Sentencia SL15375-2017/47801 de septiembre 13 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 4

Magistrada ponente:

Dra. Ana María Muñoz Segura

SL15375-2017

Rad. 47801

Acta 10

Bogotá, D.C., 13 de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por Ángela María Gómez Jiménez contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 16 de diciembre de 2009, dentro del proceso adelantado por ella contra la sociedad Quebecor World Bogotá S.A.

EXTRACTOS: «V. Recurso de casación.

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

VI. Alcance de la impugnación.

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que en sede de instancia, se revoque la sentencia de primer grado y condene a la demandada a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formuló un cargo por la causal primera de casación, por la vía indirecta, el cual, carente de oposición, pasa a ser examinado por la Corte.

VII. Cargo único.

Acusó la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 27, 65, 127, 132 y 186 del Código Sustantivo del Trabajo; el artículo 6º de la Ley 50 de 1990; artículo 5º del Decreto 2351 de 1965; artículo 16 de la Ley 446 de 1998; artículo 307 del Código de Procedimiento Civil; en relación con los artículos 1º, 13, 28, 43, 55, 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo; artículo 18 de la Ley 50 de 1990; artículo 8 de la Ley 53 de 1886; artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 1500, 1502, 1602 y 1618 del Código Civil.

Como errores evidentes de hecho en que incurrió el Tribunal, adujo los siguientes:

1. No dar por demostrado, estándolo, que Quebecor World Bogotá S.A., y Ángela María Gómez Ángel en agosto de 2002 celebraron un contrato individual de trabajo para ejecutivos de ventas, en el cual acordaron en forma expresa que la compañía pagaría mensualmente un salario integral, que estaría compuesto por dos factores independientes y autónomos:

a) Un factor fijo de $ 4'017.000.00.

b) Un factor variable por concepto de comisiones mensuales.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la empleadora modificó unilateralmente las condiciones salariales pactadas con la demandante, porque “definió” que la composición del salario era un fijo integral compuesto únicamente por comisiones, y que todo pago que excediera del factor fijo mensual acordado ($ 4'017.000.00) pasaría a ser comisión.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la empresa enmascaró en las comisiones el pago del factor fijo mensual a que tenía derecho la señora Gómez Ángel, esto es $4'107.000.00.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la empleadora, durante los meses de agosto de 2002 a enero de 2004 únicamente pagó a Ángela María Gómez Ángel las comisiones por venta y recaudo causadas para ese período.

5. No dar por demostrado, estándolo, que durante los meses de agosto 2002 a enero de 2004 la empleadora no pagó a Ángela María Gómez Ángel el valor del factor filo del salario integral ($ 4'017.000.00) en cada uno de esos meses.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que no existen pruebas en el expediente que acrediten los mayores valores y sumas pendientes que adeuda Quebecor World Bogotá S.A. a Ángela María Gómez Ángel.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que mediante resolución 0008 de “primero de junio (sic) de 2003”, la demandada “cumplió en debida forma con lo establecido contractualmente.”

8. No dar por demostrado, estándolo, que el cargo ocupado por Ángela María Gómez Ángel desde agosto de 2002 a enero de 2004 fue ejecutivo de ventas y/o ejecutivo de ventas internacional.

9. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada removió unilateralmente del cargo a mi mandante, trasladándola a otro inferior denominado ejecutivo de ventas senior.

10. No dar por demostrado, estándolo, que la “política sobre comisiones de ventas” establecida en la Resolución 0008 de 01-07-2003, no podía ser aplicada a la demandante, porque aquella se refería a los ejecutivos de ventas junior, senior, master, y mi mandante no pertenecía a ninguna de esas categorías.

11. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada desde el 2002, había establecido una política de ventas, en la cual las comisiones ascendían al 2.14% por ventas superiores a $ 188.000.001.

12. No dar por demostrado, estándolo, que esa política de ventas estuvo vigente también respecto de mi mandante para los años 2003 y 2004.

13. No dar por demostrado, estándolo, la disminución unilateral que hizo la empleadora del salario de mi mandante, al manifestar que las comisiones por facturación y recaudo de ella, se pagaron conforme a la Resolución 0008 de 2003.

14. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante expresó a su empleadora su rechazo y por tanto, la no aceptación de las modificaciones unilaterales a las condiciones laborales realizadas por la demandada.

15. Dar por demostrado, sin estarlo, que conforme a folios 16 a 21, la demandada pagó todas las prestaciones a que tenía derecho mi mandante.

16. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada no liquidó en debida forma las vacaciones y la indemnización por despido de mi mandante, ya que el cálculo fue realizado sobre un salario inferior al que realmente devengado, ya que en el mismo no se había incluido el factor fijo ni el excedente de comisiones.

17. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada actuó de mala fe al cambiar unilateralmente las condiciones salariales pactadas con la demandante; al no pagar desde agosto de 2002 a enero de 2004 el factor fijo mensual del salario integral, esto es $ 4'017.000.00; al no pagar el excedente de las comisiones que adeuda la empresa desde julio de 2003; al no pagar el monto real de salarios, comisiones, vacaciones e indemnización por despido injusto a que tenía derecho la demandante.

Como pruebas no apreciadas, señaló:

a) Políticas de ventas de Quebecor World Bogotá S.A. - enero a diciembre de 2002 (fl. 17).

b) Carta de 18 de julio de 2003 dirigida al gerente general de Quebecor World por parte de las señoras Constanza Gálvis M. y Ángela María Gómez (fls. 22 a 24).

c) Comunicación de 7 de noviembre de 2003 dirigida al gerente de Quebecor World Bogotá S.A. por parte de Ángela María Gómez Ángel (fls. 25 a 27 y 62 a 64).

d) Comunicación de “Noviembre 20 de 2003” dirigida a la demandante por parte del gerente general de Quebecor World Bogotá S.A. (fl. 28).

e) Comunicación de 26 de noviembre de 2003 dirigida a la demandante por parte del gerente general de Quebecor World Bogotá S.A. (fls. 29 a 30).

f) Comunicación de 27 de noviembre de 2003, dirigida al gerente general de Quebecor World Bogotá S.A. por parte de la demandante (fls. 31 a 32).

g) Comunicación de 11 de diciembre de 2003 dirigida a la demandante por parte del gerente general de Quebecor World Bogotá S.A. (fI. 33).

h) Carta de enero de 2004 dirigida a la demandante por parte del gerente general de Quebecor World Bogotá S.A. —Ricardo Gálvez Velásquez (fl. 34)

i) Facturación demandante de agosto de 2002 (fi. 95); septiembre de 2002 (fI. 141); octubre de 2002 (fls. 105 y 112); noviembre de 2002 (fl. 109 y 113); diciembre de 2002 (fl. 108); enero 2003 (fI. 117 y 126); febrero 2003 (fls. 119 y 124); marzo 2003 (fls. 126 y 130); abril 2003 (fis. 131 y 134); mayo 2003 (fls. 136 y 139); junio 2003 (fls. 141 y 143); julio 2003 (fls. 136, 139 y 145); agosto 2003 (fls. 78); septiembre 2003 (fl. 83); octubre 2003 (fI. 85); noviembre 2003 (fl. 89); —total de ventas— diciembre 2003 (fls. 91).

j) Comprobantes de nómina agosto 2002 (fI. 93); septiembre 2002 (fl. 97); octubre 2002 (fI. 101); enero de 2003 (fl. 115); febrero 2003 (fI. 118); marzo 2003 (fl. 123); agosto 2003 (fl. 74).

k) Confesión judicial del representante legal de Quebecor World Bogotá S.A., llevada a cabo en la diligencia de interrogatorio de parte (fis. 146 a 148 y 149 a 152).

l) Facturación demandante agosto de 2002 (fl. 140 y 142); septiembre de 2002 (fls. 145 y 146); octubre de 2002 (fls.145 y 149); enero 2003 (fl. 128); julio 2003 (fl. 157); total de ventas — enero 2004 (fl. 42);

m) Comprobantes de nómina diciembre 2002 (fl. 225); abril 2003 (fls. 233 y 234); mayo 2003 (fls. 235 y 236); junio 2003 (fl. 237); julio 2003 (fls. 238 y 239); agosto 2003 (fls. 240 y 241); septiembre 2003 (fls. 242 y 243); octubre 2003 (fls. 244 y 245); noviembre 2003 (fl. 246); diciembre 2003 (fl. 249); enero 2004 (fl. 250).

Testimonios de Rita Constanza Gálvis Mosquera (fls. 180 a 182); Rodrigo Vargas (fls. 183 a 185) y Ruth Cecilia Ojeda (fls. 185 a 187).

Como pruebas mal apreciadas, indicó:

a) Demanda (folios 2 a 8 del expediente).

b) Contrato individual de trabajo para ejecutivos de ventas (fls. 13 a 16 y 65 a 68).

c) Resolución 008 —comisión de ventas— de 01-07-2003 (fl. 18).

d) Liquidación final de contrato de trabajo —elaborada el 30— 01 -2004 (fl. 19).

e) Comprobante de pago —reliquidación de prestaciones sociales— por ingreso de comisiones posteriores al retiro (fl. 20).

f) Documento denominado por el tribunal cancelación de rubros adeudados (fl. 21).

g) Escrito de contestación de demanda (fls. 45 a 54). folios 16 a 19 del “cuaderno anexo”, que se refieren a comprobantes de nómina para los períodos de: 16 a 30 de octubre de 2002 (fl. 19); 1 a 15 de noviembre de 2002 (fls. 18 y 111); 16 a 30 de noviembre de 2002 (fls. 17 y 111); 1 a 15 de diciembre de 2002 (fl. 16).

