Sentencia SL15872-2014 de octubre 29 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 41358

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Hernando López Algarra

SL15872-2014

Acta 39

Bogotá, D. C., veintinueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Fue interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolverlo.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, “revoque la sentencia de segunda instancia que absolvió a la entidad demandada de todos los cargos del libelo y en su lugar se acceda a las peticiones de la demanda inicial, es decir, (…)”.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, oportunamente replicados, que se resolverán en el orden propuesto.

VI. Cargo primero

Por vía directa, acusó la infracción directa de las siguientes normativas:

Del artículos (sic) 18 parágrafo 3º y artículo 35 (parágrafo) de la Ley 100 de 1993, Decreto 314 de 1994 artículo 2º y artículo 21, 468, 469 y 470 del Código Sustantivo del Trabajo, que expresamente establecen que el monto máximo para las pensiones será el equivalente a los 20 salarios mínimos legales mensuales, que el tope máximo anterior que establecía la Ley 4ª de 1992 quedaba modificado.

A renglón seguido, y en la demostración del cargo, precisó:

El mencionado parágrafo del artículo 35 de la Ley 100 de 1993 establece expresamente que los pensionados por jubilación con posterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992 no estarán sujetos al límite establecido por el artículo 2º de la Ley 71 de 1988. El demandante (…) fue pensionado a partir del 1 de enero de 1994 y la Ley 4ª de 1992 entró en vigencia el 18 de mayo de 1992; es decir, es claro que entra en el grupo que define el artículo 35 en su parágrafo.

Es claro el tenor literal de la ley y las personas a quien quiere beneficiar con el nuevo tope pensional (los pensionados después de mayo de 1992) y es claro que las disposiciones de esta ley benefician al pensionado Rafael Ramiro Robles (…).

No se trata de hacer retroactiva la ley, pues esta describe específicamente un grupo de pensionados a los que beneficiará, de manera que más que de irretroactividad de la Ley 100 de 1993, debemos hablar de la aplicación inmediata y obligatoria de una ley nueva que trae mayores beneficios para un grupo de pensionados.

Se habla de la aplicación al señor Robles (…) de la convención colectiva (…), pero no se probó la existencia, la vigencia o la aplicación al trabajador específico como lo ordenan los artículos 468 a 470 del Código Sustantivo del Trabajo.

El hecho de expedir la entidad demandada la Resolución 1297 de 1994 en vigencia de la Ley 100 y el Decreto 314 del mismo año, no significa que se cumplió con lo ordenado por estas normas legales, pues contrario a lo que decide la resolución mencionada no se da aplicación ni al Decreto 314 ni a la Ley 100 de 1994 (sic) que de manera expresan (sic) declaran que el nuevo tope máximo pensional debe ser el equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales.

Es cierto lo manifestado por el honorable Tribunal que con la entrada en vigor de la Ley 100 surge para los empresarios y trabajadores la necesidad de adaptar cualquier convenio, individual y colectivo, al sistema obligatorio impuesto por la Ley 100 de 1993. El carácter obligatorio de las estipulaciones contenidas en la ley mencionada imponía la aplicación a mi poderdante del nuevo tope máximo establecido por esa norma. Se encuentra probado dentro del proceso que el promedio mensual sobre el que debía determinarse el monto de la pensión era la suma de $5.718.947,86 y no el manifestado por el Tribunal.

VII. Réplica

Destacó que es ilógico pedir, sobre una misma sentencia, su casación y su revocatoria, y que la censura nada solicitó con relación al fallo de primer grado; que en este cargo no se dijo cuál era la causal escogida para enderezar el ataque, y que la invocación de la infracción directa es equivocada, dado que el ad quem sí aplicó las normas enlistadas en la acusación. Por último, puso de presente el desacierto técnico de aludir a cuestiones fácticas en un ataque dirigido por la senda de lo jurídico. En cuanto al fondo del debate, se extendió en consideraciones que avalan lo resuelto por el Tribunal.

VIII. Consideraciones

La decisión del sentenciador de alzada tuvo como pilar fundamental, el argumento de que la pensión de jubilación a cuyo reajuste aspiró el accionante fue de origen convencional con un tope máximo superior al que imponía el artículo 2º de la Ley 71 de 1988, conclusión a la que arribó luego de examinar no solo esta preceptiva, sino además, los documentos que dan cuenta del reconocimiento pensional, y los soportes de su liquidación, que lo llevaron a colegir que

(…) para la época de reconocimiento de la pensión, el acuerdo convencional que amparó y efectivamente benefició al demandante superaba el tope pensional legalmente previsto por la Ley 71 de 1988, arriba reseñado, pues mientras esta fijaba un tope de quince (15) salarios mínimos aquel establecía 17,5 salarios mínimos como tope pensional; supuesto fáctico que no puede dejar de considerarse, pues en la materialidad del asunto es claro que al hoy demandante en todo momento ha sido favorecido en la aplicación de la normatividad y al momento de su pensión obtuvo una ventaja significativa ante otros pensionados.

