Sentencia SL16113-2014 de noviembre 5 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 46671

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Acta 40

Bogotá, D.C., cinco de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

La Sala comienza por señalar que si bien es cierto la parte recurrente emplea la modalidad de “interpretación errónea” propia de la vía directa y no de la indirecta, como verdad es que leído en su integridad el recurso, se advierte que ello obedeció a un lapsus que no impide abordar el fondo del asunto, pues toda su estructura y argumentación corresponde a un ataque dirigido por la vía de los hechos.

Para resolver, preciso es destacar, tal y como se precisó al historiar el proceso, que no son materia de discusión los siguientes hechos: (i) extremos de las relaciones laborales que unieron a Guillermo Almeida, Iván Eduardo Cortés Rengifo y Carlos Alberto Enríquez Alegría con la sociedad Aerovías Nacionales de Colombia S.A. “Avianca”; (ii) que los demandantes desempeñaban los cargos de “cartero general”; (iii) que por llevar más de ocho años de servicios a la demandada, eran beneficiarios de la cláusula séptima convencional que refiere a la estabilidad laboral de tales trabajadores; (iv) que la demandada pidió autorización al entonces Ministerio de la Protección Social para despedir a varios de sus empleados y que dicho ente autorizó el despido mediante las resoluciones 1789 y 823 del 31 de octubre de 2003 y 24 de marzo de 2004, respectivamente.

La Sala advierte que dos son los cuestionamientos que la censura le arroga a la sentencia recurrida y, en consecuencia, dos los problemas jurídicos a resolver: (i) ¿Se equivocó el tribunal al concluir que la estabilidad laboral consagrada en la cláusula 7 convencional a favor de los demandantes, debe ceder ante la autorización otorgada por el entonces Ministerio de la Protección Social?, (ii) ¿El sentenciador de alzada se equivocó ostensiblemente al concluir que los accionantes, según el organigrama de la empresa, pertenecen a la planta de personal administrativa y por tanto estaban comprendidos en la autorización de despido otorgada por el ente ministerial, a través de la Resolución 823 del 24 de marzo de 2004?

Para resolver el primero pertinente es señalar, que por regla general, la estabilidad laboral consagrada en los acuerdos convencionales cede frente al despido colectivo previsto por la Ley 50 de 1990, artículo 67, y autorizados por el ministerio del ramo, tal y como desde antaño lo ha recordado esta Sala de la Corte a resolver casos seguidos contra la misma entidad aquí demandada. Baste para ello traer a colación la Sentencia CSJ, SL 17 abr. 2002, rad. 17238 cuando al efecto dijo:

“El tercer elemento del ataque apunta a controvertir la autorización administrativa de despido colectivo, vertida por el Ministerio de Trabajo, frente a las cláusulas que en la convención colectiva protegen la estabilidad laboral de sus beneficiarios.

Sin embargo, en este aspecto la acusación tampoco tiene vocación de éxito, pues reitera la Sala su criterio en el sentido de que frente al permiso de las autoridades administrativas del trabajo para que la demandada desvinculara de sus empleos a 567 trabajadores no tienen operancia los preceptos convencionales relativos a la estabilidad laboral de sus beneficiarios, pues ello haría nugatoria la figura del despido colectivo autorizado, e inanes sus efectos perseguidos y previstos por la ley. Así lo ha dicho la Sala la Sala de manera insistente, como en su Sentencia 12297 del trece (13) de octubre de 1999, cuando expresó, rememorando el Fallo 11624 del 25 de mayo del mismo año:

‘(...) lo dispuesto en el artículo 67 de la ley 50 de 1990 impide el reintegro pactado en la cláusula séptima de la convención colectiva de trabajo, estipulación que necesariamente debe entenderse referida a hipótesis diferentes y la que para efectos del despido injusto de trabajadores con más de ocho años de servicio, se remite a lo previsto en el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965.

Como lo tiene claramente definido la jurisprudencia de la Corte desde la sentencia del 27 de marzo de 1995 (Rad. 7425), que invoca la recurrente, ni bajo el régimen del Decreto 2351 de 1965, ni en vigencia de la Ley 50 de 1990, es admisible que el despido colectivo debidamente autorizado por el Ministerio de Trabajo pueda generar el reintegro, en el claro entendimiento que las normas que así lo han dispuesto contienen una previsión del legislador para los casos de despido colectivo por parte de un patrono, o cuando debe terminar labores, parcial o totalmente, que por esa misma razón descarta la posibilidad de reintegro a un empleo que ha desaparecido, por cuanto el permiso otorgado expresa el reconocimiento del Estado de haber comprobado que existe para el empleador alguno de los motivos calificados en la ley que le permite efectuar despidos de trabajadores en los porcentajes que al efecto señala el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, por no poder continuar los contratos de trabajo.

De no ser así carecería de sentido que el patrono solicitara permiso para el despido colectivo de trabajadores, ajustándose a los requisitos que contemplan los preceptos legales, pues el despido previamente autorizado y el que no lo fue tendrían la misma consecuencia, esto es, quedarían sin efecto, lo que resulta contrario a la interpretación lógica y sistemática de las normas que regulan la institución, que obliga a entender que la autorización regularmente expedida por el Ministerio de Trabajo tiene precisamente la virtud de hacerle producir plenos efectos a los despido colectivos, que de otra manera resultarían ineficaces, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40 del Decreto 2351 de 1965 y 39 y 40 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978.

Aquí no se discute que Avianca solicitó y obtuvo permiso del Ministerio de Trabajo, mediante la Resolución 2 de 1993, para despedir a 567 trabajadores por razones económicas y financieras, la cual quedó en firme luego de que fueran resueltos los recursos de reposición y apelación por medio de las resoluciones 11 y 2689 de 1993, respectivamente, decisiones administrativas en las que se dijo que la autorización concedida ‘no levanta fueros sindicales’ (fl. 145) ni ‘exime a la empresa de la obligación indemnizatoria que le corresponde por ley’ (ibídem). De tal manera que las directrices trazadas en la actuación administrativa tampoco establecen ‘restricciones’ que pudieran apoyar el reintegro decretado, como equivocadamente lo da a entender el fallo, para darle consejos a la hoy recurrente sobre la forma en la que ha debido utilizar el permiso.

Interesa dejar en claro que la cláusula séptima de la convención colectiva de trabajo establece: ‘La empresa no dará por terminados los contratos de trabajo sin justa causa cuando el trabajador tenga ocho (8) años o más de servicios continuos. Caso contrario se dará aplicación al numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965’ (fl. 9, cdno. del juzgado). Ello significa que la estipulación convencional tampoco garantiza la estabilidad o inamovilidad absoluta de los trabajadores a los cuales se refiere, toda vez que en caso de despido injusto simplemente obliga a dar aplicación al numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, disposición que la Jurisprudencia de la Corte ha considerado no opera tratándose de despidos colectivos debidamente autorizados por el Ministerio Trabajo, como aquí ocurrió.

De tal forma que, como bien lo afirma la recurrente, aún en el evento de considerar que el demandante tenía un derecho adquirido con base en la citada cláusula, este consistiría en la posibilidad de incoar la acción de reintegro, que en ultimas llevaría necesariamente a valorarlo como desaconsejable frente a la autorización de despido colectivo debidamente expedida por el Ministerio de Trabajo, pues no compete al juez laboral enjuiciar la validez o legalidad de la misma.

También ha sido clara la jurisprudencia, adoptada por mayoría, en señalar que el despido colectivo, considerado frente a cada uno de los trabajadores afectados con la decisión, siempre supone una terminación unilateral por determinación del patrono, vale decir, un despido puro y simple, puesto que el empleador voluntaria y autónomamente resuelve terminar los contratos de los trabajadores que el mismo selecciona por sus propios intereses, manteniendo el vínculo jurídico con otros empleados’” (se resalta).

