Sentencia SL15499-2015 de noviembre 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Rigoberto Echeverri Bueno

SL15499-2015

Rad.: 69914

Acta 40

Bogotá, D. C., once (11) de noviembre de dos mil quince (2015).

EXTRACTOS: «III. EL RECURSO DE ANULACIÓN

Lo interpuso la Asociación Sindical de Trabajadores de la Caja de Compensación Familiar del Huila, ASINTRACOMFA (fls. 1241 a 1247) y fue concedido por el tribunal de arbitramento, mediante providencia del 6 de enero de 2015 (fls. 1250 a 1251). Por auto del 28 de enero de 2015, esta corporación avocó el conocimiento del asunto y ordenó correr traslado a la Caja de Compensación Familiar del Huila, quien expuso las razones por las cuales se opone a la prosperidad del recurso.

El recurrente le formula las siguientes peticiones a la Corte:

1. Que se anule totalmente la cláusula séptima del laudo y en su reemplazo se aojan (sic) las peticiones solicitadas. 

2. Que se adicione en (sic) los artículos 2º, 3º y 4º laudo en el sentido de que las cláusulas 2 y 3 se ha accedido a la petición solicitada sin especificar que este permiso sea remunerado. Para la cláusula 4 que se especifique el uso del auditorio sea para la ciudad que solicite el sindicato. 

3. Que de oponerse la empresa sea condenada en costas. 

Igualmente, en la fundamentación del recurso, en primer lugar, expone las “...razones para solicitar la adición de los artículos 2, 3 y 4, del laudo que se recurre...” En ese orden, afirma que el Tribunal estableció un permiso para que los miembros de la junta directiva se reunieran una vez al mes, pero no clarificó si el mismo debía ser remunerado. Considera, a su vez, que ese vacío podría hacer nugatorio el ejercicio del derecho concedido, pues la empresa podría entender que el permiso no es remunerado y descontar salarios, con lo que afectaría también el pago de dominicales y demás prestaciones sociales, respecto de trabajadores sindicalizados que devengan ingresos de baja cuantía.

Por lo mismo, estima que el laudo debe ser adicionado “...en el sentido de indicar que el permiso será remunerado y que se concederán unos razonables y precisos viáticos tal como se le conceden a otros sindicatos que actúan en la empresa...”.

Alega también que, a pesar de que el tribunal accedió a la petición de que la empresa facilitara un auditorio para las reuniones del sindicato, las exigencias y la falta de precisión que contiene la cláusula, hacen que la organización no pueda hacer uso efectivo del beneficio, pues, por una parte, se le permite al empleador conocer el nombre de las personas sindicalizadas, lo que constituye una “...intromisión indebida...”, que pone en riesgo la estabilidad de los trabajadores, y, por otra parte, la empresa podría facilitar el uso del auditorio “...para una ciudad distinta para la que le solicite el sindicato, pues la clausula (sic) no es clara le permite al patrono interpretarla y en esa interpretación actúa sus intereses”. Pide, como consecuencia, que la cláusula sea aclarada y adicionada, de manera tal que la organización sindical pueda hacer uso de ella.

Dentro de otro acápite, precisa las “...razones para solicitar la anulación de la cláusula séptima del laudo que se recurre y en su lugar acceder a las pretensiones...”. Para tales efectos, expone genéricamente que la decisión del tribunal, en este punto, viola normas de orden nacional e internacional sobre el derecho a la negociación colectiva, en la medida en que, al negar las peticiones del pliego identificadas con los números 7, 8, 15, 16 y 17, por razón de “...no ser económicas...”, “...confundió el conflicto colectivo económico o de intereses con el conflicto jurídico...” Subraya que el conflicto es jurídico cuando “...versa sobre la interpretación de un derecho nacido o actual, sin importar que tenga su origen en la ley o en el contrato...”, mientras que los conflictos económicos o de intereses “...son los que ocurren en torno de las condiciones económicas del trabajo en un momento y en una situación en particular. En este tipo de conflictos interesa la creación o la modificación de las condiciones de trabajo. Estos conflictos no son abordados por el derecho, pues no son propiamente de tipo jurídico, sino más bien de tipo sociológico, político y económico...”.

Por ello, arguye que las peticiones números 7, 8, 15, 16 y 17 del pliego no reflejaban una discusión jurídica y eran de competencia del Tribunal, pues simplemente introducían a la negociación el interés del sindicato por adquirir poder y modificar las relaciones de trabajo. Dice, en tal dirección:

Luego la razón de discutirse por no ser económicas, es una negación de su competencia, puede no puede (sic) un juez, por ejemplo, fijar en una convención que el sindicato tenga acceso a los estados financieros de la empresa, para conocer las (sic) realidad económicas (sic) de la empresa a la hora de establecer la negociación de su pliegos; o para conocer aquellas partes pertinentes de las actas del concejo (sic) directivo, especialmente donde se fijan salarios y prerrogativas para los directivos, el uso de los dineros de la caja son temas que interesan al sindicato como organización gremial y política de los trabajadores, que les permita como síndicos que son, por esos (sic) es un sindicato, ejercer una veeduría legitima (sic) como trabajadores de la misma; el sindicato necesita clausulas (sic) que le permitan ejercer algún poder frente al patrono, como son; que se dé contestación rápida a sus solicitudes; poder pactar con su patrono como se ascienda la (sic) personal, es bien sabido que los sindicalistas no son querido (sic) en Comfamiliar del Huila, prueba de ello es la larga discusión jurídica por el despido de trabajadores que se afilian al sindicato, luego jamás van a ascender de sus cargos sino (sic) se pacta (sic) algunas normas mínimas que les permita competir por aquellos puesto (sic) mejor remunerados. 

Repite que las peticiones 7, 8, 15, 16 y 17 del pliego representaban una mejora de las relaciones laborales existentes y no una discusión sobre la interpretación de normas jurídicas, de manera que el Tribunal erró al dejar de conocerlas y, tras ello, al no exponer las razones en equidad para negarlas, de manera que “...están denegando el estudio de tales peticiones y por tal razón deben ser devueltas para su estudio...”.

Frente a las peticiones 9, 10 y 12 del pliego, relacionadas con los permisos sindicales, explica que el tribunal incurrió en una “falacia” al negarlos, con el argumento de que se trataba de “permisos permanentes”, pues tales garantías son necesarias para que el sindicato pueda ejercer su papel como organización gremial, afiliada a otras de mayor nivel, además de que con esos permisos no se afectan las condiciones económicas del empleador, por tratarse de una empresa grande, que está obligada contribuir en el ejercicio de las funciones sindicales en a condiciones democráticas.

Dentro del último acápite, denominado “...razones para anular la negación de la petición trece (13) del pliego de peticiones...”, sostiene que el tribunal negó el incremento salarial solicitado, por razones irreales y sin soporte fáctico alguno. Recalca que no es aceptable que a los trabajadores “...no se les incrementa porque son una minoría, o porque se desconoce una estructura empresarial, o porque el salario es una exclusividad para esos trabajadores, mucho menos porque los incrementos están ajustado (sic) a posibilidades financieras y dentro de gastos señalados por la administración, sin que se hubiesen dado los incrementos, ni conocidos (sic) los documentos que así lo afirmaran...”.

Arguye también que no es cierto que el incremento de los salarios de 35 trabajadores sindicalizados, dentro de un total de más de 1000 servidores, pueda afectar el objeto, misión y visión de la empresa, o su “...sostenibilidad y perdurabilidad...”, además de que el tribunal no justificó dicha situación, ni el sindicato conoció documentos que así lo demostraran. Anota, en tal sentido, que la ausencia de argumentación y de claridad sobre las razones que condujeron a los árbitros a negar esta petición, “...hace que tal negación resulte infundada. Así, es violatoria de normas nacionales e internacionales del derechos (sic) a la negociación colectiva, pues las peticiones de los trabajadores deben ser aceptadas al (sic) menos que existan fundadas razones para negarlas, de lo contrario existe (sic) las razones para que los trabajadores se beneficien de tales incrementos, más cuando la economía del país y del patrono se muestra próspera”.

IV. RÉPLICA

La Caja de Compensación Familiar del Huila aduce, en esencia, que no resulta procedente la solicitud del recurrente, encaminada a que, una vez anulados los puntos del laudo que le fueron desfavorables, se acojan las peticiones incluidas en el pliego, por cuanto no es posible desconocer la voluntad de los árbitros y la competencia de esta corporación, en el marco del recurso de anulación, se limita a verificar la regularidad de la decisión arbitral y a otorgarle fuerza de sentencia, en caso de que el tribunal de arbitramento no hubiera extralimitado el objeto para el que fue convocado, o anularlo en caso contrario, sin que le sea dable proferir alguna la providencia de reemplazo.

