Sentencia SL15483-2015 de noviembre 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL15483-2015

Rad.: 44586

Acta 40

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Hernando López Algarra

Bogotá, D.C., once de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 30 de abril de 2009 condenó a indexar el valor de la primera mesada pensional del demandante, y fijó la misma en la suma de $1.536.872, junto con el pago de la diferencia resultante entre lo debido por dicho concepto y lo efectivamente cancelado. Declaró probada parcialmente la excepción de inexistencia de la obligación respecto a los intereses moratorios (fls. 184 a 193, cdno. del juzgado).

III. Sentencia de segunda instancia

La alzada se surtió por apelación de las partes, y terminó con la sentencia atacada en casación, que revocó el numeral cuarto de la de primera instancia, y en su lugar condenó al pago de la tasa máxima de intereses moratorios sobre el valor de las diferencias de las mesadas pensionales causadas desde el 18 de abril de 2007 (fls. 10 a 19, cdno. del tribunal).

El ad quem, para arribar a su decisión, en lo que interesa al recurso de casación, y luego de señalar que al demandante con Resolución 671 P del 24 de octubre de 2007, se le reconoció pensión de jubilación, a partir del 18 de abril de 2007, por prestar servicios durante más de 20 años en entidades oficiales, y arribar a la edad de 55 años en la calenda mencionada, expresó, frente a la procedencia de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que los mismos corrían para las pensiones que se debían cancelar a partir de su vigencia, siempre y cuando correspondieran a “pensiones legales, o ‘de pensiones de que trata esta ley’”, quedando exceptuadas las convencionales o extralegales.

Manifestó, que la pensión que se otorgó al actor, aun cuando está regulada en algunos aspectos por la Ley 33 de 1985, se causó en vigencia de la Ley 100 de 1993, y sin lugar a dudas, tenía un carácter legal, y estaba incorporada al sistema de seguridad social; transcribió en extenso la Sentencia C-601 del 2000, e indicó que revocaba la sentencia de primera instancia, para en su lugar condenar al pago de los intereses moratorios.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandado, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance la impugnación

Solicita se case parcialmente la sentencia del tribunal, en cuanto lo condenó al pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para que en sede de instancia confirme la de primer grado.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que se estudiarán conjuntamente en tanto se presentan por la misma vía, persiguen un mismo fin y se valen de similar argumentación. Se replicó.

VI. Primer cargo

Acusa la sentencia por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 36 de la misma normativa y el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

En la demostración del cargo, señala que no suscitan inconformidad los siguientes supuestos de hecho: i) el demandante se retiró el 28 de febrero de 2003, y ii) cuando arribó a los 55 años de edad, se le reconoció pensión sustentada en la Ley 33 de 1985; cita el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, e indica que fue aplicado indebidamente, en tanto los intereses se establecieron para la mora en el pago de las pensiones sujetas íntegramente a la Ley de Seguridad Social Integral, y no para aquellas cuyo fundamento es diferente, como la del demandante que se reconoció con la Ley 33 de 1985, prestación no incorporada al sistema; para sustentar sus argumentos, transcribió la sentencia identificada con el radicado 18273; por último dice que se trató de un reajuste de la mesada pensional, y no del reconocimiento del derecho, situación que evidencia aún más la improsperidad de los intereses moratorios.

VII. Segundo cargo

Acusa la sentencia, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, y el 36 de la Ley 100 de 1993.

En la demostración del cargo, reitera los mismos argumentos vertidos en el cargo anterior, y en tal sentido, se hace innecesario referirse nuevamente a ellos.

VIII. La réplica

Dice, que la Corte Constitucional en la sentencia citada por el tribunal, ha señalado que los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 son procedentes en toda clase de pensiones y no solo en las reguladas por esa normatividad.

IX. Consideraciones

Según los términos en los que se presentan los cargos, corresponde a la Sala determinar si los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, aplican para toda clase de pensiones, incluidas aquellas no reguladas por la Ley de Seguridad Social Integral.