En consideración a la vía de ataque seleccionada, esto es la directa, no está en discusión que al demandante se le otorgó una pensión de jubilación convencional con un límite máximo superior en cuanto al monto se refiere, al fijado por la norma legal vigente al momento del reconocimiento, por lo que corresponde determinar si, en tales condiciones, el actor tiene derecho al beneficio estipulado en el parágrafo del artículo 35 de la Ley 100 de 1993, norma que sí fue aplicada por el Tribunal, solo que le hizo producir efectos contrarios a los anhelados por el accionante, precisamente, con apoyo en el supuesto fáctico que no cuestiona la censura.

En perspectiva de cumplir con la función unificadora de la jurisprudencia, en tanto, si bien, el precepto legal de marras no diferencia la clase de pensión objeto de su aplicación, es claro que, en principio, tratándose de la pensión jubilatoria con fuente convencional, en términos cuantitativos, no existe tope máximo, y no podrían fijarlo las partes por debajo de lo legalmente regulado, en vista de la imposibilidad de convenir beneficios inferiores a los que la ley impone.

En el contexto legislativo, hay que decir que el parágrafo 3º del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, al preceptuar que “Cuando el Gobierno Nacional limite la base de cotización a veinte (20) salarios mínimos, el monto de las pensiones en el régimen solidario de prima media con prestación definida no podrá ser superior a dicho valor”, paladinamente significa que son solo las de origen legal, las que quedaron expuestas a la posibilidad de ampliar su tope máximo, con evidente exclusión de las que no tuvieran ese carácter, entre otras cosas, porque la restricción cuantitativa del artículo 2º de la Ley 71 de 1988, debía entenderse referida a las denominadas pensiones de jubilación por aportes, de orden legal desde luego, que fueron las reguladas por tal ordenamiento.

Si se tiene en cuenta que el artículo 2º del Decreto 314 de 1994, “En desarrollo del parágrafo tercero del art. 18 de la Ley 100 de 1993 (…)”, fija el máximo de las pensiones de vejez, sobrevivientes, e invalidez, “para los afiliados al régimen solidario de prima media con prestación definida”, no procede solución diferente a interpretar que la ampliación a ese tope, consagrada en la regla jurídica reglamentada, se estableció en favor de los pensionados de orden legal, a no ser que en el convenio colectivo de trabajo se hubiera remitido a lo legalmente regulado, como lo asentó esta Sala de la Corte en sentencia de 11 de julio de 2002, radicación 16935, cuando expuso:

Para desvirtuar ese soporte jurídico de la sentencia, el recurrente destaca que el artículo 2º de la Ley 71 de 1988 no se encuentra vigente, citando al efecto el parágrafo del artículo 35 de la Ley 100 de 1993, cuyo texto es del siguiente tenor:

“Las pensiones de jubilación reconocidas con posterioridad a la vigencia de la ley 2ª de 1992, no estarán sujetas al límite establecido por el artículo 2º de la ley 71 de 1988, que por esta ley se modifica”. (La parte restante del parágrafo fue declarada inexequible por Sent. C-89/97 de la Corte Constitucional).

De ese precepto, bien puede extraerse lo siguiente: a) Que la no aplicabilidad del tope consagrado en el artículo 2º de la Ley 71 de 1988 rige para las pensiones concedidas a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, que empezó el 18 de mayo de ese mismo año, según se evidencia del Diario Oficial 40451; b) Que como tal norma incluyó las pensiones otorgadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, sin especificar cuál o cuáles, debe suponerse que cobijó no solamente las consagradas en esa Ley, sino además, las referentes a otros sistemas de pensiones; c) Que consecuencialmente, el tope de 15 salarios mínimos establecido en la Ley 71 de 1988 fue derogado para toda clase de pensiones legales y, d) Que como la norma no discrimina los tipos de pensiones a que se refiere, dentro de ellas pueden incluirse las convencionales que se remiten a la ley para establecer los topes máximos de su cuantía (sin negrillas en el texto).

De acuerdo con ello, para la Corte, tiene razón el recurrente cuando sugiere e insiste, que el tope máximo de la pensión establecido en el artículo 2º de la ley 71 de 1988 no es el aplicable al caso bajo estudio, entre otros motivos, por haber sido expresamente derogado por la ley 100 de 1993.

En ese orden de ideas, como la norma vigente sobre límites a la cuantía de las pensiones es el artículo 2º del Decreto 314 de 1994, que los fijó en 20 salarios mínimos mensuales, no puede haber duda que es a ese tope al que remite la norma convencional.

En consecuencia, si está fuera de discusión que la prestación jubilatoria del accionante fue reconocida a partir de una norma convencional, como lo afirma el demandante y lo corrobora la literalidad de la Resolución 146417 de 31 de diciembre de 1993 (fls. 459 a 461), sin que exista prueba de que el 17,5% a que se refirió el Tribunal, hubiera sido el tope máximo convenido por los suscriptores del texto convencional, ni que este remitiera a lo dispuesto en la ley, no es posible concluir en sentido contrario a como lo hizo el juzgador de alzada, de suerte que, al margen de las deficiencias técnicas que exhibe la acusación, si se estudiara de fondo el problema jurídico debatido dentro del proceso, el cargo resultaría infundado.

Conviene agregar que el solo hecho de que se trate de un pensionado a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, no conlleva la aplicación del beneficio consagrado en el parágrafo del artículo 35 de la Ley 100 de 1993, sino que, obviamente, el condicionamiento para que ello proceda es que se hubiera tenido un salario base superior a los 15 salarios mínimos legales vigentes, y que por virtud de la restricción impuesta por el artículo 2º de la Ley 71 de 1988, se le hubiera reducido la cuantía final de la prestación al equivalente a dicho guarismo, o tal cual quedó escrito en la Sentencia C-089 de 26 de febrero de 1997 ”A quienes se les reconoció la pensión después del 18 de mayo de 1992 (fecha en que fue promulgada la Ley 4ª de 1992, y que, a pesar de tener un salario base superior, solamente tendrían derecho a una pensión equivalente al monto de los quince (15) salarios mínimos vigentes, por la aplicación del artículo 2º de la Ley 71 de 1988.

A lo anterior debe destacarse, que si se pretendiera indagar acerca de si esa era la situación del recurrente, esto es si tenía una remuneración superior a los 15 salarios mínimos legales vigentes y si se le redujo la cuantía de su prestación económica, tal análisis obliga a un ejercicio fáctico, imposible de emprender por la vía del puro derecho que utilizó el recurrente.

Por lo visto el cargo no prospera.

IX. Cargo segundo

Me permito acusar la sentencia de violar la ley sustancial de modo indirecto, por materialización de errores de hecho por falta de apreciación de las pruebas que condujeron al Tribunal a quebrantar por falta de aplicación las disposiciones sobre el tope máximo pensional de 17,5 salarios mínimos establecido por la convención colectiva de trabajo.

Las pruebas que fueron mal apreciadas se encuentran dentro del expediente (…) a folios 436 a 438 del cuaderno principal y se refieren a lo certificado por el consorcio Fopep sobre el monto de la pensión recibida por el señor Rafael Ramiro Robles Camargo.

Por ejemplo para el año 2003 tenemos que el equivalente a los 17,5 salarios mínimos es la suma de $5.810.000 y el demandante solo devengó la suma mensual de $5.695.041,70; para el año 2004 debió devengar $6.265.000 y solo obtuvo la suma de $6.064.649,91 y así sucesivamente en cada año distinto al año 1994 devengó menos del equivalente a los 17,5 salarios.

Entonces vemos la falta de apreciación de esta prueba que hubiera dado lugar a conceder la petición subsidiaria.

X. Réplica

Asevera que el cargo no tiene proposición jurídica, ni especificó las pruebas dejadas de apreciar, ni mal valoradas.

XI. Consideraciones

La presunción de acierto y legalidad de que viene precedida la decisión del Tribunal, obliga a quien procura desvirtuarla la obligación de adecuar la demanda a las exigencias del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, como la del numeral 5º que impone la indicación del “precepto legal sustantivo que se estime violado”, requisito que no cumple la censura, con lo cual, imposibilita el ejercicio que comporta desatar el recurso extraordinario, en tanto no se cuenta con un referente legal que permita desarrollar la labor de confrontación de la sentencia gravada con la ley, que es la función de la Corte en sede de casación.

Tampoco precisa el censor cuáles fueron los errores de hecho que, en su criterio, cometió el Tribunal ni, menos, individualiza las pruebas supuestamente dejadas de apreciar y, aunque manifiesta que se valoró mal el documento de folios 436 a 438, no explica en donde radica el eventual desatino fáctico, ni la forma como repercutió en el pronunciamiento gravado. Además, de lo que se reprodujo se advierte indescifrable la escueta argumentación que plantea la censura, dado que no es posible desentrañar a que le apunta el impugnante en su inefable discurso.

Así las cosas, este cargo no es estimable y, dado el fracaso del recurso, así como la presentación de escrito de oposición, las costas de este medio de impugnación extraordinario serán a cargo del demandante. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de $3.150.000.oo.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el dieciocho (18) de diciembre de dos mil ocho (2008), por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Rafael Ramiro Robles Camargo contra la Nación Ministerio de la Protección Social Grupo Interno para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia.

Las costas del recurso extraordinario de casación, como se dejaron precisadas en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen».