Sentencia SL15979-2017/64012 de septiembre 19 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 2

Rad. 64012

Acta 11

Magistrado Ponente:

Dr. Santander Rafael Brito Cuadrado

Bogotá, D.C., diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (fls. 6 a 31, cdno. de la Corte).

(…)

VIII. Consideraciones

Aun cuando la réplica tiene razón parcial, en cuanto la demanda presenta algunas fallas, como la de no precisar el alcance de la impugnación, ésta por sí sola no da al traste con el deber de estudiarla, pues se entiende que, lo que pretende haga la Corte una vez case, es que revoque la sentencia de primera instancia e imponga las condenas pretendidas. Los demás reproches son aceptados, dado que la vía escogida está conforme a la ley.

Sin embargo, sí le asiste plena razón en cuanto a la convención colectiva, fuente de los derechos reclamados y aportada al expediente, en cuanto carece de los requisitos solemnes establecidos en la ley para su validez.

Si bien, tal falencia, de todas maneras trascendental para el proceso, no implica, per se, que el recurso no se deba estimar, en este caso particular resulta inane hacerlo, ya que, de prosperar el cargo en cuanto a la apreciación errónea de la convención por parte del ad quem en el alcance dado a la cláusula convencional sobre la expresión: “todo lo devengado en el último año de servicio”, en sede de instancia se arribaría a la misma decisión tomada por el Tribunal, es decir, confirmar la sentencia consultada que absolvió a la demandada.

La razón es simple. Nótese que las pretensiones planteadas se relacionan con:

— La “reliquidación y pago del mayor valor resultante del quinto quinquenio causado el 5 de abril de 2007, incluyendo el monto total de los devengados prima de navidad completa y prima de junio completa”;

— Que, como consecuencia de esta reliquidación, “la doceava parte del mayor valor en el quinquenio, se incluya como faltante en el cálculo del salario promedio devengado por el demandante en el último año de servicio”;

— Adicionalmente que, “se incluya [sic] como factores salariales para el cálculo del salario promedio de lo devengado en el último año de servicios, el monto total de los devengados, prima completa de navidad y prima completa de junio, con sus respectivas doceavas”;

— Y que, como efecto de las anteriores peticiones, “se reliquide y se pague la diferencia en las cesantías definitivas con sus intereses”; Así mismo, se le “reliquide y pague el monto de las mesadas pensionales, con los ajustes legales”; de igual manera que, “además que se condene a la demandada al pago de la indemnización moratoria prevista en artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por los valores faltantes […]; a pagar el perjuicio moral”.

Pero, todas las pretensiones fundadas en que la pensión reconocida, lo fue con base en la convención colectiva de trabajo, para cuya liquidación la demandada, con el fin de cuantificar el salario promedio, convirtió en proporción las primas, según la tesis del actor y recurrente en casación, no es lo contemplado en la norma convencional.

Esto significa que, para poder llegar a la conclusión de, si la demandada apreció o interpretó correctamente la convención colectiva de trabajo, fuente del derecho pensional, y calculó de igual forma el salario promedio mensual de todo lo devengado en el último año de servicio, con miras a cuantificar el monto de la pensión, era menester que ese marco normativo convencional, estuviera debidamente arrimado al proceso, vale decir, cumpliendo con lo presupuestado en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo; concretamente que, se demostrara su depósito oportuno ante la autoridad administrativa competente, so pena de no producir efecto alguno.

En el sub lite, el demandante allegó como anexo de su petición inicial y lo anunció como prueba, copia de normas convencionales - recopilación de convenciones colectivas que obra a folios 22 a 27 del cuaderno del juzgado, pero sin la nota o constancia de su depósito. Por ende, si hipotéticamente prosperara el cargo, en sede de instancia la Corte no tendría otro camino que confirmar la sentencia del a quo, precisamente por ausencia de la convención colectiva de trabajo fuente de los derechos reclamados (forma de liquidarlos y hallar el salario promedio mensual del último año de servicios, para poder verificar si la demandada incurrió en los errores que su ex trabajador demanda se corrijan).

La Corte ya se ha manifestado al respecto, como en la sentencia CSJ SL13693-2016, de la siguiente manera:

Es que desde ningún punto de vista podría siquiera pensarse que debido a que el a quo no fundó la negativa de acceder a las pretensiones del actor en la falta de requisitos de la convención colectiva de trabajo, no pudiera el colegiado de segundo grado extender su análisis a este aspecto y tuviera que verse abocado a revocar la absolución y conceder lo pedido, aún sin el cumplimiento de las exigencias legales de depósito del instrumento fuente de la pretensión […].

