Sentencia SL15680-2015/50307 de noviembre 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 50307

Acta 41

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D. C., once de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

El tribunal consideró que el juzgador de primer grado había errado al conceder una reliquidación no pretendida en la demanda inicial, al entender equivocadamente que la palabra “monto” contenida en el inciso primero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 incluía el ingreso base de liquidación y al concluir que el derecho pensional de la demandante debía ser liquidado con base en el acuerdo 49 de 1990 e indexado.

De igual forma, el ad quem, luego de afirmar que la pensión de vejez le había sido otorgada a la actora “al amparo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por encontrarse inmersa en el régimen de transición”, estimó que el Instituto había aplicado en forma adecuada el mentado artículo 36, en relación con el Ingreso Base de Liquidación; y, en lo atinente a la indexación de la primera mesada pensional, adujo que era una obligación legal y constitucional que se había satisfecho en la Resolución 11786 de 2006.

Encuentra la Corte que con el ataque la censura pretende demostrar la existencia de un error jurídico cometido por el juzgador de segunda instancia, al haber revocado la indexación de la primera mesada y reliquidación concedidas por el a quo. Al respecto, señala el atacante que el tribunal erró, por un lado, al haber dado por hecho que la indexación pretendida había sido concedida por la entidad demandada en la Resolución que reconoció el derecho pensional y, por otro, al haber dejado de aplicar algunas normas que permitían la indexación de las pensiones causadas con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991.

En lo relativo al primero de los reproches, esto es, el tendiente a desestimar el reconocimiento de la indexación que el tribunal estimó inmerso en la Resolución 11786 de 2006, debe indicarse que no es atendible, pues tal y como lo advierte la parte opositora, esa determinación se soportó en la valoración del referido acto administrativo, de suerte que, para atacarla, debió centrar su objeción en la apreciación errónea de ese documento y demás pruebas relacionadas con los elementos o supuestos fácticos del juicio, situación de la cual no se ocupó la recurrente al dirigir el cargo por la vía directa, sin que tal actividad pueda ser suplida por esta Corte.

En relación con la infracción directa de los preceptos normativos enunciados, se observa que la censura, en su demostración, parte de la base que el juez plural no concedió la indexación deprecada al estimar que “con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, no [era] susceptible de indexación el ingreso base de liquidación de la primera mesada, por cuanto antes no existía fuente legal o supralegal que lo estableciera (…)”, supuesto que es totalmente alejado de la realidad y suficiente para desestimar el cargo, pues la pensión no se causó antes de la Constitución de 1991 y esa autoridad judicial realmente negó la indexación, como ya se dijo, bajo el argumento de que el derecho se consolidó durante la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que el ISS, en cumplimiento de la obligación legal y constitucional, ya había otorgado la actualización en la resolución de reconocimiento del derecho.

Ahora bien, esta Sala advierte que el tribunal erró al concluir que la actora era beneficiaria del régimen de transición, que su derecho pensional se había consolidado bajo la Ley 100 y que le era aplicable el artículo 36 de la misma norma, en lo atinente al IBL y a la indexación de la primera mesada, no solo por cuanto ello no fue lo referido por el ISS en la resolución de reconocimiento (fl. 20), sino por cuanto el derecho pensional realmente se causó el 15 de septiembre de 1991, esto es, en vigencia del acuerdo 49 de 1990.

Sin embargo, y pese al yerro anotado, se estima que ello no es suficiente para casar la sentencia, como quiera que, en sede de instancia, se arribaría a la misma decisión absolutoria a la que llegó el tribunal, habida cuenta que al tratarse de un derecho pensional causado bajo la vigencia del acuerdo 49 de 1990, no es posible arrogarle al Instituto demandado la obligación de actualizar las cotizaciones que efectuó la actora entre la fecha en que cesó sus aportes —1984— y la que cumplió la edad para acceder a la pensión —1991—, como en reiteradas ocasiones lo ha señalado pacíficamente esta Sala.

Así pues, en Sentencia CSJ SL, 30 octubre de 2012, reiterada en CSJ SL629-2013, se expresó:

“Es evidente que el sistema general de seguridad social se edifica a partir de las cotizaciones que realizan los afiliados, las cuales constituyen la fuente principal de su financiamiento, y es justamente por ello que la ley instituyó la manera como el ingreso base debía determinarse.

“Inclusive, frente a una temática similar, esta Sala se ha pronunciado respecto de lo aquí debatido, esto es la posibilidad de actualizar las cotizaciones que se realizan ante el Instituto de Seguros Sociales, entre otras en sentencia de 6 de julio de 2011, radicado 39542, en la que consideró:

“La discusión se contrae a determinar si es viable la actualización de las cotizaciones efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, de la manera como lo hizo el tribunal, esto es, en aplicación de la sentencia 29022 de 2007.

“El artículo 20 del acuerdo 49 de 1990, aplicable al sub lite dispone su fijación (…).

“En ese orden, la Corte encuentra equivocado el alcance que dio el ad quem a la jurisprudencia que aplicó para resolver el asunto debatido, toda vez que en este caso la prestación está a cargo del ISS, con sustento en lo dispuesto en el citado artículo 20 del acuerdo 49 de 1990, esto es, teniendo en cuenta el número de semanas que logró cotizar, distinto del caso al que se refirió el juzgador y a los demás que ha juzgado la Sala, en los que se ha analizado es el salario devengado por el trabajador.

“Así las cosas no era posible imponer al ISS la obligación de actualizar las cotizaciones entre la fecha en que cesó el actor sus aportes y la del cumplimiento de la edad para acceder a la pensión, pues el afiliado podía seguir aportando para elevar la tasa de reemplazo, de conformidad con lo dispuesto en la normativa a la que se hizo referencia”.

“Así las cosas, es evidente que no existió desafuero normativo en la sentencia acusada y por tanto el cargo no prospera”.

Bajo la anterior óptica la Sala no encuentra razones para modificar su consolidado criterio, al que dadas las precisiones realizadas, se remite para restarle prosperidad al cargo.

Sin costas en el recurso extraordinario.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 18 de noviembre de 2010 por la Sala Laboral del tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Cecilia Cornejo de Gutiérrez contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».