Sentencia SL15705-2015 de octubre 7 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 71314

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL15705-2015

Acta 35

Bogotá, D. C, siete de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Básicamente los motivos de inconformidad del recurrente se reducen a tres aspectos: (i) ¿los árbitros se extralimitaron al determinar un incremento salarial del 4.5% para el primer año de vigencia del laudo?; (ii) ¿la disposición que estableció un incremento salarial para el segundo año de vigencia “en una suma igual al porcentaje sobre el cual se efectúe el incremento del s.m.m.l.v. para el año 2015” es exageradamente oscura o indeterminada?; (iii) ¿la decisión de otorgar un auxilio de $600.000 carece de motivación?

En cuanto al primero de esos aspectos, es oportuno señalar que los árbitros no excedieron sus competencias al determinar un incremento salarial del 4.5%, puesto que la organización sindical Sutimac solicitó un aumento del 9%, tal y como consta en el pliego de peticiones visible a folios 30 a 43. Esto, quiere decir que se pidió un incremento muy superior al que fijó el tribunal de arbitramento.

Si bien el Tribunal en los antecedentes del laudo, al intentar resumir los argumentos que ventilaron las partes en el trámite arbitral, señaló que los representantes del sindicato “manifestaron que los trabajadores que no están afiliados al sindicato gozan de algunos derechos extralegales y que desde el mes de julio de 2014 les incrementaron los salarios en el 4%, lo cual reclaman”, dicha afirmación no puede entenderse como una modificación de lo solicitado por los trabajadores en el pliego de peticiones, por dos razones.

En primer lugar, en el escrito que el sindicato radicó ante el tribunal de arbitramento, de fecha 16 de marzo de 2015, y que fue objeto de reseña en el laudo, nunca se alteró ni expresa ni tácitamente lo solicitado en el pliego. Lo que allí se plasmó fue la inconformidad de la organización sindical relativa al hecho de que a los trabajadores no sindicalizados les hubieran incrementado en el año 2014 el salario en un 4% y a los demás no; empero, nunca se dijo que lo que reclamaban era un incremento del 4%.

En segundo término, lo que escribió el Tribunal de Arbitramento en el laudo, específicamente en sus antecedentes, no puede tomarse de forma descontextualizada y con abstracción de lo que objetivamente es la verdad y está probado. En efecto, el que haya aseverado que desde el mes de julio de 2014 a los trabajadores no sindicalizados les incrementaron sus salarios en un 4% “lo cual reclaman”, mirado en su contexto, significa que los trabajadores sindicalizados reclaman, se quejan o se duelen que en la empresa se presenten desigualdades en los aumentos salariales.

En cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas, advierte la Sala que la disposición que consagra un aumento salarial igual al porcentaje de incremento del salario mínimo legal, no es exageradamente indeterminada o imprecisa como lo dice el recurrente, por el contrario, es clara, entendible y la referencia a este parámetro es de común uso.

Lo que quiere decir simplemente esa norma es que los salarios se incrementarán para el segundo año de vigencia del laudo en un porcentaje igual al incremento del salario mínimo legal. Debe advertirse que la norma no está adicionando a los salarios de los trabajadores el valor de un salario mínimo legal mensual, pues, se repite, lo que hace es consagrar un aumento en un porcentaje igual al incremento del salario mínimo legal. Por ejemplo, si para el año 2015 el salario mínimo legal tuvo un incremento del 4.6% (paso de 616.000 a 644.350), el porcentaje que debe emplearse para aumentar los salarios de los trabajadores es de un 4.6%.

En este orden, habrá que esperar en cuánto la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales o en su defecto el gobierno, incrementa el salario mínimo de carácter general para el año 2016, a fin de establecer el porcentaje con el que deben incrementarse los salarios de los trabajadores sindicalizados o los que en el futuro lleguen a beneficiarse del laudo por extensión.