La línea jurisprudencial citada, mutatis mutandis, permite concluir que el sentenciador de alzada no se equivocó al determinar que los demandantes, frente a la autorización otorgada por el Ministerio de la Protección Social, no estaban protegidos por la cláusula séptima convencional que consagra la “estabilidad” para los trabajadores que llevasen más de ocho (8) años de servicios a la demandada, dado que lo contrario implicaría hacer nugatorios los motivos calificados por el legislador, consagrados en la Ley 50 de 1990, artículo 67, numeral 3º, que al efecto establece:

“3. La autorización de que trata el numeral 1º de este artículo podrá concederse en los casos en que el empleador se vea afectado por hechos tales como la necesidad de adecuarse a la modernización de procesos, equipos y sistemas de trabajo que tengan por objeto incrementar la productividad o calidad de sus productos; la supresión de procesos, equipos, o sistemas de trabajo y unidades de producción; o cuando éstos sean obsoletos o ineficientes, o que hayan arrojado pérdidas sistemáticas, o los coloquen en desventaja desde el punto de vista competitivo con empresas o productos similares que se comercialicen en el país o con los que deba competir en el exterior; o cuando se encuentre en una situación financiera que lo coloque en peligro de entrar en estado de cesación de pagos, o quede hecho así haya ocurrido; o por razones de carácter técnico o económico como la falta de materias primas u otras causas que se puedan asimilar en cuanto a sus efectos; y en general los que tengan como causa la consecución de objetivos similares a los mencionados”.

En lo que corresponde al segundo cuestionamiento que le hace la censura al fallo recurrido, referido a que el ad quem se equivocó ostensiblemente al concluir que los demandantes, según el organigrama de la empresa, pertenecen a la planta de personal administrativa y que por tanto estaban comprendidos en la Resolución, ministerial de autorización, 823 del 24 de marzo de 2004 (fls. 115 a 140) estima la Sala que la razón acompaña al recurrente por lo que a continuación se expone:

1. El artículo primero de la citada resolución, precisa lo siguiente:

“Modificar el artículo primero de la Resolución 1789 de octubre de 31 de 2003, el cual quedará así: autorizar, como en efecto se autoriza a la empresa Aerovias (sic) Nacionales de Colombia ‘Avianca S.A.’, para despedir a trescientos cincuenta (350) trabajadores discriminados por cada una de las vicepresidencias así: desarrollo de nuevos negocios: 13 administrativos; operaciones de vuelo: 12 administrativos; 98 aviadores (entre pilotos y copilotos), y 5 ingenieros de vuelo; ingeniería y mantenimiento: 25 administrativos y 126 técnicos; financiera: 39 trabajadores administrativos; presidencia: 5 administrativos; servicios y talento humano: 26 administrativos (...)”.

2. A folios 4 a 6 del expediente, aparece plenamente demostrado que “Avianca” con fundamento en la anterior resolución, da por finalizados los contratos de trabajo a los demandantes.

3. Las certificaciones expedidas por Avianca a cada uno de los demandantes, dan cuenta que desempeñaban el cargo de “cartero general en la división del correo aéreo de la ciudad de Cali” (fls. 7 a 9).

4. Asimismo en las certificaciones aportadas por la empresa, respecto de cada uno de los demandantes (fls. 331 a 332) consta que desempeñaban las siguientes funciones:

“• Ayudar a descargar el camión correo aéreo.

• Recibir el correo para el sector asignado.

• Verificar que los envíos recibidos coincidan con los relacionados en la planilla.

• Descargar los envíos que lleguen mal clasificados y entregarlos al supervisor.

• Anotar en la planilla de relación de envíos la dirección del destinatario.

• Enrutar los envíos en orden de entrega.

• Contar el correo.

• Anotar en la planilla la cantidad de envíos con los que sale a distribución.

• Solicitar la salida al supervisor.

• Desplazarse al sector.

• Distribuir el correo.

• Verificar que el destinatario viva en la dirección que está anotada en el envío.

• Hacer firmar las guías con nombre, número de cédula, fecha y hora, regresarlas completamente diligenciadas.

