Sentencia SL15498-2017/55280 de septiembre 20 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL15498-2017

Rad. 55280

Acta 34

Magistrada Ponente

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., veinte de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación.

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte.

V. Alcance de la impugnación.

Pretende el recurrente que la Corte «case parcialmente» la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, modifique la de primer grado y, en su lugar, lo absuelva de las condenas «por devolución de aportes a seguridad social, por pagos de pólizas de cumplimiento y por concepto de indemnización moratoria».

Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica y que la Sala procede a resolver.

VI. Cargo único.

Acusa la sentencia del Tribunal de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los «artículos 11 de la Ley 6° de 1945 y 1 del Decreto 797 de 1949, en relación con el literal m) del artículo 12 y artículo 17 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 3,4, 13 y 14 de la Ley 80 de 1993».

Para su demostración, afirma que los supuestos fácticos de la sentencia no son materia de discusión, pues la controversia gira en torno a la interpretación de las normas sustanciales en las que se sustenta.

Señala que el juez de segundo grado para avalar la condena al pago de la indemnización moratoria no efectuó ninguna consideración particular, pues su discurso estuvo encaminado a precisar que la vinculación entre las partes estaba protegida por el principio de la primacía de la realidad, con total independencia de que se le hubiera nominado como contrato de prestación de servicios de naturaleza civil.

Asevera que para el ad quem fueron claros los siguientes conceptos: (i) que la aplicación de la sanción establecida en el artículo 1° del Decreto 797 de 1949 no es automática «ya que para su imposición se debe tener en cuenta la buena o mala fe con la que actuó la demandada», (ii) que en ese sentido no se puede predicar buena fe, pues desde la Sentencia CC C-154 de 1997 la vigencia del contrato de prestación de servicios es temporal y su duración no puede ir más allá de la ejecución de su objeto, (iii) que en términos del mismo pronunciamiento de la Corte Constitucional, si se imparten órdenes y se fija un horario para la ejecución del contrato, se configura una relación laboral con todas sus consecuencias económicas, y (iv) que la entidad en casos similares ha sido objeto de muchas condenas y, aun así, sigue dando un uso inadecuado a dichos contratos.

Agrega, que esta corporación de tiempo atrás ha reiterado que la imposición o exoneración de la condena por indemnización moratoria debe estar precedida de un análisis judicial sobre el comportamiento contractual del empleador, que permita concluir si en cada caso particular es procedente o no, luego de establecer la existencia o inexistencia de buena fe. En sustento, trae a colación apartes de las sentencias CSJ SL, 17 feb. 2009, rad. 32996, 25 ago. 2009, rad. 34356, 7 jul. 2009, rad. 36821, entre otras.

Así, aduce que «si se enfrenta el dicho del sentenciador de primera instancia con el principio jurisprudencial, no queda difícil concluir que las razones aducidas para despachar la condena no guardan ninguna relación con éste (sic)», pues la conclusión referida a que la vinculación de la actora tenia naturaleza laboral y no civil, per se, no hace procedente la indemnización moratoria ni mucho menos el argumento de que la entidad hubiese recibido muchas condenas por dicho concepto, en la medida que para ello se requiere de un completo estudio del acervo probatorio y de todas las circunstancias ajenas al vínculo y el trámite procesal.

Asegura que es necesario que el juzgador evalúe entre otras cosas «la hipotética manifestación de inconformidad de la contratista durante la ejecución del vínculo, por el no pago de los derechos que a su juicio debe acceder o la razón de la aceptación inicial de la naturaleza jurídica de la relación». Asimismo, las razones de la demandada para justificar su actuar, como es que «ante la ausencia de plazas dentro de la planta de personal de muy buena fe debió enlistarla a través de contrato de prestación de servicios para poder cumplir con su objeto, eminentemente social» o que, por virtud de la Ley 80 de 1980, el ISS estaba jurídicamente imposibilitado para reconocer las acreencias deprecadas por la actora pues de hacerlo, «sus administradores se verían incursos en el delito de peculado».

Finalmente, indica que si el Tribunal le hubiera dado el verdadero alcance a la norma, no hubiese confirmado la condena de primer grado con fundamento en la existencia del contrato de trabajo sino que con el análisis de las circunstancias que rodearon la vinculación, habría establecido la buena fe de la accionada.

VII. Réplica.

La opositora comienza por señalar que el recurrente en la demostración del cargo únicamente centra su inconformidad frente a la condena por indemnización moratoria y deja de lado lo solicitado en el alcance de la impugnación respecto de los aportes a seguridad social y pago de pólizas de cumplimiento.

Afirma que la argumentación del censor se asemeja a un alegato de instancia, toda vez que no enuncia de forma clara y expresa la clase de error jurídico que le endilga a la sentencia fustigada. Igualmente, refiere que incurre en un contrasentido, pues en la demostración pretende atacar la sentencia de primer grado.

Señala que el impugnante confunde el concepto de interpretación errónea con la argumentación que pretende sea acogida, para sustentar que no hubo un pronunciamiento por parte del ad quem sobre la sentencia de primera instancia en lo relacionado con la indemnización moratoria, «sin advertir que el sentenciador de segundo grado, se pronunció con respecto a los planteamientos esbozados en la apelación realizada por la parte demandada, de cuyo texto se evidencia ausencia total de argumentos y oposición directa sobre la condena por concepto de indemnización moratoria».

Finalmente, asevera que, con todo, tampoco erró el juez de primer grado al condenar en ese sentido, pues lo hizo con fundamento en la jurisprudencia de esta Sala y las numerosas condenas en casos similares.

VIII. Consideraciones.

Es cierto, como lo aduce la parte opositora, que el recurrente en la demostración del cargo solo mostró su inconformidad respecto de la condena impuesta por indemnización moratoria, e ignoró las peticiones referidas en el alcance de la impugnación sobre los aportes a seguridad social y el pago de las pólizas de cumplimiento, motivo por el cual, la Sala solo abordará ese puntual aspecto.

En cuanto a las demás objeciones formales atribuidas a la demanda de casación, la Sala advierte que no tienen asidero, porque la censura sí identificó el error jurídico que le endilga al colegiado de instancia, esto es, no darle el verdadero alcance a la sanción establecida en el artículo 1° del Decreto 797 de 1949, toda vez que —sostiene— su imposición no puede ser automática sino que debe estar revestida de un análisis judicial sobre el comportamiento contractual del empleador con el fin de establecer la existencia de buena fe, tal y como lo ha explicado la jurisprudencia de esta Sala.

Tampoco se entiende que el censor haya pretendido atacar la sentencia de primer grado, pues en verdad su inconformidad recayó sobre aquella proferida por el ad quem que avaló en su totalidad las consideraciones efectuadas por el a quo, entre ellas, la relacionada con la condena por concepto de indemnización moratoria, pues aunque el Tribunal nada dijo en concreto sobre el particular, al confirmar dicha decisión hizo suyos los argumentos del juzgado.

Superado lo anterior, es pertinente precisar que dada la orientación del ataque, no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos en los que el fallador de segundo grado fundamentó su decisión: (i) que entre las partes existió un contrato de trabajo; (ii) «que la accionante ejercía actividades propias del giro ordinario de la entidad demandada, así como del personal de planta»; (iii) «que dicha actividad la cumplió dentro de los extremos temporales, en las condiciones y términos alegados en la demanda, tal como lo determinó el Juez de instancia»; (iv) que los testimonios arrimados al plenario, soporte de la decisión acusada «son coherentes, espontáneos y merecen credibilidad»; y (v) que ISS no desvirtuó la presunción de subordinación en cuanto no acreditó la autonomía e independencia de Ortiz Rodríguez en la ejecución de sus servicios.

En ese contexto, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal aplicó automáticamente la sanción moratoria y dejó de lado la valoración de las pruebas que conducirían a la absolución por tal concepto.

En punto a la temática propuesta, se ha de precisar que esta corporación reiteradamente ha puntualizado que la indemnización moratoria, no opera de manera automática sino que en cada caso concreto debe valorarse la conducta asumida por el empleador, a fin de verificar si existen razones serias y atendibles que justifiquen su actuar y lo ubiquen en el terreno de la buena fe.

Para esto, se ha establecido que el juez debe adelantar un examen del comportamiento que asumió el empleador en su condición de deudor moroso, y de la totalidad de las pruebas y circunstancias que rodearon el desarrollo de la relación de trabajo.

También se ha dicho que razones válidas, no necesariamente son las que jurídicamente acoja el juez en su sentencia, o que sean las que finalmente defina la jurisprudencia o la doctrina, sino que solo basta con que ellas tengan fundamento en unos argumentos sólidos y factibles, que den un grado de certeza tal que permita llevar a la creencia fundada que se está actuando correctamente o conforme a la ley.

En ese norte, en criterio de la Sala, el juez de segundo grado no cometió el yerro jurídico que le enrostra el recurrente en la medida que, se itera, al confirmar en todas sus partes la sentencia proferida por el a quo, acogió en su integridad los argumentos allí expuestos, entre otros, que «la sanción no es de aplicación automática, ya que para su imposición se debe tener en cuenta la buena o mala fe con la que actuó la demandada».

Con fundamento en lo anterior, infirió los supuestos fácticos que atrás quedaron reseñados, así como que (i) la vigencia del contrato no fue temporal ni limitada, en efecto, perduró por más de 10 años; (ii) que a la accionante se le impartían órdenes y, (iii) que le se le impuso un horario de trabajo, circunstancias que enmarcó en la Sentencia CC C-154 de 1997, propias de un contrato de trabajo en el que concurren los tres elementos que lo tipifica, esto es, prestación personal del servicio, subordinación y pago.

Siendo ello así, no es cierto que el ad quem aplicó automáticamente la sanción moratoria que se pretende quebrar en esta sede; por el contrario, ese análisis que extraña el recurrente, permite concluir que la conducta del demandado estuvo desprovista de razones atendibles constitutivas de buena fe y, en esa medida, procedía la confirmación de la condena al pago de la indemnización moratoria, toda vez que no acreditó elementos de juicio suficientes para que se sustrajera de reconocer los derechos salariales y prestacionales que le correspondían a la accionante.

Ahora bien, es preciso advertir que no son admisibles las razones adicionales que expone el recurrente en cuanto a que era necesario que el juzgador evaluara la inconformidad de la contratista durante la ejecución del vínculo, por el no pago de los derechos pretendidos o la aceptación inicial de la naturaleza jurídica de la relación.

Ello, de una parte porque dichas aseveraciones no corresponden a la vía de ataque elegida, en la medida que obligaría el examen de las pruebas aportadas al proceso y, de otra, porque como reiteradamente lo ha sostenido la Sala, la aquiescencia del trabajador para acudir a una forma de contratación distinta a la laboral cuando en realidad se trata de un verdadero contrato de trabajo, no exime al empleador de ser condenado al pago de la indemnización moratoria, si no se demuestra, como en este caso, que su actuar estuvo revestido de buena fe.

Al respecto, esta Corte en Sentencia CSJ SL8652-2016 recordó que el trabajador como la parte débil de la relación en muchas ocasiones se ve compelido, por la necesidad de obtener una fuente de ingresos para su subsistencia y la de su familia, a aceptar condiciones alejadas de las que en estricto rigor rigen el mundo del trabajo.

Así las cosas, que la trabajadora haya prestado su consentimiento para suscribir aparentes contratos de prestación de servicios no exime per se al empleador del pago de la indemnización moratoria cuando, como lo encontró plenamente demostrado el a quo y lo avaló el Tribunal sin reparo en sede de casación, la demandada procedió a suscribir varios de esos contratos de manera sucesiva con aquella para el ejercicio del cargo de asistente de oficina y con abierto desconocimiento de las normas que regulan la contratación administrativa de servicios personales.

La sola presencia de los mencionados contratos de prestación de servicios, que al decir del recurrente, le impedía jurídicamente al ISS reconocer las acreencias deprecadas en virtud de la Ley 80 de 1980, no constituye razón alguna para eximirlo de la sanción moratoria, porque precisamente esa irregular contratación, se utilizó con la finalidad de encubrir la verdadera relación de trabajo subordinada que lo ligó con la demandante.

Dicho de otra forma: la utilización consciente de los supuestos e irregulares contratos de prestación de servicios, no pueden tener a su vez connotación legal de eximente de responsabilidad.

Por último, se advierte que la afirmación del a quo acogida por el Tribunal atacado según la cual «son muchas las condenas de que ha sido objeto la entidad en casos similares y aún sigue dando un uso no adecuado de dichos contratos» —de la cual el recurrente pretende derivar un error jurídico capaz de derruir la sentencia fustigada—, resulta intrascendente, en la medida que no constituye más que un obiter dictum de la decisión, pues el sustento principal para imponer la sanción fue, precisamente, la verificación de una conducta desprovista de buena fe por parte de la demandada, tal como se dijo en líneas precedentes.

En las anteriores condiciones, concluye la Sala que el Tribunal no interpretó erróneamente las disposiciones acusadas y, en consecuencia, el cargo no prospera.

Las costas del recurso extraordinario, por virtud de que la acusación no salió avante y hubo réplica, serán a cargo de la parte demandada recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de siete millones de pesos ($7.000.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión. 

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de octubre de 2011, en el proceso ordinario que Luz Mila Ortiz Rodríguez adelanta contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen».