la edad de 55 años, mediante escrito del 1º de abril de 2008, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, por lo que la entidad con Resolución 158 del 8 de mayo de 2008, se la otorgó, pero sin considerar lo establecido en las convenciones colectivas de trabajo; que no estuvo de acuerdo con la decisión, razón que lo llevó a interponer recurso de reposición el 27 de mayo de 2008, por cuanto la resolución se motivó con base en lo establecido en la Ley 33 de 1985 y específicamente, reconoció la prestación sobre el promedio de lo devengado en los últimos diez años (f.º 37 a 39 ibídem).

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dijo que existía prohibición legal para hacer reconocimientos pensionales con base en convenciones colectivas, teniendo en cuenta el contenido del parágrafo segundo del artículo 1º y el transitorio 3º del Acto Legislativo 1 de 2005, y la sentencia CSJ SL, en. 2007, rad. 31000 (f.º 81 ibídem).

En su defensa propuso, como excepciones de mérito, las que denominó de inconstitucionalidad, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe e inaplicación de la convención colectiva en cuanto a derechos pensionales (f.º 85 y 86 ibídem).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Laboral del Circuito del Espinal, mediante fallo del 11 de diciembre de 2009 (f.º 158 a 164 del cuaderno principal), resolvió:

1. Condenar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal ESP a reconocer y pagar a HELIODORO RAMÍREZ, la pensión de Jubilación, en el monto equivalente a la suma de $ 1.228.805,68.

2. Ordenar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal ESP que pague los valores causados y no liquidados oportunamente, dentro de la pensión de Jubilación concedida al señor HELIODORO RAMÍREZ.

3. Ordenar al pago de los intereses moratorios que han sido causados desde el momento en que se reconoció la pensión de jubilación al demandante HELIODORO RAMÍREZ, hasta la fecha de pago de la diferencia restante.

4. Declara NO PROBADAS las excepciones de la demanda.

5. Condenar en costas.

III. Sentencia de segunda instancia

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 31 de agosto de 2011 (f.º 12 a 20 del cuaderno del Tribunal), al resolver la alzada de la parte demandada, revocó la sentencia de primer grado y la absolvió.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, lo siguiente:

Así las cosas, para la época durante la cual aún tiene vigencia la Convención Colectiva de Trabajo del año 2004, esto entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2005, el señor HELIODORO RAMÍREZ, contaba con 17 años de servicio, lo que significa que aún no había adquirido el derecho a la pensión de jubilación. Solo cuando cumple los veinte años de servicio (el 19 de mayo de 2008), consolida el derecho al reconocimiento de la prestación, pero para ese momento por mandato expreso del tan citado acto legislativo, ya no tenía vigencia la convención haciendo imposible la aplicación de los beneficios convencionales que pretende el accionante.

Por último, no es procedente acoger la petición de tener en cuenta los anexos aportados con el recurso como pruebas, como quiera que los mismos no fueron decretados ni allegados al proceso en debida forma.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia:

a) Casar la presente Demanda Revocando el numeral primero de la parte resolutiva del fallo de segunda instancia en la parte que reza “REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito del Espinal de fecha del 11 de diciembre de 2009, dentro del proceso adelantado por Heliodoro Ramírez contra la Empresa de Acueducto alcantarillado y de Aseo del Espinal ESP.

b) Casar la presente Demanda Revocando El numeral 2º que a su tenor reza “ABSOLVER a la Empresa de Acueducto Alcantarillado y de Aseo del Espinal ESP, de conformidad con la parte motiva de esa providencia.

c) Casar la presente Demanda Revocando; el numeral 3º que a su tenor reza: “COSTAS de primera y segunda instancia, a cargo de la parte demandante.

d) Condenar en Costas y Agencias en derecho a la Demandada en todas las instancias.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación (f.º 15 a 20 del cuaderno de la Corte), los cuales fueron replicados en debida forma y se pasan a estudiar.

VI. Cargo primero

Se fundamenta el presente cargo teniendo como base lo ordenado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, modificado por lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 y en lo dispuesto por el artículo 51 D.E. 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998 acuso la sentencia de ser violatoria de la Ley sustancial por infracción directa del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo y de artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo. Así corno lo ordenado por el Artículo 48 de la Constitución Política de Colombia adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005 (f.º 15 a 19 del cuaderno de la Corte).

Manifiesta, que el Juez de segunda instancia incurrió en error, al considerar que la CCT quedó derogada por el Acto Legislativo 1 de 2005, por lo que los trabajadores de la demandada, a quienes hace referencia la cláusula décima del citado acuerdo colectivo, con derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación con un porcentaje del 91%, perdieron el derecho mencionado.