• Saludar y despedirse en las partes donde entregue el correo.

• Desplazamiento a la oficina.

• Entregar las devoluciones con sus respectivas motivaciones.

• Notificar y entregar al supervisor el correo que llegue roto o en mal estado.

• Entregar al supervisor el correo que llegue mal clasificado a su sector.

• Agotar los recursos para la entrega del correo.

• Cuando sea necesario colaborar con la distribución de otros sectores cuando hay ausencia de un compañero.

• Entregar al supervisor o auxiliar de oficina las guías de los envíos entregados para descargarlas en la planilla.

• Sacar a distribución los envíos que se regresaron a la oficina por devolución y que ya es posible su entrega.

• Radicar en la planilla de llegada el motivo de devolución.

• Verificar fecha y hora de información de envíos que tiene para distribuir (...)”.

A su vez, a folio 333 del expediente, figura un documento al que el tribunal le dio el carácter de organigrama de la empresa, en el cual se señala que los trabajadores de la demandada son “adminsitrativos” y “técnicos”, dividiendo los primeros en empleados de “mando” y “operativos”; a su vez dentro del grupo de trabajadores “operativos”, entre otros, aparecen los “carteros”, que como ya se dijo eran los que desempeñaban los actores.

Pues bien, del análisis de los anteriores medios probatorios, advierte la Sala:

1. Que en efecto, los demandantes fueron despedidos con fundamento en la autorización otorgada por las autoridades administrativas del trabajo a la empresa, mediante la Resolución 823 del 24 de marzo de 2004.

2. Que la citada resolución, autorizó a la sociedad demandada “para despedir a (...) 350 trabajadores discriminados por cada una de las vicepresidencias así: ‘desarrollo de nuevos negocios: 13 administrativos; operaciones de vuelo: 12 administrativos; 98 aviadores (entre pilotos y copilotos), y 5 ingenieros de vuelo; ingeniería y mantenimiento: 25 administrativos y 126 técnicos; financiera: 39 trabajadores administrativos; presidencia: 5 administrativos; servicios y talento humano: 26 administrativos’”, dentro de los cuales, no están los “carteros”.

Dicho de otro modo, la autorización de despido no abarcó los cargos de “cartero general” que desempeñaban los actores.

En ese contexto fáctico, le correspondía a la accionada demostrar que los cargos de “cartero general” que desempeñaban los demandantes, hacían parte de alguna de las “vicepresidencias” taxativamente relacionadas en la autorización ministerial para el despliegue probatorio en tal sentido adelantó la sociedad demanda, colige esta Sala que la autorización sobre la cual se fundamentó el despido de cada demandante es inexistente.

3. Que las funciones desempeñadas por Almeida Cortés y Enríquez, indubitablemente son de carácter operativo, es decir, no pueden equipararse a las administrativas de dirección, planeación o apoyo a esas actividades, en tanto las primeras son ejecutoras de las implementadas por quienes tienen a cargo las segundas.

4. Que, si en gracia de discusión se aceptará que la documental de folio 333 es el “organigrama estructural de trabajadores de Aerovías Nacionales de Colombia S.A.”, como lo sostuvo Avianca, tesis que acogió el sentenciador de segundo grado, igualmente direccionaría al equívoco puesto de relieve por la censura, en tanto la única lectura que se hace de la misma, es que los “carteros”, hacían parte del personal “operativo” de la demandada.

Lo anterior adquiere mayor sustento si se tiene en cuenta que fue la propia convocada a juicio quien al pedir la autorización al entonces Ministerio de la Protección Social, dejó en claro que su planta de personal estaba conformada por trabajadores administrativos y operativos, baste para ello echar un vistazo al punto 1.3., de la documental que al efecto aportó y que a la letra dice:

“1.3. Listado del total de trabajadores vinculados a Aerovías Nacionales de Colombia S.A., ‘Avianca’ tanto operativos como administrativos” (se resalta) (fls. 66).