No fue motivo de inconformidad, dada la senda escogida por la censura, que al demandante, a través de Resolución 671 P del 24 de octubre de 2007, se le reconoció pensión de jubilación oficial, por reunir los requisitos señalados en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

Para dar respuesta al tópico planteado en el recurso, es suficiente con remitirse al criterio que de tiempo atrás ha expuesto la corporación, en el sentido de que los intereses moratorios no resultan procedentes en tratándose de pensiones que no estén gobernadas por la Ley 100 de 1993 y respecto de reajustes o incrementos pensionales, pues recientemente la Corte, al reiterar otras en esa misma dirección, precisó en la Sentencia SL 776-2013 lo siguiente:

Por ende, si esa pensión de jubilación no está regulada por la Ley 100 de 1993, no es viable la condena fulminada por el ad quem por los intereses moratorios que consagra su artículo 141 porque, como mayoritariamente lo ha considerado esta Sala de la Corte, ellos solo son viables en la medida de que se trate de mesadas regidas íntegramente por esa normatividad, como lo puntualizó en la sentencia de 7 de julio de 2005, radicación 24554, donde precisó:

“Visto lo anterior, en lo relativo a los intereses moratorios, no hay lugar a ellos, habida cuenta que como lo alega la censura, la pensión que se está reconociendo no se trata de aquellas que se conceden con sujeción a la normatividad integral de la Ley 100 de 1993, sino que proviene de la aplicación del régimen anterior para los trabajadores oficiales conforme a la citada Ley 33 de 1985, así su base salarial se haya actualizado en virtud de lo previsto en la nueva Ley de Seguridad Social”.

Esta Sala de la Corte a partir de la sentencia que evoca el ataque, calendada 28 de noviembre de 2002 radicado 18273, fijó su propio criterio mayoritario que no ha variado, en el que se estudió y definió que para esta clase de pensiones no proceden los intereses moratorios reclamados, y en esa oportunidad se señaló:

“(...) Empero, el aludido desacierto únicamente es suficiente para tener como fundado el cargo y no para quebrar el fallo recurrido, ya que para la mayoría de la Sala, en esta oportunidad, contrario a lo que se venía sosteniendo, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se imponen cuando se trata de una pensión que debía reconocerse con sujeción a su normatividad integral.

Y es que no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado artículo 141, para la Corte esa disposición solamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la Ley de Seguridad Social y que sean reconocidas con fundamento en la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensión que no se ajusta a los citados presupuestos.

Lo anterior conlleva, entonces, que como la pensión que se le concedió al demandante Hernando Francisco Olaya Román, no es con sujeción integral a la Ley 100 de 1993, no había lugar a condenar al pago de los intereses moratorios que consagra tal ley en su artículo 141 que claramente dispone: “(...) en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley (...)”.

Además, en este asunto tampoco se presenta la situación prevista por el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 para que se pudiera dar aplicación a su artículo 141, pues la primera norma dispone: ‘Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma de ella contenida que estime favorable ante el cotejo por lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley’”.

En virtud de lo anterior, no hay duda del yerro que cometió el tribunal, pues pese a aceptar que la pensión reconocida al demandante no estaba regulada por la Ley 100 de 1993, sino por el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, fulminó condena contra la demandada, desconociendo que los intereses moratorios no proceden para prestaciones económicas no reguladas por la primera de las normatividades nombradas, como tampoco cuando se trata de reajustes o incrementos pensionales, en tanto los mismos proceden frente al retardo en el pago de mesadas, situación con la que además vulneró las disposiciones denunciadas.

El cargo prospera.

En sede de instancia, valen los argumentos atrás expuestos para confirmar la sentencia de primera instancia.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Uldarico Guzmán Parra contra el Banco Cafetero en liquidación, en cuanto condenó a la accionada a pagar los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. No la casa en lo demás.

En sede de instancia, se confirma el ordinal cuarto de la providencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá dentro de este proceso.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».