Agrega que, en todo caso, el tribunal adoptó su decisión con absoluta independencia, dentro del marco constitucional, legal y convencional vigente, con criterios de justicia y equidad, y luego de un procedimiento acorde a lo previsto por la legislación vigente, la doctrina y la jurisprudencia, así como al respeto de los derechos de las partes.

V. CONSIDERACIONES

El recurso de anulación se refiere a varios temas de la decisión del tribunal de arbitramento, a saber: i) la concesión de permisos sindicales, sin aclarar que debían ser “remunerados”; ii) el uso de las instalaciones de la empresa para reuniones sindicales, sin clarificar sus términos; iii) la negación de las peticiones del pliego números 7, 8, 15, 16 y 17, con el argumento de que no tenían carácter económico; iv) el no otorgamiento de los permisos sindicales de las peticiones 9, 10 y 12, por tratarse de permisos permanentes; v) y la denegación del incremento salarial, por aparentes razones económicas.

La Sala abordará el estudio de los mencionados asuntos, en el orden planteado.

1. Permisos remunerados.

El tribunal decidió que los permisos para las reuniones ordinarias de la junta directiva del sindicato serían una vez al mes, los días viernes, previa comunicación escrita dirigida a la empresa, con la suficiente antelación, en la que se le indicara la fecha y hora de la sesión. Asimismo, dispuso que “...cuando la asociación sindical deba ser representada en la conferencia anual de la federación o confederación a la que pertenezca, accederá al respectivo permiso para que tres (3) de sus miembros, concurran al evento por el tiempo de la convocatoria y el de la distancia si fuere celebrado en lugar distinto a la sede del sindicato ASINTRACOMFA, sin que este permiso de (sic) lugar al reconocimiento de transporte y viáticos por parte de la empresa”.

En lo fundamental, como ya se advirtió, el recurrente aduce que el hecho de que no se hubiera clarificado, de manera expresa, que los mencionados permisos debían ser remunerados, impide que la organización sindical acceda a ellos de manera efectiva y plena, en la medida en que la empresa podría entender lo contrario y descontar los salarios, con lo cual también afectaría las prestaciones sociales de los trabajadores sindicalizados. Por lo mismo, pide que se aclaren los artículos 2º y 3º del laudo, para que se precise que los permisos son remunerados y se concedan “...unos razonables y precisos viáticos...”.

En torno a tal petición, lo primero que debe decirse es que, según se adoctrinó, entre otras, en la Sentencia CSJ SL, 22 en. 2013, rad. 53107, las facultades que le otorga la ley a esta corporación, en el trámite del recurso de anulación, se limitan a verificar la regularidad del laudo y a disponer su anulación, en caso de que el tribunal de arbitramento hubiera extralimitado el objeto para el cual fue convocado o afectado derechos o facultades fundamentales de las partes, y, excepcionalmente, en el evento que sus disposiciones sean manifiestamente inequitativas.

Por lo mismo, en principio, no resulta dable que la Corte aclare o adicione las decisiones de los árbitros, como lo pide el recurrente, pues esa potestad no está incluida dentro de sus competencias y debe ser decidida por el propio tribunal de arbitramento. Ha dicho la Corte, en ese sentido, “...que la solicitud de aclaración, adición y complementación del laudo arbitral, [debe] formularse ante el mismo tribunal de arbitramento y no mediante el recurso de anulación impetrado, ya que si esa decisión equivale a una sentencia, como lo tiene adoctrinado la jurisprudencia, su remedio procesal ha de ventilarse ante los mismos árbitros, como lo disponen los artículos 309 a 311 del Código de Procedimiento Civil, y de conformidad con el artículo 145 del estatuto procesal laboral y de la Seguridad social.” (CSJ SL, 29 abr. 2008, rad. 33988. Ver también las sentencias CSJ SL, 22 jul. 2009, rad. 36926 y CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 48395. Lo anterior con la salvedad de que, excepcionalmente, las decisiones arbitrales sean moduladas por la Corte, para eliminar sus rasgos ilegales o inequitativos, y se puedan salvaguardar los beneficios y garantías concedidos. (Ver al respecto la sentencia CSJ SL, 15 mayo 2007, rad. 31381).

