Sentencia SL1583-2015/47531 de febrero 18 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 47531

Acta 4

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Hernando López Algarra

Bogotá, D.C., dieciocho de febrero de dos mil quince.

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandada contra la sentencia proferida por la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 2 de junio de 2010, en el proceso ordinario adelantad por Carlos Arturo Jaramillo Martínez contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, en liquidación.

l. Antecedentes

Con la demanda inicial, solicitó el promotor del juicio reliquidar el valor de la primera mesada que le fue reconocida, aplicando al salario promedio devengado al momento de la terminación del contrato, el valor de la devaluación monetaria o indexación causada entre el 27 de junio de 1999 y el 16 de septiembre de 2000, data a partir de la cual le fue reconocida la prestación. En consecuencia, ordenar los ajustes de las mesadas subsiguientes pagadas en los años posteriores con los porcentajes respectivos aplicados al valor inicial de la pensión, con inclusión de las adicionales de junio y diciembre. Así mismo, los intereses de mora de la Ley 100 de 1993, entre la fecha en que debieron pagarse las mesadas pensionales y el día en que la cancelación se produzca.

Como fundamento de tales pedimentos, expuso que prestó sus servicios a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, durante el tiempo comprendido entre el 22 de enero de 1973 y el 27 de junio de 1999; que el último salario que devengó ascendía a $ 1.369.736.76, el que equivalía a 5.7926 salarios mínimos mensuales legales; que por haber cumplido 47 años el 16 de septiembre de 2000, fue pensionado por Resolución 842 de 17 de noviembre siguiente; que en ese momento se le pagó su primera mesada en cuantía de $ 1.027.302.57, es decir, 3.9496 salarios mínimos legales en ese momento, suma inferior al 75% del valor real del promedio devengado durante el último año de servicios.

Adujo que entre la fecha de retiro de la entidad y aquella en que adquirió su derecho a la pensión de jubilación no cotizó ni devengó suma alguna; que en ese lapso la desvalorización del peso constituye hecho notorio “y continuado”, por lo que en efecto había lugar a la indexación.

La convocada al proceso al dar contestación a la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En relación con los supuestos fácticos que soportan las súplicas, admitió los extremos del vínculo laboral, la fecha a partir de la cual se pensionó el demandante, el monto de la primera mesada recibida, y el agotamiento de la reclamación administrativa. Dijo no ser cierto el hecho tercero; no constarle el sexto, y no tratarse de hechos el séptimo y el octavo. Frente al segundo aseguró no ser cierto como se presentó, y aclaró que el último salario devengado por el actor ascendió a $ 704.344,00. No obstante, la caja, en atención a lo dispuesto en la convención colectiva tomó dos factores: i) el fijo que correspondía al sueldo básico, más la prima de antigüedad, y ii) el variable, constituido por el promedio de las primas semestrales, permanentes o habituales, lo que arrojó el valor de $ 1.369.736.76. En cuanto al quinto manifestó ser parcialmente cierto y aclaró que no es cierto que la primera mesada recibida por el accionante fuera inferior al 75% del valor real devengado en el último año de servicios, pues lo que hizo la entidad fue aplicar el parágrafo 3º del artículo 41 de la C.C.T.V. para los años 1998-1999.

En su defensa, sostuvo que la pensión de Jaramillo Martínez se originó por voluntad de las partes al ser pactada en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la Caja Agraria y sus trabajadores, razón por la cual sus valores, requisitos y demás características, son las contenidas en el citado acuerdo. Formuló como excepciones de fondo “cosa juzgada”, “carencia absoluta de causa”, “inexistencia del derecho”, “cobro de lo no debido”, “pérdida de equilibrio frente al pago del pasivo pensiona” sobre acreencias no calculadas, “compartibidad pensional”, “buena fe”, “compensación”, “prescripción” y la “innominada” (fls. 99 a 103).

II. Sentencia de primera instancia

Conoció de la primera instancia el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Ibagué, quien por fallo de 8 de abril de 2008 declaró no prósperas las excepciones, salvo la de prescripción respecto de las mesadas generadas con anterioridad al 20 de octubre de 2003. Reconoció como valor de la primera mesada pensional indexada favor del demandante la suma de $ 1.134.665.32 y condenó a la Caja Agraria, en liquidación a efectuar los ajustes de los meses subsiguientes con aplicación de los incrementos de ley, así como cancelar las diferencias entre lo pagado y lo que resulte de dichos ajustes, de forma retroactiva desde el 20 de octubre de 2003, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre, y los intereses de mora. Impuso costas a cargo de la demandada (fls. 296 a 302).

III. Sentencia de segunda instancia

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la llamada a juicio, la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó el fallo impugnado, con costas a cargo de la recurrente.

Delimitó el aspecto materia del recurso a la viabilidad de aplicar la actualización o indexación sobre la primera mesada pensional, respecto de la cual dijo tener como objetivo “nivelar” o actualizar el ingreso del trabajador que ha sido objeto de detrimento, ocasionado por la inflación constante de la economía nacional, y más, al que, al haber dejado de laborar, con el tiempo de servicios requerido, espera el cumplimiento de la edad para la causación del derecho pensional, y transcurre un tiempo ostensible para disfrutarlo.

Reprodujo las consideraciones de la sentencia de “6 de junio de 2007, M.P. Luis Javier Osario” e indicó:

Descendiendo al caso sub lite, al actor se le reconoció una pensión de índole convencional, habiéndose retirado del servicio el 27 de junio de 1999, estando ya en su rigor nuestra Carta Política ..., con una antigüedad del servicio superior a los veinte (20) años, y como tan solo adquirió el estatus de pensionado al momento de cumplir la edad acaeciendo ello el 16 de septiembre de 2000, en plena vigencia de la Ley 100 de 1993..., en cuanto a pensión se refiere, se llega a la exégesis que el promotor del pleito reúne a plenitud todos los requisitos exigidos en la fuente formal transcrita, siendo procedente la aplicación de la indexación ya dispuesta por el a qua, por lo que se confirmará la decisión en dicho sentido.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, en liquidación, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, sala laboral, el 2 de junio de 2010, y constituida en sede de instancia, revoque en todas sus partes la del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de la misma ciudad, de 8 de abril de 2008, absuelva a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra y provea sobre costas como corresponda.

Con tal propósito formuló dos cargos por la causal primera de casación, que fueron oportunamente replicados.

VI. Primer cargo

Acusó la sentencia impugnada,

Por violar directamente, en la modalidad de infracción directa por la falta de aplicación del Decreto 1065 de 26 de junio de 1999, Decreto Ley 663 de 1993, Ley 510 de 1999, artículos 26, 30 y 44 del Decreto 2211 de 2004 en relación con los artículos 51, 60, 61, 83 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 174, 177, 179 y 187 del Código de Procedimiento Civil, Ley 153 de 1987 del Código de Procedimiento Civil, Ley 153 de 1987.

En la demostración sostuvo que el proceso de liquidación forzada de la Caja Agraria está regulado por los decretos 1065 de 1999, 663 de 1993 y 510 de 1999; que para el caso de la pérdida de poder adquisitivo, tal figura está contemplada en los artículos 26, 30 y 44 del Decreto 2211 de 2004, normas que de haberse observado habrían llevado a la conclusión de que al tenor de lo dispuesto en los artículos 26, 30 y 44 del Decreto 2211 de 2004, no podía reconocerse la pérdida del poder adquisitivo hasta tanto no se atendieran las obligaciones excluidas de la masa de la liquidación y a cargo de ella, así como el pasivo cierto no reclamado.

Adujo que el artículo 3º de la Ley 153 de 1887 consagra la regla de interpretación según la cual la norma especial prima sobre la ley general; que los artículos 26, 30 y 44 del Decreto 2211 de 2004, son disposiciones de carácter especial, mientras que los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 lo son de carácter general.

Agregó que es contraria a la ley la condena por indexación, sin haberse probado el pago total de las obligaciones excluidas de la aludida masa, la obligación a cargo de la misma, y el pago del pasivo cierto no reclamado en el proceso liquidatorio de la entidad, de acuerdo a las normas aludidas.

VII. Réplica

En oposición al cargo aseguró que el sentenciador de segundo grado lo que justamente hizo fue adoptar las pautas legales existentes para asegurar la indexación causada a partir de la vigencia de la Constitución de 1991.

Apuntó ser impropio endilgarle al tribunal la inaplicación de normas de entidades que se encuentran en estado de liquidación forzosa, cuando lo que se discute es lo relacionado con la indexación de la primera mesada pensional convencional, tema que ha sido objeto de un amplio pronunciamiento por parte de esta Sala de Casación.

VIII. Consideraciones

Sorprende el recurrente con una fundamentación que luce extraña para el juicio, en tanto los planteamientos que ahora presenta para derruir los juicios del tribunal y la consecuente decisión adoptada, no fueron esbozados en la oportunidad legal con la que cuenta el convocado para ejercer su defensa, como tampoco en el escrito con el cual sustentó la alzada, y que gravitó particularmente en torno a que la pensión de que se trata tuvo origen en la convención colectiva de trabajo, en la que se contienen condiciones más favorables para el trabajador que las legales y a cuyos requisitos y condiciones dijo haberse sometido el demandante, sin que en dicho convenio se hubiera contemplado la actualización de la base salarial.

En tal sentido, transgrediría el derecho de defensa del contendiente que no tuvo la oportunidad de rebatir la tesis expuesta, ocuparse de un estudio en una etapa procesal extraordinaria sin que se hubiese adelantado el correspondiente debate jurídico propio del desarrollo del proceso, aunado a que en sede de casación no es dable abordar cuestiones distintas a aquellas tendientes a verificar la legalidad de la sentencia acusada.

Dicho lo anterior, se tiene que la indexación de la primera mesada de las pensiones ha sido un tópico copiosamente desarrollado de antaño por la Sala, debido a la enorme preocupación surgida por el impacto negativo que sufre tal prestación económica a raíz del fenómeno inflacionario. En ese trasegar, se reconoció en un primer estadio la necesidad de indexar tanto pensiones legales como extralegales, sin hacer diferenciaciones por fecha de reconocimiento. Posteriormente, se asentó que solo era posible tal actualización para las pensiones de jubilación regidas por la Ley 100 de 1993, y descartó de plano las convencionales; después, se aceptó la indexación de asignaciones causadas antes de la aludida ley, pero en vigencia de la Constitución de 1991. A continuación, y con fundamento en los artículos 48 y 53 de la Carta Política, extendió tal derecho a las pensiones extralegales, para más recientemente admitir la indexación de las causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política. Así quedó plasmado el nuevo criterio de esta corporación en Consejo Superior de la Judicatura Sala Laboral, 16 de octubre de 2013, Rad. 47709:

(...)

Si las pensiones de jubilación se ven enfrentadas por igual al mismo fenómeno inflacionario, no existe, a primera vista, una razón o condición derivada de la fecha de su reconocimiento, que autorice un trato desigual, a la hora de adoptar correctivos como la indexación de los salarios tenidos en cuenta para la liquidación. Por lo mismo, para estos efectos, no deberían existir diferenciaciones o categorizaciones de pensionados, que pudieran resultar arbitrarias y contrarias al principio de igualdad.

En ese sentido, imponer una diferenciación, en función de la fecha de reconocimiento de la prestación, para los efectos de corregir los impactos negativos del fenómeno inflacionario, resulta abiertamente contraria al principio de igualdad, establecido en el artículo 13 de la Constitución Política, así como en el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 22 de 1967 y ratificado por Colombia el 4 de marzo de 1969.

Y ello es así porque la discriminación entre grupos de pensionados, que se había generado debido a la posición mantenida por la Sala, no atiende alguna finalidad legítima, que pudiera encontrar respaldo en los principios de la Constitución Política. Tampoco advierte la Sala que esa desigualdad tenga alguna justificación legal, clara y razonable, acomodada a los principios y valores que irradian nuestro ordenamiento jurídico, de manera que se reduce a una diferencia insostenible e inadecuada entre pensionados que se ven enfrentados a la misma dificultad, y que tiene efectos negativos sobre su derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, como lo prevé el artículo 53 de la Constitución Política.

ii) A pesar de que la Corte ha tenido una preocupación especial por contar con una fuente normativa que legitime la indexación, el hecho de que se disponga respecto de los salarios tenidos en cuenta para liquidar pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de normas como la Constitución Política de 1991 o la Ley 100 de 1993, no implica desconocer abiertamente esa sana previsión, sino reconocer la existencia de otros parámetros normativos anteriores e igualmente válidos, como la equidad, la justicia y los principios generales del derecho, que tienen fuerza normativa, en los términos de los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, y que, como lo había concluido la Sala en su primigenia jurisprudencia, respaldan plenamente la actualización de las obligaciones dinerarias.

Tras ello, la Corte no hace más que reafirmar que la fuente de la indexación no solo reposa en la ley, sino que también puede encontrar asidero en los principios de la Constitución Política de 1991 (ver sentencias del 20 de abril de 2007, Rad. 29470 y 26 de junio de 2007, Rad. 28452 y del 31 de julio de 2007, Rad. 29022) y, como con anterioridad se había discernido, en principios anteriores a ella como la equidad y la justicia, que han estado presentes durante toda la historia del derecho laboral colombiano y que encuentran pleno respaldo constitucional. La Corte Constitucional ha dicho, en ese sentido, que “(...) la tesis también expuesta en la jurisprudencia laboral y de acuerdo con la cual, en virtud de razones de justicia y equidad, debe disponerse la actualización de las prestaciones económicas, se ubica en el dirección trazada por la Constitución Política y, aun cuando está basada en los artículos 8º de la Ley 153 de 188 7 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, es susceptible de reconducción a los términos previstos en la Carta, porque el artículo 230 superior señala que "la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial".

Y ello es así, entre otras, porque la indexación no se impone como una sanción o carga en contra del empleador obligado, que, en respeto del principio de legalidad, necesite de una consagración legal expresa, sino que, como lo había dicho la Sala en su primitiva jurisprudencia, en este caso “(...) el reajuste no implica la variación de la moneda con que debe ser cubierta la correspondiente obligación, sino ... la actualización de su valor en forma tal que con la cantidad de signos monetarios colombianos de hoy se satisfagan las necesidades del acreedor en los mismos términos que cuando debió pagársele la deuda”.

Con tal recuento jurisprudencial se quiere significar que la valoración y ponderación del derecho ha sido orientada por principios de justicia y equidad, así como por postulados de equilibrio social, según los cuales los pensionados que padecen un impacto económico desfavorable, tienen derecho a ser restablecidos en condiciones de igualdad, a través de la actualización del salario tenido en cuenta para liquidar su prestación, lo cual constituye un logro para los pensionados, sin importar el tipo de pensión de que se trate, ni si fue antes o después de la Constitución de 1991, por lo que, pensar en contrario, claramente constituiría una regresión en el proceso de humanización del derecho laboral y en la posición combativa que debe asumir la justicia ante las desigualdades humanas.

En tal sentido, con fundamento en el actual criterio adoptado por la Sala, forzoso era actualizar el salario que sirvió de base para el reconocimiento de la jubilación al actor, tal como lo determinó el tribunal al ratificar la decisión del a quo, por lo que no prospera el cargo.

IX. Segundo cargo

Incrimina el fallo,

Por la causal primera de casación contemplada en el artículo del Decreto-Ley 528 de 1965, por violar directamente, en la modalidad de infracción directa por falta de aplicación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; Código Civil, artículos 1613, 1614 y 1617, en relación con el artículo 5º del Acuerdo 29 de 1985, aprobado por el 1º del Decreto 2879 de 1985.

Expresó que el ad quem se limitó a confirmar la providencia recurrida que ordenaba el pago de intereses moratorias, sin desplegar estudio al respecto; que los juzgadores incurrieron en infracción directa del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 al haber dejado de aplicar lo allí preceptuado y desatendido los lineamientos de esta Sala respecto al tema “desconociendo entonces que para efectos del reconocimiento de intereses moratorias el citado artículo se refiere al no pago de las mesadas pensionales de aquellas pensiones reconocidas en vigencia de la Ley 100 de 1993, siendo la pensión en el caso que nos ocupa causada con anterioridad a la vigencia de dicha ley”

Frente a tal acusación, la réplica se contrae a manifestar que respecto al reconocimiento y pago de intereses moratorias a que fue condenada la entidad accionada, comparte en su totalidad los argumentos expuestos por el fallador de primera instancia para imponer la carga por tal concepto.

X. Consideraciones

Suficiente para despachar desfavorablemente el cargo aludir a que la entidad demandada, en lo atinente a la condena por intereses moratorias, guardó silencio en la apelación, en la que solamente discrepó de la orden de indexar la primera mesada pensional de Jaramillo Martínez; dicho mutismo revela su conformidad con los restantes aspectos de la condena, específicamente, con el relativo a los intereses moratorios. Siendo ello así, no es procedente pretender desprenderse de tal obligación bajo la acusación de que la colegiatura transgredió la ley al confirmar la decisión del a quo, cuando ni siquiera controvirtió dicho tópico en la apelación.

En consecuencia, se desestima el cargo.

Costas a cargo de la recurrente. Se le condenará en la suma de $ 6.500.000 por concepto de agencias en derecho.

l. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia dictada el dos (2) de junio de 2010, por la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso que Carlos Arturo Jaramillo Martínez le promovió a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, en liquidación.

Costas en casación, a cargo de la recurrente. Señálase como agencias en derecho la suma de $ 6.500.000,00.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.

Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Presidenta de la sala.