Ese supuesto fáctico que pretende modificar la demandada con posterioridad a la autorización obtenida, con el propósito de afirmar en el curso del proceso que los trabajadores operativos —carteros— eran administrativos, no resulta admisible por lo expuesto en precedencia e implica concluir que el juzgador de alzada cometió los dos últimos yerros señalados en el cargo.

Aunque lo anterior es suficiente para concluir que el cargo es próspero, para redundar en razones, la Sala analiza las testimoniales rendidas por María Mercedes Sierra, Faustino Espinosa y Fernando Lozano Gómez (fls. 309 a 312 y 320 a 321), toda vez que son contestes en señalar que los demandantes eran trabajadores operativos, no administrativos; aún más, el último de los testigos precisó que los actores eran del «área operacional», solo que dependían de la “coordinación administrativa”; de modo que una cosa es que los trabajadores dependan de la “coordinación administrativa”, y otra muy diferente que sean trabajadores administrativos, que fue precisamente lo que no observó tribunal y la razón por la cual, se repite, el cargo es prospero.

IX. Consideraciones de instancia

En sede de instancia, la Corte comienza por recordar que la solicitud de reintegro impetrada por los demandantes, encuentra soporte tanto en la cláusula séptima de la Convención colectiva vigente para la época del despido (fls. 11 a 53), como en el Decreto 2351 de 1965, artículo 8º, numeral 5º (fls. 157 a 170).

Teniendo en cuenta lo anterior, oportuno es conocer qué dice la cláusula séptima convencional:

“Cláusula 7.

Estabilidad.

La empresa no dará por terminado los contratos de trabajo sin justa causa cuando el trabajador tenga más de ocho (8) años o más de servicios continuos. Caso contrario se dará aplicación al numeral quinto (5º) del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965”.

La estipulación convencional que se acaba de transcribir, no garantiza la estabilidad o inamovilidad absoluta de los trabajadores toda vez que en caso de despido injusto, simplemente obliga a dar aplicación al Decreto 2351 de 1965. artículo 8º, numeral 5º, disposición esta que si bien es cierto la jurisprudencia de la Corte ha considerado no opera en tratándose de despidos colectivos debidamente autorizados por las autoridades administrativas, tal postulado se configura cuando la entidad convocada a juicio se sujeta de manera estricta a la autorización dada por la citada entidad gubernamental, situación que no ocurre en el caso de autos, en tanto y como se precisó en sede de casación, “Avianca” desbordó la citada autorización porque los cargos ocupados por los demandantes, no estaban comprendidos en la Resolución 823 del 24 de marzo de 2004.

Aquí, oportuno es recordar que la doctrina de la Sala ha sido clara en señalar que el alcance de la estipulación convencional objeto de estudio, que a su vez remite al Decreto 2351 de 1965, artículo 8º, numeral 5º, en momento alguno puede entenderse modificada por la Ley 50 de 1990, artículo 6º, puesto que bien pueden las partes en una negociación colectiva, sin afectar derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores, acordar condiciones que otrora una disposición legal había previsto. Así se ha sostenido en sentencias CSJ SL, 24 ago. 2000, rad. 14489, CSJ SL, 24 jul. 2003, rad. 20360, CSJ SL, 17 abr. 2012, rad. 39915 y SL 13242-2014, cuando al efecto se dijo:

“Todo lo anterior es más relevante en el caso presente, dado que como con pleno acierto lo asentó el sentenciador, si precisamente en la convención colectiva vigente por la época de los hechos, suscrita ya en vigencia de la Ley 50 de 1990, las partes memoraron nuevamente el numeral quinto del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, a pesar de haber quedado este sin vigencia para algunos trabajadores, fue porque se conservó la posibilidad de reintegro para el personal ubicado en el campo de aplicación de la convención, que sea despedido sin justa causa después de ocho años de servicios, puesto que como lo expresó esta corporación en proveído del 7 de abril de 1995 (Rad. 7243) ’no puede el juez en estas materias apartarse de lo literal de las palabras para imponerle a las partes obligaciones que van más allá del texto del convenio normativo, salvo que claramente aparezca que la intención de quienes celebraron la convención colectiva fue diferente”.

En este contexto, le corresponde a la Sala, en sede de instancia, establecer si en el caso de autos procede el reintegro ordenado por el Decreto 2351 de 1965, artículo 8º, numeral 5º, norma a la cual, se repite, remite la cláusula séptima convencional, disposición sustantiva que al efecto consagra lo siguiente:

“5º—Con todo, cuando el trabajador hubiere cumplido diez (10) años continuos de servicios y fuere despedido sin justa causa, el juez del trabajo podrá mediante demanda del trabajador, ordenar el reintegro de este en las mismas condiciones de empleo de que antes gozaba y el pago de los salarios dejados de percibir, o la indemnización en dinero prevista en el numeral 4º, literal d), de este artículo. Para decidir entre el reintegro y la indemnización, el juez deberá estimar y tomar en cuenta las circunstancias que aparezcan en el juicio, y si de esa apreciación resulta que el reintegro no fuere aconsejable en razón a las incompatibilidades creadas por el despido, podrá ordenar, en su lugar, el pago de la indemnización”.

En este orden de ideas y en armonía con lo establecido por la norma en cita, la Sala no encuentra razones que hagan desaconsejable el reintegro, por el contrario, las pruebas arrimadas al proceso, especialmente las testimoniales rendidas por María Mercedes Sierra y Faustino Espinosa (fls. 309 a 312) y la de Fernando Lozano Gómez (fls. 320 a 321), indican que las funciones desempeñadas por los demandantes aún existen en la empresa, solo que son desarrolladas por personal vinculado mediante cooperativas de trabajo asociado.

En efecto, la señora María Mercedes Sierra al ser interrogada sobre el particular respondió que: “las funciones que desempeñaban los demandantes continúan existiendo y son desempeñadas actualmente por personal no directo de Avianca sino que están contratados por medio de cooperativas en las mismas oficinas donde ellos laboraban” (se resalta); más aún, en seguida precisa el nombre de una de las cooperativas, la que dice denominarse “Servicopava”.

En igual sentido, el señor Faustino Espinosa Arboleda, al responder la pregunta formulada por la demandada en punto a que precise cuál es el personal que viene desempeñando las funciones que realizaban los actores, es enfático al contestar que: “el personal de terceros es Servicopava que es una cooperativa de trabajo asociado y anteriormente lo estaba haciendo Trifit que es una empresa con la cual Avianca contrató el servicio del manejo del correo, inicialmente tenía personal con contrato con ella, pero ahora lo ha cambiado con Servicopava que también presta el servicio de personal en el aeropuerto”. Dicho este que es coincidente con lo manifestado por el señor Fernando Lozano Gómez.

Lo anterior permite concluir que no es desaconsejable el reintegro impetrado, de una parte, porque las actividades operacionales de correo que desarrollaban los accionantes subsistente en la empresa, y en tanto el retiro no obedeció a conductas o situaciones subjetivas atribuibles a ellos que pudiera afectar el normal desarrollo de las actividades de la empresa, pues, como quedó dicho en sede de casación, la terminación de los contratos de trabajo se originó en la voluntad unilateral y errada de la empleadora, con fundamento en una inexistente autorización ministerial para el efecto.

Así las cosas, como no hay circunstancias que hagan desaconsejable el reintegro, se confirmará integralmente la sentencia dictada el 23 de noviembre de 2007, por el Juzgado Tercero Laboral de Descongestión del Circuito de Cali.

Sin costas en casación, las de instancia estarán a cargo de la demandada.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2009, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso seguido por Guillermo Almeida, Iván Eduardo Cortés Rengifo y Carlos Alberto Enríquez Alegría contra Aerovías Nacionales de Colombia S.A.

En sede de instancia, RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2007, por el Juzgado Tercero Laboral de Descongestión del Circuito de Cali.

2. Constas conforme se indicó en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».