En el presente caso, si bien el tribunal no dispuso de manera expresa que los permisos sindicales debían ser “...remunerados...”, no existen elementos de juicio que permitan suponer que les restó dicho carácter y que, por lo mismo, al aplicar la cláusula, la empresa podría efectuar un descuento de salarios y afectar las prestaciones sociales de los trabajadores, como lo alega el recurrente.

Ello es así porque, en primer lugar, dentro del pliego de peticiones, la organización sindical había pedido “...permiso remunerado el día viernes...” y “...permiso sindical remunerado...” para asistir a congresos de la federación o confederación (resalta la sala), y el tribunal, al analizarlos y concederlos de manera parcial, no negó expresa o tácitamente su carácter remunerado, sino que tan solo los limitó, en el primer caso, a que fueran otorgados una vez al mes, pues, de acuerdo con sus estatutos, la junta directiva del sindicato se reunía una vez al mes, y, en el segundo caso, a que fueran para tres de los miembros del sindicato y por el “...tiempo de la convocatoria y el de la distancia...”

En segundo lugar, para la Sala esos permisos para las reuniones ordinarias de la junta directiva y para asistir a la conferencia anual de la federación o confederación respectiva, deben entenderse razonablemente concedidos con carácter remunerado, ya que, en consonancia con el artículo 39 de la Constitución Política y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, los representantes de los trabajadores no pueden sufrir un perjuicio económico por causa del ejercicio del derecho fundamental de asociación y la empresa está en la obligación de facilitar el ejercicio de la actividad sindical, sin restricciones expresas o tácitas.

Por lo mismo, teniendo en cuenta que las decisiones de los árbitros deben interpretarse de buena fe y con la racionalidad propia de la intelección de los contratos (CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 48395), para la Sala no existen razones para acceder a la petición del recurrente, ni para anular o modular la decisión arbitral, pues, se repite, el Tribunal nunca negó el carácter remunerado de los permisos y la intelección racional de las cláusulas no permite suponer eso.

En torno a la petición de que se concedan “...unos razonables y precisos viáticos...”, el tribunal fue claro y expreso al determinar que los permisos sindicales no daban “...lugar al reconocimiento de transporte y viáticos por parte de la empresa...”, de manera que no existe alguna cuestión dudosa que deba aclararse. Cabe decir también que no es procedente contrariar la decisión del tribunal en este aspecto, porque, como ya se dijo, la competencia de la Corte, en el marco del recurso de anulación, no se extiende hasta la revisión de las decisiones emitidas en equidad, para tergiversarlas o modificarlas, a menos de que se muestren manifiestamente inequitativas, que no es lo que arguye el recurrente.

2. Uso de las instalaciones de la empresa para reuniones sindicales.

El Tribunal decidió que el sindicato podía hacer uso de las instalaciones de la empresa para sus reuniones, previa solicitud por escrito, en la que se especificara la hora y fecha del evento, así como el número de afiliados que asistirán. Por su parte, el recurrente aduce que la falta de precisión que contiene la decisión impide que el sindicato pueda hacer uso efectivo del beneficio, pues la empresa podría supeditar el préstamo de auditorios a que se le suministre información precisa sobre la organización y, además, “...puede conceder el permiso del uso del auditorio para una ciudad distinta para la que le solicite el sindicato”.

Para la Sala los referidos reparos no pasan de ser meras especulaciones y suposiciones del recurrente, sobre la ejecución práctica de la mencionada cláusula del laudo, que no pueden ser atendidas. Ello es así porque, en primer lugar, es apenas razonable que el sindicato le informe a la empresa la fecha y hora de la respectiva reunión, así como la cantidad de asistentes, con el ánimo de que pueda determinar qué tipo de lugar resulta más adecuado para el desarrollo del evento y pueda organizar y programar razonablemente el uso de todas sus instalaciones.

