Sentencia SL15859-2015/48231 de noviembre 18 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL15859-2015

Rad. 48231

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 41

Bogotá, D.C., dieciocho de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

Debe resaltar la Sala que el fundamento eminentemente fáctico de la sentencia del Tribunal estribó en que i) el demandante fue declarado inválido, pues se le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 75.05%, cuya fecha de estructuración fue el 25 de noviembre de 1993; ii) que del reporte de semanas allegado al plenario se desprende que el citado cotizó 51.28 semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la consolidación de la invalidez y un total de 166.71 semanas, entre el 31 de marzo de 1976 y el 25 de noviembre de 1993, por lo que no acredita las exigencias del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para acceder a la pensión de invalidez.

La Corte encuentra que si bien las documentales obrantes a folios 3 y 97-101 demuestran que el demandante continuó trabajando con posterioridad al momento en que se estructuró la invalidez y que estuvo activo hasta el mes de junio de 1995, esta circunstancia no afecta de ninguna manera la conclusión fáctica del juez de segundo grado, de que el estado de invalidez del citado se estructuró el 25 de noviembre de 1993, que se encuentra respaldada en el dictamen efectuado por la entidad demandada (fl. 18 del cuaderno principal) y en el realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca (fls. 108-113), de modo tal que los errores de hecho imputados no se orientan a demostrar una data diferente, sino que, aceptando la fijada por el Tribunal, lo que buscan es acreditar el momento del retiro del actor, lo que en nada cambia el soporte de la decisión, manteniéndose ésta intangible e inalterable.

Ahora bien, aun cuando la censura expone de manera errada argumentos de tipo jurídico en un cargo enfocado por la vía indirecta, tampoco encuentra la Sala que le asista razón en ellos, toda vez que esta Corporación ha sostenido que, en principio, la normatividad que gobierna la pensión de invalidez es la vigente al momento en que se estructura el estado de invalidez, salvo la aplicación de normas anteriores en virtud del principio de la condición más beneficiosa, de tal suerte que, siendo éste el referente temporal, no está permitido remitirse a otros momentos diferentes, tales como el retiro definitivo del servicio por parte del afiliado o la data de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, como lo alega desacertadamente la censura.

En el presente asunto, la norma llamada a regular la pensión de invalidez deprecada por el demandante es el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, tal como lo definió el Tribunal, por cuanto la fecha de estructuración de la invalidez fue el 25 de noviembre de 1993, de donde se desprende con claridad que las disposiciones de la Ley 100 de 1993, al no haber entrado en vigencia para dicha data, no debían aplicarse al asunto, pues con ello se estaría dando aplicación retroactiva a esta normatividad.

Y es que para la Sala la interpretación del Tribunal no desconoce de ninguna manera el principio constitucional de la condición más beneficiosa, por cuanto, como se ha decantado por la jurisprudencia, este mandato impone al fallador dar aplicación a la norma inmediatamente anterior a la que regula el caso, siempre y cuando el afiliado haya cumplido suficientemente las exigencias en ella contempladas, por lo que este principio supone la aplicación ultraactiva de una norma ya derogada y no una de carácter retroactivo de disposiciones posteriores a las que gobiernan el asunto, por lo que la Ley 100 de 1993 no podía aplicarse a la pensión deprecada, al haberse estructurado el estado de invalidez del demandante tiempo antes de la entrada en vigencia de dicha normatividad.

Tampoco se rebeló el ad quem contra el mandato constitucional de favorabilidad, por cuanto no se está ante un evento de duda por la coexistencia de varias normas vigentes y aplicables —regla más favorable—, pues, como se dijo, la disposición que gobierna el caso es el Acuerdo 49 de 1990 y no las normatividades posteriores, ni tampoco se está ante una hesitación surgida en las varias interpretaciones de una sola norma o disposición —in dubio pro operario—, de modo tal que, ante la claridad de que la norma aplicable era la vigente al momento en que se estructuró la pérdida de la capacidad laboral, el fallador no tenía por qué acudir al principio de favorabilidad constitucional.

Finalmente, vale la pena destacar que, tal como lo infirió el ad quem, el reporte de semanas, obrante a folios 97-101 del cuaderno principal, acredita que el demandante cotizó durante los 6 años anteriores a la estructuración del estado de invalidez, esto es, entre el 25 de noviembre de 1987 y el mismo día y mes de 1993, 60,2857 semanas y un total de 171,2857 antes del momento en que se consolidó la pérdida de la capacidad laboral, de donde se desprende que no cumple con la densidad de cotizaciones prevista en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para acceder a la pensión de invalidez pretendida.

En consecuencia, el cargo resulta infundado.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fijará la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 3.250.000).

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 28 de mayo de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Rafael Viveros Garcés contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 3.250.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».