En desarrollo del cargo, sostuvo que el tribunal se equivocó al no deducir del contrato de trabajo que se pactó entre las partes un salario integral fijo que sería adicionado por las comisiones que devengare la trabajadora, lo cual no podía ser unilateralmente modificado o desmejorado por el empleador. Señaló que del interrogatorio de parte al demandado se comprobó que sólo se pagó a favor de la demandante el valor de la comisión pero no del salario fijo pactado, por lo que sigue insoluto, dado que de los comprobantes de pago firmados por la trabajadora, sólo se evidencian pagos por comisiones, así la empresa los denominara como “salario integral”.

Finalizó indicando que el interés de la empresa demandada en modificar el cargo desempeñado correspondía a una operación para mimetizar las desmejoras sufridas por la trabajadora, así como que las comisiones fueron liquidadas de una manera diferente a la que le correspondía por no serle aplicable el cambio de política de comisiones en el año 2003, lo que hacía imperioso reliquidar sus acreencias laborales.

VIII. Consideraciones.

El problema jurídico a resolver por la Corte se contrae a establecer si se equivocó el Tribunal al no encontrar elementos de juicio para advertir un incumplimiento contractual del empleador en el pago del salario variable pactado en el contrato de trabajo, y tras ello, no acceder a la reliquidación de acreencias laborales pretendida por la demandante.

1. El pacto de remuneración variable.

El tribunal, como quedó dicho, fundó su decisión en que en el plenario quedó demostrado el pago de todas las prestaciones sociales causadas a favor de la demandante y el pago de las comisiones y demás pagos a los que ésta tenía derecho, al tiempo que no existía prueba para percibir un mayor valor al demostrado documentalmente. La censura, a su turno, principalmente criticó que el Tribunal se equivocó al no evidenciar un cambio unilateral por el empleador respecto de la remuneración pactada en el contrato a raíz de la publicación de la Resolución 008 de 2003 y al omitir verificar el pago del salario integral fijo acordado contractualmente que fue artificialmente mimetizado por el empleador en el pago periódico de comisiones.

Pues bien, de la cláusula 5º del contrato de trabajo suscrito entre las partes en el mes de agosto de 2002 y que hace referencia a la remuneración, se advierte con claridad, tal como lo evidenció el tribunal, lo siguiente:

“QUINTA.—Remuneración. La compañía pagará al empleado por la prestación de sus servicios la cantidad de cuatro millones diecisiete mil pesos m/cte. ($ 4.017.000,00) mensuales como salario integral fijo remunerativo, suma que se cubrirá por quincenas vencidas.

“PAR. 1º—Además de la remuneración integral fija establecida en esta cláusula, el empleado devengará una suma variable por concepto de comisiones mensuales, por cumplimiento de objetivos por ventas en los porcentajes previamente establecidos por la compañía en su política anual de ventas.

“PAR. 2º—El excedente devengado sobre el valor fijo establecido en esta cláusula, corresponderá a salario integral por comisiones variables. Las partes acuerdan que las condiciones y requisitos necesarios para determinar el monto de las comisiones cada doce (12) meses serán fijados (anualmente) por la gerencia, mediante comunicación por escrito, de conformidad con las políticas comerciales de la empresa y las condiciones del mercado.

“PAR. 3º—En el salario integral mensual aquí estipulado, entendiéndose tanto la proporción del salario integral fijo como la proporción del salario integral variable, ha quedado incluido el valor del descanso dominical y festivo remunerado, recargos, subsidios, viáticos etc., por el correspondiente mes de servicios, así como el factor prestacional que contempla: auxilio de cesantía, intereses al auxilio de cesantía, y prima legal de servicios.

“PAR. 4º—De acuerdo con la normatividad laboral vigente, los aportes al sistema general de seguridad social se efectuarán con base en el setenta por ciento (70%) del valor total del salario integral, y para efectos de retención en la fuente, se considera exento el treinta por ciento (30%) de ese valor. Cualquier variación legal a lo aquí estipulado será de aplicación inmediata a este contrato: El valor correspondiente al descanso anual o sea las vacaciones, una vez adquirido el derecho le será reconocido en los términos del art. 186 del C.S.T.

