Sentencia SL15654-2014 de noviembre 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 47586

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 41

Bogotá, D.C., doce de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « VIII. Consideraciones

Dada la vía de ataque seleccionada no se discuten los supuestos fácticos establecidos en el fallo gravado: i) que el causante falleció el 10 de abril de 2002; ii) que contrajo nupcias por el rito católico con la demandante el 16 de abril de 1988; iii) que la pareja procreó una hija nacida el 18 de marzo de 1990; iv) que la convivencia del matrimonio perduró hasta el año de 1995 y v) que después de esa fecha ésta no se reanudó.

Según lo esgrimido por la censura, el tribunal al absolver de la pretensión de pensión de sobrevivientes en favor de la cónyuge supérstite Diana Sofía Fonseca Rodríguez, habría incurrido en un yerro de hermenéutica respecto de la parte final del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, porque en su sentir la procreación de un hijo común, exime a la cónyuge del requisito de dos años continuos de convivencia con anterioridad a la muerte del causante.

Al respecto se ha de precisar que conforme al criterio reiterado de la Sala, la procreación de un hijo releva a la cónyuge o a la compañera (o) permanente de la exigencia que trae la norma acusada de demostrar convivencia en los dos años inmediatamente anteriores al deceso para efectos de acceder a la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando ese hecho se dé en dicho lapso, o se trate de un hijo póstumo. Es decir, no vale para suplir la exigencia legal de convivencia, un hijo habido fuera de dichos términos temporales.

En Sentencia CSJ SL, 10 mar. 2006, rad. 26710, asentó la corporación:

“Comparte la Sala la inteligencia que la censura da a la referida norma en el aspecto tratado, pues se ha de precisar que la ley no solamente exige que el grupo familiar exista al momento de la muerte, sino que éste haya tenido alguna permanencia o estabilidad en el periodo último de la vida del pensionado fallecido. Es esa la razón por la cual se exigen mínimo dos años continuos de convivencia con anterioridad a la muerte del pensionado, y por lo tanto no podría admitirse que la procreación de un hijo en cualquier tiempo, tuviera la virtualidad de reemplazar o equivaler al tiempo de convivencia. No es indicativa de la mencionada permanencia o estabilidad, la circunstancia de que el hijo se haya procreado diez, veinte o treinta años atrás”.

Esa postura fue reiterada en Sentencia CSJ SL, 3 may. 2011, rad. 38640.

En la misma línea se encuentra igualmente el fallo CSJ SL, 5 may. 2005, rad. 22560 donde la Corte expuso:

“En tercer lugar, como se dijo, el artículo 46 ibídem estableció como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes tanto del ‘pensionado’ como del ‘afiliado’ fallecido, a los miembros de su grupo familiar, entre los cuales ha de contarse al cónyuge o compañero (a) permanente, que, debe entenderse por tales, a quienes mantengan vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en común, entendida ésta, aún en estados de separación impuesta por la fuerza de las circunstancias, como podrían ser las exigencias laborales o imperativos legales o económicos, lo que implica necesariamente una vocación de convivencia, que indudablemente no existe respecto de aquellos que por más de veinticinco años permanecieron separados de hecho, así en alguna oportunidad de la vida, teniendo esa condición de cónyuge o compañero (a) permanente, hubieren procreado hijos”.

Como no se discute en el sub lite que la única hija habida en el matrimonio Ramírez-Fonseca nació el 18 de marzo de 1990, es decir, mucho tiempo antes del fallecimiento del causante ocurrido el 10 de abril de 2002, la cónyuge supérstite estaba compelida a demostrar a la luz de la normatividad que regulaba la prestación, no sólo que convivía con su esposo al momento de la muerte sino que esa vida marital se había prolongado durante no menos de dos años continuos con anterioridad al doloroso hecho, lo que no se encontró probado en fallo acusado.

Por las razones anteriores, no incurrió el tribunal en el desvío de hermenéutica que se le atribuye, y en consecuencia no prospera el cargo.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente y en favor de los opositores en un 50% a cada uno. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $3’150.000. Por secretaría tásense las demás costas.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veinte (20) de mayo de dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Diana Sofía Fonseca Rodríguez contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, y en el que actuó como interviniente ad excludendum Ana Isabel Escorcia Cuevas.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».