Expresa, que la validez de la CCT aportada al proceso, no debió ser desconocida por el Juez de la alzada, ya que, al prorrogarse la extensibilidad de los derechos convencionales, estos no pierden vigencia en las cláusulas que sean favorables al trabajador.

Esgrime, que el ad quem también se equivocó al considerar que las referenciadas convenciones colectivas no podían subsistir con normas posteriores, por lo que debió aplicar el principio de favorabilidad, respecto de la Sentencia CC C-596 de 1997.

Concluye que,

En la sentencia cuya casación se solicita, nunca se hizo un análisis en aras a identificar los derechos de los pensionados, pues nunca se identificó el conflicto de interés discutido en el proceso, circunscribiéndose el Tribunal al destacar únicamente la existencia de nuevas leyes que entraban a derogar la aplicabilidad de las convenciones colectivas de trabajo, utilizando como referente para un ajuste, cuando lo importante era preservar e! régimen acogido en las disposiciones convencionales, pues ellas, estando probadas dentro del proceso adelantado, eran las que tenían plena validez en la relación de pensión que existe entre mi poderdante y la demandada por ser más favorable. No en vano se tiene que una convención colectiva tiene fuerza de ley para las partes como consecuencia de lo señalado en el artículo 467 del C. S. del. T., (en concordancia con el artículo 1602 del Código Civil).

VII. Réplica

Aduce, que el Juzgador de primer grado, accedió a lo pretendido, bajo el convencimiento equivocado que el demandante, para el 22 de julio de 2005, tenía 20 años de servicios, siendo que solo le asistía el derecho a su pensión bajo los parámetros del Acto Legislativo 1 de 2005, así como lo determinó el Tribunal, al encontrar demostrado que no se daba el supuesto mencionado, pues lo que verdaderamente indicaba la prueba era que empezó a trabajar el 1º de abril de 1988, y concluyó que no era beneficiario de la CCT.

Prosigue, indicando que,

Por tal motivo el cargo primero, está desorientado, lo que impone, de por sí, su desestimación; empero, ello no obsta para agregar que sí, el juzgador, decidió las pretensiones con referencia a la convenciones colectivas de trabajo allegadas al proceso, como tenía que hacerlo al estar fundadas las pretensiones en esos acuerdos Contractuales, desde la óptica legal, por la naturaleza procesal que tiene el recurso de casación, tampoco se configura el concepto de vulneración de la infracción directa que se le imputa el Tribunal de los artículos 467 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; y, menos aún, que dicha vulneración sea predicable respecto del Acto Legislativo 1 de 2005, pues este también se tuvo cuenta para la decisión, y se aplicó, con tal fin, según el alcance que se le confirió (f.º 24 a 30 del cuaderno de la Corte).

VIII. Cargo segundo

Acusa la sentencia, por la falta de apreciación de las pruebas, como son las que obran a folios 3, 162 y 163 del cuaderno principal (f.º 19 y 20 ibídem).

Pretende demostrar el cargo de la siguiente manera:

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, hizo una interpretación errónea de las pruebas porque cuando manifiesta que el trabajador no cumplía con el tiempo de labores al servicio de la empresa al momento de entrar en vigencia el Acto legislativo 1 de 2001 (sic), en vista a que el demandante toda vez que dice que para la fecha de entrar en vigencia solo tenía 17 años, dado que esa interpretación y manifestación es errónea, toda vez que a folio 3 del cuaderno principal la Empresa en la Resolución 158 de 2008 en el literal “g) Efectivamente revisando la hoja de vida conforme a certificación de la oficina de personal se constató que el señor HELIODORO RAMÍREZ, ha estado vinculado a la empresa desde el 3 de marzo de 1982, y que cuenta con 62 años de edad, los cuales los cumplió el 19 de febrero de 2008”. Siguiendo en orden de ideas a folio 108 si bien manifiesta que el contrato escrito fue a partir del 1º de abril de 1988, la misma empresa manifiesta que revisando la hoja de vida e trabajador sí entró el 19 de mayo de 1982 como así lo corroboró con la resolución 158 de 2008, siendo acogido el mismo por el Despacho de Primera Instancia cuando en sentencia de primera instancia así lo acepta (fl 161 y 162).

Siguiendo en orden de ideas es de, manifestar que el Tribunal de Segunda instancia no tuvo en cuenta la misma sentencia de primera instancia que a folio 161 y del cuaderno principal, donde trae a colación el tiempo de servicio que le sirvió de fundamento para reconocerle pensión de jubilación cuando a su tenor manifiesta: “Se tiene que conforme al material probatorio obrante al proceso como es la misma Resolución que le da el derecho prestacional como allí se encuentra liquidado, y mal se puede aceptar existe una equivocación en el expedición de la Resolución, cuando es un documento idóneo y eficaz como prueba al respecto, puede que el trabajador en interrogatorio de oficio haya expresado una fecha equivocada, pero el documento es bien claro y mal se puede decir por parte del Tribunal la existencia de una inducción a error, cuando bien lo expresa el documento “Que revisando la hoja de vida” lo cual nos arroja una especie de duda (que por ende debe ser resuelta a favor del trabajador), dado que no afecta la integridad de las pretensiones, máxime que mal se puede suplir una prueba documental por un yerro de expresión que es obvio que se presente porque en cuestión de fechas es susceptible de presentarse, y la Empresa demandada es clara y nunca ha corregido tal yerro si de verdad existe. situación que demuestra claramente que el señor Helidoro Ramírez, desde mayo de 1982 a la entrada en vigencia de Acto Legislativo 1 de 2005 contaba con 23 años de servicios a la Empresa, por lo tanto atendiendo que la edad y el tiempo de servicios sí era óbice para que se le reconociera la pensión de jubilación o vejez con lo existente en las convenciones colectivas de trabajo, por estar vigentes hasta el tiempo de su expiración 31 junio de 2010, ya que ni el Sindicato ni la empresa hicieron denuncia de la terminación o expiración de la vigencia después del 31 de diciembre de 2005, por lo que las convenciones colectivas por el principio de favorabilidad se entiende extendió el plazo hasta el 31 de 2010, por no haber existido denuncia de las convenciones en su no aplicación, si era que hubiese buscado la Demandada.

IX. Réplica

Manifiesta, que este cargo carece de proposición jurídica, que no se indican cuáles son los yerros facticos y que se plantean argumentaciones jurídicas ajenas a la vía indirecta (f.º 30 y 31 ibídem).

X. Consideraciones

Se reitera por la Sala, que los artículos 87 y 90 del CPTSS, imponen unas cargas al recurrente como lo es formular clara y coherentemente el alcance de su impugnación, expresar los motivos de la casación indicando el precepto legal sustantivo de orden nacional que estime violado y el concepto de violación, esto es, si lo fue por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea; y en caso de que considere que la infracción ocurrió como consecuencia de errores de derecho o de hecho al apreciar o dejar de valorar las pruebas, debe singularizarlas y expresar la clase de desatino que estima se cometió.

Es por ello, que la Sala denota el carácter extraordinario del recurso de casación e insiste que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el impugnante sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla, el juez observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para, rectamente, solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley.

Así, la demanda de casación debe reunir no solo los requisitos meramente formales que autorizan su admisión, sino que también exige un planteamiento y desarrollo lógico. Por tal motivo, si se acusa al fallo de violar directamente la ley, la argumentación demostrativa debe ser de índole jurídica; en cambio, si el ataque se plantea por errores de hecho o de derecho, los razonamientos pertinentes deberán enderezarse a criticar la valoración probatoria y las conclusiones fácticas del Tribunal.

Con base en lo anterior, la Sala observa que le asiste razón al opositor en los yerros señalados a la demanda de casación, con respecto a la proposición jurídica, el alcance de la impugnación y la vía de ataque, lo que conlleva a la desestimación de los cargos sometidos a estudio, por lo que a continuación se desarrolla:

a) Con respecto al alcance de la impugnación

Al fijar el alcance de la impugnación, el recurrente lo formuló de manera inapropiada, por cuanto solicita quebrar la sentencia del Tribunal y a su vez revocar la misma y no establece con precisión y claridad el rumbo a tomar por parte de la Corte al convertirse en juez de instancia, cuando manifiesta:

a) Casar la presente Demanda Revocando el numeral primero de la parte resolutiva del fallo de segunda instancia en la parte que reza “REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito del Espinal de fecha del 11 de diciembre de 2009„ dentro del proceso adelantado por Heliodoro Ramírez contra la Empresa de Acueducto alcantarillado y de Aseo del Espinal ESP.

b) Casar la presente Demanda Revocando El numeral 2º que a su tenor reza “ABSOLVER a la Empresa de Acueducto Alcantarillado y de Aseo del Espinal ESP, de conformidad con la parte motiva de esa providencia.

c) Casar la presente Demanda Revocando; el numeral 3º que a su tenor reza: “COSTAS de primera y segunda instancia, a cargo de la parte demandante.

d) Condenar en Costas y Agencias en derecho a la Demandada en todas las instancias.