De otro lado, la Resolución 008 del 1º de julio de 2003, en la cual se fijan las condiciones sobre “comisiones de ventas” y “remuneración de la fuerza de ventas” a partir de la fecha de comunicación de aquel documento, dirigido a funcionarios de la compañía y con copia al “equipo directivo” de la misma, estableció:

1. A partir de la fecha, la comisión de ventas será el 2.5%. sobre el valor agregado de cada factura.

2. La comision se liquidará el 50% a la facturación y el 50% al recaudo de cada factura.

3. La comisión se mantendrá plena mientras su cobro se realice dentro de los 15 días de su vencimiento, entre los 15 y 30 días de su vencimiento se reducirá al 80%. entre 30 y 45 días de vencida se reconocerá el 50%. después de 45 días de vencida se perderá la comisión sobre el recaudo.

4. Los anticipos de comisión o valor fijo reconocido a cada ejecutivo de ventas se clasificará de acuerdo con su nivel de ventas presupuestado. categorizándolos como: junior, senior, y master.

5. El valor del anticipo será descontado del valor de las omisiones liquidadas mensualmente. Un criterio de evaluación del desempeño comercial es la capacidad de recuperar el anticipo de la comisión por las ventas mensuales realizadas.

6. El controller tiene la responsabilidad de liquidar mensualmente las comisiones de ventas, de acuerdo con las políticas de Quebecor World e instruir al área de recursos humanos sobre la cancelación de las mismas, con base en el listado de asignación de clientes presupuestados por vendedor.

7. Las comisiones por los recaudos de las ventas facturadas con anterioridad a la vigencia de la presente resolución se liquidaran con base en el contenido de la presente.

Como primera medida, la censura señala que este documento constituyó un desconocimiento de lo pactado entre las partes contractualmente, en perjuicio de la demandante. También, que la susodicha política de comisiones no le era aplicable a aquella, dado que ostentaba un cargo de una categoría diferente al de “ejecutivos de ventas junior, senior, master”. Sin embargo, ningún error cometió el Tribunal en las conclusiones a las que arribó con relación a dicho documento.

Vista la resolución en cita, resulta pertinente deducir que las denominaciones de “junior, senior y master” de los ejecutivos de ventas, no resultan extrañas a la condición de la trabajadora como “ejecutivo de ventas” conforme su contrato de trabajo suscrito en el año 2002, aún si en alguna parte del mismo se mencionó el cargo de “ejecutivo de ventas internacional”. Ello, en razón a que lo que se colige de la política de remuneración de la fuerza comercial que implantó la compañía a partir del 1º de julio de 2003, es que no se crearon categorías de ejecutivos de ventas diferentes a las que ya pudieran estar vigentes en la empresa, sino que lo que se deduce de aquel documento, precisamente, fue la intención del empleador para recategorizar o clasificar a toda la fuerza de ventas en alguno de los citados niveles, con la finalidad de ajustar el esquema de remuneración variable. El alcance del mismo documento corresponde a la generalidad de la fuerza de ventas de la empresa, sin distingos.

De allí que resulte consonante la política comercial y de comisiones de julio de 2003, con la certificación que el 20 de noviembre del mismo año expidió la empresa demandada a favor de la recurrente, donde se aclaró su condición de “ejecutivo de ventas senior” —a pesar de la oposición de la demandante—, aclaración que no dependía de la aceptación o voluntad de la trabajadora y que tampoco resultaba incompatible con el contrato suscrito. Vale decir que si la demandante pretendía demostrar la equivocación del Tribunal al tenerla por “ejecutivo de ventas senior”, sin serlo, debía haber conducido a los jueces de instancia a la certeza de que al margen de las categorías citadas, seguía existiendo autónomamente de la denominación de “ejecutivo de ventas internacional” aplicable para su cargo.

Luego, no se equivocó el tribunal al tener por aplicable la Resolución 008 de 2003 a la demandante, a pesar de su inconformidad, comoquiera que —como lo concluyó el ad quem, sin error—, las comisiones de la actora sí quedaron cobijadas por dicho estatuto a partir del 1º de julio de 2003, que legítimamente podía ser modificado por el empleador de forma unilateral.

En resumen, no resulta siendo cierto entonces —y por ende, no se pudo equivocar el tribunal en ese sentido—, que la Resolución 008 de 2003 no fuera aplicable a la trabajadora por no ser ésta una ejecutiva de ventas “junior”, “senior” o “master”, dado que no eran categorías diferentes a la suya y no era ésta ajena a aquellas.

2. El pago de la porción variable del salario pactado.

Ahora bien, de la forma como quedó transcrito con antelación, las partes dentro del contrato de trabajo previeron la manera de remuneración en los términos de la libertad que apareja el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, de forma que:

a) Existía una porción fija pactada bajo la modalidad de salario integral, equivalente para el año 2012 a la suma de $ 4.017.000.

b) Existía una porción variable, adicional a la suma fija prevista, a título de comisiones mensuales por cumplimiento de objetivos por ventas.

c) Los objetivos por ventas que incidían en el cálculo de la porción variable del salario integral, eran establecidos previamente por la compañía en su política anual de ventas.

d) El excedente de lo devengado a título de salario integral fijo, es decir, la suma de $ 4.017.000, correspondería al salario integral en la porción variable.

e) Las condiciones y requisitos necesarios para determinar el monto de las comisiones cada anualidad, sería fijado por la gerencia de la compañía de forma escrita, conforme a las políticas comerciales de la empresa y las condiciones del mercado.

f) Dentro del valor del salario integral pactado, tanto en su porción fija como su parte variable, estuvo incluido “el valor del descanso dominical y festivo, recargos, subsidios, viáticos, etc., por el correspondiente mes de servicios”, así como el factor prestacional que incluyó el auxilio de cesantías, los intereses a las mismas y la prima de servicios.

g) Los aportes al sistema de seguridad social integral se harían por el 70% del valor total del salario integral pactado.

h) Las vacaciones serían reconocidas en los términos del artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo.

Conforme lo dicho, la Resolución 008 del 1º de julio de 2003, expedida por el empleador con la finalidad de fijar las condiciones de remuneración de la fuerza de ventas y comisiones por ventas a partir aquella fecha, no tuvo otro efecto sino ajustarse a la aplicación de la cláusula 5º del contrato de trabajo suscrito entre las partes en agosto de 2002, sin que aparezca equivocado el raciocinio del tribunal sobre este aspecto dado que precisamente a igual conclusión arribó del análisis de los documentos denunciados por la recurrente como mal apreciados.

No otra cosa se colige de los documentos en cita, a pesar del reproche de la casacionista. Advierte la Sala que la posición jurídica de la censura pareciera fundarse en la lectura parcial del pacto de remuneración contenido en el contrato de trabajo que ató a las partes, dado que lo que insistentemente ataca como un error del tribunal en la valoración del mismo contrato de trabajo y la Resolución 008 de 2003 se encuentra claramente previsto en el parágrafo 3º de la cláusula 5º de aquel documento, en virtud de la cual las partes de forma libre estipularon, no sólo que los objetivos por ventas serían redactados por el empleador de forma anual, sino que, el exceso del salario fijo integral pactado, de forma automática sería considerado salario variable también en la modalidad integral, pacto que aunque exótico, no resulta contrario a la ley.

Así, para la Sala es claro que en un asunto como el sub lite, las partes bien podían pactar la existencia de un salario fijo correspondiente al mínimo bajo la modalidad de integral, y adicionarlo con el devengo de comisiones. En ocasiones anteriores en el estudio de asuntos similares, ya ha dicho esta Corporación, incluso, que la circunstancia de que se disponga el pago de un básico más unas comisiones para llegar al tope mínimo integral, no implica reducción del salario, ni desmejora salarial, como tampoco ineficacia del acuerdo contractual inicial sobre la modalidad remunerativa de salario integral (CSJ SL, 29 nov. 2008, rad. 34664).

De esta forma, según lo acordado entre las partes, el contrato de trabajo habría de ejecutarse de manera que a partir del mes de julio de 2003, la trabajadora percibiere a título de salario integral fijo un valor no menor al salario mínimo integral vigente para aquella anualidad, y en adición a ello, el pago de las comisiones por ventas o por recaudos a las que tuviere derecho conforme la aplicación de los porcentajes fijados por el empleador en la política comercial anual, que para el efecto, la constituyó la Resolución 008 de 2003. Siendo ello así, lo devengado en un período mensual en exceso del tope del salario mínimo integral, sería pagadero a título de salario integral variable.

Revisados los documentos que la censura tilda de inapreciados o mal apreciados, no resulta evidente ni ostensible un error del tribunal respecto del reproche de no haber percibido la ausencia de pagos específicamente por el salario integral fijo durante los períodos comprendidos entre agosto de 2002 y enero de 2004, bajo el supuesto de que sólo fueron pagadas las comisiones y el empleador “enmascaró” el pago de la porción fija dentro del pago de la porción variable. Lo que verdaderamente se deduce de aquellos documentos es que si existieron pagos que previo a la existencia de la Resolución 008 de 2003 correspondían a un concepto denominado como “salario integral” y dentro del mismo mes calendario, un concepto titulado “comisiones integrales”, que tuvieron ocurrencia por los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2002; y por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003.

Una vez entrada en vigencia la citada Resolución 008 de 2003, se siguió registrando en los comprobantes de egreso pagos por concepto de “salario integral” o simplemente “sueldo” y “comisiones integrales” o “comisiones ordinarias”, que se mantuvieron por los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2003, y hasta la finalización del vínculo contractual en el mes de enero de 2004.

Ahora bien, si lo que pretendía la censura era demostrar que dentro de los conceptos de “salario integral”, “sueldo”, “comisiones integrales” o “comisiones ordinarias” se mimetizó irregularmente por el empleador el impago del salario integral fijo mensual, debía asegurarse que en cada una de las instancias se desglosara con puntualidad la manera cómo debieron liquidarse las comisiones en favor de la demandante de forma que quedara en evidencia el error del empleador en el pago al que estaba obligado, y de contera, el posible error del tribunal de no advertirlo así.

Sin embargo, lo que fluye del expediente es que el ad quem no llegó a una conclusión contraria a derecho o de espalda a la evidencia, precisamente porque concluyó que a la demandante sí le cancelaron un salario fijo integral no menor al mínimo pactado, y mensualmente sí recibió comisiones a título de salario. Se debe reiterar que si la censura pretendía probar que las comisiones pagadas eran menores a las percibidas en la realidad —como se esfuerza en demostrarlo en casación—, no podía esperar que lo dedujera peregrinamente el juez de conocimiento sin más elementos de juicio que los que obran en el plenario, sino que era su deber llevarlo a la certeza de que lo pagado resultaba menos de lo exigible.

No obstante, el pleito tomó una senda diferente al concentrarse la actora en demostrar que la remuneración pactada sí consistía en un salario fijo integral más unas comisiones variables, algo que, valga decir, no fue desconocido por el demandante. Ello fue lo que llevó al tribunal a concluir que los emolumentos causados a favor de la actora sí tuvieron lugar en el curso de la relación laboral y sí fueron pagados a la misma, de forma que las argumentaciones exhaustivas de la censora que en la sede extraordinaria se esfuerza por intentar demostrar con nuevos argumentos por qué existen pagos insolutos, no tienen el poder de derruir lo concluido por el tribunal. De esta forma, no se evidencia el error, menos aún ostensible, en la conclusión del juez de segundo grado respecto de la ausencia de prueba sobre el presunto mayor valor de comisiones a que tenía derecho la actora, porque la decisión del tribunal se basó en lo que razonablemente tuvo a su alcance para analizar al momento del fallo definitivo de segundo grado, sin que le hubiera sido exigible atender los argumentos que de una forma un poco más clara esboza la casacionista, pero ante la Corte.

Ciertamente, en los folios que denuncia como apreciados defectuosamente por el tribunal, la recurrente insiste en que la liquidación de comisiones con la información disponible en el plenario conducía a un valor palmariamente mayor al que efectivamente le fue cancelado a la demandante, empero, no se detuvo a atacar en las instancias el presunto error del empleador en el cálculo de la comisión que sí fue pagada a la actora, para llegar por la misma vía al posible error del tribunal que no encontró equivocada la liquidación de aquel. Tampoco en la sede extraordinaria, si fuera del caso actuar como instancia, resulta evidente el error en la liquidación de las comisiones desde agosto de 2002 hasta enero de 2004, comoquiera que se limita a imponer su propio criterio sin precisar los errores que debieron ser corregidos.

Pasa por alto la censura, por ejemplo, que en la facturación de cada uno de los períodos mensuales que servía de base para calcular la liquidación de comisiones existía el dato preciso de la comisión mensual liquidada a favor de la actora —mismos datos que tuvo a su alcance el tribunal para concluir lo conocido—, pero fueron evitados por la recurrente que apenas en casación intentó hacer un ejercicio de liquidación diferente, propio del debate de instancia.

Importa reiterar que en las pruebas denunciadas por la censura como mal apreciadas o ausentes de valoración, se encuentra no sólo que sí fueron valoradas por el tribunal sino que sí existió periódicamente un rubro de pagos por comisiones y por salario integral que corresponden a los documentos también obrantes en el expediente, sin que se advierta que la demandante en las instancias haya agotado el esfuerzo probatorio y argumentativo que llevara al juez, en cada caso, a aceptar su convicción, y que debía hacerlo principalmente en la etapa probatoria surtida en la primera instancia para garantizar el derecho a la defensa del demandado. Ahora, si al término de la primera instancia la decisión le era adversa, como en efecto lo fue, la demandante interesada debía habilitar la competencia del tribunal explicando las razones precisas de por qué le asistía un derecho a un pago mayor de comisiones que el que quedó registrado en sus comprobantes de pago, lo que no tuvo ocurrencia y por ende, no tuvo el efecto de generar el error del tribunal que hoy se le atribuye.

El extenso memorial que constituye la demanda de casación resulta lleno de explicaciones acerca de los cálculos que debieron tener en cuenta tanto el juez de primera como de segunda instancia para el cálculo de las comisiones presuntamente insolutas, sin que se evidencie por la Corte que el mismo ejercicio se hubiera agotado ante aquellos administradores judiciales que a la luz de las pruebas obrantes en el plenario y la argumentación del interesado, debían encontrar si le asistía el derecho o no en su pretensión.

La censura no sólo se extiende en la explicación de la fórmula de cálculo de comisiones que, en su opinión, debían aplicarse a la parte actora, sino que lo hace bajo su propia visión del pleito, sin demostrar lo que era menester hacer en últimas, esto es, la equivocación del tribunal en la valoración de los documentos auténticos obrantes en el expediente. El alegato que presenta en sede de casación bien pudo hacerlo consistir el recurrente en el recurso de apelación que debió presentar ante la decisión adversa de primera instancia, de manera que forzara al tribunal a pronunciarse sobre la liquidación que, en su criterio, favorecía a la demandante. Si tales disquisiciones no tuvieron lugar para estudio del ad quem en la forma como fueron planteadas, no podían ser propuestas como demostración del cargo formulado en casación.

De tiempo atrás ha sentado la Corte que le resulta ajeno actuar como si fuera una tercera instancia cuando no es ésta su competencia (CSJ SL, 28 ago. 2012, rad. 43009; y CSJ AL1932-2017), más aún cuando no se demostró de forma ostensible cómo pudo errar el tribunal en su decisión tomando en consideración lo discutido en las instancias. Las providenciales argumentaciones que resultan claras en casación, pero que estuvieron ausentes en el debate probatorio, no son suficientes para encontrar probada la equivocación del ad quem que dé lugar al quiebre de la sentencia impugnada.

No sobra recodar que este recurso extraordinario no le otorga a la Corte la competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, habida cuenta que su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia impugnada con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto (CSJ AL1292-2017).

Tampoco arriba la Corte a la convicción de lo recriminado por la censura con base en el interrogatorio de parte del cual se pretende extraer una confesión respecto del presunto impago del salario integral fijo pactado en el contrato de trabajo. Sobre el particular tiene dicho la Sala que “el interrogatorio de parte en sí mismo considerado no es un medio hábil en la casación del trabajo, salvo que, en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, contenga la confesión de algún hecho” (CSJ SL, 29 jul. 2008, rad. 32044, reiterada en CSJ SL10880-2017), por lo que debe analizarse el medio de prueba en función de la verificación si existe en éste verdaderamente una confesión, que haga del mismo una prueba calificada para la sede extraordinaria.

Así lo dejó dicho la Sala en reciente providencia SL10756-2017, en cita de la sentencia del 30 de octubre de 2012, rad. 39668:

[…]De otro lado, el recurrente señala como confesión del representante legal de la demandada, lo que no es cosa distinta que declaraciones en su propio favor, o sea que en últimas pretende derivar errores del juzgador del interrogatorio de parte el cual en sí mismo no está consagrado como medio demostrativo susceptible de generar la ocurrencia de errores de hecho, ya que el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 establece “El error de hecho será motivo de casación laboral solamente cuando provenga de falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular…” (destaca la Corte), norma en la que no aparece dicho medio de convicción, pues este solamente será prueba calificada en casación cuando contenga confesión, esto es, cuando el absolvente reconozca hechos que le produzcan consecuencias jurídicas adversas, o que favorezcan a la contraparte, lo que no sucede con las manifestaciones del absolvente, quien se refiere […] En tercer lugar, es palmar que el recurrente no hace una confrontación clara y contundente entre lo que el Tribunal vio en las pruebas que se denuncian como mal apreciadas y lo que estas realmente reflejan, sino que se limita a hacer unas consideraciones generales sobre el alcance de las pruebas y a sostener su posición sobre las mismas, circunstancia que compromete de manera grave la eficacia del ataque (negras originales).

El censor indica que el representante legal de la sociedad demandada confesó que sólo pagó a la demandante los valores por concepto de comisiones y no, el valor fijo correspondiente al salario integral en la porción estable. Ahora bien, revisado el interrogatorio de parte rendido, se encuentra que en la pregunta Nº 16 del cuestionario formulado por la demandante, se le indagó expresamente:

[…] Por quién o quiénes estaban firmados los documentos que se indican en la pregunta anterior, es decir, no los recibos de pago sino las liquidaciones de comisiones mensuales de la demandante, es decir (sic) según lo que usted revisó en la empresa.

A lo que el absolvente, manifestó:

[…] Lo que yo revisé en la empresa corresponde a los valores totales pagados como comisión deducidos de los recibos de pagos y comparados contra las ventas y recaudos de la demandante en los meses respectivos lo que se estableció un porcentaje que como anoté mes a mes, varía y por lo que yo deduje corresponde a un acuerdo; de allí que los documentos que yo revisé corresponde a los pagos que en sus comprobantes refleja el valor de la comisión y que sólo están firmados por la demandante.

Más adelante, en la demostración del cargo, la censora vuelve a recabar sobre el interrogatorio de parte del demandado para deducir de la respuesta otorgada por éste a la pregunta Nº 10, que sí existió una desmejora de las condiciones de la actora. Dicha pregunta y su respuesta, corresponden a:

[…] Pregunta Nº 10: De acuerdo con su respuesta anterior, quiere decir que la empresa que usted representa con la demandante y los demás vendedores acordaba mensualmente el monto del salario en cuanto a que hace relación a comisión por ventas y recaudos.

Respondió: Anterior al período julio 2003 y basados en la cláusula quinta del contrato, la organización definió que la composición del salario era un fijo integral, y que todo pago que excediera del fijo mensual era comisión, como reza en el parágrafo 2º de la cláusula quinta del contrato, determinando entonces que la parte variable correspondía a un porcentaje que se reconocía sobre lo recaudado y lo vendido. Pero que basado en la inspección y dada la inexistencia en los archivos de un documento que oficializase se deduce que es variable y acordado mensualmente. A partir de julio de 2003, la administración normaliza y establece normaliza y estable (sic) en forma explícita y expresa mediante Resolución 8 la forma fija como ocurría dichas liquidaciones para evitar interpretaciones de acuerdos anteriores e individuales que, repito, deduzco que se ejercían entre administrador y la demandada. Debido a que mi inspección y referencia se basa en el estudio de los archivos de la demandada no puedo ampliar la deducción a las otras vendedoras.

Pues bien, nótese cómo ninguna de las respuestas aportadas por el representante del demando resulta constitutiva de una confesión respecto de lo pretendido por la censura, esto es, el no pago del salario fijo pactado, su inclusión automática en el pago ordinario de comisiones o el pago inadecuado de las mismas.

Las conclusiones del censor resultan diferentes a lo que subyace de la prueba del interrogatorio de parte, del cual no se extrae alguna manifestación adversa a sus intereses, y por ende, con la fuerza de confesión y capaz de derruir lo examinado por el juez de segunda instancia. Efectivamente no se verifica de las respuestas proveídas una afirmación del demandado que le produzca efectos adversos o que favorezca a la contraparte en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil —hoy, artículo 191 del Código General del Proceso— menos aun a la luz de la literalidad de las pretensiones y los hechos de la demanda.

Finalmente, las comunicaciones cruzadas entre las partes que dan fe de las diferencias sustanciales respecto del alcance y aplicación de la cláusula 5º del contrato de trabajo y la Resolución 008 de 2003, no aportan al proceso nada diferente a lo que dejó sentado el tribunal, es decir, la oposición insistente de la demandante que se reflejó en sus pretensiones en juicio, y, a su turno, la ratificación de la legalidad en su actuación por parte del empleador. El tribunal no pudo apreciar erróneamente aquellas pruebas cuando no dedujo de éstas en absoluto algo diferente a las ya citadas diferencias de criterio, sin que sean documentos constitutivos por sí mismos de la probanza de situaciones que condujeran a una conclusión fáctica distante de la adoptada por el ad quem, que, por demás, resultaban intrascendentes a la solución del problema jurídico.

En lo que tiene que respecta ver con los testimonios de Rita Constanza Galvis, Rodrigo Vargas y Ruth Cecilia Ojeda, aunque no fueron determinantes para la decisión del ad quem, debe recordarse que su examen en casación le está vedado en principio a la Corte, dada la restricción que contiene el artículo 7º de la Ley 16 de 1969. Y, como no se ha demostrado error de valoración de la prueba calificada, dicha prohibición debe mantenerse.

Con todo, aún si en gracia de discusión se permitiera el análisis de los testimonios descritos, no se llegaría a otra conclusión sino a ratificar la modalidad compuesta del salario de la demandante como ejecutiva de ventas, la existencia de una política anual de comisiones dictada por el empleador y la oposición de la actora a los cambios liderados por el demandado sobre la remuneración de la fuerza de ventas. Aspectos todos éstos, si bien importantes al litigio, intrascendentes para la decisión del problema jurídico planteado por el demandante en el escrito inaugural y menos aún para el lindero de la decisión de la Corte.

No se encuentran acreditados entonces, los errores de hecho reprochados por la recurrente al fallador de segundo grado, motivo suficiente para dar al traste con el cargo formulado.

Sin costas en el recurso extraordinario dada la ausencia de réplica del mismo.

IX. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el dieciséis (16) de diciembre de dos mil nueve (2009) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Ángela María Gómez Ángel, en contra de Quebecor World Bogotá S.A.

Sin costas en sede extraordinaria.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».