Sentencia SL15480-2017/55325 de septiembre 27 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente

Dr. Omar de Jesús Restrepo Ochoa

SL15480-2017

Rad.: 55325

Acta 12

Bogotá, D.C., veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: “IV. Recurso de Casación.

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…)

IX. Consideraciones

Tal como lo adujo el recurrente, el Tribunal en la sentencia encontró acertada la decisión del a quo de declarar probada la excepción de prescripción respecto a la reliquidación por inclusión de factores salariales, en el ingreso base de liquidación, y la negativa de intereses moratorios con apoyo en decisiones de esta Corporación.

La Sala, para el estudio conjunto de los cargos, abordará de forma separada los dos asuntos que comprenden y que son controvertidos de la decisión del Tribunal.

1. Intereses moratorios.

Ha sostenido de manera pacífica esta corporación que los intereses moratorios que consagra el art. 141 de la Ley 100 de 1993, solo son procedentes por la mora en el pago de pensiones que se rigen íntegramente por la Ley 100 de 1993 y aquellas que se reconocen en virtud del régimen de transición, en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por expresa integración normativa del art. 31 de la Ley 100 de 1993; contrario sensu, resultan improcedentes cuando se trata de pensiones reconocidas en aplicación de regímenes distintos, o causadas con anterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones contenido en la ley que los consagra, además, cuando se trata de mora en el pago de reajustes pensionales, tal como se reiteró en las Sentencias CSJ SL6398-2016 y SL7926-2016; en ésta se indicó:

Al respecto, debe precisarse que esta Sala, en tratándose de reajustes pensionales, ha señalado en múltiples ocasiones que los referidos intereses no proceden, así se trate de una pensión perteneciente al Sistema General de Pensiones, como quiera que conforme lo adoctrinado, sólo son viables dichos intereses cuando se trata del no reconocimiento de la prestación completa.

Sobre este punto, es pertinente rememorar lo expresado en Sentencia del 22 de noviembre de 2004, radicado 23309, reiterada en Sentencias del 2 de agosto de 2011, radicación 38926 y 15 de mayo de 2012, radicado 43658, cuando se dijo:

Mas no puede tener viabilidad la imposición de dicha medida, como cuando en el caso de autos, se trata de una diferencia pensional, más no de la falta de reconocimiento de la prestación. Así se ha definido de tiempo atrás en la Sentencia 13717 traída a colación en la de radicación 21027 del 3 de septiembre de 2003 que a la letra señala:

‘Además ha sostenido esta Corporación que los intereses moratorios “...sólo proceden en el caso que haya mora en el pago de las mesadas pensionales, pero no cuando, como en este asunto ocurre, lo que se presenta es un reajuste a las mismas por reconocimiento judicial (Rad. 13717-30 junio de 2000), argumento este plenamente aplicable a este caso, pues la condena consistió en “los reajustes pensionales causados por su liquidación equivocada, actualizados anualmente a partir del 1º de enero de 1998, atendiendo el IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior’.

Lo anterior resulta suficiente para dar al traste con la acusación, pues no cometió el ad quem los yerros que se le imputan, en torno a la negativa de los intereses moratorios, toda vez que, además de tratarse de una pensión sanción con fundamento en la Ley 171 de 1961, lo pretendido son intereses moratorios sobre el mayor valor resultante del reajuste de la pensión, luego de efectuada la indexación de la primera mesada pensional y la pretendida inclusión de factores salariales, evento en el que también resultan improcedentes, sin que esté por demás advertir, que la pretensión se formuló de manera subsidiaria, respecto de la indexación del monto a pagar por concepto de mayor valor de la pensión, habiendo sido reconocida la principal, ni siquiera había lugar al análisis de la pretensión subsidiaria.

2. Reliquidación por inclusión de factores salariales.

La Sala observa, que el argumento del recurrente para demostrar el yerro del ad quem en la decisión, no resulta acertado, teniendo en cuenta que, tratándose de prescripción, conforme a lo dispuesto en los art. 6º y 151 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, el primero modificado por el art. 4º de la Ley 712 de 2001, vigente en la fecha en la que se efectuó la reclamación, el término empieza a contabilizarse desde el momento en que la obligación se hace exigible, por lo que el agotamiento de la reclamación administrativa solo tiene la virtud de interrumpirlo, y además, suspenderlo hasta tanto se resuelva la respectiva solicitud, pero no revive el término de prescripción si ya feneció, es decir, si se produce la reclamación pasados más de 3 años contados desde la fecha de exigibilidad de la obligación.

En este caso, tratándose de una pensión sujeta a una condición suspensiva, se hacía exigible al momento de cumplirse la condición, es decir, el 8 de abril de 1996, por lo que la reclamación presentada en febrero de 2005, no alcanzó a interrumpir el término de prescripción, toda vez que este ya había transcurrido.

Con todo, a pesar del desacierto en la formulación y demostración de los cargos, advierte la Sala que, la posición que sustentó la decisión del ad quem, fue revisada por esta Corporación y rectificada, en la Sentencia CSJ SL8544-2016, que se reiteró en las decisiones CSJ SL4222-2017 y SL4870-2017, última en la que se precisó:

En esta nueva oportunidad, la Sala explicó que: (i) la exigibilidad judicial de la seguridad social y, en específico, del derecho a la pensión, que se desprende de su carácter de derecho irrenunciable, implica no solo la posibilidad de ser justiciado en todo tiempo, sino también el derecho a obtener su entera satisfacción, es decir, a que el reconocimiento del derecho se haga de forma íntegra o completa; (ii) los factores salariales constituyen un elemento jurídico estructural y definitorio de la pensión, de modo que, al igual que esta, no pueden ser objeto de prescripción; (iii) los estados jurídicos, entre ellos, el de pensionado, son imprescriptibles, a diferencia de lo que acontece con sus manifestaciones o expresiones económicas, y (iv) en el Derecho existen condiciones de seguridad jurídica no solo cuando se definen con presteza los conflictos jurídicos, sino, primordialmente, cuando las normas jurídicas se interpretan y aplican correctamente, en aras de que sean consistentes con las demás disposiciones e instituciones y compatibles con los valores del ordenamiento jurídico en general.

Con estos argumentos, la Sala por mayoría cambió el criterio que imperó desde 2003 y, en su reemplazó (sic), asentó que la acción encaminada a obtener el reajuste de la pensión por inclusión de factores salariales, no está sujeta a las reglas de prescripción, razón por la cual, las personas tienen el poder jurídico de demandar en cualquier tiempo la revisión de sus pensiones.

Sin embargo, en este asunto no pueden prosperar los cargos, ni hay lugar a casar la decisión del Tribunal, por cuanto ya fue debatida y decidida igual pretensión, respecto a la pensión sanción reconocida al actor objeto del recurso extraordinario, en sentencia que se encuentra debidamente ejecutoriada.

De los hechos 40 y 46 del escrito de demanda inaugural (fls. 10 y 11), se colige que el reajuste de la pensión sanción del actor, por la no inclusión de factores salariales en la base de liquidación, era objeto de otro proceso que estaba pendiente de resolverse; en ellos se afirmó:

40. Si no prosperara el recurso de apelación que se interpuso ante el Tribunal Superior de Bogotá Sala laboral respecto de la no inclusión de factores salariales en la determinación del salario promedio mensual que se utilizó para la fijación del mismo y se mantuviera como primera mesada pensional la suma de $254.530.84, ésta suma se debería actualizar así:

(...)

De acuerdo con este cálculo matemático el valor de la primera mesada pensional debió ser la suma de $678.453.40.

46. En mi calidad de apoderado del actor en este proceso en la actualidad se adelanta proceso contra la Corporación Financiera del Transporte S.A. en el juzgado décimo sexto laboral del circuito de Bogotá radicado 18.784 en ese proceso no aparece como demandado el Ministerio de Desarrollo Económico (Hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) y se encuentra en la actualidad para fallo de segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá Sala laboral.

En el referido proceso, del que fueron remitidas copias por prueba decretada de oficio por el a quo, pretendió el aquí recurrente, Edgar Augusto Hurtado Rozo, de manera principal, el reintegro al cargo que desempeñaba en la Corporación Financiera del Transporte S.A., y subsidiariamente, la reliquidación de la indemnización y de las prestaciones sociales pagadas, y que, para fijar el monto de la pensión sanción, se tuvieran en cuenta todos los factores salariales conforme a la convención colectiva de trabajo (fl. 55, Cdno.2), así:

TERCERA: Reconocimiento y pago de la Pensión sanción, a partir del nueve (9) de abril de 1996, pero tomando en cuenta para fijar su monto todos los factores que de conformidad con la convención colectiva de trabajo, vigente en el momento del despido, configuraban salario y por lo tanto deben considerarse en su liquidación.

En este asunto, la primera pretensión principal se exhibió así:

Que se condene a la Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a que la primera mesada pensional reconocida al actor en este proceso a partir de abril 9 de 1996 sea de $1.324.806 como monto de la primera mesada pensional en abril de 1996 y no los $254.530.84 ordenados como primera mesada pensional, producto de tomar en cuenta todos los factores salariales legales para ello y de realizar la actualización del salario base promedio mensual con base en el índice de precios certificado por el DANE (...)

Y en la segunda pretensión subsidiaria indicó:

Que en caso de que al fallarse la casación no prospere finalmente la reliquidación del salario promedio con el cual se fijó la primera mesada pensional en monto de $254.530.84 se actualice dicho valor con el índice de precios entre el mes de julio de 1991 y abril de 1996.

