Sentencia SL15834-2014/57183 noviembre 19 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 57183

Acta 104 Sala de Conjueces

Magistrado Ponente

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá D.C., diecinueve de noviembre de dos mil catorce.

Exrtactos: “V. El recurso de casación

Inconforme con la determinación, el demandante interpuso recurso de casación con la finalidad de que se casen “las sentencias acusadas, emanadas la primera del Juzgado 12 Adjunto al 12 Laboral del Circuito de Medellín y la segunda, proferida por el (…) Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera Dual de Decisión Laboral (…) en el proceso Ordinario impulsado por OSCAR (sic) CASTRO GIL (sic) contra EL INSTITUTO DEL (sic) SEGURO (sic) SOCIAL (sic) Y la ESE RAFAEL URIBE URIBE (sic)y en su lugar dictar la que en ley corresponda, acogiendo las pretensiones de la demanda”.

Con ese propósito invocó la causal primera de casación laboral y formuló tres cargos que fueron replicados, los cuales se estudiarán conjuntamente por perseguir igual cometido y presentar defectos de técnica que hacen imposible el estudio de fondo de la acusación.

VI. Cargo primero

Elrecurrenteloplanteódelasiguientemanera:

“Estamos frente a la causal primera (...) ante (sic) infracción directa por falta de aplicación de la norma que regulaba el caso de mi poderdante (...)”. Agregó que “(...) establecer si el fallador aplicó la norma correcta o dejó de aplicarla en este caso concreto, nos obliga a mirar si mi poderdante estaba cobijado por un régimen especial o no y

si fue o no cobijado por el derecho a la transición”; insistió en que

“las decisiones, además de dejar de lado las normas que regulaban la situación del actor y aplicar indebidamente otras que nada tenían que ver, pasó por alto caros principios como el favorabilidad y progresividad (…)”, sobre los cuales se ha pronunciado la Corte Constitucional. Finalmente, señaló que en el presente caso la situación particular del actor está regida por una norma especial y lo cobija la transición.

En el acápite de “normas violadas y concepto de violación”, expresó que “con la decisión, el Juzgado 12 Adjunto al 12 LABORAL DEL CIRCUITO Y (sic) Honorable Tribunal superior de Medellín -Sala Tercera Dual de Descongestión- pasó por alto el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, norma especial que regula la situación materia de debate y decisión. Primero, porque se desempeñó por espacio superior a los 20 años como funcionario de la Seguridad Social; segundo, porque su jubilación se regulaba por el citado Decreto; tercero por ser norma especial; cuarto, por ser más beneficiosa a los intereses de mi poderdante, y quinto, porque así lo mandó de manera perentoria el art, 2° del Decreto 604 de 1997. De ahí que también se desconoció el principio de legalidad, de progresividad artículo 29 de la Constitución Nacional”.

VII. Cargo segundo

Lo denominó “Causal segunda subsidiaria de la anterior -interpretación errónea-”; (...) “ante infracción directa por interpretación errónea de la ley que regula el caso de mi poderdante”; al respecto el recurrente manifestó que “en efecto, el fallador de segunda instancia al decidir el litigio acudió a sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible el artículo 235 de la Ley 100 de

1993, sacando de la categoría de funcionarios de la seguridad social a éstos. Según el fallo, al desaparecer la clasificación de funcionarios de la seguridad social, también desapareció el ordenamiento jurídico que regulaba de manera especial sus prestaciones y en especial, la pensión. Esa interpretación extensiva de la sentencia, según la cual el fallo de inexequibilidad cobija al artículo 19 del Decreto 1653 de 1977 sacándolo del ordenamiento jurídico hizo caer en error al sentenciador y de paso negar las pretensiones del actor.”

Agregó que “olvida el fallador que la declaratoria de inexequibilidad del art. 235 de la Ley 100 de 1993 en nada afecta el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, pues son normas distintas y los efectos de la sentencia no irradia (sic) a este último artículo. Y ello porque tratan materias diferentes, la inexequibilidad es sólo de la norma estudiada y analizada y el fallo si bien tiene fuerza general, ello solo frente a la disposición así declarada”.

Citó como “normas violadas y concepto de violación” “el Artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, en concordancia con el 29 de la C, Nacional en la medida en que al hacer un entendimiento errado del mandato (fallo de inexequibilidad), desconoció el derecho de mi poderdante a que se le liquide bien la pensión de vejez. Si bien se acogió un fallo de la Corte Constitucional, se hizo en forma equivocada pues - en este específico caso- se le dio un alcance que no tiene. La inexequibilidad es de una norma diferente (art, 235 de la Ley 100 de 1993) a la que cobija el caso de mi patrocinado (art. 19 del Decreto 1653 de 1997) y por ende, al considerar que ese fallo la (sic) abarcaba, fue un error y no se le dio la aplicación debida”.

Expuso además que “una jurídica y legal interpretación lleva a la conclusión de la vigencia del art. 19 del Decreto 1653 de 1977, ya que la declaratoria de inexequibilidad del art. 235 de la Ley 100 de

1993 no arropa dicha norma y menos la saca del ordenamiento jurídico como lo concluyó el fallador. La denominación del cargo no tiene incidencia frente a la carga salarial y prestacional. Mírese que no empece a que desapareció la denominación de funcionado de la Seguridad Social; el cargo se mantuvo; mi poderdante continuó laborando con el instituto y la ESE sin solución de continuidad; las labores se siguieron desarrollando y el vínculo laboral persistió en las mismas condiciones y con las mismas obligaciones y derechos de empleador y trabajadores. El fallador entiende que la norma mantuvo su eficacia y vigencia; si le da una interpretación acertada al fallo de inexequibilidad y por ende concluye que las condiciones laborales, salariales y prestaciones no variaron, hubiese acogido las pretensiones de la demanda”.

VIII. Cargo tercero

El recurrente lo llamó “Causal tercera subsidiaria de las anteriores” por “Infracción directa de la ley ya que los falladores desconocieron el contenido en el artículo 2° del Decreto 604 de 1997, norma que dispuso que los funcionarios de la seguridad social que pasaran a ser funcionarios públicos en transición, como mi defendido, mantendrían los derechos que tenían en materia salarial y prestacional. Vale decir, se seguían rigiendo por el art. 19 del decreto 1653 de 1977’”.

Para sustentarlo, arguyó que “en los fallos no se miró y menos se analizó tal mandato y por ende llevó a que el fallo no acogiera las pretensiones de la demanda. Si se analiza y estudia esta disposición, necesariamente los falladores se daban cuenta que mi poderdante estaba regido por el régimen especial y por ende, debía ser liquidado con el salario promedio del último año de servicio, tomando en cuenta todos los factores salariales enunciados en el citado art. 19”.

Agregó que “esta norma es clara y permite deducir con facilidad que la denominación del cargo no alteró la relación laboral y menos los derechos y obligaciones de empleados y trabajadores. La vinculación legal y reglamentaria del Seguro con sus trabajadores se mantuvo y toda la normatividad que los regía mantuvo su vigencia”. Y que “como los falladores encontraron modificada esa relación laboral y más específicamente en el campo salarial y prestacional, por ello incurrieron en el yerro que los llevó a desechar las pretensiones de la demanda”.

IX. La réplica

Solicita que los cargos sean desestimados, por cuanto la demanda de casación presenta contundentes e insalvables errores de carácter técnico, los cuales hacen que la misma no tenga ninguna vocación de prosperidad e impiden hacer un estudio sobre el fondo del asunto, pues es evidente que la técnica del recurso extraordinario fue totalmente vulnerada por la censura.

X. Se considera

En primer lugar se advierte, que como el juez de primera instancia asumió la competencia para conocer y resolver la presente contienda, lo cual no fue objeto de inconformidad por ninguna de las partes, esta Sala de la Corte abordará su estudio.

Es oportuno recordar que la demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor técnico que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una demanda de esta naturaleza y categoría está sometida en su formulación a una técnica especial y rigurosa, que de no cumplirse lleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable, imposibilitando el estudio de fondo de los cargos.

Igualmente, en numerosas ocasiones ha dicho esta Corporación que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, habida cuenta que la labor de la Corte, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para dirimir rectamente el conflicto.

Visto lo anterior, encuentra la Sala que el escrito con el que se pretende sustentar la acusación contiene graves deficiencias técnicas que comprometen la prosperidad de los tres cargos propuestos, y que no es factible subsanar por virtud del carácter dispositivo del recurso de casación. Razón le asiste a la réplica, en cuanto al reproche de índole técnico que le endilgó al recurso, por las siguientes razones:

1. En primer lugar, salta a la vista que la censura señaló de manera insuficiente el alcance de la impugnación, que en casación es el petitum de la demanda, donde el recurrente debe solicitar a la Corte con la mayor claridad posible lo que se pretende de ella. Lo anterior por virtud de que se limitó a pedir de manera indistinta que se casen “las sentencias acusadas, emanadas la primera del Juzgado 12 Adjunto al 12 Laboral del Circuito de Medellín y la segunda, proferida por el (…) Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera Dual de Decisión Laboral (…), en el proceso Ordinario impulsado por OSCAR (sic) CASTRO GIL (sic) contra El instituto del (sic) seguro (sic) social (sic) y la ESE Rafael Uribe Uribe

(sic) y en su lugar dictar la que en ley corresponda, acogiendo las pretensiones de la demanda”, identificando de manera errada tanto a los jueces de las instancias, como a las partes del proceso. Olvidó que en casación la sentencia que se debe atracar es la de segunda instancia y no la de primer grado, salvo que se trate de casación per saltum (Art. 89 CPT y SS), que no es el caso que nos ocupa.

Además, no se indicó qué debe hacer la Corte como tribunal de instancia una vez quebrada la sentencia de segundo grado, con, respecto a la decisión del a quo, valga decir, si confirmarla, revocarla o modificarla.

2. En ninguno de los tres cargos se señaló la modalidad de violación en que pudo haber incurrido el Tribunal.

Sin embargo, si se entendiera que los tres cargos los orientó por la vía directa en el concepto de “infracción directa”, por aducirse la falta de aplicación, en el primero y el tercero, y el segundo por aplicación indebida , se observa que no se explica significativamente en qué consistió la violación de la ley sustancial.

3. Los cargos carecen de proposición jurídica, habida cuenta que el recurrente no indicó las normas de carácter sustancial de orden nacional que hubieran podido ser transgredidas por la Colegiatura, esto es, los preceptos sustantivos que sirvieron de fundamento a la sentencia, o aquellos que consagran, modifican o extinguen el derecho negado, que no son otros que los que definen para el caso concreto la reliquidación de la pensión de vejez del actor, teniendo en cuenta la bonificación por servicios y la inclusión de la bonificación por actividad judicial en proporción del 100%, que fue lo que se reclamó en el escrito de demanda con que se dio apertura a la presente controversia, sin que sea factible que la Corte realice indagaciones para determinar las disposiciones quebrantadas.

En efecto, las preceptivas invocadas no cumplen con el anterior cometido, pues no fueron base esencial del fallo censurado, ni tienen relación con los derechos cuyo reconocimiento judicial se solicita, toda vez que el Tribunal en ningún momento las mencionó.

El “artículo 19 del decreto 1653 de 1977” citado por la censura corresponde a un precepto aplicable al régimen de prestaciones sociales de los funcionarios de la Seguridad Social en el Instituto de Seguros Sociales; y el “(…) 2° del Decreto 604 de 1997” es una norma que según el mismo recurrente “dispuso que los funcionarios de la seguridad social que pasaran a ser funcionarios públicos en transición, (…) mantendrían los derechos que tenían en materia salarial y prestacional. Vale decir, se seguían rigiendo por el art. 19 del decreto 1653 de 1977”, cuando lo cierto es que como ya se puso de presente el Tribunal no llevó a cabo ninguna exégesis de esas preceptivas legales, ni dio entendimiento o alcance alguno a su texto normativo; falencia que resulta suficiente para dar al traste con la acusación.

4. La censura además reprocha que el fallador de segundo grado haya acudido a la sentencia de la Corte Constitucional que declaró exequible el art. 235 de la Ley

100 de 1993, manifestando que el juzgador erró con la interpretación extensiva de dicho fallo, lo cual lo condujo a negar las pretensiones del actor. Lo anterior, deja en evidencia que el censor edificó el ataque sobre una premisa ajena a las verdaderas conclusiones del Tribunal, pues hace referencia a un aspecto totalmente diferente al que ocupa la atención de la Sala, lo que se traduce en un error insubsanable. En realidad, dentro del texto de la sustentación del recurso, no existe ni un solo aspecto jurídico rescatable que corresponda al tema debatido en las instancias, con el cual sea posible desvirtuar o derruir las

Verdaderas conclusiones que llevaron a conformar la decisión absolutoria del a quo.

5. En varios apartes del recurso, indistintamente se están atacando los razonamientos y decisiones de los jueces de primera y segunda instancia, cuando es sabido, como atrás se advirtió, que en el recurso de casación solamente es dable cuestionar la sentencia de segundo grado.

6. Finalmente, debe anotarse que el censor presenta una argumentación que, más que la sustentación de un recurso de casación, se traduce en un alegato de instancia, sin observar como lo enseña la jurisprudencia, que para su estudio de fondo la acusación debe ser completa en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo pretendido (casación de abril 18 de 1969), lo que en esta ocasión tampoco se cumple.

Por lo dicho, los tres cargos se desestiman y la sentencia recurrida debe mantenerse, por cuanto sus soportes fueron dejados intactos. Como ya se dijo, no fue posible determinar la proposición jurídica, no se hizo alusión concreta a la vía por la cual se orientaron los cargos, los cuales además carecen de un desarrollo que permita demostrar de manera contundente los yerros cometidos por el fallador de segunda instancia.

De suerte que, por lo dicho en precedencia, los cargos se desestiman.

Como hubo réplica, las costas en el recurso de casación se impondrán a la parte recurrente. Se fijan en la suma de $3.150.000.oo, que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la Secretaría.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Séptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 30 de marzo de 2012, en el proceso ordinario adelantado por el señor Rodrigo Uribe Espinosa contra la Caja Nacional de Previsión Social —CAJANAL EICE.

Con costas en el recurso de casación.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese”.