De otro lado, la información sobre la cantidad e identidad de los miembros de ASINTRACOMFA es de carácter público y de conocimiento del empleador, de modo que nada se opone a que el sindicato le informe al empleador quiénes asistirán a sus reuniones. Por lo demás, la afirmación de que la empresa podría prestar un auditorio en una ciudad diferente de la solicitada por el sindicato no pasa de ser una suposición infundada y carente de soporte, además de que parte de la mala fe de la empresa en su papel de garantizar que el sindicato ejerza libremente su derecho de asociación.

Así las cosas, no resulta procedente la solicitud de adición y aclaración del artículo 4 del laudo arbitral.

3. Competencia del tribunal para conocer de las peticiones del pliego números 7, 8, 15, 16 y 17.

El recurrente aduce que las peticiones del pliego números 7 (comité de conciliación), 8 (asignación de funciones, traslados y promociones), 15 (relación de novedades, informes), 16 (información sobre pérdidas y ganancias de la empresa) y 17 (entrega de actas del consejo directivo de la empresa), no plantean controversias de orden jurídico sino económico o de intereses, por lo que el tribunal sí tenía competencia para pronunciarse sobre las mismas. Agrega, en ese orden, que tales peticiones deben ser devueltas al tribunal para su estudio y decisión.

El tribunal negó la petición 7 del pliego, por “...no ser un asunto de carácter económico...” y porque no era dable crear fueros especiales por la vía del arbitramento; la 8, por que afectaba competencias legales y facultades exclusivas del empleador, sobre traslados y selección de personal, además de que no tenía contenido económico; la 15, “...por tratarse de un asunto de carácter económico y por ser el derecho de petición de orden constitucional...”; la 16, porque los estados financieros constituyen “...una información de uso público...” y por “...no tratarse de una petición de orden económico...”; y la 17, porque “...no constituye una petición de carácter económico...”.

De allí que, en esencia, las peticiones a las que hace referencia el recurrente hayan sido negadas por carencia de competencia, por no tratarse de asuntos de carácter económico y porque, en algunos casos, afectaban competencias legales y facultades exclusivas del empleador. En torno a tal aspecto, esta Sala de la Corte ha sostenido que, al desatar el recurso de anulación, sus funciones están concretadas en verificar la regularidad del laudo y comprobar que el organismo arbitral no haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado. Sin embargo, también ha explicado que es posible analizar la decisión del tribunal que se abstiene de resolver una determinada petición, teniendo competencia para ello, y, eventualmente, devolverla con el ánimo de que se remedie la omisión y se emita un pronunciamiento completo. (CSJ SL719-2013).

En este asunto, para la Sala no existen razones que justifiquen la devolución del laudo al tribunal, para que se pronuncie respecto de las peticiones 7, 8, 15, 16 y 17, como lo pide el recurrente.

En efecto, en primer lugar, respecto de la petición 7, la consideración del tribunal de que no es posible crear fueros especiales por la vía del arbitramento, se encuentra acorde con la jurisprudencia de la Sala, con arreglo a la cual “...el tema relativo a la extensión del fuero sindical, sea temporal o de otra índole, le está vedado a los árbitros, pues al ser un tema regulado por la ley no es viable su reforma en un laudo arbitral, aunque sí puede directamente el empleador, en acuerdo con los trabajadores, ampliar su contenido o duración...” (CSJ SL8693-2014).

Frente a la petición 8, sin duda, la asignación de funciones, traslados y promociones a los trabajadores constituye una potestad exclusiva del empleador, que no puede ser tergiversada por el tribunal de arbitramento. La Corte ha dicho, en este punto, que el empleador es libre de definir las condiciones y términos de administración de su actividad económica, pues es lo que está más acorde con la iniciativa privada y la libertad de empresa garantizada en la Constitución Política, de manera que es de su resorte autónomo determinar la forma de selección y administración del personal, así como las funciones a desempeñar por cada trabajador y la posibilidad de que se efectúen traslados y promociones (CSJ SL, 15 jul. 2008, rad. 35927 y CJS, SL718-2013). En esas condiciones, la decisión del tribunal resulta plenamente válida.

