Sentencia SL15702-2015 de octubre 7 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL15702-2015

Rad.: 41476

Acta 35

Bogotá, D.C., siete de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: “IX. Consideraciones

La Corte debe comenzar por resaltar que la demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una demanda de esta naturaleza y categoría está sometida en su formulación a una técnica especial, que de no cumplirse conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable e imposibilita el estudio de fondo de los cargos.

Igualmente, en numerosas ocasiones ha dicho esta Corporación que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, habida cuenta que la labor de la Corte, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto.

Visto lo anterior, encuentra la Sala que el cargo contiene graves deficiencias técnicas, que comprometen su prosperidad y que no es factible subsanar por virtud del carácter dispositivo del recurso de casación.

Tales falencias se detallan a continuación:

1. En primer término, el alcance de la impugnación no solo debe contener la indicación de lo que se debe casar, es decir, la parte de la providencia que debe anularse o la totalidad de la misma, según corresponda, pues además le incumbe al censor señalar cuál sería la actividad de la Corte en sede de instancia; es decir, precisar si el fallo de primer grado debe confirmarse, revocarse o modificarse y, en estos dos últimos casos, qué debe disponerse como reemplazo.

Pues bien, se advierte que en el sub lite el alcance de la impugnación contiene una impropiedad en la medida que el censor, solicita que, en sede de instancia, se revoque parcialmente el fallo del a quo, en cuanto “resolvió únicamente cancelar por parte de Multidimensionales S.A. y solidariamente a las sociedades Activos S.A. y Serviola S.A. a título de indemnización la suma de $4.195.561.98 por terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo”, cuando dicha providencia, no impuso condena alguna a cargo de las convocadas a juicio, pues en su lugar, las absolvió de todas las súplicas de la demanda e impuso costas a cargo del actor.

Ahora bien, si la Sala pasare por alto tal inexactitud, en el entendido de que lo que realmente pretende el actor, en sede de instancia, es la revocatoria total del fallo de primer grado —que como se dijo le fue totalmente adverso—, se tiene que el casacionista no le indicó a la Sala cuál es la actividad que debe emprender después de obtenido ese quebrantamiento, respecto de las pretensiones reseñadas en el escrito inicial, lo que imposibilita la adopción de cualquier determinación frente a ellas, dado el carácter estrictamente rogado del recurso, pues como bien se ha sostenido, el alcance de la impugnación constituye el petitum de la demanda de casación y sin su adecuada presentación no le es posible a la Corte estudiar la demanda, pues ello le impide delimitar el ámbito de su actuación.

2. Ahora, la Corte, ha determinado que cuando en sede extraordinaria se acusa la violación indirecta de normas de carácter sustancial, como resultado de incurrir el tribunal en errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, le compete al censor señalar de manera diáfana, el tipo de desacierto en que se cimienta e individualizar el medio o medios de prueba sobre los que predica el yerro.

En el sub judice, se observa que el recurrente no cumple con la carga de individualizar en qué error o errores de hecho manifiestos incurrió el juez de apelaciones por falta de apreciación o por valoración errónea de las pruebas, esto es, que fue lo que dio por demostrado, sin estarlo o no dio por acreditado, estándolo.

3. Así mismo, en aras de la claridad que debe regir la fundamentación de la demanda de casación, es deber del recurrente indicar de manera objetiva el contenido de los medios de convicción así como el valor atribuido por el juzgador, la incidencia de éste en las conclusiones del fallo impugnado y el precepto sustancial que resultó indebidamente aplicado, requisitos que evidentemente omitió cumplir el censor.

En efecto, el recurrente se limitó a señalar que el Tribunal no aprecio o valoró erradamente las pruebas que a lo largo de su discurso menciona, empero no desarrolla un discurso lógico encaminado a demostrar la comisión de cualquier error fáctico evidente del Tribunal, pues si bien hace alusión al contenido de los mismos, no clarifica qué es lo que cada uno de esos medios de convicción demuestra, en qué consistió la tergiversación de su contenido y cuál su incidencia en la sentencia gravada, en tanto se limita a señalar que “incidieron desfavorablemente en la decisión acusada» (fl. 14 cuaderno de la Corte).

4. Igualmente, el casacionista incurre en inaceptable falencia técnica al incluir en su argumentación que la demandada Activos S.A. allegó como prueba “una comunicación que no se encuentra suscrita por su destinatario y la cual el demandante desconoce por qué nunca le fue debidamente notificada”, para significar de ahí, que conforme lo establecido en el art. 269 del CPC, dicho documento carece de valor probatorio. Lo anterior, porque de ser ello así, debió dirigir el ataque por la vía del puro derecho y no por la fáctica elegida, toda vez que los errores relacionados con la aducción, aportación, validez y decreto de pruebas, constituyen violación de los preceptos legales que gobiernan esas situaciones procesales, mas no errores de hecho derivados de su equivocada estimación o falta de valoración.

5. Entonces, como quiera que en la acusación el impugnante no identificó claramente cuáles fueron los errores de hecho que, con carácter de ostensible, cometió el ad quem, ni la incidencia que la indebida valoración o la no apreciación de las pruebas que denuncia tuvieron en la determinación impugnada, su confuso escrito deja la imputación sin sustento alguno y se transmuta en un simple alegato de instancia.

6. Más grave aún, resulta el hecho que el recurrente olvida que este medio de impugnación no le otorga facultades a las partes para variar la materia objeto de la controversia que fue dilucidada en las instancias. Ello, en tanto manifiesta que la comunicación por medio de la cual se formalizó la terminación del vínculo laboral que ató a las partes, “resulta ineficaz» y, que por tanto, las causas que dieron origen al contrato de trabajo continuaron vigentes, lo que sumado al hecho que el demandante “se encontraba cumpliendo sus obligaciones”, obligaba a que el empleador garantizara “su renovación» y diera aplicación al contenido del art. 140 del CST, esto es, remuneración si prestación del servicio.

Así, resulta claro que lo que en esencia persigue el censor es variar el petitum de la demanda y los hechos en los que se apoyó para la prosperidad de sus pretensiones en las instancias, de modo que, la nueva pretensión y los nuevos fundamentos que se incluyen en la demanda de casación se tornan inadmisibles frente al derecho de defensa y contradicción de las demandadas.

7. De otra parte, para la Sala, la censura resulta además de exigua -en tanto, como quedó dicho, se desconoce lo que en realidad persigue en sede de instancia-, claramente insuficiente a los propósitos de derruir las conclusiones del juez de apelaciones, esto es, (i) que no se verificaron los supuestos legales para declarar la unidad de empresa entre las demandas Serviola S.A. y Activos S.A., y (ii) que el actor no probó la existencia de un contrato de obra entre las empresas de servicios temporales accionadas y la usuaria, que conlleve a declarar la solidaridad deprecada en los términos del art. 34 del CST.

Por todo lo anterior, el reparo no resulta idóneo para desvirtuar las presunciones de acierto y legalidad en que se ampara el fallo de segunda instancia.

En consecuencia, el cargo se desestima.

Las costas del recurso extraordinario, por virtud de que la demanda de casación no salió avante y hubo réplica, serán a cargo de la parte demandada recurrente. Se fija como agencias en derecho, la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($3.250.000) m/cte., valor que le corresponde, por partes iguales, a cada una de las demandadas y que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la Secretaría.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de abril de 2009, en el proceso ordinario adelantado por el la William Aponte Bonilla contra Activos S.A., Serviola S.A. y Multidimensionales S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».