Sentencia SL15826-2014 de noviembre 19 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL15826-2014

Rad.: 52364

Magistrado Ponente

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Acta 104

Sala de conjueces

Bogotá, D. C., diecinueve de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. El recurso de casación

Lo interpuso el instituto accionado con fundamento en la causal primera de casación laboral consagrada en el Decreto 528 de 1964 artículo 60, con el que pretende, según lo dijo en el alcance de la impugnación, que esta Sala case la sentencia recurrida y, en sede de instancia, confirme el fallo de primer grado.

Con tal objeto, formuló dos cargos que dentro del término de ley fueron objeto de réplica simultánea y que a continuación, estudiará la Sala de manera conjunta, por cuanto persiguen un mismo fin, denuncian similar cuerpo normativo y se valen de idénticos argumentos.

VI. Cargo primero

Lo orientó por la vía “directa”, por aplicación indebida de los “artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 8º, 14 y 17 de la Ley 153 de 1887, 1º y 6º del Decreto 546 de 1971, 7º de la Ley 71 de 1988, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993 y 9º de la Ley 797 de 2003”.

Para sustentar el cargo, comenzó por reproducir el contenido del Decreto 549 de 1971, artículos 1º y 6º, luego de lo cual refirió que este decreto fue dictado con fundamento en las facultades conferidas por la Ley 16 de 1968, referente a la organización y funcionamiento de la rama jurisdiccional del poder público y como tal, está dirigido de manera expresa y exclusiva a todos los funcionarios y empleados de la rama. Además que por su origen y destino, es una norma que se acomoda a lo reglado por el Código Sustantivo del Trabajo, artículos 4º y 492, cuya preceptiva sustrae del régimen laboral privado todas las disposiciones atinentes a las relaciones del Estado con sus servidores.

Seguidamente, transcribió el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, para señalar que dicha normativa establece de manera expresa que cuando los empleados oficiales y trabajadores que acrediten aportes para pensión de jubilación en los diferentes estamentos oficiales “… y en el Instituto de Seguros Sociales…”, pueden acceder a la prestación cuando hayan cumplido 60 años de edad en el caso de los hombres y 55 en el caso de las mujeres y que el fin de tal precepto fue el de salvaguardar las expectativas legítimas de aquellos servidores que no completaron el tiempo oficial requerido por la Ley 33 de 1985.

Así, afirmó que los preceptos reproducidos, manejan hipótesis diferentes y excluyentes y, en tal razón no podía el tribunal acumular tiempos públicos y privados, pues tal posibilidad debe ser expresa y no sujeta a interpretaciones, y, que el Decreto 546 de 1971, no establece tal posibilidad. Refiere igualmente que el ad quem no podía seleccionar la Ley 171 de 1978, artículo 7º, para acumular tiempos de servicio y simultáneamente aplicar el Decreto 546 de 1971, artículo 6º, para efectuar la liquidación de la prestación, pues sabido es que la selección de un precepto implica la aceptación de todas sus condiciones, so pena de equivocar la aplicación, pues al acoger solamente lo favorable de cada norma contraría el principio de inescindibilidad que rige la interpretación de la ley.

VII. Cargo segundo

Le atribuye al fallo recurrido violar por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea, las mismas normas acusadas en el cargo precedente.

Así mismo, la sustentación del cargo, refiere idénticos argumentos a los esgrimidos en la primera acusación.

VIII. Oposición

Al oponerse a la prosperidad de los dos cargos señaló que los tránsitos de legislación en pensiones se incluyen en los cambios normativos, no a fin de proteger los derechos adquiridos que tienen una protección desde la norma Constitucional artículo 58 C.N., sino aquellas situaciones de quienes están cercanos de adquirir el derecho y se les haría muy traumático y gravoso acceder a la prestación en las condiciones de la nueva reglamentación. Agrega que el cambio normativo al consignar la transición, protege expectativas legítimas de acceder a un determinado régimen pensional.

Afirmó que el operador jurídico no puede aplicar de manera maquinal o literal las normas jurídicas, pues debe desentrañar su espíritu o alcance y armonizarlas con las demás disposiciones que regulan la materia, a fin de que se haga una hermenéutica jurídica sistemática y completa del conjunto normativo que se aviene en cada caso.

Indicó que al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en armonía con el 6º del Decreto 546 de 1971, reiterado por el 132 del D.R. 1660 de 1978, que reproduce, se tiene que al demandante le asiste derecho a la pensión de servidores de la rama judicial, toda vez que se permite la sumatoria de tiempos servidos a la judicatura y cotizados al ISS para esos efectos.

Insistió, en que la norma no distingue entre tiempos públicos y cotizados al ISS, pues cualquier servidor público que se incorpore al ISS después del 1º de abril de 1994 o del 30 de junio de 1995, debe cotizar a esta entidad si selecciona el régimen de prima media.

Expuso que una interpretación sistemática del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el artículo 6º del Decreto 546 de 1971 y 3º del D.R. 1660 de 1978, permite concluir que el demandante es beneficiario del régimen especial de los empleados judiciales, máxime que constituye un hecho no discutido que el actor estuvo vinculado por más de 10 años a la rama judicial y desde el 7 de octubre de 1981, esto es, de manera previa a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones instituido en la Ley 100 de 1993.

Consideraciones

En primer lugar, se advierte que ninguna de las partes comprometidas en este litigio ha discutido la competencia de la justicia ordinaria laboral para resolver la presente contienda; por consiguiente la Sala abordará su estudio.

Dada la vía escogida, no son materia de controversia los siguientes aspectos fácticos: (i) que entre el 8 de febrero de 1974 y el 15 de diciembre de 1978, el actor laboró en el sector privado, tiempo durante el cual cotizó al ISS; (ii) que laboró en la rama judicial desde el 7 de octubre de 1981, ininterrumpidamente hasta el 2 de abril de 1998 y luego de forma interrumpida, siendo el último lapso del 23 de octubre al 23 de noviembre de 2007, para un total de 18,67 años de servicios y, (iii) que es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, artículo 36, en tanto al 1º de abril de 1994, tenía más de 40 años.

Conforme a lo expuesto en el cargo, el tema a dilucidar jurídicamente por la Sala, se concreta en definir si erró el tribunal al considerar que para efectos de obtener la pensión de jubilación contemplada en el Decreto 546 de 1971, es válido sumar tiempos laborados tanto en el sector público como en el privado, a fin de cumplir con el requisito de 20 años de servicios que exige la norma, siempre y cuando 10 de ellos lo hayan sido de manera exclusiva para la rama judicial o el Ministerio Público, pues considera el censor que dicha sumatoria no resulta viable, en tanto, los 20 años a que alude la norma deben ser de servicio exclusivo al sector público.

Pues bien, sea lo primero señalar que el Decreto 546 de 1971, artículo 6º, cuya redacción se mantuvo en el Decreto 1660 de 1978, artículo 132 y que, como bien lo adujo el tribunal, constituye el régimen especial del cual es beneficiario el actor, en virtud del régimen de transición que lo cobija, es del siguiente tenor:

Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, tendrán derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la rama jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas (resaltado por la Sala).

Pues bien desde ya es de señalar, que la razón está de lado de la censura, pues aunque la norma transcrita en precedencia, no establece que los 20 años de servicios exigidos como uno de los requisitos para adquirir la pensión que en ella se consagra, lo deben ser de manera exclusiva para el sector público, lo cierto es que así debe entenderse. Lo anterior, como quiera que para la época en que fue expedida dicha normativa, no era viable computar los tiempos prestados al servicio de entidades públicas y de empleadores privados, en tanto tal posibilidad únicamente se previó a partir de la expedición de la Ley 71 de 1988 que, claramente fue proferida posteriormente al régimen especial invocado por la actora.

Dicho criterio de interpretación, igualmente armoniza con lo estatuido en los artículos 7º y 8º ibídem, que establecen:

ART. 7º—Si el tiempo de servicio exigido en el primer inciso del artículo anterior se hubiere prestado en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Público en lapso menor de 10 años, la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria establecida para los empleados de la rama administrativa del poder público.

ART. 8º—Los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público que deban separarse de su cargo por cumplimiento de la edad de retiro forzoso, tendrán derecho al producirse su retiro, a una pensión vitalicia de jubilación que se les liquidará o reliquidará con el 75% de la mayor asignación devengada en el último año de servicio y sin límite de cuantía, siempre que el beneficiario hubiere servido durante 20 años, continuos o discontinuos, en el servicio oficial, de los cuales los últimos 3 por lo menos, lo hayan sido en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Público.

En efecto, dichas disposiciones señalan que cuando quiera que el empleado de la rama judicial o del Ministerio Público no acredite los 10 años de servicio en una o ambas instituciones, tendrá derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos que se reconoce a los demás empleados de la rama ejecutiva del Estado, de donde se infiere con absoluta certeza que los servicios se habrán prestado en entidades públicas.

De la misma manera, se estatuye que en caso de que el servidor haya laborado por lo menos 3 años en los entes referidos en precedencia, pero no alcanzare a cumplir los 10 años de servicio requeridos, y debido a alcanzar la edad de retiro forzoso, deba desvincularse de los mismos, puede pensionarse con el régimen especial siempre y cuando acredite 20 años de tiempo laborado “en el servicio oficial”.

Luego, no cabe duda alguna que el requisito de 20 años de servicios contenido en el Decreto 546 de 1971, artículo 6º, es de orden público, sin que sea posible acumular tiempos laborados en el sector privado.

De igual manera, pese a no ser objeto de discusión que el actor es beneficiario del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, artículo 36 y en tal virtud le es aplicable el régimen especial que depreca, lo cierto es que en aplicación del mismo, tampoco resultaba viable sumar todos los tiempos cotizados o servidos con anterioridad a la vigencia de la citada ley, pues la permisión que en tal sentido consagra tal disposición en comento, se refiere única y exclusivamente para efectos de la pensión de vejez de que se ocupa el inciso primero de la misma, de manera que tal prerrogativa no es extensible a sistemas pensionales anteriores.

Cabe recordar que los requisitos exigidos por regímenes anteriores para acceder a la prestación pensional, que se apliquen en virtud de la transición, se acreditan de conformidad con los presupuestos que el inciso segundo del artículo 36 indica, esto es, el tiempo de servicios o semanas cotizadas, edad y monto de la pensión, lo que excluye cualquier acumulación de tiempo de servicios exigidos en los diferentes regímenes, salvo en el evento en que se trate de la Ley 71 de 1988 —pensión por aportes—, que, se reitera, fue expedida con posterioridad al Decreto 546 de 1971 y tiene una regulación propia, en la que se exige para el reconocimiento de esta prestación una edad de 55 años para las mujeres y 60 para los varones.

Luego, incurrió el tribunal en el error jurídico que le enrostra la censura al concederle al actor la pensión de jubilación, admitiendo que para completar el tiempo de servicios que le hacía falta como servidor público para acreditar los 20 años de servicio que exige la norma cuya aplicación pregona —D. 546/1971—, era válido adicionar las semanas de cotización aportadas al ISS por cuenta de empleadores particulares.

En consecuencia el cargo prospera.

En sede de instancia, a más de las consideraciones vertidas en sede de casación, es de señalar que el actor no tiene derecho a obtener su pensión de vejez con 55 años de edad, pues la norma que invoca es de aplicación exclusiva para el personal que haya prestado sus servicios a entidades del orden oficial en la forma antes prevista y, la disposición que establece la pensión permitiendo acumular tiempos de servicio prestados al sector privado y público, es la Ley 71 de 1988.

Consecuente con lo anterior, la decisión absolutoria de primer grado se confirma, pero por las razones aducidas en esta providencia.

Dado lo fundado de los cargos no se impondrán costas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 7 de marzo de 2011, en el proceso ordinario laboral promovido por Martín Emilio Maya Vélez contra la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE y el Instituto de Seguros Sociales.

En sede de instancia se CONFIRMA la sentencia absolutoria de primer grado, proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Décimo Laboral del Circuito de Medellín, de fecha 28 de septiembre de 2010.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».