Estas falencias hacen que, en principio, no se pueda estudiar de fondo el recurso. Así lo ha venido sosteniendo la Corte, entre otras providencias, en la CSJ AL993-2017, de la siguiente manera:

[…] El alcance de la impugnación no está formulado de manera apropiada, pues debe recordarse que en casación el petitum de la demanda debe hacerse con absoluta claridad y precisión, pues dada la naturaleza dispositiva de este medio de impugnación no le es posible a la Corte suponer cuál es la pretensión o pretensiones de quien recurre.

Por ello, debe el impugnante, luego de solicitar la casación total o parcial del fallo acusado, expresar cuál debe ser la decisión en sede de instancia, vale decir, si confirmar, modificar o revocar la sentencia de primer grado y, en los dos últimos eventos, señalar el sentido en que debe remplazarse, circunstancias omitidas en el presente caso, pues el recurrente presentó una confusa formulación del alcance de la impugnación, lo cual resulta extraño a la lógica y a la técnica de casación.

La parte recurrente pide como alcance de la impugnación, que se case “parcialmente” la sentencia de segunda instancia, en cuanto “confirmó la de primera instancia”, para que “se revoque (sic) las sentencias de primera y segunda instancia y se concedan las pretensiones de la demanda”. Como puede verse incurre en varias imprecisiones, pues de un lado, si perseguía el quiebre parcial de la sentencia de segunda instancia, debió indicar cuál es la parte de ella que intenta quebrar, pero no lo hizo así, pues simplemente solicitó la revocatoria de las sentencias de primer y segundo grado, lo cual resulta impropio, pues al anular el fallo de segunda instancia, la Corte, como tribunal de instancia, procede a revisar la sentencia del juzgado, no la del ad quem, pues esta al ser casada desaparece de la vida jurídica, por lo que no podría revocar o modificar un fallo inexistente.

Y para culminar la serie de disonancias, pide en términos generales la revocatoria de las providencias de instancia y la concesión de las pretensiones de la demanda, sin citar cuál o cuáles deben subsistir y cuáles deben desaparecer, dada la solicitud de casación parcial del fallo.

Por las anteriores incongruencias, se impide la estimación de la demanda. […]

b) Referente a la modalidad en la vía de ataque, respecto del cargo primero

En primer lugar, el Juez de la alzada no desconoce la existencia de: i) la convención colectiva, ii) la vigencia establecida en el acuerdo colectivo (1º de enero a 31 de diciembre de 2005), y iii) que cuando el actor cumple con los requisitos establecidos en la cláusula de la convención para acceder a la pensión de jubilación (19 de mayo de 2008), la misma no produce efectos por mandato del Acto Legislativo 1 de 2005.

De lo anterior, se colige que la norma utilizada por el Tribunal para resolver la litis, lo fue el Acto Legislativo 1 de 2005, la que es objeto de ataque por vía directa en la modalidad de “infracción directa” (f.º 15 del cuaderno de la Corte), y, sin embargo, en la demostración del cargo, la censura hace referencia a errores por la interpretación de la norma cuando expresa: “El yerro en la sentencia […], es considerar que al haber quedado derogada las convenciones colectivas de trabajo por el Acto legislativo 1 de 2005, los trabajadores […]” (f.º 16 del cuaderno de la Corte), y prosigue en sus argumentos, expresando que el ad quem, cuando “concluye de manera errónea que la aplicabilidad de la convención pierde vigencia por el hecho de la no existencia de uno de los requisitos al entrar en vigencia el Acto Legislativo 1 de 2005, hace su derogatoria […]” (f.º 17 del cuaderno de la Corte), con lo cual desconoce, que la infracción directa de la ley se presenta en el evento en que el juzgador desconoce el texto legal, por rebeldía o ignorancia o por no tener en cuenta los efectos de la ley en el tiempo, y deja de aplicarla a un caso que lo reclama; en tanto que, cuando el juzgador aplica la norma que reclama el caso, pero al fijar su alcance distorsiona su contenido ampliándolo o restringiéndolo, agregándole o suprimiéndole supuestos o consecuencias, se da una interpretación errónea.

Luego, la infracción directa supone que para el juzgador no existe o subsiste la norma para el caso, en tanto que la interpretación errónea supone su aplicación, pero se distorsiona su real hermenéutica, de modo que no es viable, en un mismo cargo, atribuir dos modalidades de violación de la ley excluyentes entre sí, como la infracción directa y la interpretación errónea.

Respecto al tema objeto de Litis, la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse entre otras en la sentencia CSJ SL14736-2017, así:

Pues bien, el censor desconociendo esas mínimas reglas de actuación judicial acusa la sentencia del Tribunal simultáneamente de infracción directa e interpretación errónea del mismo elenco normativo que conforma una parte de la proposición jurídica; olvida el recurrente que las modalidades antes mencionadas formuladas en el mismo cargo y ante las mismas disposiciones, son excluyentes, pues las normas bien pudieron ser desconocidas o fueron interpretadas con error, pero no violadas concomitante desde esas dos ópticas, ya que la primera implica que el juzgador las soslayó, en tanto que la restante lleva implícita la utilización de estas, pero bajo una hermenéutica que no corresponde a su genuino sentir; así mismo no exhibe argumentación alguna tendiente a demostrar por qué razón el criterio jurídico del sentenciador es equivocado, ni manifiesta cuál considera es la verdadera interpretación.

c) Con respecto a la proposición jurídica en el cargo segundo:

Se rememora, en relación con la proposición jurídica, que es suficiente señalar cualquiera de las normas sustantivas acusadas que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, regla que radica en cabeza del impugnante en el recurso extraordinario, la carga procesal de señalar los preceptos sustanciales de orden nacional que constituyen el pedestal de la sentencia impugnada, o que debiendo serlo a su juicio, haya sido inobservado.

Es decir, toda acusación que se formule debe contener, en la proposición jurídica, por lo menos una norma sustancial de alcance nacional que consagre los derechos pretendidos.

En el caso, en el capítulo denominado por el censor “cargo segundo”, no se señalan normas de carácter sustancial, tal como se describe a continuación:

[…] Se basa el presente cargo sobre el presupuesto fundado en la falta de apreciación de determinada prueba, como fue la que obran a folios 3º - 162 y 163 del cuaderno principal (f.º 16 del cuaderno de la Corte).

Por consiguiente, ante la omisión del recurrente en señalar por lo menos una norma de carácter sustancial que, constituyendo la base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, nos encontramos ante la ausencia de la proposición jurídica.

Acerca de este punto, la Sala ya se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, entre ellas, en Sentencia CSJ SL379-2013, en la cual se puntualizó:

[…] no incluyen por lo menos una norma sustancial de alcance nacional que consagre los derechos laborales reclamados, pues simplemente en el primero, se citan normas de índole procesal y en el segundo del Código de Comercio, que no guardan ninguna relación con el derecho pensional pretendido. Si el motivo principal para la procedencia del recurso extraordinario es la violación directa o indirecta de la ley sustancial, es obvio que quien se muestre inconforme con la decisión judicial debe por lo menos indicar las disposiciones sustantivas transgredidas para, a partir de ese señalamiento, hacer viable la confrontación que debe realizar la Corte respecto de la sentencia acusada y la ley, exigencia que aún subsiste mediante la vigencia del artículo 162 de la Ley 446 de 1998, que adoptó como legislación permanente lo dispuesto por el artículo 51-1 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991, que, si bien modificó la vieja construcción jurisprudencial de la proposición jurídica completa, reclama que la acusación señale “cualquiera” de las normas de derecho sustancial “que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada.

Por lo que, siendo el motivo principal para la procedencia del recurso extraordinario de casación, la violación de la ley sustancial, es innegable que la parte que se encuentra en desacuerdo con la decisión judicial, debe, por lo menos, señalar de manera concreta y exacta el precepto sustancial transgredido, para que, a partir de ese señalamiento, proceda la Corte a realizar la confrontación de la sentencia acusada con la ley.

De tal suerte, que el impugnante, al no señalar de forma concreta por lo menos una disposición sustancial de orden nacional objeto de violación, no cumplió con su carga procesal, por lo que de entrada el cargo no resulta fundado.

d) Con respecto al señalamiento en la vía de ataque en el segundo cargo

El numeral primero del artículo 87 del CPTSS, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, indica que el recurso de casación procede por ser la sentencia violatoria de la ley sustancial: i) por vía directa en cualesquiera de sus tres modalidades (infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea), que se produce con independencia de la situación fáctica y probatoria del proceso, pues el debate se limita exclusivamente a la controversia jurídica; y ii) por la vía indirecta, que se da como consecuencia de los errores: a) de hecho en que incurre el fallador, como consecuencia de la apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba o de los medios de convicción recopilados en el proceso; b) de derecho, que se presenta cuando se da por acreditado un hecho con un elemento probatorio cualquiera, cuando la ley exige para su comprobación una prueba solemne, o también cuando no se ha apreciado, debiendo hacerlo, una probanza de esa naturaleza, que es condición para la validez sustancial del acto que contiene, estos errores conducen a la aplicación indebida de normas sustanciales nacionales.

Corolario de lo anterior, los conceptos de violación de la ley, vía directa e indirecta, obedecen a caminos distintos que no pueden transitarse en forma simultánea en un cargo e incompatibles y excluyentes entre sí. Se aúna al carácter dispositivo y rogado del recurso extraordinario, que implica que la Corte debe ceñirse por completo al discurso argumentativo del censor y al alcance que este le haya dado a la impugnación, sin que le sea permitido ir más allá o apartarse de ese estricto marco de referencia.

La imprevisión del recurrente en determinar la vía de violación de la ley sustancial, se constituye en un obstáculo técnico que impide el examen de fondo de la acusación, por cuanto en este evento es evidente que la Corte carece de un rumbo definido y predeterminado que le permitan conocer si la equivocación que se le enrostra al Tribunal obedece a la senda de lo fáctico o lo netamente jurídico, no pudiendo suplir de oficio esa deficiencia mediante la adopción de la vía de ataque que ella estime conveniente, pues, en semejante hipótesis, desconocería frontalmente el principio dispositivo atrás referido, base esencial del recurso extraordinario.

Ahora, si con laxitud extrema se escudriñara la demanda de casación se podría entender que viene enderezado por la vía indirecta, al señalar la apreciación errónea de las pruebas practicadas y endilgar errores de hecho al Tribunal y al referirse al contenido de la prueba documental (Resolución 158 de 2008) y al interrogatorio rendido por el accionante.

Esbozado lo anterior, consagra el artículo 87 del CPTSS, frente a la vía indirecta que “[…] Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o de falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido en error de derecho, o en error de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos […]”, norma que guarda estrecha armonía con el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que regula:

El error de hecho será motivo de casación laboral solamente cuando provenga de falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular; pero es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido en tal error y siempre que este aparezca de manifiesto en los autos.

Es de anotar, si la acusación se endereza por la vía indirecta, le corresponde al accionante precisar los errores fácticos en que supuestamente incurrió el Tribunal, que deben ser evidentes, manifiestos y protuberantes; mencionar cuales elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en donde incurrió en la errónea estimación, demostrando cómo la falta o la defectuosa valoración del acervo probatorio, lo condujo a los errores que le endilgan al Juez de la alzada.

Frente al tema objeto de debate, la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse en la sentencia CSJ SL, 29 jun. 2006, rad. 26.755, en la cual se expresó de la siguiente forma:

La recurrente omitió precisar cuál o cuáles fueros los supuestos yerros fácticos atribuidos al sentenciador y no basta la cita de las pruebas que se considera fueron equivocadamente apreciadas o dejadas de estimar, pues según lo dispone la legislación y lo ha precisado de manera reiterada e insiste la jurisprudencia de esta Sala, cuando la acusación se dirige por la vía indirecta requiere la enunciación de los yerros atribuidos al ad quem; lo contrario significa el incumplimiento del requisito establecido en el literal b) del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, tal como se dijo entre otras, en las sentencias del 10 de marzo de 2000, radicación Nº 13135 y del 30 de septiembre de 2003, radicación Nº 21534.

Al otear el escrito de casación que ocupa la atención de la Corte (f.º 19 del cuaderno de la Corte), se encuentra lo siguiente:

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, hizo una interpretación errónea de las pruebas porque cuando manifiesta que el trabajador no cumplía con el tiempo de labores al servicio de la empresa al momento de entrar en vigencia el Acto Legislativo 1 de 2001 (sic), en vista a que el Demandante toda vez que dice que para la fecha de entrar en vigencia solo tenía 17 años, dado que esa interpretación y manifestación es errónea, toda vez que a folio 3 del cuaderno principal la Empresa en la Resolución 158 de 2008 en el literal “g) Efectivamente revisando la hoja de vida conforme a certificación de la oficina de personal se constató que el señor HELIODORO RAMÍREZ, ha estado vinculado a la empresa desde el 3 de marzo de 1982, y que cuenta con 62 años de edad, los cuales los cumplió el 19 de febrero de 2008”. Siguiendo en orden de ideas a folio 108 si bien manifiesta que el contrato escrito fue a partir del 1º de abril de 1988, la misma empresa manifiesta que revisando la hoja de vida e trabajador sí entró el 19 de mayo de 1982 como así lo corroboró con la Resolución 158 de 2008, siendo acogido el mismo por el Despacho de Primera Instancia cuando en sentencia de primera instancia así lo acepta (fl 161 y 162).

