Sentencia SL15802-2017 de septiembre 27 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Luis Gabriel Miranda Buelvas

SL15802-2017

Rad.: 56815

Acta 35

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

EXTRACTOS: «IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

VIII. CONSIDERACIONES

Se comienza por advertir que la demanda de casación debe cumplir con las reglas adjetivas que su planteamiento y demostración requieren, para que sea susceptible su estudio de fondo, pues acorde con las normas procesales, debe reunir los requisitos de técnica que aquellas exigen, que de no cumplirse puede conducir a que el recurso extraordinario resulte infructuoso.

Es por ello que para lograr que se cumpla el objeto del recurso extraordinario, la demanda de casación no puede plantearse aduciendo razones a lo sumo admisibles en un alegato de instancia, en el cual es posible argüirlas libremente, y es por eso que dicha demanda debe reunir no sólo los requisitos meramente formales que permiten su admisión, sino que requiere de un planteamiento y desarrollo lógicos, que se muestren acordes con lo propuesto por quien hace valer el recurso, el cual, por la seriedad de los fines que persigue, exige que el recurrente cumpla cabalmente con la carga de demostrar la ilegalidad de la sentencia acusada.

También, debe recordarse, como en numerosas oportunidades lo ha señalado esta corporación, que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, tarea que se entiende es la que compete a las dos instancias regulares del proceso y excepcionalmente a la Corte cuando funge como tal, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se orienta a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el tribunal observó las preceptivas jurídicas que como parte del sistema normativo propio estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos constitucionales de las partes.

La inteligente labor de persuasión que debe llevar a cabo quien recurre una sentencia en casación no puede ser suplida con afirmaciones extrañas a las conclusiones del fallo del Tribunal o a espaldas de la técnica del recurso de casación, que en últimas, fue lo que aquí ocurrió, como pasa a verse.

En efecto, encuentra la Sala que el escrito contentivo de la demanda de casación presenta deficiencias técnicas que comprometen la prosperidad del cargo formulado, y que no es factible subsanar de oficio en virtud del carácter dispositivo del recurso, y que a continuación pasan a explicarse:

1. El recurrente plantea de manera inapropiada el alcance de la impugnación, que en casación constituye el petitum de la demanda, pues solicita a la Corte que se revoque la sentencia de primer grado y también la de «segunda instancia». Ello, a pesar de que es sabido que la Corte tiene competencia para casar, total o parcialmente, o no casar, la sentencia de segunda instancia, y en el primer evento, proceder a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer grado en sede de instancia, pero no la de segundo grado, esto es, la proferida por el tribunal.

Por manera que, lo que debió solicitarse, simple y llanamente, fue la casación del fallo de segunda instancia y la revocatoria del adoptado por el juzgado, que le resultó adverso, para que, en su lugar, se concediera el reintegro o la indemnización por despido injusto en los términos de la demanda inicial.

2. Los ataques se dirigen indistintamente contra las sentencias de primera y segunda instancia, cuando es lo suficientemente conocido que la casación procede únicamente contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores de distrito judicial, al interior de los procesos ordinarios, y excepcionalmente contra las sentencias de primera instancia, cuando las partes de común acuerdo y dentro del término que se tiene para apelar, deciden pretermitir la segunda instancia, lo que se conoce como recurso de casación per saltum, que no se presenta en el sub lite.

3. El recurrente no indica la vía de ataque escogida ni la modalidad de violación de la ley sino que de manera escueta se limita a acusar al sentenciador por haber incurrido en la “apreciación errónea de las pruebas” y, más adelante, en el acápite denominado “causales o motivos del recurso” denuncia la “falta de apreciación de las pruebas”.

En tal sentido, es palmario como el recurrente acusó al unísono la falta de apreciación y la apreciación errónea de “las pruebas que obran dentro del expediente”, lo cual constituye un planteamiento equivocado en casación, porque no es lógico que un medio de prueba sea, al mismo tiempo, apreciado y pasado por alto por el juzgador.

Al margen de lo anterior, si la Sala entendiera que se acude a la senda indirecta bajo la modalidad de aplicación indebida, que corresponde al concepto de violación admisible para esa clase de transgresión de la ley, ello a nada conduciría, porque la parte recurrente tampoco cumple con la carga de señalar cuáles fueron los errores evidentes de hecho o de derecho en que incurrió el tribunal, esto es, qué hechos dio por demostrados, sin estarlo, o cuáles no dio por demostrados, estándolo, ni tampoco denuncia las pruebas no apreciadas o mal valoradas de las cuales emergen tales errores, omisión que la Corte no puede enmendar dado el carácter dispositivo del recurso.

4. Como si lo anterior fuera poco, cuando se alude a las “causales o motivos del recurso” también se atribuye a la sentencia “de prima (sic) y segunda instancia”, desconociéndose por completo, se repite, la lógica y finalidad del recurso, la infracción directa de “la Ley 100 (sic) de 2006”, modalidad de violación que es propia de la vía directa o del puro derecho. De esta manera, el recurrente trae en el único cargo de la demanda de casación cuestiones de orden jurídico que tampoco fueron discutidas en las instancias y que son impertinentes en tratándose de la violación indirecta de la ley.

5. En el desarrollo del cargo, la censura incluye aspectos tanto de índole jurídico como fáctico, cuando es sabido que no es factible hacer una mixtura de las vías directa e indirecta de violación de la ley por ser excluyentes, en razón a que la primera conlleva a un error jurídico mientras que la segunda a la existencia de uno o varios yerros fácticos, debiendo ser su formulación y análisis diferentes, y plantearse por separado.

A no dudarlo, la directa y la indirecta, por su naturaleza, son dos modalidades irreconciliables de ofensa al derecho sustancial, de suerte que el recurrente en casación no puede achacar al juzgador de instancia, de manera simultánea, el quebranto de la ley sustancial por la vía directa, esto es, con prescindencia de toda cuestión probatoria, y la incorrecta estimación del torrente probatorio.

6. Igualmente importa a la Corte destacar que según el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, “El error de hecho será motivo de casación laboral solamente cuando provenga de falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular (...)”. En tal virtud, la aspiración anulatoria del actor, erigida sobre la falta de apreciación de las declaraciones de terceros, deviene frustránea, puesto que no es viable el análisis de la prueba por testigos, a no ser que, previamente, se demostrara la existencia de un error evidente sobre uno de los medios de prueba mencionados en la norma, situación que no acontece en este proceso.

Resulta oportuno, a los efectos de esta decisión, memorar lo que de antaño ha dicho la Corte en punto a las exigencias que debe atender toda demanda de casación, en perspectiva de alcanzar un resultado favorable. Por ejemplo, en sentencia 548 de 2 de diciembre de 1986, reiterada en innumerables ocasiones, se discurrió así:

Resulta en cambio, que el farragoso memorial presentado a manera de demanda de casación sí adolece de fallas técnicas y de manifiesta imprecisión, ya que el recurrente no puntualiza la clase de error en que incurriera el sentenciador al apreciar o inapreciar las pruebas, ni intenta demostrar el error evidente de hecho enunciado en el cargo. Las alegaciones del recurrente se reducen comentar parcialmente algunas declaraciones y a criticar en forma global el dictamen pericial, prueba en que fundamenta el tribunal su decisión para declarar falso y sin validez el contrato de trabajo del 15 de octubre de 1980 (fl. 5), procedimiento que en manera alguna autoriza a la Sala para revisar en casación el juicio del fallador de instancia sobre los hechos controvertidos. 

En repetidas ocasiones ha dicho esta corporación que el “recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia. A la Corte no le corresponde como Tribunal de casación ponderar las pruebas y contrapruebas del proceso para decidir sobre la verdad de los hechos controvertidos, que es la tarea propia de los juzgadores en instancia. En casación no se estudian las pruebas si no para deducir error de hecho manifiesto o de derecho, cometido por el Tribunal en su apreciación, como medio conducente a la violación de la ley sustantiva en presencia de cada caso concreto”. (Cas, marzo de 1954, LXXVII, 72).  

El error de hecho en la apreciación de pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y que permite la Corte la casación de un fallo tiene que ser manifiesto, es decir, tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos de tal magnitud que resulte absolutamente contrario la evidencia del proceso. No es, por tanto, error de hecho que autorice la casación de un fallo aquel a cuya demostración sólo se llega mediante un esforzado razonamiento. Ha sido esta la doctrina constante de la Corte, sólidamente fundada en la naturaleza del recurso de casación que, como es bien sabido, no tiene por objeto hacer un nuevo análisis de todos los elementos probatorios aducidos en el juicio” (CAS, octubre 27 de 1954, G.J. 2147).  

3. De otra parte, el fallador de segundo grado, funda su resolución absolutoria en la estimación que hizo de la prueba testimonial y de la pericial, medios probatorios inatacables en este recurso extraordinario, por la vía del error de hecho según lo prescribe el artículo 7º de la Ley 16 de 1969. 

7. Finalmente, cabe anotar, que aun dejando de lado los anteriores defectos de técnica, que son suficientes para dar al traste con la acusación, y de poder adentrarse la Sala en el fondo del asunto, encontraría que el tribunal no pudo incurrir en los yerros enrostrados pues no hizo análisis alguno en torno a los artículos 9º y 11 de la Ley 1010 de 2006, única disposición citada por el recurrente para cimentar su ataque en sede extraordinaria, cuando sostiene que la denuncia de acoso laboral presentada por el trabajador impedía a la empresa demandada efectuar el despido dentro de los 6 meses siguientes a la petición.

El anterior argumento no puede ser admitido por constituir un medio nuevo que está proscrito en casación, toda vez que no fue debatido en el devenir de las instancias y como la jurisprudencia siempre lo ha dicho, ésta no es una nueva oportunidad para modificar la posición en el recurso de alzada, de suerte que plantearlo ahora viola el debido proceso y el derecho de defensa de la parte demandada.

Al respecto, conviene precisar que en el trámite de un conflicto jurídico individual, el director del proceso en sus diferentes etapas, debe propender en forma irrestricta por el respeto de las normas y principios constitucionales y legales, sustanciales y procesales, de las cuales cabe destacar el debido proceso, en su doble dimensión de garantía de aplicación de la normatividad vigente que regula los supuestos fácticos demostrados, con una interpretación que se ciña a su genuino y cabal sentido, sino además, en la medida en que no se sorprenda a las partes con elementos que por su novedad en las postrimerías del proceso, no puedan ser controvertidos por la parte contraria.

En consecuencia, el cargo se desestima y dado que se formuló oposición, las costas en el recurso extraordinario serán a cargo del demandante. En su liquidación, que deberá hacer el juez de conocimiento conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso, inclúyase como agencias en derecho la suma de $ 3.500.000.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 22 de marzo de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por STEPHAN RAMÍREZ PRADA contra BAVARIA S.A.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, Presidente de la Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán».