Sentencia SL15573-2017/50525 de septiembre 27 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN 1

Rad.: 50525

Magistrado Ponente:

Dr. Ernesto Forero Vargas

Acta 2

Bogotá, D. C., veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…)

VIII. Consideraciones

Todo el conflicto que ahora centra la atención de esta Corporación, gira en torno a determinar, sí al apreciar el artículo 38 de la convención colectiva de trabajo, suscrita entre el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas D.C. y Santa Fe de Bogotá, D.C., hoy Bogotá Distrito Capital, adiada 24 de mayo de 1996 y vigente a la fecha de retiro del actor, 4 de noviembre de 1997 (fl. 147, cdno 1ª instancia), el Tribunal incurrió en los errores de hecho que le achacó la censura, en particular, en lo que tiene que ver con el cumplimiento del requisito de la edad para acceder a la pensión de jubilación, después de terminado el contrato de trabajo del demandante.

No le asiste razón al opositor, respecto de las falencias de orden técnico que dijo tener el primer cargo endilgado.

En efecto, en el reparo inicial formulado consistió, en que según el replicante, la censura no denunció los preceptos legales que regulaban los derechos reclamados, y la verdad es que la impugnante sí cumplió con lo que se conoce como la proposición jurídica, y en este caso, en atención a que el conflicto versa sobre la interpretación de una cláusula convencional, como lo tiene adoctrinado esta Sala, bastaba con señalar el artículo 467 del CST, como lo hizo expresamente la censura.

El segundo reparo estuvo centrado, en que a pesar de endilgar un “error de hecho” no precisó en qué consistió ese eventual yerro. Sin embargo, al revisar el cargo se observa que contrario a lo afirmado por la réplica, no sólo se enlistaron cuatro (4) errores manifiestos de hecho, sino incluso de su contenido se extrae con claridad cuáles fueron esos dislates en los que supuestamente habría incurrido la segunda instancia, como por ejemplo el cuarto, referido a “Dar por demostrado sin estarlo que los beneficios convencionales se extinguen al momento de terminar la relación laboral”. Por manera que tampoco aquí hubo el desliz técnico que se alegó.

El último de los eventuales yerros de técnica que tendría este primer cargo, estuvo materializado en que la recurrente, a pesar de enderezar el cargo por la vía indirecta, no enunció sí la violación se producía por error de hecho o de derecho. Como ya se vio en la glosa formulada con antelación, la impugnante si señaló y con precisión, qué tipo de errores se habían cometido; diciendo expresamente que eran de “hecho”, como incluso se puso de presente por la Sala al responder el segundo de los desaguisados técnicos enrostrados, en el cual la réplica expresamente reconoció haberse presentado el cargo por “error de hecho”.

Superado lo anterior, corresponde esta Corporación adentrarse de fondo en el estudio del cargo, para lo cual ésta Sala desde ya anuncia que el mismo no tiene vocación de prosperidad, por cuanto la valoración probatoria efectuada por el tribunal sobre la aludida cláusula convencional, antes que errada, se aviene en todo con el criterio jurisprudencial que existe sobre ese particular.

En efecto, evocando un asunto de idénticos contornos fácticos, en tanto, que se trató de la correcta valoración de la misma cláusula convencional y entidad demandada, este órgano de cierre, enseñó que el único entendimiento posible era el siguiente:

“[…] Por lo demás, y aún si la cláusula en comento resultara aplicable al sub lite, lo cierto es que analizado su texto, la Corte no encuentra error manifiesto de apreciación probatoria por parte del tribunal. En efecto, dice el artículo 38 convencional:

‘ART. 38.—Pensión de jubilación: Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, continuará reconociendo y pagando la pensión mensual vitalicia de jubilación a todos los trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas que hayan cumplido cincuenta (50) años de edad y veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos a Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital.

La pensión de jubilación tendrá una cuantía del setenta y cinco por ciento (75%) del total de lo devengado por el trabajador en el último año efectivo de servicios.

Del contenido de la previsión, surge con nitidez que las partes no estipularon expresamente que la prestación pensional de origen convencional pudiera causarse con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo; en consecuencia, la única lectura posible de la cláusula, con arreglo al artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, es que el derecho procede siempre y cuando se reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicios mientras esté en vigor el vínculo laboral, como se consideró en el fallo gravado, por lo que el juzgador no incurrió en un defecto valorativo respecto de ese medio de convicción” CSJ SL, 22 feb. 2017, rad 47822.

El anterior escenario jurisprudencial impide a la Corte efectuar referencia alguna adicional, en la medida que la apreciación del texto convencional antes reseñado, coincide con el que le dio el tribunal.

Por todo lo anterior, el ad quem no cometió los yerros fácticos endilgados y por ende no prospera el cargo.