Prosigue el recurso,

[…] que el Tribunal de Segunda instancia no tuvo en cuenta la misma sentencia de primera instancia que a folio 161 y del cuaderno principal, donde trae a colación el tiempo de servicio que le sirvió de fundamento para reconocerle pensión de jubilación cuando a su tenor manifiesta: “Se tiene que conforme al material probatorio obrante al proceso como es la misma Resolución que le reconoció el derecho prestacional como allí se encuentran liquidado, y mal se puede aceptar existe una equivocación en el expedición de la Resolución, cuando es un documento idóneo y eficaz como prueba al respecto, puede que el trabajador en interrogatorio de oficio haya expresado una fecha equivocada, pero el documento es bien claro y mal se puede decir por parte del Tribunal la existencia de una inducción a error, cuando bien lo expresa el documento “Que revisando la hoja de vida” lo cual nos arroja una especie de duda (que por ende debe ser resuelta a favor del trabajador), dado que no afecta la integridad de las pretensiones, máxime que mal se puede suplir un aprueba documental por un yerro de expresión que es obvio que se presente porque en cuestión de fechas es susceptible de presentarse, y la Empresa demandada es clara y nunca ha corregido tal yerro si de verdad existe.

De lo que se colige que el censor se abstuvo de expresar los errores concretos en que incurrió el Tribunal, lo que no puede suplir esta Corporación, dado el carácter rogado del recurso.

Con todo, el Tribunal, para establecer la fecha del extremo inicial de la relación laboral que unió a las partes, razonó de la siguiente forma:

En la contestación de la demanda (fl 75) en la respuesta al hecho primero, se acepta que el señor HELIODORO RAMÍREZ, laboró al servicio de la demanda desde 1º de abril de 1988 al 19 de mayo de 2008. Estas fechas son ratificadas por el demandante quien en el interrogatorio de parte que absuelve el 8 de julio de 2009, afirma que ingresó a laborar a partir del 1º de abril de 1988 hasta el 19 de mayo de 2008. Entonces, no hay duda que la fecha de ingreso del accionante fue el 1º de abril de 1988 y que por error se colocó un año distinto en la Resolución 158 del 8 de mayo de 2008 (f.º 18 del cuaderno del Tribunal).

Debe recordarse que en virtud de lo dispuesto por el artículo 61 del CPTSS, en los juicios del trabajo los jueces gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, están facultados para ponderarlas y valorarlas conforme a la sana crítica sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, pues en tal caso no se podrá admitir su prueba por otro medio, tal y como expresamente lo establece la primera de las normas citadas.

En ese orden, la Sala no encuentra que la apreciación probatoria efectuada por el Juez colegiado, con base en la libre formación de su convencimiento, hubiese sido contraria a los principios del derecho probatorio, pues realizó un análisis de las pruebas que consideró relevantes para definir los hechos controvertidos en instancia y llegó a la conclusión de que, con tales medios de convicción, se logró establecer el extremo inicial de la relación laboral el día 1º de abril de 1988, sumado a la liquidación de prestaciones sociales y la certificación emitida por la empresa demandada donde consta que la fecha de ingreso es 1º de abril de 1988 (f.º 15 a 17 y 18 a 19, respectivamente, del cuaderno principal).

Con todo, se observa que al demandante no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de origen convencional por las siguientes razones: i) no se discute la vigencia de la convención colectiva 1º de enero al 31 de diciembre de 2005; ii) que el demandante cumplió los requisitos de tiempo de servicios en el año 2008, al haber ingresado a laborar el 1º de abril de 1988; y iii) el contenido del parágrafo transitorio tercero del Acto legislativo 1 del 2005, que modificó las vigencias de las convenciones colectivas.

Frente al tema objeto de estudio, la Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse, entre otras en la Sentencia CSJ SL1409-2015, que reiteró lo dicho en la sentencia de anulación del 31 de enero de 2007, radicación 31000, así:

2. El recurrente sustenta igualmente su planteamiento sobre el Acto Legislativo 1 de 2005, que a la letra y en lo que aquí interesa, reza:

PAR. 2º—A partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistema general de pensiones.

PAR. TRANS. 3º—Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este acto legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este acto legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010” (Subraya fuera del texto).