Por último, en lo concerniente a la tercera cuestión estima la Sala conveniente remitirse a lo que atrás se expuso sobre las características de los laudos emitidos en equidad, no sin antes puntualizar que en este asunto la concesión de un auxilio de $600.000 no fue arbitraria, sino que, por el contrario, estuvo fundamentada en el siguiente razonamiento:

Adicional a lo anterior, con el fin de que los trabajadores compensen el hecho de no incrementar los salarios, unánimemente deciden los árbitros que la empresa reconozca una bonificación retrospectiva no constitutiva de salario para ningún efecto por valor de $600.000.

Como puede leerse, esa suma no se fijó sin mayores reflexiones, toda vez que con su establecimiento los árbitros quisieron compensar económicamente a los trabajadores sindicalizados por no haber recibido incrementos salariales, lo cual es legítimo.

Vigencia

Señala la norma en cuestión lo siguiente:

Vigencia

La vigencia del laudo será de 2 años contados a partir de la promulgación del mismo.

Argumentos del recurrente

Aduce que lo más ajustado a derecho es que la vigencia del laudo sea a partir de su ejecutoria y no de su promulgación, ya que el laudo tiene el carácter de convención colectiva de trabajo hacia el futuro y solo son obligatorias y pertinentes las normas validadas por esta Sala en el examen de legalidad que realice. En tal sentido, señala que los árbitros que dirimen un conflicto colectivo intervienen como terceros con función jurisdiccional, “transitoria y sustitutiva de los operadores judiciales permanentes, por lo que el arbitramento ha sido calificado por la doctrina como “fenómeno de derogatoria de jurisdicción”, por lo que los árbitros tienen plena competencia para resolver la vigencia del Laudo, solo con los límites señalados en la ley, vigencia que como todas sentencia se inicia a partir de su ejecutoria”.

Manifiesta que el recurso de anulación por su naturaleza y para los fines para los que fue concebido, ataca la existencia y la validez del laudo, de manera que parece ilógico adelantar una demanda ejecutiva cuando están en entredicho los elementos constitutivos de la decisión que se presenta como título.

Consideraciones de la Sala

De acuerdo con el art. 461 del C.S.T. el laudo arbitral que pone fin al conflicto colectivo tiene el carácter de convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo, y, con arreglo al art. 479 del C.S.T., la nueva convención rige a partir de su firma.

De ahí que no sea apropiado asimilar completamente un laudo arbitral con una sentencia judicial y, a partir de este razonamiento, considerar que la vigencia del laudo solo inicia con su ejecutoria, ya que, la regla general es que produce efectos hacia el futuro desde el momento de su promulgación, con fuerza y talante de convención colectiva.

En sentencia CSJ SL, 24 may. 2010, rad. 41921, esta Sala se pronunció sobre el tema que trae a colación el recurrente en los siguientes términos:

No encuentra la Corte que los arbitradores hayan conferido a su proveído un efecto retroactivo, al determinar que tendría vigencia desde su promulgación, pues en modo alguno le fijaron consecuencias jurídicas antes de que se profiriera tal decisión; aparte de que resulta apenas lógico que lo hicieran desde que fue emitida. Es claro que el laudo que resuelve un conflicto colectivo de trabajo, según lo establece el artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, tiene el carácter de convención colectiva de trabajo en cuanto a las condiciones de trabajo y, por esa razón, no es posible considerar que solo adquiere vigor desde que pueda entenderse ejecutoriado, pues, en estricto sentido, no lo acompañan todas las características de una sentencia judicial.

Por manera que considerar que tal decisión es retroactiva, por no haberse dicho que su vigor jurídico surgiría desde la ejecutoria, es realmente un exótico argumento que la Sala no comparte, como surge de lo que explicó, al dar respuesta a un razonamiento similar, en la sentencia de 11 de julio de 2006, radicada con el número 29884, en la que señaló lo siguiente:

“Critica el recurrente el laudo en cuanto señaló que tendría vigencia de un año contado a partir de la fecha de expedición y también por haber tenido ese momento como punto de partida para el incremento salarial; así mismo porque considera que el aumento salarial decretado es inequitativo.

“1.1. Sobre el primer aspecto ha de anotarse que la queja es infundada, pues el Tribunal de Arbitramento tiene facultad para señalar el término de vigencia del laudo dentro del límite temporal fijado en el artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo que es de dos años. Como la vigencia del laudo bajo estudio, se fijó en un año no hubo trasgresión legal alguna por parte del Tribunal.

“Ahora bien, frente al cuestionamiento porque el incremento salarial opere a partir de la fecha de expedición del laudo y no de su ejecutoria, se advierte que es la regla general que el laudo arbitral produzca efectos hacia el futuro desde el momento de su expedición; según lo dispuesto en el artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo el fallo del Tribunal de Arbitramento tiene el carácter de convención colectiva, y con arreglo al numeral 2º del artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 del D.L. 616 de 1954, la nueva convención colectiva rige a partir de su firma.

“Por lo demás, la jurisprudencia de esta Sala desde el fallo de 19 de julio de 1982, ha reconocido a los árbitros la posibilidad incluso de decretar aumentos salariales con efecto retrospectivo, es decir, que operen desde un momento anterior a la expedición del laudo”.

Para concluir, cabe agregar que la circunstancia de que las obligaciones vertidas en un laudo arbitral puedan o no ser ejecutables o cobrables coactivamente, es una cuestión distinta a la de la vigencia del laudo, de modo que supeditar la temporalidad de una providencia de tal carácter a que sus obligaciones puedan ser exigibles judicialmente mediante el proceso ejecutivo, es equivocado, puesto que, se itera, una cosa es la vigencia del laudo y otra la exigibilidad judicial de las obligaciones que incorpora. Elementalmente, estos dos aspectos pueden llegar a presentarse simultáneamente, pero también puede pasar que el laudo esté vigente o las obligaciones que de él emanen existan y no sean exigibles por distintas razones.

No se anulará esta disposición.

Fallecimiento de familiares y anteojos

Las disposiciones atacadas establecen:

Auxilio por fallecimiento

En caso de muerte del trabajador, la empresa reconocerá la suma de $1.200.000

En caso de fallecimiento de cónyuge o compañero permanente inscrito, hijos menores de 25 años y padre que dependan económicamente del trabajador, la empresa reconocerá la suma de $300.000.

Este auxilio se pagará dentro de los quince días siguientes al lleno de los requisitos exigidos para tal fin. Este auxilio es independiente del auxilio funerario.

Estos valores se incrementarán para el segundo año de vigencia en un porcentaje igual al Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE

Este auxilio no constituye salario para ningún efecto.

Anteojos

Cuando la EPS o la entidad de Seguridad Social que la sustituya, a la cual se encuentre afiliado el trabajador(a), le formule anteojos o el cambio de los mismos, la empresa le reconocerá un auxilio hasta de $100.000. Este cambio se reconocerá por una sola vez durante el período de vigencia de este Laudo, previa presentación de la factura de compra, a menos que el médico de la EPS ordene cambio de los lentes dentro de la vigencia.

Argumentos del recurrente

Sostiene la empresa que si bien las partes en un proceso de autocomposición pueden generar acuerdos sobre reconocimientos de salud, de incapacidades, de anteojos u otros similares, esta facultad no la tienen los árbitros.

Así, con apoyo en la sentencia CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 55501, señala que los árbitros no tienen competencia para crear obligaciones en materia de seguridad social.

Explica que en tratándose del riesgo de muerte el sistema prevé un auxilio funerario en cuantía que oscila entre 5 y 10 SMLMV, suma suficiente para atender las exequias; que las partes son libres para convenir los beneficios extralegales que consideren necesarios, pero no los árbitros; que los beneficios, derechos y obligaciones de familiares del trabajador en materia de seguridad social en salud están definidos en la ley y de la misma manera los permisos en caso de muerte de familiares se encuentran en la ley de luto, por lo que los árbitros no tienen competencia para establecer beneficios en caso de muerte.

Por último, asevera que las prestaciones en materia de salud están a cargo de las EPS, y “la prescripción de lentes y entrega de los mismos está regulada en el POS, por lo que a juicio de la empresa está petición es ajena a la competencia del Tribunal de Arbitramento”.

Consideraciones de la Sala

La sentencia CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 55501 con fundamento en la cual se pretende la invalidación del auxilio por fallecimiento y de anteojos, no tiene el alcance que el recurrente intenta darle, pues lo que en esa oportunidad se estudió fue la viabilidad de que los árbitros le impusieran al empleador la obligación de asumir el 100% del valor de la incapacidad médica, en sustitución de la suma que por este concepto deben cubrir las Empresas Promotoras de Salud (EPS).

Acá la cuestión es distinta, porque, por un lado, la cláusula no está diciendo que los lentes deba prescribirlos la empresa o suministrarlos, lo que señala es que la compañía debe entregar una suma de dinero equivalente a $100.000 cuando el trabajador asuma el precio de los lentes, previa presentación de la factura y, por otro, el auxilio funerario previsto en los arts. 51 y 86 de la L. 100/1993 a cargo de las administradoras de pensiones, no se le está asignando a la empresa, por el contrario, se mantiene a cargo de la entidad de seguridad social, y, paralelamente se consagra un auxilio adicional para un grupo de personas diferentes, no condicionado a la prueba de los gastos de entierro.

En tal sentido, podría decirse que el objeto del auxilio funerario de la L. 100/1993 y el auxilio por fallecimiento es diverso. En efecto, mientras que el auxilio funerario se entrega a cualquier persona que demuestre haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado, el auxilio por fallecimiento consagrado en el laudo se establece en favor del trabajador por la muerte de alguno de sus parientes y también en favor de sus beneficiarios cuando quiera que aquel fallezca. Dicho en otros términos, el primero se establece en favor de un sujeto indeterminado —quien demuestre haber cubierto los gastos de exequias de un pensionado o afiliado— y el segundo en favor de un sujeto determinado —trabajador o sus beneficiarios—.

De otro lado, el auxilio funerario intenta compensar económicamente los gastos de entierro en que incurre una persona a raíz de la muerte de un pensionado o afiliado al sistema, en cambio el auxilio por fallecimiento es una suma económica que se entrega al trabajador para que afronte con más solvencia las múltiples situaciones y gastos que puedan derivarse de la muerte de uno de sus familiares. Cuando este se concede por la muerte del trabajador, el auxilio tiene por objeto mitigar los efectos nocivos que puede generar para el grupo familiar la ausencia del trabajador y las rentas que proporcionaba con su trabajo.

Para finalizar, importa recordar que por medio del conflicto colectivo y la dinámica que le es propia, lo que los trabajadores buscan es precisamente la defensa y la mejora de sus derechos laborales, bien sea superando los establecidos en la ley o en algún otro acuerdo previo suscrito con el empleador, o ya sea creando nuevos derechos.

Esa finalidad de mejoramiento de los derechos y beneficios de los trabajadores que apareja la negociación y el conflicto colectivo, se replica a los arbitradores, quienes para decidir en equidad igualmente pueden pronunciarse con respecto a cualesquiera mejoras que superen los mínimos previstos en la ley, mediante la creación de nuevos beneficios o la complementación o adición de los ya existentes.

No se anularan estas disposiciones.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el laudo arbitral emitido el 27 de abril de 2015, por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo suscitado entre la empresa Almacenes e Industrias Roca S.A. y el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción “Sutimac”.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Ministerio del Trabajo, para lo de su cargo».