Observa la Sala que en ambos casos el demandante pretendió la inclusión de factores salariales en la base de liquidación de la pensión sanción reconocida por su empleador, la Corporación Financiera del Transporte S.A., prestación cuyo pago, de conformidad con el Decreto 1928 de 1991, asumió el Ministerio de Desarrollo Económico, luego Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al cumplimiento de los 50 años de edad, condición para la exigibilidad de la misma.

El anterior proceso cursó en el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, que emitió Sentencia el 4 de agosto de 2006 (fls. 554 a 559, Cdno. 2) absolviendo a la demandada de todo lo pretendido; el actor recurrió la anterior decisión, sustentando su pretensión de reliquidación de la pensión sanción (fl. 561, Cdno. 2), en que no se tomaron en cuenta para la determinación del salario base la bonificación convencional, la prima de antigüedad, las horas extras, la bonificación extralegal, la prima de vacaciones y las vacaciones, en sumas que coinciden con las relacionadas por esos mismos conceptos en el hecho veintiséis de la demanda que dio inicio a este proceso, también como factores salariales que no fueron incluidos en la base de liquidación de la pensión sanción.

De la apelación conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que en Sentencia del 30 de abril de 2008 (fl. 566 a 573), confirmó la decisión, en particular, respecto a la reliquidación de la pensión sanción, por encontrarla ajustada a lo normado en la Ley 171 de 1961; la parte demandante interpuso recurso extraordinario de casación, en virtud del cual se emitió la Sentencia CSJ SL 38425, 20 oct. 2010, en el que el alcance subsidiario de la impugnación, según la síntesis de la decisión de la Sala, consistió en que “(...) se reliquide la mesada pensional decretada tomando en cuenta todos los factores salariales que han debido conformar la base para su liquidación tal como obran en la liquidación final de prestaciones sociales”, al respecto, en la citada providencia, la Sala consideró:

Con todo, no resulta procedente la pretensión de que se liquide la pensión sanción con idénticos factores a los tomados en cuenta para liquidar las prestaciones sociales, por lo siguiente:

La pensión convencional que el actor aspira se tome como referente para liquidar la pensión sanción, reproduce lo consagrado para la de jubilación legal, sólo que a los trabajadores que completen los requisitos previstos en la Ley 33 de 1985, y hubieren prestado servicios a la entidad durante por lo menos 10 años, la tasa a aplicar al ingreso base de liquidación, es del 85%, que no del 75% previsto en la norma legal. En ese orden, si Hurtado Rozo no alcanzó a cumplir los requisitos legales para obtener la pensión plena de jubilación, la liquidación de la pensión restringida debía practicarse tomando como parámetro la prevista en las Leyes 33 y 62 de 1985, es decir, aplicando un tasa del 75%, e incluyendo sólo el componente salarial allí dispuesto, máxime si se observa que en el convenio colectivo nada se consignó respecto de los factores a tomar en cuenta para liquidar la pensión plena de jubilación, ni menos la pensión restringida por despido o retiro voluntario.

Y es que, paradójicamente, en el precedente jurisprudencial que la censura invoca en apoyo de su aspiración (26274 de junio 20/06), en un proceso contra la misma accionada, la Corte definió que el cálculo de la pensión sanción debía hacerse, en proporción al tiempo trabajado, a partir del 75% previsto en la legislación de 1985. (Negrilla propia)

Establecía el art. 332 del Código de Procedimiento Civil y en idénticos términos lo prevé el art. 303 del Código General del Proceso, que:

La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

Conforme a lo anterior, ya fue resuelto específicamente este asunto por la Sala en sentencia que se encuentra debidamente ejecutoriada, proferida en proceso anterior, respecto a la misma pensión sanción que fue reconocida al demandante, existiendo identidad de objeto y de causa, pues en ambos procesos pretendió el actor la reliquidación de la pensión sanción que le fue reconocida, por la inclusión de los mismos factores salariales, igualmente, existe identidad de partes por cuanto el Ministerio aquí demandado, fue quien asumió el pago de la prestación reconocida por la Corporación demandada en el proceso anterior, por disposición legal, por lo que sin discusión se constituye en su sucesor.

Finalmente, aquel proceso se resolvió, con criterio que ha sido reiterado en decisiones posteriores, Sentencia CSJ SL12220-2014, sin que en esta oportunidad se verifique ninguna circunstancia excepcional o sobreviniente que amerite un nuevo estudio de la pretensión, resultando no solo innecesario sino improcedente un nuevo análisis, razón por la cual, los cargos en esta materia tampoco están llamados a prosperar.

Sin costas en casación.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el treinta (30) de noviembre de dos mil once (2011), en el proceso promovido por Edgar Augusto Hurtado Rozo contra la Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Sin costas en el recurso.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».