IX. Cargo segundo

Por la vía indirecta acusa la falta de aplicación del artículo 8º de la Ley 153 de 1887; artículo 1º de la Ley 33 de 1985; artículo 151 de la Ley 100 de 1993; Decreto 3135 de 1968, artículos 3º, 4º, 44 del Decreto 1045 de 1978 y del artículo 19 del CST; Decreto 1748 de 1995, artículos 25, 1649 y 1626 del C.C.; Decreto 2068 de 1991, artículos 13, 25, 48, 53 y 230 de la CN, consecuencia de cuatro de errores de hecho, generados por la falta de apreciación de algunas pruebas y la defectuosa de otras.

Como errores de hecho señaló:

“1. No dar por demostrado, estándolo que el demandante era beneficiario del régimen de transición consagrado en la Ley 33 de 1985.

2. No dar por demostrado, estándolo que el ente pensionado desconoció el hecho de que mi mandante era beneficiario del régimen de transición consagrado en la Ley 33 de 1985.

3. No dar por demostrado, estándolo que el demandante jamás fue vinculado al sistema general de pensiones

4. Dar por demostrado, sin estarlo que al demandante le fue liquidada en debida forma su pensión”.

Como desarrollo del cargo planteó que los yerros que se atribuían a la sentencia, derivaron de la falta de apreciación de algunas de las pruebas aportadas al plenario, como de la defectuosa apreciación de otras, tales como el folio 58 del expediente, en donde aparece que el demandante ingresó al servicio de la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá, D.C., el día 23 de junio de 1970, y que su retiro se produjo el día 4 de noviembre de 1997.

De otra parte dijo, que el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, estableció unos beneficios (régimen de transición), para quienes a la entrada en vigencia de dicha ley hubieran laborado durante quince o más años, y en consecuencia el sentenciador de segunda instancia erró al considerar aplicables al demandante, para efectos de determinar el monto de su pensión, lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Que al no tener en cuenta las pruebas relacionadas en la formulación del cargo, era evidente que se violó por inaplicación, las disposiciones mencionadas, desconociendo el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 Constitucional, y desconociendo la prohibición de discriminar a las personas, consagrada en el artículo 13 ibídem; puesto que consideró, apoyándose en diferentes jurisprudencias, que no era procedente establecer el monto de la primera mesada pensional y que teniendo en cuenta lo normado en la Ley 33 de 1985, se desconoció también, de conformidad con lo dispuesto por el Fondo de Pensiones Públicas al reconocerle la pensión al demandante, (fls. 62 - 67, cdno. 1), la fórmula establecida por esta Corte, para cuando un pensionado ha dejado de devengar durante varios años, contados a partir de la fecha del despido, y hasta cuando adquiere el status de pensionado; toda vez que en su sentir la jurisprudencia de la Corte Suprema señalaba algo diferente.

Señaló que del contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se establecía la finalidad de actualizar anualmente la base salarial para tasar la mesada pensional, esto es, garantizar que los ingresos que integran ese IBL conserven su valor, y que en asuntos donde sea procedente la actualización, dicho fin se logra adecuando el mencionado precepto legal a cada situación y, en términos de la fórmula a aplicar, buscar la que más se ajuste al mecanismo de mantener el poder adquisitivo de las pensiones señalando la fórmula que a su juicio era la más acertada.

En consecuencia, se evidenciaba que ad quem se apartó de la jurisprudencia establecida por la Corte, dejando de aplicar el precepto consagrado en el artículo 230 de la CN, como quiera que en sus reiteradas decisiones, había sido clara al señalar que “Con esta nueva postura, la Sala recoge cualquier pronunciamiento anterior que resulte contrario con respecto a la fórmula que se hubiere venido empleando en casos similares donde no se contempló la forma de actualizar la mesada pensional, acorde con la teleología de las normas antes citadas”; de donde claramente se desprendía que al no tener en cuenta las pruebas aportadas, o al valorarlas de manera equivocada, indujo al sentenciador a inaplicar las normas sustanciales mencionadas en la formulación del cargo.

Recordó que era imperativo para el sentenciador aplicar las normas de rango superior en sus decisiones, cuando la ambigüedad de las normas jurídicas daban lugar a dudas, en torno a la aplicación de dichas normas para los casos puestos a consideración del Juez y concluyó manifestando que no había duda de que si el Tribunal hubiera tenido en cuenta las pruebas mencionadas, habría aplicado el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, el artículo 19 del CST; los artículos 13, 25, 48, 53 y 230 de la CN, y se hubiera ordenado la reliquidación de la pensión.

También indicó que no había duda de que “los motivos de inconformidad con la sentencia impugnada, se soportan sobre las consideraciones de orden jurídico que, como ya se expresó en la formulación del cargo, desconocen la variación de la jurisprudencia en torno a la manera como se deben liquidar las pensiones cuando el pensionado ha dejado de devengar durante diez años o mas” (sic).

Finalizó diciendo que los errores que se enrostran a la fórmula del tribunal, ameritaban ser resueltos con aplicación de la fórmula establecida por la Corte Suprema de Justicia, puesto que ha sido quien ha dado una interpretación al artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

X. Réplica

Una sinopsis de lo planteado, está en que como la prestación del demandante se había causado en vigencia de la Ley 100 de 1993, por cuanto cumplió el requisito de la edad el 20 de marzo de 2006, los factores salariales para su liquidación eran los previstos en el artículo 6º del Decreto 1158 de 1994 y no los de la Ley 33 de 1985.

Que en todo caso, si los factores salariales llegaren a ser los previstos en la Ley 33 de 1985, los factores salariales bajo esa normatividad, eran los previstos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, que transcribió.

Respecto del periodo de liquidación del IBL, con lo devengado en el último año de servicio, el monto de la pensión debía liquidarse con las normas vigentes al momento de causación del derecho y como ello ocurrió en vigencia de la Ley 100 de 1993, quedaba sujeto a esa normatividad.

Como conclusión afirmó, que con fundamento en cita jurisprudencial de esta Corte, de la que trascribió varios apartes, la pensión legal de jubilación del actor se causó en vigencia de la Ley 100 de 1993, por cuanto el requisito de la edad lo cumplió el 14 de abril de 2006 y por lo tanto esa prestación está regida por el artículo 36 ibídem, incisos segundo y tercero.

XI. Consideraciones

Con el fin de resolver este cargo, es indispensable recordar la parte final de lo que expresó el tribunal en su sentencia, respecto del recurso de alzada formulado por la parte demandante:

“[…]

Es decir, la jurisprudencia vista permite ratificar la exigencia del cumplimiento de los requisitos para la pensión convencional estando vinculado a la empresa, motivos que llevan a concluir que el accionante no cumple los requisitos en el artículo precitado 50 años de edad al momento del retiro, luego habrá de revocarse la sentencia de primera instancia en este sentido.

En cuanto a la indexación, como no hay valores por reliquidar se hace improcedente su consideración”.

Prematuramente, la Corte debe señalar que el cargo está llamado al fracaso por lo siguiente:

i) Los errores endilgados no pudo haberlos cometido nunca la segunda instancia, por cuanto el tema de la aplicación y alcance de la Ley 33 de 1985 y la fórmula de la indexación ordenada en primera instancia, no fueron materia de análisis por parte del ad quem, toda vez que el centro de la atención para la segunda instancia y en relación con los límites impuestos por la parte demandante apelante, estuvieron restringidos exclusivamente a:

“[…]establecer la compatibilidad de la pensión de jubilación convencional con la de vejez, como en el presente caso no prosperó el reconocimiento a la pensión de jubilación de carácter convencional conforme fue referido anteriormente y la pretensión iba encaminado a lograrla con la legal se hace forzoso concluir que el derecho pretendido tampoco prospera, en consecuencia se revocará el fallo de instancia para en su lugar absolver a la parte demandada de las pretensiones intentadas”.

En tal virtud, mal podía el tribunal, de un lado, abordar tema distinto al que planteó la parte actora, dado el resultado del proceso para ésta en primera instancia, y del otro, porque obviamente el colegiado de segunda instancia al resolver la apelación de la entidad demandada, tampoco hizo mención alguna al tema de la aplicación de la Ley 33 de 1985, como tampoco sobre si la pensión fue liquidada en debida forma o no, y menos sobre la fórmula de la indexación; por cuanto al revocar la pensión otorgada por el a quo, consideró que: “En cuanto a la indexación, como no hay valores por reliquidar se hace improcedente su consideración”.

ii) Además, la argumentación de este cargo constituye un hecho nuevo en casación, ya que en la demanda inicial no está referida en el acápite respectivo de la misma, tanto en las pretensiones como en los hechos que las sustentan, pues así lo ha sostenido la Corte entre otras en la sentencia CSJ SL, 24 de septiembre del 2014, radicado 43787 al señalar:

“[…] siempre ha sido una preocupación de esta Sala de Casación Laboral el de velar por el respeto y la observancia del debido proceso y la buena fe en sus distintas expresiones.

Sobre esa base, en innumerables oportunidades esta Corporación ha considerado que las partes no pueden introducir al proceso hechos nuevos a los planteados en la demanda o su contestación, dado que sobre esos actos se asienta la relación jurídico - procesal y el objeto del litigio. Por ejemplo, en sentencia CSJ SL, 2 de marzo de 2007, radicado 28174, dijo:

Este argumento no fue expuesto por la accionada al contestar la demanda, constituyendo un hecho nuevo, una variación del objeto del litio y, en consecuencia, una vulneración de los derechos de defensa, contradicción y debido proceso, toda vez que la parte actora no tuvo, desde un comienzo, la oportunidad de controvertir el argumento que ahora invoca”.

En consecuencia, el cargo se desestima.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de la parte recurrente demandante, por cuanto su acusación no salió avante y la demanda fue replicada por la demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 3.500.000, que se incluirán en la liquidación con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

XII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 29 de octubre de 2010, por la Sala Laboral Oralidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral adelantado por Héctor Benjamín Cantor Peña contra el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».