[…].

Y volviendo al contenido del Acto Legislativo 1 de 2005, atrás reproducido en lo pertinente, se desprende:

Una regla general, cual es la de que, a partir de la vigencia del citado acto legislativo, no se puede acordar en pactos, convenciones colectivas, laudos o acto jurídico alguno, regímenes pensionales diferentes a los establecidos en las leyes que regulan el sistema general de pensiones. Es decir, que, desde entonces, no es lícito que los convenios colectivos de trabajo o actos jurídicos de cualquier clase establezcan sistemas pensionales distintos al implementado por la ley, aun cuando sean más favorables a los trabajadores.

Sin embargo, hay un régimen de naturaleza transitoria, según el cual las condiciones pensionales que regían a la fecha de vigencia del acto legislativo contenidas en convenios colectivos de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, mantienen su vigencia por el término inicialmente estipulado sin que en los convenios o laudos que se suscriban entre la vigencia del acto legislativo y el 31 de julio de 2010, puedan pactarse condiciones pensionales más favorables a las que se encontraren vigentes, perdiendo vigencia en cualquier caso, en la última fecha anotada.

En esta última hipótesis, cabe distinguir tres situaciones:

a) El “término inicialmente estipulado” hace alusión al que las partes celebrantes de un convenio colectivo expresamente hayan pactado como el de la duración del mismo, de manera que, si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el “término inicialmente pactado”. Ocurrido esto, el convenio pierde totalmente su vigencia en cuanto a materia pensional se refiere y no podrán las partes ni los árbitros disponer sobre dicha materia en un conflicto colectivo económico posterior.

b) En el caso en que al momento de entrada en vigencia del Acto Legislativo un convenio colectivo estaba vigente por virtud de la figura de la prórroga automática.

c) Cuando la convención colectiva de trabajo a la entrada en vigencia del acto legislativo se encuentra surtiendo efectos por virtud de la denuncia de la convención colectiva de trabajo y la iniciación posterior del conflicto colectivo de trabajo que no ha tenido solución.

En las dos últimas situaciones, debe advertirse que la convención sigue vigente por ministerio de la ley y no por voluntad de las partes. En estos casos, de conformidad con el parágrafo 3º transitorio, las disposiciones convencionales en materia de pensiones continúan su observancia hasta el 31 de julio de 2010 y no pueden las partes ni los árbitros, entre la vigencia del acto legislativo y el 31 de julio de 2010, pactar o disponer condiciones más favorables a las que están en vigor a la fecha en que entró a regir el acto legislativo.

Quiere decir lo anterior, que, por voluntad del constituyente delegado, las disposiciones convencionales en materia de pensión de jubilación que se encontraban rigiendo a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005, mantendrán su curso máximo hasta el 31 de julio de 2010, lo que indica que ni las partes ni los árbitros pueden regular condiciones más benéficas a las estipuladas, pues la voluntad superior les ha prohibido expresamente tratar ese punto.

En ese orden, como quiera que el demandante se encontraba en la hipótesis del término inicialmente estipulado (convención vigente del 1º de enero al 31 de diciembre de 2005), ese convenio colectivo rigió hasta la última fecha señalada, de manera que, a partir de ese momento histórico el convenio perdió totalmente su vigencia en cuanto a materia pensional, por lo que no le asiste razón al recurrente dado a que cumplió los requisitos del tiempo exigido en la convención colectiva en el año 2008, fecha para la cual no producía efectos la convención colectiva por mandato del Acto Legislativo 1 de 2005, de manera que su pretendida pensión no es legítima.

A lo manifestado se añade, que la norma convencional extrañada por la censura, era aplicada aún después de agotada su vigencia, solo en el evento en que el trabajador hubiese cumplido los 20 años de servicios estando en vigor la CCT, quedando pendiente únicamente el cumplimiento de la edad, 55 años, la cual era un requisito para su disfrute, situación que, en el presente caso, es inversa, pues el recurrente cumplió la edad rigiendo el acuerdo colectivo, pero los 20 años de servicios después de la expirada.

Por todo lo mencionado, los cargos resultan imprósperos.

Ante el fracaso del recurso propuesto, las costas quedan a cargo de la parte demandante y a favor de la opositora. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.750.000 que se deberán incluir en la oportunidad señalada en el artículo 366 del CGP.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por HELIODORO RAMÍREZ contra la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL ESP.

Costas como se señaló en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Santander Rafael Brito Cuadrado—Cecilia Margarita Durán Ujueta—Carlos Arturo Guarín Jurado.