[…] La censura no confrontó dos de los pilares del fallo que confuta, consistentes en la necesidad de que el acuerdo colectivo se deposite dentro del plazo previsto en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, ni la carencia de firmas de los ejemplares allegados, sino que insiste en la improcedencia del análisis de los requisitos de existencia y validez de la convención, en tanto la decisión que puso fin a la instancia inicial no se ocupó de esa problemática y la alzada para nada se detiene en ese punto.

A partir de los supuestos fácticos mencionados y no discutidos por el recurrente, es manifiesto que la norma con vocación de ser aplicada era la acogida por el ad quem que para efectos de la validez de lo pactado en una convención colectiva de trabajo, exige su depósito dentro de los 15 días siguientes a su firma, lo cual supone, obviamente, no solo la demostración del depósito, sino que la reproducción que se allegue al proceso esté firmada por quienes representaron a las partes en el conflicto colectivo de trabajo.

En tal virtud, no se equivocó el Tribunal al restarle todo mérito probatorio a los textos convencionales incorporados a folios 39 a 42 del cuaderno principal y 149 a 166 del de anexos, toda vez que se trata de fotocopias que no dan cuenta de que sus originales hubieren sido firmados ni, mucho menos, de que se surtiera el depósito ante el Ministerio del Trabajo, como lo exige el último de los preceptos sustantivos mencionados a lo largo de estas consideraciones. Lo anterior es así, no obstante lo preceptuado en el numeral 3º del artículo 54A del Código Procesal del Trabajo, tal cual lo ha estimado pacíficamente la Sala, en tanto no sea indispensable la autenticación de las copias del convenio colectivo, lo que no puede soslayarse es la prueba de que se realizó el depósito a más tardar el día 15 hábil después de su firma.

Tal cual se dejó expuesto al resolver el primer cargo, desde ningún punto de vista es admisible la tesis que propone el impugnante, pues ello se traduciría en la imposición de una camisa de fuerza al juzgador de segunda instancia que le impediría esgrimir razones diferentes a las consideradas por su inferior funcional para confirmar la providencia, en evidente detrimento del añejo aforismo iura novit curia. En Sentencia SL8718-2014, radicación 43003 de 2 de julio, esta Sala de la Corte discurrió así:

Pero además, el Tribunal sí estaba compelido al entrar a verificar la procedencia de los derechos convencionales reclamados, si la que se presenta como fuente de esas prerrogativas cumple con las exigencias legales, independientemente de que ese aspecto hubiera sido o no planteado por las partes en la demanda o su contestación, pues los contendientes no tienen el poder de disposición respecto de aspectos jurídicos. Máxime que el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo es perentorio cuando prescribe que “sin el cumplimento de todos estos requisitos la convención no produce ningún efecto”.

El depósito oportuno de la Convención Colectiva según lo normado en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo es una exigencia de la ley para su validez, como reiteradamente lo ha señalado la Sala en los siguientes términos: “al ser la convención colectiva de trabajo un acto solemne, la prueba de su existencia está atada a la demostración de que se cumplieron los requisitos legalmente exigidos para que se constituya en un acto jurídico válido, dotado de poder vinculante, razón por la cual, si se le aduce en el litigio del trabajo como fuente de derechos, su acreditación no puede hacerse sino allegando (…) el del acto que entrega noticia de su depósito oportuno ante la autoridad administrativa del trabajo” (Sents. mayo 16/2001, rad. 15120 y dic. 4/2003, rad. 21042).

Y en la última de las providencias citadas, fue enfática la Corte al señalar:

Si tal prueba no se allega al proceso de manera completa, no puede el sentenciador dar por demostrado en juicio que hay una convención colectiva de trabajo, ni menos aún, reconocer derechos derivados de ella en beneficio de cualquiera de los contendientes. Y si llega a reconocer la existencia de aquélla sin que aparezca en autos la única prueba legalmente eficaz para acreditarla, comete error de derecho y, por ese medio, infringe las normas sustanciales que preceptúan cosa distinta […].

En este orden de ideas y, dado que los yerros enrostrados al Tribunal se fundamentan en que el ad quem no dio por demostrado que la demandada liquidó en forma desacertada el salario promedio base de las cesantías, de la pensión y del quinquenio, al no entender que la expresión “promedio de todo lo devengado en el último año de servicio alude a la totalidad del valor de los derechos salariales consolidados en su causación jurídica durante el último año de servicios y que deben incluirse en la liquidación final”, tomando como referente la convención colectiva de trabajo y, particularmente que, tales yerros se derivaron de la mala apreciación de la misma (convención colectiva), siendo esta la fuente de su reclamación, la falencia advertida en su aducción al proceso es suficiente para desestimar el cargo y no casar la sentencia.

Como consecuencia del fracaso del recurso propuesto, las costas quedan a cargo de la parte demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.500.000 que se incluirán en la oportunidad señalada en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta y uno (31) de mayo de dos mil trece (2013) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por José Reyes Leguizamón Mora contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP “ETB S.A. ESP”.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».