Sentencia SL15930-2017 de octubre 3 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL15930-2017

Radicación: 52507

Acta 13

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

Bogotá, D.C., tres de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VII. Consideraciones

La Sala comienza por recordar que el tribunal para confirmar la sentencia absolutoria de primer grado, consideró que la señora Zunilda Acosta de Semeraro, por ser pensionada de una empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, no tenía derecho al reajuste pensional previsto por la Ley 445 de 1998, pues dicha pensión no estaba financiada con recursos del presupuesto nacional; por tanto y si bien es cierto, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en un comienzo y de manera equivocada efectuó el reajuste pensional previsto por el artículo 1º de la ciada ley, corrigió su error a partir del mes de marzo de 2000, equivocación que desde luego, precisó, no generaba derecho alguno en favor de la actora.

Visto lo anterior, se advierte que la censura equivoca su ataque al dirigirlo por la vía indirecta, pues si quería controvertir de manera consistente la decisión de segundo grado, imperiosamente debía hacerlo por la senda jurídica o del puro derecho, bien por una eventual aplicación indebida del artículo 1º de la Ley 445 de 1998, ora por una hipotética errónea interpretación de la citada norma, pues el soporte fundamental de la decisión recurrida, se insiste, estuvo centrada en el hecho de que la actora no era destinataria de los incrementos pensionales allí contemplados.

Pero si ello no fuera todo, la parte recurrente intenta demostrar hechos que fueron pacíficos para el tribunal (primer y tercer error), o simplemente no coindicen con los supuestos dados por acreditados en la sentencia recurrida y debidamente probados en el proceso (segundo y cuarto error), lo cual de por sí, les resta no sólo la naturaleza de errores fácticos, sino también la connotación de evidentes como para llevar al quebranto de la decisión recurrida por la vía fáctica. Se detalla.

Para el ad quem fue pacífico el hecho de que a la demandante en un comienzo se le efectuaron incrementos a la luz del artículo 1º de la Ley 445 de 1998 (primer error), solo que, al no tener derecho a ellos, consideró que era procedente su reajuste para disminuir la mesada a cargo de la demandada, la cual quedó en cuantía de $ 569.554, ello a partir de marzo de 2000 (tercero error).

De otra parte, el tribunal jamás consideró que a la demandante le eran aplicables los incrementos previstos en la Ley 445 de 1998 (segundo error), todo lo contrario, concluyó que no le eran aplicables tales incrementos en razón que bajo la égida del artículo 1º de la Ley 445 de 1998, no era destinataria de los mismos.

Tampoco es verdad que a la actora, sólo hasta el año 2010 se le hubiese puesto de presente que la razón del reajuste realizado por la demandada en marzo de 2000, era la inaplicación de la Ley 445 de 1998 (cuarto error), pues para el tribunal, la demandada desde el mismo momento en que le efectuó el reajuste, le expuso la razón de tal determinación, baste para ello echar un vistazo a la carta fechada el 16 de abril de 2000 (fl. 193), en la que se le precisó que la razón de tal reajuste estaba soportada en que a los pensionados de la accionada no se les aplicaba los incrementos previstos en la Ley 445 referida.

Aunque lo anterior sería suficiente para desestimar el cargo, al margen de lo anterior la Sala aprovecha la oportunidad para reiterar que los pensionados de la demandada no son sujetos del reajuste pensional previsto por la Ley 445 de 1998, tal como lo concluyó el fallador de segundo grado. Se explica:

1. La Ley 489 de 1998 en su artículo 38 numeral 2º literal b), enlista a las empresas industriales y comerciales del Estado, como pertenecientes al «sector descentralizado por servicios» de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional; a su turno, el artículo 39 inciso tercero ibídem, prescribe que «[…]Los organismos y entidades adscritos o vinculados a un ministerio o un departamento administrativo que gocen de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o capital independiente conforman el sector descentralizado de la administración pública nacional y cumplen sus funciones en los términos que señale la ley» (se resalta).

2. El artículo 1º de la Ley 445 establece lo siguiente:

ART. 1º—Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes del sector público del orden nacional, financiadas con recursos del presupuesto nacional, del Instituto de Seguros Sociales, así como de los pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, conservando estos últimos su régimen especial, tendrán tres (3) incrementos, los cuales se realizarán el 1º de enero de los años 1999, 2000 y 2001. Para el año de 1999 este gobierno incluirá en el presupuesto de dicho año, la partida correspondiente (inc. condicionalmente exequible CC C-067/99).

3. Dicho artículo fue demandado alegándose un presunto quebrantamiento del artículo 13 de la Constitución Nacional, precisamente porque, entre otros argumentos, excluía a las pensiones reconocidas por los organismos descentralizados que no están financiados con el presupuesto nacional. En la exposición de motivos de la citada ley, el gobierno justificó la exclusión argumentando, que no podía «alterar arbitrariamente las condiciones de operación, en especial de aquellas empresas públicas o privadas que tienen a su propio cargo el pago de las pensiones de sus ex trabajadores».

4. La Corte Constitucional en la Sentencia C-067 de 1999 declaró exequible el inciso 1º de la Ley 445 de 1998, bajo el entendido que:

[…].

los incrementos que allí se establecen para las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, financiadas con recursos del presupuesto nacional comprenden también a las pensiones que hayan sido reconocidas por entidades del orden territorial, en el caso de acumulación de tiempos de servicio en el sector oficial, a prorrata de la cuota parte que le corresponde a la Nación.

En la citada sentencia y sobre la exclusión de las pensiones a cargo de las entidades descentralizadas, dijo la Corte Constitucional:

[…].

De otra parte, la exclusión de las pensiones a cargo de las entidades descentralizadas tiene idéntico sustento en cuanto se encuentra una realidad objetiva, cual es la escasez de recursos para atenderla, como lo puso de presente el gobierno al presentar el proyecto de ley y lo aceptaron las cámaras legislativas al rechazar la propuesta sustitutiva de las comisiones permanentes para aplicar esos incrementos a todas las pensiones.

No puede desconocerse, que las entidades descentralizadas gozan igualmente de autonomía para su manejo presupuestal y que algunas de ellas tienen a cargo el pago de las pensiones de sus ex trabajadores, por lo que imponer un incremento de esas pensiones sin consultar previamente su viabilidad financiera, alteraría de manera importante las condiciones operativas y presupuestales de tales entidades, en detrimento de los mismos pensionados.

En este orden de ideas, como no hay discusión que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, es una empresa industrial y comercial del Estado, perteneciente al «sector descentralizado por servicios», organizada como establecimiento de crédito, de naturaleza especial, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, es evidente que sus pensionados no son destinatarios de los incrementos previstos por el artículo 1º de la Ley 445 de 1998, pues las pensiones que ella reconoce, no se cubren con dineros provenientes del presupuesto nacional en los términos fijados por el citado artículo 1º, en armonía con el parágrafo del artículo 2º del Decreto Reglamentario 236 de 1999 y 3º del Decreto 111 de 1996, que en su orden establecen:

Así, el artículo 2º del Decreto Reglamentario 236 de 1999 señala:

ART. 2º—Para efectos de lo dispuesto en el ordinal a) del artículo anterior, son pensiones del sector público del orden nacional financiadas con recursos del presupuesto nacional, aquellas que reúnan conjuntamente las dos condiciones siguientes:

a) Que hayan sido reconocidas por entidades públicas del orden nacional respecto de servidores públicos nacionales, y

b) Que su pago se realice actualmente con recursos del presupuesto nacional apropiados para el pago de pensiones.

PAR.—Para efectos de este artículo se entiende por presupuesto nacional el definido por el segundo inciso del artículo 3º del Decreto 111 de 1996. (se resalta).

A su turno el inciso segundo del artículo 3º del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto), dice:

ART. 3º—COBERTURA DEL ESTATUTO. Consta de dos (2) niveles: un primer nivel que corresponde al presupuesto general de la Nación, compuesto por los presupuestos de los establecimientos públicos del orden nacional y el presupuesto nacional.

El presupuesto nacional comprende las ramas legislativa y judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la organización electoral, y la rama ejecutiva del nivel nacional, con excepción de los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta (se resalta).

Todo lo anterior lleva a la Sala a concluir que dada la naturaleza jurídica de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, no la cobija el supuesto fáctico previsto por el artículo 1º de la Ley 445 de 1998, pues los incrementos pensionales contenidos en dicha preceptiva refieren, única y exclusivamente, a las entidades que pagan pensiones con dineros provenientes del presupuesto nacional, no con dineros originados en el presupuesto general de la Nación.

Sobre el particular oportuno es citar la Sentencia CSJ SL4573-2017, donde se trajo a colación lo expuesto en la Sentencia SL15781-2016, en la que al efecto se señaló:

[…].

De otro lado, el Decreto 111 de 1996 que se ocupó de compilar el estatuto orgánico del presupuesto nacional, en su artículo 3º definió el presupuesto general de la Nación, situándolo en dos niveles. El primero, que es el que interesa, compuesto por los presupuestos de los establecimientos públicos del orden nacional, uno de los cuales es el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales, y por el presupuesto nacional, entendiéndose por este último, el comprendido por las ramas legislativa y judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la organización electoral y la rama ejecutiva del nivel nacional, exceptuando las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta.

Vistas así las cosas, no es lo mismo decir que las pensiones de jubilación pagadas por el fondo tantas veces mencionado, se cubran con dineros del presupuesto general de la Nación que con dineros del presupuesto nacional. El primero, es un instrumento financiero macro, esencial en la política fiscal de Estado; y el segundo, es una parte de aquel, que se aprueba por el Congreso de la República y que corresponde a lo definido por el artículo 3º del Decreto 111 de 1996 ya mencionado (se resalta).

Por consiguiente y en consideración a lo dicho en precedencia, resulta claro para la Sala que el ad quem acertó al no acceder a lo pretendido por la señora Acosta de Semeraro, pues su pensión no estaba sujeta a los incrementos establecidos en la mencionada Ley 445 de 1998.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Sin costas en casación en razón a que la demanda no fue replicada.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida, el 31 de mayo de 2011, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que ZUNILDA ACOSTA DE SEMERARO le adelanta a la CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA.

Sin costas en casación.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»