Y, en torno a las peticiones 15, 16 y 17, relacionadas con que la empresa le suministre al sindicato “...el listado de la planta de personal, novedades de ingresos y retiros y listado de personal en comisión...”, “...copia de fin de ejercicio con todos sus anexos y su correspondiente estado de pérdidas y ganancias...” y “...las actas firmadas de consejo directivo...”, para la Sala, el tribunal no está en capacidad de disponer libremente de la información financiera de la empresa, que además puede ser obtenida por otros medios legales y que atañe a su poder autónomo y libre, para definir las condiciones de administración de su actividad económica. Así las cosas, en este punto la decisión del tribunal tampoco resulta ilegal.

4. Permisos sindicales permanentes.

En realidad el recurrente no clarifica las razones por las cuales resulta ilegal la decisión del tribunal de arbitramento, de negar los permisos sindicales de que trataban las peticiones del pliego números 9, 10 y 12, por configurarse en permisos sindicales permanentes, pues solo repite que eran necesarios para que el sindicato ejerciera debidamente sus funciones como organización gremial. Tampoco advierte el recurrente que la petición 10 fue concedida parcialmente, con un permiso para la junta directiva del sindicato, de un día al mes.

Además de ello, esta Sala de la Corte ha dicho de manera reiterada y pacífica, que para conceder permisos sindicales, “...dentro de los varios aspectos a tener en cuenta por el Tribunal de arbitramento, entre otros, advirtiendo que cada caso en particular deberá examinarse, es menester que su concesión no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento, que no sean de carácter permanente, que tengan plena justificación, que sea sólo para atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical y, que esa decisión resista un juicio de razonabilidad y proporcionalidad, así como que el permiso sea racional y equitativo”. (CSJ SL, 28, oct. 2009, Rad. 40534 y CSJ SL10179-2015, entre muchas otras). Resalta la Sala.

Por lo mismo, la decisión del tribunal no resulta anulable.

5. Incremento salarial.

El tribunal de arbitramento negó la petición 13 del pliego, al considerar que la empresa contaba con rangos y categorías salariales, además de que había dispuesto incrementos por escalas, según las cuales los salarios altos se incrementaban en menor porcentaje que los bajos. Explicó, en ese sentido, que acceder a esta petición “...implicaría desconocer toda una estructura empresarial, donde resultaría un sindicato minoritario pactando exclusividades frente a un universo que labora para la empleadora con incrementos ajustados a las posibilidades financieras y dentro de los límites señalados para gastos de administración”.

Por su parte, el recurrente se limita a señalar que el tribunal no justificó claramente su decisión, además de que sus argumentos fueron irreales y no contaron con algún soporte fáctico preciso, pero, en realidad, no cumple con la carga de mostrar las razones por las cuales la decisión del Tribunal excede el marco de sus competencias, afecta derechos fundamentales de las partes o resulta abiertamente inequitativa.

A lo anterior debe agregarse que, como ya se dijo con anterioridad, dentro de las competencias de la Corte, en el marco del recurso de anulación, no está la de dictar alguna decisión de reemplazo, en la que se “...aojan (sic) las peticiones solicitadas...”, pues su función es la de verificar la regularidad del laudo, mas no la revisión de la medida de justicia adoptada por los árbitros, de acuerdo con sus propias concepciones de equidad, aplicadas al caso concreto.

Importa anotar, por otra parte, que la decisión que en este aspecto adoptó el tribunal de arbitramento se encuentra suficientemente motivada, por lo que no son de recibo las críticas que en tal sentido le hace el recurrente a la decisión, máxime si se tiene en cuenta que los árbitros fallan en equidad y no en derecho.

Finalmente, para la Sala es evidente que el tribunal consultó la realidad económica de la empresa y, para tal efecto, en el expediente obra copia de los estados financieros, los dictámenes de revisoría fiscal y el presupuesto para el año 2014 (fls. 425 a 479), además de que tuvo en cuenta que los salarios de todos los trabajadores fueron incrementados durante los años 2011 en adelante, de conformidad con unas escalas desde el 4.5% hasta el 3.5% (fl. 508). Por lo mismo, la decisión de los árbitros tampoco se muestra abiertamente inequitativa.

Conforme a lo expuesto, no hay lugar a la anulación del artículo 13 del laudo, en cuanto negó el incremento salarial deprecado.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Negar las solicitudes de adición, aclaración, devolución y anulación del laudo arbitral proferido dentro del conflicto colectivo suscitado entre la ASOCIACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA, ASINTRACONFA, y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA, COMFAMILIAR.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo, presidente de sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas».